Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata Sala II · Causa 140740
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Acoger, parcialmente, el recurso de apelación deducido por el Dr. Begue a fs. 434, revocando el pronunciamiento atacado en cuanto a la prescripción de sus honorarios con los alcances indicados (arg. art. 4.032 inc. 1° del Código Civil; arts. 242, 246, 270 y ccdtes. del C.P.C.C. y 51 y 53 del decreto-ley 8904/77).
II. Imponer las costas de primera instancia al actor en función a su presentación de fs. 423/24 y las de alzada en un 70 % al actor y el restante 30% al Dr. Begue, por el vencimiento parcial y mutuo (arts. 68, 69, 71 y 274 del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Dec-Ley 8904/77).
REGISTRO N° 274-S FOLIO N° 1465/8 EXPEDIENTE N° 140.740. JUZGADO N° 4.
En la ciudad de Mar del Plata, a los17 días del mes de noviembre de 2016, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "CONSORCIO DE COPROP.EDIF ATUEL IV C/ E.C.A.M S.A.C.I.F.I Y OTS S/ SIMULACION", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Ramiro Rosales Cuello, aceptándose en este acto la excusación formulada por el Dr. Roberto J. Loustaunau a fs. 496 a mérito de la causal allí invocada (arts. 30 y 31 del CPCC).
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ra.) ¿Es nula la sentencia de fs. 430/432?
2da.) En caso negativo, ¿es justa?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el auto apelado, el Sr. Juez a quo resolvió hacer lugar al planteo de fs. 423/424 y, en consecuencia, declaró prescripto el derecho del Dr. Mariano Begue a solicitar regulación de honorarios. Para así decidirlo, comenzó por efectuar una distinción entre la facultad de exigir una regulación judicial y la de reclamar una retribución ya fijada. Citó doctrina y jurisprudencia al respecto. Seguidamente, en virtud de lo suscitado en autos, indicó que resultaba de aplicación el plazo bienal establecido por el inciso 1° del artículo 4032 del Código Civil -ley 340-.
Trasladando lo establecido por aquel postulado al caso de autos, señaló que el Dr. Begue había cesado su intervención por renuncia al mandato en fecha 09/12/2009 (fs. 101) y que tal circunstancia había sido notificada a su representado el día 18/02/2010 mediante la cédula glosada a fs. 103.
Bajo tal circunstancia, sostuvo que esa última era la fecha a partir de la cual debía computarse el plazo señalado (2 años). Es por ello que concluyó que al momento de la petición en cuestión (ver fs. 423/424 del 09/10/2014) el término prescriptivo había transcurrido con holgura, por lo que correspondía declarar perdido el derecho a requerir la correspondiente retribución.
En último lugar, se encargó de efectuar una aclaración respecto del "acto interruptivo" llevado a cabo en la pieza de fs. 101.
II. Contra dicho pronunciamiento, el Dr. Mariano Begue - por derecho propio- interpuso recurso de apelación a fs. 434.
Los fundamentos fueron presentados a fs. 436/438 y giran en torno a las siguientes cuestiones:
a) En primer lugar, señaló que -a su entender- la sentencia resultaba nula.
Indicó que el magistrado no trató ninguno de los argumentos introducidos al contestar el traslado conferido a fs. 425. Alegó que el juez violó el principio de congruencia al omitir analizar las siguientes cuestiones sometidas a su conocimiento: que no existía condena en costas ni base regulatoria que permitiera efectuar una fijación estipendial, que la ley provincial de honorarios faculta, pero no obliga, a los letrados a solicitar una regulación provisoria y que en el caso resultaba aplicable la disposición emanada del art. 3980 del derogado Código Civil.
b) En otro tramo del recurso (punto 3) constan los agravios que giran en torno a las siguientes circunstancias:
b1) Que el plazo bienal que establece la norma no comienza a correr hasta tanto no haya determinación de honorarios que sólo podrá hacerse una vez que haya condena en costas y base regulatoria fijada.
b2) Que no existe norma alguna que lo obligue a solicitar tarifación estipendial antes de que el juicio sea finalizado, dado que el art. 53 de la LHP sólo faculta, y no obliga, al letrado a requerirla.
b3) Que el caso encuadra en lo previsto por el art. 3980 del Código Civil -ley 340- ya que, a su criterio, resulta evidente que no podía solicitar se procedan a fijar los emolumentos hasta tanto no finalizara el juicio.
Citó jurisprudencia provincial en apoyo a su postura.
El memorial recibió réplica del Consorcio de Propietarios del Edificio Atuel IV -con el patrocinio letrado de la Dra. Vulcano- a fs. 440/442.
En líneas generales, destacó la deserción del recurso en los términos del art. 260 del ritual y, subsidiariamente, rebatió los argumentos vertidos.
III. En lo referido al primer planteo, recuerdo que "el ataque de nulidad previsto por el art. 253 del CPC (comprendido en el de apelación), se refiere exclusivamente a aquellos supuestos en los cuales la decisión final del juez de grado no ha cumplido con alguno de los requisitos formales establecidos en el art. 163 del CPC. Por ejemplo, cuando no precisa los fundamentos del fallo, viola el principio de congruencia otorgando más o menos de lo que fue solicitado en la demanda, no indica el lugar ni la fecha del pronunciamiento, etc. En definitiva, la nulidad de la sentencia puede articularse cuando existe violación de las formas extrínsecas, es decir, de los que se llaman requisitos de tiempo, lugar y forma" (esta Cám. sala I en causas n° 126.631 RSD 64 del 1-3-2005, 121.141 RSD 30 del 25-2- 2003 y esta sala en causas n° 118.339 RSI 16 del 14-2-2002, 113.309 RSI 578 del 20-6-2000, causa n° 157.534 RSD 284 del 16/10/2014, entre otras). La declaración de nulidad de una sentencia requiere la existencia de una irregularidad manifiesta y grave, por lo que no procede cuando los vicios de construcción del fallo son de menor envergadura, o en hipótesis de errores in iudicando que, de existir, pueden ser reparados mediante el recurso de apelación (argto. esta Cámara, Sala III en causa n° 145.132 RSI 26 del 26/02/2010).
A la luz de la premisa expuesta y partiendo de la base de que los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los planteos de las partes (conf. Corte Sup., 13/11/1986, in re “Altamirano ramón v. Comisión Nacional de Energía Atómica”; íd., 12/2/1987, in re “Soñes, Raúl v. Administración Nacional de Aduanas”; bis íd., 6/10/1987 in re “Pons, María y otro”; ter íd., 15/9/1989, in re “Stancato, Carmelo”; jurisp. esta Cámara y sala, causa nro. 137.863, RSD-10 del 13/2/2007) entiendo que la nulidad pedida no puede tener andamiaje (art. 253 del CPCC).
De la lectura de la resolución atacada surge que el judicante, luego de efectuar una distinción entre los supuestos contemplados por el art. 4032 del Código Civil -ley 340-, estimó que en el caso de autos resultaba aplicable el plazo de prescripción bienal previsto por el inc. 1° de aquella norma toda vez que había existido, por parte del Dr. Begue, una renuncia al cargo de letrado apoderado de la parte ejecutante con anterioridad a la sentencia que puso fin al proceso (ver fs. 425). En tal inteligencia, el magistrado concluyó que el derecho del profesional a reclamar su retribución nacía en el momento en que cesó su intervención -por haber sido con anterioridad a la conclusión del proceso- (...) con independencia de la fecha en que fueron impuestas las costas" (sic, el subrayado es propio, ver fs. 431 vta.).
En consecuencia, dado que el juez fundó su proceder en la hipótesis establecida por el art. 4032 inc. 1° segundo párrafo del código velezano, que consideró que la ausencia de imposición de gastos causídicos no resultaba óbice para que el letrado obtenga la correspondiente regulación estipendial y que la dispensa del art. 3.980 del derogado Código Civil requerida por el recurrente quedó tácitamente desplazada en función del razonamiento efectuada de conformidad con las constancias de la causa, considero que las omisiones a la que hace referencia el apelante deben ser desestimadas.
Siendo ello así y teniendo en cuenta que no existen vicios nacidos en la construcción del decisorio -pues ha sido dictado con las solemnidades previstas por el art. 161 del ritual- ni ausencia de fundamentación que impida a la parte percibir claramente el curso lógico y jurídico del que derivó la resolución final, entiendo que corresponde rechazar la nulidad pretendida (arts. 253 del CPCC y 3 del CCyC).
Ello es así -claro está- sin perjuicio del acierto o no de lo decidido que, en función de los agravios esbozados, será analizado en el siguiente acápite (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 5to y cctes del CPCC). Por las razones expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Ramiro Rosales Cuello votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En primer lugar, dejo asentado que más allá de lo decidido en anteriores pronunciamientos (vgr. causa nro. 142.691, RSD 1364/267 del 17/11/2011), un nuevo estudio de la cuestión me persuade de adoptar un criterio distinto al anteriormente expuesto por las razones que abordaré a continuación, por lo que adelanto que el recurso ha de prosperar.
1. La ley provincial de honorarios dispone que la regulación de los abogados debe efectuarse al dictarse sentencia (sea el modo normal o anormal de terminación del proceso, arts. 163, 304 a 318 y ccdtes. del CPCC), salvo que la condena incluya el pago de intereses, frutos y otros accesorios, en cuyo caso deberá ser diferida hasta la oportunidad en que quede firme la liquidación respectiva (art. 51 del decreto-ley 8904/77, Hitters Juan Manuel - Cairo Silvina, "Honorarios de abogados y procuradores", Lexis Nexis, año 2.007, pág. 566/7).
Asimismo, el mencionado cuerpo legal establece en su art. 53 la posibilidad de efectuar una regulación provisoria en el mínimo de la escala legal aún cuando la sentencia no haya sido dictada.
Al respecto, destacada doctrina autoral sostiene que dicha prerrogativa constituye un derecho-facultad, no una obligación que poseen los letrados. De allí que por constituir una excepción a la regla, el instituto de la regulación provisoria y anticipada es restrictivo y extraordinario, ejercitable voluntaria y facultativamente a instancias de las partes, en especial, por el profesional (Pesaresi Guillermo en "Tratado de la prescripción liberatoria", Director: López Herrera Edgardo, Editorial Lexis Nexis, edición 2007, Tomo II, pág. 1129 con cita de fallo de la C. Nac. Civ. Sala A del 2/3/1993, LL 1993-E-654).
Respecto al tema que aquí nos ocupa, el autor mencionado destaca que "si el profesional se retira anticipadamente del pleito y no ejercita, en los dos años siguientes, la facultad que le otorgan los artículos 20 y 48 de la ley 21.839 [concordantes con los artículos 17 y 53 de la ley provincial 8904/77] que refieren a honorarios provisorios para cobrar a su cliente, no pierde el derecho a una regulación de honorarios al finalizar el juicio" (obra citada, Pesaresi, "Tratado...", pág. 1130, el subrayado me pertenece).
2. En el caso de autos observamos que el Dr. Begue renunció al mandato oportunamente conferido a fs. 101 (09/12/2009) y que el presente concluyó por el desistimiento de la acción y del derecho a fs. 430/32 (19/11/2014).
Así las cosas, toda vez que por imperio de lo normado por el art. 51 de la ley arancelaria, con anterioridad al dictado de la resolución que puso fin al proceso el Dr. Begue no tenía derecho a que se le regulen honorarios definitivos, sino únicamente provisorios (arg. arts. 51 y 53 del dec-ley 8904/77), considero que lo que ha prescripto, en los términos del art. 4032 inc. 1° del código velezano, es el derecho a requerir la tarifación del art. 53 de la LHP (cuyo ejercicio ha caído en abstracto por haberse arribado a la terminación del proceso con el desistimiento de fs. 430/2), mas no los definitivos pues no puede prescribir un derecho que, a ese momento, aún no había nacido (Sala I, causa n° 155.369 RSD 336 del 12/12/2013). En consecuencia, determinar el dies a quo de la prescripción en el momento de la notificación de la renuncia -tal como lo efectuó el colega- resulta jurídicamente inadmisible por aplicación de la máxima actioni non natae non praescribitur, pues no puede establecerse el inicio del cómputo del plazo respectivo en un momento anterior al nacimiento de la propia acción dado que la obtención de honorarios definitivos sólo podía lograrse en la oportunidad prevista por el art. 51 de la LHP (arg. CSJN causa G 633 XXXVII "Garbellini Daniel María c/ Malceñido Román Guillermo s/ recurso de hecho" fallo del 20/03/2003).
Con ello pretendo significar que el tiempo computable para la prescripción debe ser útil para el ejercicio de la acción, por lo que no puede reprocharse al acreedor no haber actuado en una época en la que todavía no podía hacerlo (Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A., "Compendio de Derecho de las Obligaciones", ed. Platense, 2° edición, año 1996, tomo II, pág. 240).
Por tales razones, a mi entender, corresponde hacer lugar al recurso de apelación articulado a fs. 434 en lo que a este agravio concierne y revocar, por los fundamentos expuestos, la resolución de fs. 430/2.
Por las razones expuestas VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Ramiro Rosales Cuello votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En atención al resultado de la votación precedente propongo acoger, parcialmente, el recurso de apelación deducido por el Dr. Begue a fs. 434, revocando el pronunciamiento atacado en cuanto a la prescripción de sus honorarios con los alcances indicados, e imponer las costas de primera instancia al actor en función a su presentación de fs. 423/24 y las de alzada en un 70 % al actor y el restante 30% al Dr. Begue, por el vencimiento parcial y mutuo (arg. art. 4.032 inc. 1° del Código Civil; arts. 68, 69, 71, 242, 274 y ccdtes. del C.P.C.C. y 51 y 53 del decreto-ley 8904/77).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ramiro Rosales Cuello votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) acoger, parcialmente, el recurso de apelación deducido por el Dr. Begue a fs. 434, revocando el pronunciamiento atacado en cuanto a la prescripción de sus honorarios con los alcances indicados (arg. art. 4.032 inc. 1° del Código Civil; arts. 242, 246, 270 y ccdtes. del C.P.C.C. y 51 y 53 del decreto-ley 8904/77). II) Imponer las costas de primera instancia al actor en función a su presentación de fs. 423/24 y las de alzada en un 70 % al actor y el restante 30% al Dr. Begue, por el vencimiento parcial y mutuo (arts. 68, 69, 71 y 274 del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Dec-Ley 8904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVUÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI RAMIRO ROSALES CUELLO ALEXIS A. FERRAIRONE SECRETARIO
Fin de la sentencia