Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 63.004
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda promovida por Walter Atilio Constantino, Gladys Andrea Goñi, Florencia Katherine Suppa y Mario Eduardo Díaz y por el menor Yair Nicolás Constantino, representado por su progenitora, contra Mauricio Darío Mobilio y la citada en garantía “Federación Patronal Seguros S.A.”, quedando desplazadas las restantes cuestiones que devienen inatinentes.
2Imponer las costas, en ambas instancias, a los actores perdidosos (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
3Conforme el resultado al que se arriba mediante el dictado del presente fallo, y según lo normado por el art. 274 del C.P.C.C., se debe proceder a efectuar la regulación de honorarios por las labores desarrolladas en ambas Instancias por los letrados intervinientes, como así también establecer la remuneración de los peritos actuantes en este proceso.
Consecuentemente, según lo expuesto precedentemente, y habiéndose cumplido las labores desplegadas en Primera Instancia durante la vigencia del Decreto/Ley 8904/77, las retribuciones se realizarán utilizando dicha normativa legal.
Por ello, en atención al valor y mérito de los trabajos realizados en autos, y de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 2º párrafo, 26 2° párrafo, 28 inc. b, 47 y concs. del Decreto/Ley 8904/77, se fijan los honorarios de los profesionales del siguiente modo:
A) por el principal (por la demanda que se rechaza): teniendo en cuenta el monto reclamado en el escrito de inicio (cf. …
Causa nº: 2-63004-2018 "CONSTANTINO, WALTER ATILIO Y OTROS C/ MOBILIO, MAURICIO DARIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) (99) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 169 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los un días del mes de Noviembre del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Constantino, Walter Atilio y Otros c/ Mobilio, Mauricio Darío y Otro s/ Daños y Perjuicio Automotor s/ Les. o Muerte” (Causa N° 63.004), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós - Dra. Longobardi - Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 712/731?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
I. La presente causa resarcitoria de daños y perjuicios fue promovida por Walter Atilio Constantino, Gladys Andrea Goñi, Florencia Katherine Suppa y Mario Eduardo Díaz y por el menor Yair Nicolás Constantino, representado por su progenitora, contra Mauricio Darío Mobilio, citando en garantía a “Federación Patronal Seguros S.A.”. Los actores reclaman los daños patrimoniales y morales derivados del fallecimiento de Jonatán Ezequiel Constantino. Demandaron sus padres, Walter Atilio Constantino y Gladys Andrea Goñi, su conviviente Florencia Katherine Suppa, quien a fs. 11 vta. también adujo la representación de su hijo menor Yair Nicolás Constantino –aspecto que ha sido consentido por las partes y por la sentencia ahora recurrida-, y Mario Eduardo Díaz quien peticionó los daños patrimoniales y morales derivados de su incapacidad psicofísica en su carácter de víctima del siniestro vial junto con Constantino.
Señalan que el día 25 de enero de 2014 Jonatán E. Constantino manejaba su motocicleta marca Yamaha, color negro, dominio IVR 827, acompañado en el asiento trasero por el Señor Mario E. Díaz, circulando por la calle Constitución de la ciudad de Tandil. Al llegar a su intersección con la calle 14 de Julio fue embestido por el automóvil Volkswagen Vento, color gris, patente HMK 511, propiedad del demandado, que lo conducía en dicha oportunidad. El hecho ocurrió –aducen- cuando la motocicleta ya estaba sobrepasando la calle 14 de Julio y el automóvil Volkswagen circulaba a excesiva velocidad. A raíz del fuerte impacto ambos motociclistas fueron despedidos cayendo pesadamente sobre la vereda y sufrieron distintas lesiones a raíz de las cuales, lamentablemente, el 26 de enero de 2014 falleció Jonatán E.
Constantino. Reclaman los siguientes rubros: Florencia Suppa (conviviente de Constantino) $700.000 en concepto de daño patrimonial por el fallecimiento de su pareja y $434.000 en concepto de daño moral, planteando la inconstitucionalidad del art. 1078 del Cód. Civil; el menor Yair Nicolás Constantino $1.200.000 en concepto de daño patrimonial y $800.000 por daño moral; los progenitores de la víctima (Walter Atilio Constantino y Gladys Andrea Goñi) solicitan $100.000 cada uno por pérdida de chance patrimonial por la muerte de su hijo y $300.000 por daño moral. Añaden los rubros: $30.000 daño psíquico para el menor; $10.000 para la conviviente y los progenitores y $12.000 como daño patrimonial por la reparación de la moto.
Por su lado Mario Eduardo Díaz solicita: $100.000 en concepto de incapacidad física, parcial y permanente del 20%; $5.000 por tratamiento de rehabilitación; $4.000 por daños colaterales a los terapéuticos; $115.000 por daño moral y $15.000 por daño psíquico. Dicha pretensión fue resistida por el demandado Mauricio Darío Mobilio y la aseguradora “Federación Patronal Seguros S.A.”, quien opuso excepción de falta de legitimación pasiva aduciendo que al momento del hecho la póliza contratada por el demandado con relación a su vehículo se encontraba impaga y que en razón de esa mora se produjo la suspensión de la cobertura al momento del hecho. Más adelante la actora solicita se declare la inconstitucionalidad de la resolución nº 36.100 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que dispone que en caso de suspensión del pago por mora del asegurado el asegurador reasume la cobertura recién a partir de las veinticuatro horas de efectuado el pago.
Luego de otras contingencias procesales, se arribó al dictado de la sentencia de fs. 712/730 vta. que rechazó la demanda deducida por Florencia Katherine Suppa, por falta de prueba de la relación convivencial, y admitió parcialmente la pretensión de los restantes coactores, distribuyendo la responsabilidad en partes iguales a los protagonistas del hecho ilícito y condenó a Walter D. Mobilio a pagar la suma de $837.500 con más intereses a la tasa pasiva BIP digital, desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago. Por lo demás rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por “Federación Patronal Seguros S.A.” y, en consecuencia, le hizo extensiva la condena en los términos del art. 118 de la Ley 17.418.
Impuso las costas a la coactora Suppa por la demanda rechazada y las restantes en el orden causado, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad. Para así resolver, y en lo sustancial y que interesa a los fines de los recursos, la sentencia tuvo en cuenta que a esa fecha la causa penal se encontraba en trámite, lo que -atento el tiempo transcurrido y como ahora lo admite el art. 1775 inc. b CCCN- no obsta el dictado de la sentencia civil para evitar mayor dilaciones. Tras ello analiza el pedido de la actora de la declaración de inconstitucionalidad de la resolución nº 36.100 de la Superintendencia de Seguros de la Nación que establece que la cobertura contratada se restablecerá a las veinticuatro horas de efectuado el pago.
Sostiene que el actor no está legitimado para formular dicha pretensión toda vez que la aplicación de la norma no le ocasiona ningún perjuicio porque no es titular del derecho presuntamente lesionado ya que el contrato de seguro no constituye una estipulación a favor de terceros (art. 504 Cód. Civil), y porque al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas del contrato incluso las que restrinjan la garantía de indemnidad. Paso seguido, analiza la excepción de falta de legitimación pasiva (exclusión de cobertura por no pago de la póliza) opuesta por aseguradora que argumentó que el demandado Walter D. Mobilio se encontraba en mora el pago de la prima del seguro del automóvil dominio HMK 511.
En efecto, el demandado contrató el 28 de noviembre de 2013 un seguro de responsabilidad civil bajo la póliza 17868512-0-0 cuya segunda cuota vencía el 28 de Diciembre de 2013, la que fue abonada recién el 25 de Enero de 2014. La sentencia para desestimar dicha excepción tuvo en cuenta, en lo esencial, la naturaleza del contrato de seguro, la protección del consumidor y el carácter de pena privada que según el art. 31 de la Ley de Seguros corresponde atribuir a la mora en el pago de la prima. Empero para desestimar la excepción tuvo en cuenta que está probado que el luctuoso accidente ocurrió alrededor de las 17:50 hs. del día 25 de Enero de 2014, en tanto que el vencimiento de la póliza, y según la pericia contable de fs. 606 vta. operaba el día 28 de Diciembre de 2013, pero el pago se efectivizó el mismo día del choque, antes del mediodía, como resulta de los recibos acompañados por el demandado a fs. 575 y de la declaración testimonial del asesor – productor de seguros por cuyo intermedio se contrató la cobertura aludida.
Añade que “los recibos referidos dan cuenta del pago simultáneo por parte de Mobilio de distintas pólizas que tenía contratadas con la citada en garantía, que amparaban distintos vehículos (Cosechadora Pa. AAA111 A2, Isuzu Cabina Doble4x4 turbo, y el automóvil VW Vento Luxury que participó en el siniestro), cuyos vencimientos operaban en distintas fechas, de suerte tal que se verificaban en forma simultánea -en concordancia con lo relatado por el Sr. Mobilio- pagos de cuotas ya vencidas y pagos adelantados de cuotas a vencer de pólizas que amparaban diversos vehículos” (sic., fs. 719 vta.). Prosigue mencionando que el demandado es un consumidor que contrató una póliza y que no se encontraba en mora porque la compañía nunca le hizo entrega de las pólizas respectivas siendo que la relación contractual databa de, al menos, cinco años por lo que se renovaron automáticamente de modo sucesivo.
Añade que era habitual que el asegurado abonara en una única fecha las distintas cuotas, vencidas y adelantadas de las diferentes pólizas que tenía contratadas, lo que era consentido por la aseguradora, todo lo que pudo generarle al asegurado la convicción de que no obstante efectuar el pago fuera de término se encontraba amparado ante la eventualidad del riesgo. Afirma que el actor se vio privado de probar que la relación se prolongó de esa manera y por cinco años porque la aseguradora no exhibió la documentación necesaria para que el perito contador pudiera contestar. Considera, en suma, que si bien el demandado efectuó el pago fuera de término lo hizo con anterioridad al siniestro lo que permite descartar su mala fe.
A ello añade la reticencia del testigo Horacio Morrone que era el asegurador mediante el cual se contrataba la póliza. Seguidamente concluye que “la compañía aseguradora otorgaba crédito para el pago de las cuotas vencidas aceptando que el asegurado las abonara en forma conjunta con otras cuotas a vencer, creando en el demandado Mobilio la legítima convicción de que los riesgos asegurados se encontraban debidamente amparados; por lo que corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, ya que le está vedado a un sujeto pretender asumir una conducta o intentar hacer valer una pretensión jurídica contradictoria con una postura anterior” (sic., fs. 720 vta.). Con posterioridad la sentencia analiza la mecánica del hecho teniendo por acreditado que el accidente ocurrió el 25 de enero de 2014, en la intersección de las calles 14 de Julio y Constitución de Tandil, alrededor de las 17:50 horas cuando Jonatán Ezequiel Constantino al comando de su moto Yamaha dominio IVR 827, acompañado por el coactor Mario Eduardo Díaz, se desplazaba por la calle Constitución y fue embestido por el automóvil VW Vento dominio HNK 511, que manejaba el demandado, por la calle 14 de Julio.
Para atribuir responsabilidad a ambos conductores en partes iguales considera que el demandado, pese a tener prioridad de paso, y como se desprende de la pericia mecánica presentada en formato electrónico a fs. 628, circulaba al menos al doble de la velocidad permitida por el art. 77 inc. 6º a) de la Ley 11.430 y resultó ser el vehículo embistente. Tuvo en cuenta la referida pericia que dice que el automóvil circulaba a una velocidad superior a 82 km./h y que la moto lo hacía entre 2,5 y 10 km./h y que la pericia mecánica del Ing. Hugo Piazza, obrante en la causa penal, da cuenta que el automóvil circulaba a una velocidad no inferior a los 57 km./h y que se trató de una típica colisión cuasi perpendicular siendo la velocidad de circulación al momento del hecho de alrededor de los 60 km. horarios.
La responsabilidad de la víctima radica en que circulaba por la izquierda careciendo de prioridad de paso, que Constantino no tenía carnet de conducir (según lo declarado a fs. 414 por su padre), y no llevaba casco reglamentario. De los análisis clínicos que se le efectuaron en el hospital se constató la presencia de marihuana en su orina por lo que considera configuradas las infracciones normativas a los arts. 34 (que exige licencia habilitante para conducir), 64 inc. 2 (que impone el casco obligatorio), 93 (que prohíbe circular bajo la acción de estupefacientes, todos de la ley 11.430). Desarrolla luego la incidencia de dichas infracciones destacando que la falta de carnet importa una fuerte presunción de impericia, que la presencia de marihuana disminuye la capacidad de reacción y que la falta de casco reglamentario coadyuvó a la muerte de Constantino por el severo politraumatismo de cráneo que padeció.
Por ello y teniendo en cuenta que la prioridad de paso del demandado no constituye un “bill de indemnidad” y que se desplazaba a muy excesiva velocidad concluyó distribuyendo la responsabilidad de ambos conductores en un 50%.
Paso seguido analiza los daños reclamados. Respecto del coactor Mario Eduardo Díaz fijó en concepto de indemnización la suma de $40.000 por una incapacidad parcial y permanente del 15%, consistente en “inestabilidad de rodilla”; rechaza el rubro tratamientos de rehabilitación (psicología y kinesiología) por no aportar prueba, difiriendo el análisis del tratamiento psicoterapéutico para el momento de evaluar el daño psíquico. Con relación a los gastos colaterales a los terapéuticos (gastos de movilidad, gastos del acompañante durante la internación, contratación de otra persona en la etapa terapéutica, etc.) los reconoció por la suma de $3.000 teniendo en cuenta que éstos deben limitarse a resarcir los que efectivamente pudo realizar el damnificado y no a terceras personas que carecen de legitimación. Con relación al daño moral, lo fijó en $25.000 teniendo en cuenta que la víctima tuvo que ser sometida a intervenciones quirúrgicas, tratamientos kinésicos y al prolongado del tiempo que demandó su recuperación, y que las consecuencias se proyectan no sólo en el plano físico de la persona, sino en el espiritual. Finalmente, en lo atinente al daño psíquico, desestima dicho rubro con base en las conclusiones que surgen de la pericia psicológica producida a fs. 529/530, la que concluye que no se evidencia que el coactor sufra indicadores de psicopatología alguna como consecuencia del accidente o tratamiento médico realizado y que presente dificultad en su vida de relación, laboral o productiva. En torno a los daños reclamados por Florencia Katherine Suppa, rechaza íntegramente la demanda por cuanto las constancias que acompañó no resultan suficientes para justificar la relación convivencial pretendida, constituyendo sólo meros indicios insuficientes. Por ello carece de legitimación activa para reclamar por no haber acreditado su vínculo con la víctima.
El menor Yair Nicolás Constantino, hijo del damnificado directo, reclama (representado por su madre Florencia Katherine Suppa –con base en la legitimación del certificado de nacimiento obrante a fs. 48) los siguientes rubros: daño material, daño moral y daño psicológico; en cuanto al daño primero fijó como monto indemnizatorio la suma de $831.600, sobre la base del salario mínimo vital y móvil (el cual, a la fecha del accidente ascendía a la suma de $3.300), y de que la obligación alimentaria de los progenitores se extiende hasta los veintiún años de edad. En lo relativo al daño moral, fijó la suma de $300.000, entendiendo que el niño Yair Nicolás se encuentra legitimado a reclamar a tenor de lo dispuesto por el art. 1078, 2° párr. del Código Civil. Ponderó que a pesar de la corta edad del menor, ésta no resulta óbice, toda vez que la falta de discernimiento del damnificado no implica que pueda descartarse que haya padecido dolor por la pérdida de su progenitor.
Respecto del daño material peticionado por los Sres. Walter Atilio Constantino y Gladys Andrea Goñi, progenitores de Walter Ezequiel Constantino -víctima fatal de autos-, se hizo lugar al rubro por la suma de $20.000 para cada uno de los padres, a pesar de la falta de acreditación concreta de la situación económica del hijo; en lo concerniente al daño moral, fijó prudencialmente la suma de $150.000 para cada uno de los dos padres. En lo relativo al daño psíquico de la Sra. Gladys Goñi, pese a que fue diagnosticada y tratada por depresión con anterioridad al fallecimiento de su hijo, luego de este evento sufrió un agravamiento de su dolencia, sufriendo una depresión con características crónicas que se traduce en la actualidad en una incapacidad del 50% de la T.O. Con base en las pericias psicológicas, se le recomendó tratamiento psicoterapéutico de dos años de duración como mínimo –y tendiente a sostenerse de por vida- y al no discriminar porcentualmente las experticias la incidencia de la misma en la secuela incapacitante, fijó la suma de $80.000 para su resarcimiento, incluyendo el eventual tratamiento psicoterapéutico a realizarse. En torno al mismo rubro, pero en relación al coactor Walter Constantino, fijó la suma de $50.000, comprensiva del costo del eventual tratamiento terapéutico, concluyendo la perito psicóloga que se evidencian signos de depresión reactiva como consecuencia de la muerte de su hijo, traduciéndose en una incapacidad parcial y permanente del orden del 25%, recomendando para aliviar la patología, psicoterapia de una duración de entre seis meses a un año. En lo relativo al rubro daños a la motocicleta, la sentencia rechazó dicho reclamo porque los padres no están legitimados para su reclamo, pudiendo hacerlo solamente el menor Yair Nicolás Constantino, agregando que el perito ingeniero mecánico en su informe pericial no pudo determinar los daños. De la causa penal, surge que la motocicleta presentaba un fuerte impacto a la altura del tanque de combustible con desprendimiento de asiento, observándose plásticos esparcidos sobre la cinta asfáltica, pero no se puede concluir si los mismos fueron provocados o en qué medida por el accidente de autos.
A fs. 735 apeló la parte actora, recurso concedido a fs. 736; a fs. 737 recurre la citada en garantía, recurso concedido a fs. 738 y a fs. 740 interpone recurso de apelación la demandada, recurso que es concedido a fs. 742 “in fine”. Contra la aclaratoria impetrada a fs. 739 por el demandado (que originara la ampliación de la sentencia –cf. fs. 742- imposición de costas a la citada en garantía por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva que esa parte interpusiera oportunamente), la misma es recurrida a fs. 750 por “Federación Patronal Seguros S.A.”, apelación concedida a fs. 751.
A fs. 774/791 expresa agravios la actora; a fs. 792/800 vta. obran los agravios de la citada en garantía; y a fs. 801/804 vta. se glosan los agravios de la parte demandada. A fs. 809/811 obra la contestación de la parte actora; y a fs. 812/814 vta. se agrega la contestación de la parte demandada. A fs. 817/817 vta. se glosa el dictamen del Asesor de Incapaces.
Los agravios de la actora de fs. 774/791 radican, en esencia, en cuatro tópicos: el primero, en el rechazo de la falta de legitimación activa con relación al planteo de inconstitucionalidad de la Resolución nº 36100 de la Superintendencia de Seguros de la Nación; el segundo, respecto la cuantificación de los daños y perjuicios de los accionantes; el tercero sobre la responsabilidad y el último versa sobre la imposición de las costas. En lo atinente al primer agravio se queja de que la sentencia recurrida sostiene que no se encuentra legitimada dado que los efectos del contrato de seguro solo son oponibles entre el asegurado y su aseguradora. Agrega que si bien no interviene en el contrato de seguros, el cual tiene como objeto principal mantener indemne el patrimonio del asegurado, el planteo de inconstitucionalidad lo hace subrogándose en los derechos del asegurado, siendo éste último legitimado para solicitar la inconstitucionalidad de la resolución nº 36.100 de la Superintendencia de Seguros.
Añade que la acción subrogatoria del damnificado para sostener y mantener los derechos del dañador asegurado frente a la aseguradora está aceptado por la doctrina más caracterizada en derecho de seguros. Expresa que resulta claro que la resolución constituye una cláusula abusiva contra el asegurado mediante la cual, además, se disputa el concepto social del seguro, e indirectamente tiene el efecto de dejar sin protección a las víctimas de los accidentes de tránsito, contraviniendo los principios del art. 68 de la Ley de Tránsito (que de ninguna manera delegó en la Superintendencia de Seguros de la Nación establecer un seguro de responsabilidad civil, ya que claramente no hace remisión al art. 109 de la ley 17.418 –mantener indemne al asegurado-) sino que expresamente dice que el seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, debe cubrir eventuales daños causados a terceros, transportados o no.
Manifiesta que esta resolución es abusiva e inconstitucional, tiende a limitar las obligaciones de la aseguradora en perjuicio del asegurado consumidor y pretende restablecer la cobertura financiera a las veinticuatro horas de efectuado el pago por el asegurado, por lo que el damnificado puede subrogarse en los derechos del asegurado para conservar su derecho a ser mantenido indemne si pagó la prima antes de la ocurrencia del hecho dañoso. Continúa expresando que en el caso de marras el asegurado abonó las pólizas vencidas el día 25/01/2014 a las 10:00 horas, y posteriormente a las 17:50 horas se produjo el siniestro vial que lesionó al actor Mario E. Díaz y a raíz del cual resultó la muerte de Jonatán Constantino.
Dice que el demandado Mobilio abonó la póliza y la aseguradora percibió el pago sin manifestación o reserva alguna en cuanto a su cobertura, la referida resolución nº 36.100, perjudica los derechos del asegurado y de las víctimas dado que amplía los derechos de la aseguradora sin lógica ni fundamento alguno, en una clara violación al art. 158 de la ley 17.418. Agrega que con esto la actora subrogándose en los derechos del asegurado Mobilio solicita se declare su inconstitucionalidad. Sostiene, en suma, que se encuentra legitimada para peticionar la inconstitucionalidad de la resolución que le impide que el patrimonio del asegurado se mantenga indemne, por resultar una cláusula abusiva incorporada en el contrato de seguros, en violación a los derechos del consumidor que protegen al demandado Mobilio.
Continúa expresando que el agravio tiene fundamento en que la parte actora no planteó la inconstitucionalidad de una norma o una cláusula abusiva establecida convencionalmente entre la aseguradora y asegurado, sino que cuestiona una norma emanada de un órgano administrativo como es la Superintendencia de Seguros de la Nación, quien se arrogó funciones legislativas, en violación a la división de poderes, que restringen y violan el derecho a la reparación de los daños y perjuicios. Luego considera insuficiente el monto indemnizatorio fijado en concepto de daños y perjuicios que soportan los actores. Acota que es alejada de la realidad la apreciación que hace la Sra. Juez de Grado para determinar la indemnización de los daños moral, psíquico y material, que sufren los accionantes.
Expresa en relación al coactor Mario E. Díaz que la suma establecida en concepto de reparación es irrisoria y escasa. Seguidamente procede a desmenuzar y analizar cada rubro resarcitorio y el monto fijado, fundando porqué los considera reducidos. En el agravio concerniente a las costas, afirma que la sentencia puesta en crisis se aparta del principio rector del art. 68 del C.P.C.C. Sostiene que la sentencia recurrida no fundamenta la aplicación de las costas en el orden causado cuando en realidad deben ser soportadas íntegramente por la parte demandada. A mayor abundamiento, expresa que los actores gozan de beneficio de litigar sin gastos, el cual tramita ante el mismo juzgado, consignando la carátula y el número del mismo a saber: expte. nº 4737, “Constantino, Walter Atilio y Otros s/ Beneficio de Litigar sin Gastos (171)”.
Finalmente en el agravio relativo a la responsabilidad, aduce que la sentencia apelada viola el principio de congruencia estableciendo y valorando circunstancias fácticas que la parte contraria no probó. Se queja de la conclusión de la sentencia de que el conductor de la motocicleta no detentaba la prioridad de paso por circular a la izquierda del conductor del vehículo de mayor porte. Argumenta que es de público conocimiento que la prioridad de paso de que quien circula por la derecha no es absoluta, sino que la misma se torna operativa cuando dos conductores llegan en el mismo momento a la intersección de dos calles y quien circula por la izquierda debe ceder el paso al conductor que lo hace por la derecha, lo cual no ha ocurrido en el caso de marras.
Funda su postura en la pericia del ingeniero mecánico Segundo Piris. Continúa agregando que la sentencia establece una prioridad de paso al vehículo de mayor porte que no tenía, en virtud de que dicha prioridad se encontraba perdida dado que la motocicleta ya estaba transitando la intersección de las calles 14 de Julio y Constitución. Caso contrario, el automóvil del demandado no tendría los daños en el frente de avance y la motocicleta en el lado derecho. Basa su posición en la pericia accidentológica. Continúa manifestando que el fallo apelado no amerita la excesiva velocidad a la que circulaba el demandado 82,10 Km./h al momento del impacto, conforme la pericia accidentologica de autos, la cual es más del triple de lo permitido por la legislación vigente.
Por lo tanto, por más que el conductor demandado circulara por la derecha, dicha prioridad no es absoluta, y eso no implicaba que circulara a una excesiva velocidad en una calle de gran circulación, siendo un día domingo donde el tránsito es constante. Prosigue argumentando que con relación a que la sentencia se centra en que el occiso presentaba marihuana en su organismo, no manifeista la cantidad ni que haya sido generadora del hecho. Además, de ser así, la parte demandada debería haber probado que el fallecido no se encontraba físicamente en condiciones de conducir la motocicleta, lo que no se demostró, por lo que concluye que la sentencia parte de consideraciones infundadas al atribuir responsabilidad en el hecho con base en especulaciones dogmáticas derivadas del “conocimiento general”.
Añade que este conocimiento general permite conocer que el uso de marihuana deja rastros en sangre hasta diez días después de su consumo sin que ello obste a las aptitudes cerebrales y ubicación en tiempo y espacio. Respecto a la carencia de carnet habilitante, ello constituye una falta administrativa y no puede considerarse un factor de atribución de responsabilidad que interrumpa el nexo causal y permita exonerar al conductor que sabía que debía circular a 30 km/h. De lo contrario se estaría centrando la cuestión en una habilitación administrativa para conducir por encima de las circunstancias fácticas y la responsabilidad en el hecho atribuible al demandado Mobilio, quien sin bien poseía carnet habilitante, circulaba a casi el triple de velocidad permitida.
Continúa sosteniendo que también se agravia de que la sentencia pondere que el occiso no haya utilizado casco reglamentario haya contribuido a su falta desenlace. Si bien se ha probado en la causa penal que la víctima no poseía casco reglamentario, no se demostró que fuera la causa de la muerte de Jonatán E. Constantino, circunstancia que debió haber acreditado la parte contraria, en virtud de que su responsabilidad es objetiva y no subjetiva. Entiende que el fallo parte de suposiciones y no de probanzas, por lo que nuevamente se ha violado el principio de congruencia. Por todo lo expuesto entiende que atribuirle responsabilidad en un 50% al conductor de la motocicleta es infundado y carece de sustento probatorio, y consiguientemente no procede aplicar esa disminución en los montos resarcitorios, violándose claramente el principio de reparación integral.
Finalmente, manifiesta que en relación al coactor Díaz se le aplica la misma reducción, lo cual carece de fundamento normativo y fáctico dado que éste era el acompañante de la víctima fatal, cuyas graves lesiones fueron en sus miembros inferiores sin perjuicio del traumatismo de cráneo que también sufrió. Entiende que la sentencia apelada no fundamenta la reducción del 50% que se aplica al coactor Mario Díaz en los rubros reclamados. Dicho coactor no tuvo participación activa en el hecho de tránsito, y tiene derecho a reclamar la totalidad de sus daños a cualquiera de los causantes en el evento de manera solidaria. Finalmente solicita se haga lugar a los agravios en cuanto a la atribución de responsabilidad de Jonatán Constantino y consecuentemente que se revoque la disminución aplicada en un 50% a cada uno de los actores.
Los agravios de la parte demandada radican en tres puntos: a) en que la Sra. Juez de grado, procede a atribuir un 50% de responsabilidad en el evento dañoso al Sr. Mobilio , imputándole un actuar culposo –conducción a excesiva velocidad–; b) en que la “a-quo” ha realizado una valoración inadecuada de la conducta desplegada por el Sr. Constantino, quien por su actuar excluye la responsabilidad del Sr. Mobilio o la limita en mayor grado; y c) en que la sentenciante de la instancia de grado procede a cuantificar el daño material sufrido por el menor Yair Constantino utilizando la totalidad del salario que se le imputa haber percibido al Sr. Constantino. Respecto del primer agravio expresa que las pericias practicadas tanto durante la instrucción de la I.P.P. como las ordenadas en sede civil adolecen de un error esencial: éste es la equivocada ubicación final del VW Vento conducido por el Sr.
Mobilio después de la colisión, situándolo en una posición final de 44,35 mts. de distancia desde el punto de impacto y a la motocicleta a unos 37 mts. Expresa que constituidos posteriormente los peritos “in situ” determinaron que la distancia de 44,35 mts. (tomando como referencia cartelería; casas del lugar –entre otros aspectos- que fueran fotografiados el día de ocurrido el ilícito) resulta incorrecta, estableciéndose que la posición final del vehículo era de 27 mts. con respecto al punto de impacto. Este aspecto de la distancia resulta relevante y fundamental, pues es el que sirve como indicador de la velocidad previa al impacto que desarrollaba el vehículo VW Vento. Tomando como base este dato, la velocidad sería la mitad de la atribuida y varía también el momento de llegada de los vehículos a la encrucijada y el carácter de embistente y embestido.
Expresa que las medidas son inexactas pues se toman donde quedaron detenidos los vehículos, pero no se tiene en cuenta que el automóvil (después del impacto) fue movido de lugar. Sobre esta base manifiesta que no se puede atribuir exceso de velocidad al Sr. Mobilio cuando ésta no se encuentra acreditada. Con relación al segundo agravio, se disconforma por la atribución del 50% de responsabilidad cuando la actitud desaprensiva, negligente e imprudente de Constantino se encuentra debidamente acreditada. Expresamente en su considerando IV, el Juez de grado tiene por acreditado por demás la fractura del nexo causal por el actuar imperito e imprudente del Sr. Costantino. Sostiene que se efectuó una inadecuada valoración de la conducta de las partes ya que considera aisladamente los actos del Sr.
Constantino y no en forma conjunta. Agrega que la víctima pese a no poseer prioridad de paso emprendió igualmente el cruce de las arterias; condujo la motocicleta sin la debida licencia habilitante (lo que implica también –a su entender- que no conoce la Ley de Tránsito) y bajo los efectos de drogas prohibidas; con el agravante de que circulaba sin el respectivo casco de seguridad colocado (lo que incidió en las lesiones sufridas). Concluye que todos estos elementos permiten considerar la fractura del nexo causal imputando la exclusiva responsabilidad en el evento a la víctima. Considera que toda esta conducta reviste gravedad para eximir de responsabilidad al Sr. Mobilio. Finalmente, con relación al tercer agravio, se queja que se tenga por acreditado el ingreso del Sr.
Constantino en $3.330, tomando como base la totalidad del salario mínimo vital y móvil, cuando en realidad debió haber considerado sólo un porcentual que es el monto que efectivamente se destinaria al menor. Solicita se revoque y disminuya el daño material cuantificado al menor, computándose el 25% del monto tomado como ingreso del Sr. Constantino.
Los agravios de la citada en garantía (“Federación Patronal Seguros S.A.”) versan sobre tres aspectos: 1) en el erróneo análisis de la prueba indiciaria y la inexacta elaboración de presunciones; 2) en el principio de conservación de los actos jurídicos (contratos) y la incitación a su incumplimiento; y 3) en la errónea valoración de los alcances del derechodeber de información en el marco del contrato de seguro. Básicamente estas tres quejas pueden resumirse en forma conjunta. Expresa que no hay controversia entre las partes en que el pago de la prima fuera realizado el mismo día en que se produjo el siniestro (25/01/2014), lo que resultó dirimente para la resolución de la controversia, pues no se comprobó el supuesto de excepción que mencionó el a quo (pago tardío de la póliza).
Sostiene que la mora en que incurrió el asegurado en el pago de la prima suspendió la cobertura y que los vencimientos de cada cuota se habían estipulado de modo preciso y la que vencía el 28 de Diciembre de 2013 que daba la cobertura no se saldó en tiempo y forma, por lo que al momento de ocurrir el siniestro, la compañía estaba relevada de su obligación eventual de pago de la indemnización o de la prestación convenida. Añade que el pago tardío y su recepción sin reservas –en el caso de autos, realizado el mismo día de ocurrido el siniestro- no importa una tácita renuncia de derechos, puesto que ello no puede presumirse ni halla amparo en el marco legal. Finalmente expresa que todo el esquema descripto -en lo sustancial- fue valorado por la magistrada, arribando a una conclusión diversa con fundamento en la existencia de un supuesto de excepción, basado en una no probada mala fe, en la configuración de abuso de derecho y teniendo en cuenta indicios que claramente no pueden resultar graves, precisos y concordantes.
También agrega que las conclusiones de la pericia contable – sin desmerecerla- sea vinculante para el juez, puesto que las opiniones de los peritos (auxiliares de la justicia) no revisten ese carácter. Agrega que la aseguradora no fue reticente en presentar la documentación del caso al perito contador, pues éste confeccionó su pericia sin requerir otra clase de documental extra a la que se le brindó. Arguye que la comprobación de que el demandado –Sr. Mobilio- pagara las primas vencidas en un mismo día no implica que en el particular Federación Patronal Seguros S.A. hubiera asumido la cobertura a pesar de la mora del actor. Por último, afirma que la renuncia de derechos no se presume sino que debe ser una manifestación de voluntad expresa del renunciante.
Según se desprende de las constancias obrantes en autos, frente a la denuncia de siniestro de Mobilio, la aseguradora dentro del plazo legal se expidió declinando la responsabilidad por estar suspendida la cobertura por falta de pago. Aduce que todo esto está debidamente acreditado en estas actuaciones lo que sella la suerte del litigio.
Llamados autos para sentencia y firme el proveído que hizo saber el orden de la votación (cf. fs. 820 y fs. 821 respectivamente), el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II.- 1.- Anticipo mi opinión en el sentido de que entiendo que la sentencia debe ser revocada toda vez que la única causa adecuada del hecho radicó en la grave inconducta de la infortunada víctima Jonatán Ezequiel Constantino. De esta manera la accionada acreditó la ruptura total del nexo causal que lo libera de responsabilidad (esto es, la culpa de la víctima en los términos del art. 1113 Cód. Civil o el hecho del damnificado, según el art. 1729 CCCN).
Antes de ingresar en el análisis de la mecánica del siniestro vial, origen de esta litis, corresponde puntualizar que durante la sustanciación de este proceso, y con posterioridad a la sentencia de Primera Instancia de fs. 712/730 se produjeron importantes avances en la causa penal tramitada (I.P.P. nº 01-01-000221-14, caratulada: “Constantino, Jonathan Ezequiel s/ homicidio culposo”), y a raíz de la cual se incorporó prueba esencial que modificó la situación fáctica anteriormente ponderada, y que finalmente condujo a la sentencia definitiva de fs. 207/212 vta., que se encuentra firme, en la que el Sr. Agente Fiscal interviniente Luis H. Piotti dispuso el archivo de esas actuaciones. Destaco, porque ello es importante, que por compartir la mayoría de los argumentos del mencionado Agente Fiscal y su valoración global e integral de todas las pericias practicadas en dicho expediente, particularmente la declaración e informe pericial de la funcionaria policial Marina S. Tavella -que realizó las pericias mecánicas y que a fs. 206 rectificó y aclaró conclusiones anteriores- seguiré en lo sustancial los fundamentos del referido pronunciamiento penal.
También debo poner de relieve que sin desconocer que la falta de legitimación pasiva (en el caso de la citada en garantía “Federación Patronal Seguros S.A.” constituye un presupuesto jurídico previo al examen del hecho principal, prescindiré de analizar si medió o no mora por parte del demandado Mauricio D. Mobilio en el pago de la póliza que cubría los riesgos del automotor asegurado Volkswagen Vento patente HMK 511, porque dicho aspecto queda totalmente desplazado por la ponderación anterior e inescindible de la responsabilidad personal y directa del asegurado, que constituye el presupuesto del deber de indemnidad (arts. 1, 118 y ccs. Ley 17.418; art. 345 inc. 3º C.P.C.). Enfatizo que al no concurrir responsabilidad del asegurado, y con la salvedad antes mencionada, la vigencia o no de la cobertura asegurativa pierde incidencia y relevancia en el resultado final de la litis (art. 3 CCCN). Si no hay hecho ilícito o antijurídico o siniestro, no hay necesidad de abordar la vigencia de la cobertura asegurativa.
2. La única causa adecuada que determinó la luctuosa consecuencia del fallecimiento de Jonatán Ezequiel Constantino y las lesiones de Mario Eduardo Díaz radicó en la pluralidad de condiciones causales atribuibles a la víctima que conllevan la eximición total de responsabilidad del demandado Mauricio D. Mobilio (arts. 901, 906, 1111, 1113 y ccs. Cód. Civil; arts. 1726, 1727, 1729, 1757, 1758, 1769 CCCN). Tiene decidido reiteradamente la Suprema Corte que “quien acciona en función del art. 1113, 2° apartado, 2° párrafo del C.C., debe probar: a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa; d) el carácter de dueño o guardián de los demandados” (S.C.B.A., Ac. 85775 24/3/2004, “Calderucho”, Ac.93337 6/9/2006, “Suñe de Ares”; Ac. C101790 29/4/2009 “Alegre”) respondiendo el dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño de manera objetiva (SCBA, Ac. C 105708 17-8-2011, “Vitali” y Ac 88384 9-11-2005, “V., R. A.”; esta Sala, causa n° 55.314, 20/10/2011, “Orradre, Oscar A. c/Reble, Luis O. y ots. s/Daños y Perjuicios”). El art. 1113 del Código Civil impone a cada dueño o guardián demandado la alegación y prueba de la ruptura total o parcial del nexo causal, es decir la acreditación de la eximente que invoca (conf. “El riesgo creado, la culpa y cuestiones conexas”, LL 2006-F-1361; esta Sala, causas nº 56.556, “Arbiza ...” y nº 56.557, “Curuchet ...” sentencia única del 17/09/13). En ese marco, la demandada de autos logró demostrar que la conducta de la actora interrumpió totalmente el nexo de causalidad adecuada entre los daños sufridos y el hecho lesivo (cf. esta Sala, causa nº 58.834, 14/07/16, “Maldonado …”).
3.- 1.- No está en discusión el lugar de acaecimiento del choque, aunque se discute de modo muy marcado las condiciones y circunstancias de su producción. Dice la sentencia de grado a fs. 721 vta./722 que “sin embargo discrepan en cuanto al carácter de embistente -que se adjudican en forma recíproca- y la responsabilidad que a cada uno le cupo en la generación del desgraciado suceso que provocara el óbito del conductor de la moto. La pericia mecánica producida en autos presentada en formato electrónico a fs. 628 vta., determina en lo que aquí interesa, que al momento del accidente el automóvil Volkswagen Vento Dominio HMK 511 circulaba a una velocidad superior a 82,18 Km./h; y que la moto Yamaha Dominio IVR 827 lo hacía a una velocidad que oscilaba entre los 2,5 y 10 Km/h habiendo revestido este último el carácter de embistente. Y no encuentro razones para apartarme de estas conclusiones, no obstante el yerro en el que incurriera el experto al consignar el nombre de las calles por las que venían circulando los participantes del siniestro, que provocara las objeciones del demandado Mobilio de fs. 642/645, ya el carácter de embistente del vehículo de mayor porte coincide con la conclusión a que arribara la pericia accidentológica elaborada por la experta policial para la causa penal, cuya copia certificada luce a fs. 508/510, aunque allí se determinó que el automóvil circulaba a una velocidad no inferior a los 57 kms./h. A su vez, la pericia elaborada por el Ing. Hugo Piazza, dependiente de la Asesoría Pericial Departamental cuya copia certificada obra a fs. 524/525, determina que se trató de una típica colisión cuasi perpendicular en la que el automotor del demandado revistió el carácter de embistente, siendo su velocidad de circulación al momento del hecho del orden de los 60 kms. horarios” (sic., fs. 722).
3.- 2.- No está en tela de juicio que la sentencia para endilgar al accionado el 50% de responsabilidad tiene en cuenta su velocidad, extraída de la prueba pericial, cuyo resultado fue modificado de modo sobreviniente a la sentencia de grado, lo que sella la suerte adversa de la pretensión actora. La moto conducida por Constantino se desplazaba por calle Constitución y carecía de prioridad de paso con relación al automóvil Vento que manejaba Mobilio, quien al transitar por calle 14 de Julio estaba asistido por la preferencia en el cruce. Sobre este tópico, y como reiteradamente lo ha destacado la doctrina y la jurisprudencia, la prioridad de paso de quien circula por la derecha constituye, junto con otras reglas y principios, una de las bases esenciales del ordenamiento de la circulación vial, que en el caso tiene sustento normativo en el art. 41 de la Ley 24.449 (aplicable en la Provincia según Ley 13.927, vigente al momento del hecho, y no la Ley 11.430 como se menciona en la sentencia recurrida).
Así, “es conocida y reiterada la doctrina casatoria (desarrollada durante la vigencia del régimen legal anterior pero aplicable al caso en el aspecto en consideración) que predica que “tanto el art. 71 de la ley 5800 como el art. 57 de la ley 11430, imponen al conductor que llegue a una bocacalle, la obligación de reducir sensiblemente la velocidad y la de ceder el paso al vehículo que se presente por su derecha. Y ello es así sin discriminar quién fue el que llegó primero a la bocacalle. También ha decidido que el texto del art. 71 de la ley 5800 es suficientemente claro al disponer que quien viene por la izquierda sólo podrá continuar su marcha si luego de frenar la misma hasta casi detenerla, advierte que no circulan autos con prioridad de paso; lo que no está condicionado al arribo simultáneo a la encrucijada desde que ello impondría –en el hecho- la colocación de sensores para constatarlo (cf.
S.C.B.A, Ac. 58.668, sentencia del 11-3-1997 “Marzio”; ídem, Ac. 66.334, sentencia del 13-5-1997 “Fernández Barón”; ídem Ac. 59835, sentencia del 14-7-1998 “Nicolai”; ídem, Ac. 71.179, sentencia del 22-12-1999, “Malbos”; ídem, Ac. 76.217, sentencia del 25-10-2000, “Coria”; ídem, C 76.418, sentencia del 12- 3-2003, “Montero”; esta Sala causas 54.299 “Grassi” del 17/8/2010; 54430, “Gelmi”, del 14/09/10; nº 54.049, “Sola, Hugo Oscar c/ Monteros, Dionisio Oscar y Otros s/ Daños y Perjuicios”, del 14/10/10 y nº 61.880, del 10/08/17, “Araujo, Eduardo Raúl c/ Filosa, Aldo Joaquín y Otro/a s/ Daños y Perjuicios Autom. c/ Lesiones o Muerte”).
Así, y retomando la doctrina legal sobre el tópico, “la prioridad de paso establecida por el art. 57 de la ley 11.430 que en principio es absoluta, no puede ser evaluada en forma autónoma sino por el contrario imbricada en el contexto general de las normas de tránsito, analizando su vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de otras infracciones y en correlación, también, con los preceptos del Código Civil que disciplinan la responsabilidad por daños” (S.C.B.A., Ac.102.703, 18/03/2009, “Pellegrino, Irma Beatríz c/ Berastegui, Esteban Miguel y Otra s/ Daños y Perjuicios” por unanimidad, voto Dr. Soria al que adhirieron los Dres. Negri, Kogan y Genoud y, más recientemente, Ac.101.536, “Rodríguez, Carina c/ Gandolfo, Jorge y Ot. s/ Daños y Perjuicios”; esta Sala, causa nº 54.299, 17/08/10, “Grassi, Eduardo Alberto …”).
Empero la aplicación de esa doctrina legal casatoria no modifica, en el caso de autos, la atribución de responsabilidad exclusivamente en cabeza del actor, como lo decidió este Tribunal en caso parecido (esta Sala, causa nº 58.834, 14/07/16 ,"Maldonado, María Fabiana c/ Orliacq, Silvana s/ Daños y Perjuicios”); si el conductor se aproxima a una encrucijada en la que debe ceder el paso, su desempeño al volante debe desarrollarse con la precaución y atención necesarias respecto de la velocidad y dominio del rodado, pues debe estar en condiciones de cumplir efectivamente con la regla que le impone frenar y ceder el paso al rodado que se presente por la derecha”. El civismo y la solidaridad en la específica actividad en que consiste compartir los lugares públicos destinados al tránsito de personas y de vehículos, exige e impone a quienes participan, la reducción sensible de la velocidad al aproximarse al cruce, precisamente, para colocarse en condiciones de cumplir la regla y dar satisfacción a quien ella beneficia.
Se ha expresado que el texto del art. 57 de ley 11.430, es suficientemente claro al disponer que quien viene por la izquierda sólo podrá continuar su marcha si luego de frenar la misma hasta casi detenerla, advierte que no circulan autos con prioridad de paso (cf. SCBA, C 91.165, sentencia del 23/04/2008, “Flores”; esta Cámara, Sala II, causas nº 51.866, del 3/3/09, “Díaz Ana Mabel c/ El Serrano S.A y otra s/ Daños y Perjuicios”; nº 54.159, del 8/6/10, “Emiliozzi María E. c/ Bisignano Lucas s/ Daños y Perjuicios” y nº 61.880, del 10/08/17, “Araujo …”, cit. supra). Conforme a la doctrina casatoria, al haberse aproximado la víctima por la izquierda, debió haber frenado hasta casi detener su motocicleta, advertir que no circulaban otros rodados con prioridad de paso y, recién después, continuar la marcha.
Se concluía en ese antecedente en consideraciones aquí trasladables que “de este modo, hubiera evitado la colisión con el automóvil de la demandada que circulaba por la derecha y que, por ende, contaba con prioridad de paso. Al no haber procedido la accionante con tal precaución desentendiéndose de los deberes que en concreto le incumbían, deben atribuírsele en un todo las consecuencias del evento dañoso (arts.901, 902, 906, 1111, 1113 y ccs. del Cód. Civil; arts. 51 inciso 3, 57 inciso 2 C, 76 y ccs. de la ley 11.430)” (cf. Sala I de esta Cámara, integrada y con primer voto del Dr. Peralta Reyes, causa n° 54.256, 15/6/2010, "Alonso …” y esta Sala, causa nº 58.834, del 14/07/16, “Maldonado …” cit.).
Como se puso de manifiesto en el citado antecedente “Maldonado”
(causa nº 58.834, 14/07/16), y aunque allí se trataba del cruce de dos avenidas, pero cuya doctrina resulta aplicable al cruce de dos arterias o calles “comunes”, se añadió que “carecen de mayor gravitación los aspectos relativos a cuál de los rodados se encontraba más adelantado o cuál de ellos fue en definitiva el embistente (y con ello doy respuesta a un agravio de la actora recurrente), pues la regla de preferencia de paso del rodado que circula por la derecha cobra magnitud en el caso de autos, en atención a las circunstancias que el mismo presenta (Sala I de esta Cámara, causa citada n° 54.256, "Alonso"). La regla del tránsito se aplica sin discriminar quién fue el rodado que llegó primero a la bocacalle (S.C.B.A., C. 85.285 del 8-7-08, "Tracchia"; C. 101.536 del 9-6-10, "Iribarne", entre otros), porque la preferencia de paso que la misma otorga no está condicionada al arribo simultáneo a la encrucijada, desde que ello impondría -en el hecho- la colocación de sensores para constatarlo (S.C.B.A., C. 76.418 del 12-3-03, "Montero", entre otros; esta Sala II, causas n° 54.299, "Grassi", sentencia del 17-8-10; n° 55.350, “Ferreiro...”, sentencia del 16/2/2012; nº 58.206, “Lopardo ...”, sentencia del 20/02/14 y nº 58.840, 09/09/14, “Demarco c/ Gómez s/ Ds. y Ps.”; esta Sala, causa 59.281, “Moscardi”; causa 58.840, 9/9/2014, “Demarco”, cit. y causa nº 58.834, 14/07/16, “Maldonado, María Fabiana c/ Orliacq, Silvana s/ Daños y Perjuicios”; Sala I –integrada- causa 54.256, “Alonso”).
En razón de las distintas contingencias jurisprudenciales que se han suscitado en torno a la aplicación del principio de paso prioritario no es sobreabundante recordar que en otro antecedente este Tribunal resolvió también que “quien circula al comando de un vehículo por arterias urbanas debe hacerlo con prudencia y prestando especial atención cuando se aproxima a un cruce, pues no puede ignorar que rige la regla “derecha antes que izquierda” (art. 57 inciso 2º de la ley 11.430 similar al actual art. 41 Ley 24.449), porque en las arterias urbanas los cruces tienen campos visuales reducidos por la edificación.
En suma: quien circula por la derecha lo hace asistido por la convicción de que, sin tener un ‘bill de impunidad’, goza de preferencia de paso con relación a los otros automovilistas que pretenden acceder a ella. En tal caso quien debe frenar antes de acometer el cruce, es quien lo hace por una calle por la izquierda, facilitando –y no obstaculizando ni obstruyendo- la fluidez de la circulación” (confr. Galdós, Jorge Mario – Ribera, Carlos E., “La prioridad de paso del que circula por la derecha según la doctrina de la Suprema Corte de Justicia bonaerense”, en L.L.B.A., 2005, junio, 485; y “Un cambio en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en la prioridad al paso de quien circula por una avenida”, en L.L.B.A., 2005, noviembre, 1155). Con base en los precedentes citados, entiendo que el evento dañoso fue provocado por la conducta negligente del conductor de la motocicleta, quien no respetó la prioridad de paso (arts. 906 y 1113 del Cód. Civil; esta Sala, causas nº 59.281, 07/05/15, “Moscardi, David c/ Guillenea, Martín s/ Ds. y Ps.”; nº 58.834, del 14/07/16, “Maldonado …”, cit.; nº 62.332, 22.02.18, “Muñoz …” y nº 63.024, 30.10.18, “Bustamante …”, ambas con voto del Dr. Peralta Reyes).
En conclusión: el conductor de la motocicleta carecía de prioridad de paso por circular por la izquierda, lo que -como quedó dicho- lo obligaba a frenar y ceder el paso. Además no puede soslayarse que debía respetar el badén existente en la calle Constitución, previo a su cruce con la calle 14 de Julio, que resulta claramente del plano planimétrico obrante a fs. 192 de la causa penal. Dicha característica vial (“estructura vial” dice el art. 1º de la Ley 24.449), opera en la práctica como un reductor de velocidad que aumenta la obligación de frenar y ceder el paso, de quien circula –en el caso- por la izquierda y accede a una vía de paso preferente. Por lo demás, y ello no es menor, el art. 64 de la ley 24.449 establece una presunción de responsabilidad de quien no respeta la prioridad de paso, lo que conforme el régimen de pluralidad de fuentes, y de reglas y principios que integran el ordenamiento jurídico, adquiere particular significación (arts. 1, 2, 3 y concs.
CCCN).
Acoto también y a los solos efectos de destacar que la moto recién había ingresado a la calle 14 de Julio, la coincidencia pericial en el denominado “punto de impacto” marcado en el croquis de fs. 147 y fs. 192, a partir de la hendidura en el pavimento (ver también fs. 139, 154, 196/197 causa penal), “con lo cual está fuera de toda duda que el vehículo Volkswagen Vento embistente ya estaba por finalizar el cruce de la intersección y por el contrario, la moto que conducía la víctima Constantino estaba comenzando a cruzar la intersección, esto contradiciendo totalmente el único dato concreto que pudo aportar el testigo Mario Díaz” (coactor en autos; sic., fs. 210 causa penal; ver también declaración testimonial de fs. 145/146 de Tavella).
3.- 3.- Otro aspecto importante ponderado en la sentencia de grado es la presunción en contra de la víctima que se desprende que de la falta de carnet habilitante para conducir. Se trataba de una persona mayor de edad, de 22 años (ver informe fs. 1/3) que no tenía carnet como lo manifestó su progenitor a fs. 41 de la causa penal, pese a lo cual era dueño de una moto marca Yamaha, modelo YBL125 (conf. certificado de dominio de fs. 42 de la causa penal) la que manejaba al momento del hecho (ver estos autos fs. 414) y conlleva la presunción de que lo hacía habitualmente (arts. 163 inc. 5 y 384 C.P.C.). Si bien la ausencia de carnet de conducir importa esencialmente una infracción administrativa, la que debe ser ponderada desde el punto de vista de la relación causal a fines de la determinación de la responsabilidad, no debe perderse de vista que “constituye un fuerte indicio de que el conductor carece de la necesaria habilidad para evitar o sortear las dificultades del tránsito” (C.Nac.Esp.Civ. y Com., Sala V 19/6/87, L.L.1987-E-117), lo que desde la óptica del riesgo creado permite “advertir el grado de incidencia que la falta de licencia de conducir tiene sobre la conducta del infractor protagonista del accidente” (Conde Héctor-Suárez Roberto “Tratado sobre responsabilidad por accidentes de tránsito” cit. T.2 págs.171 y 175; esta Sala causa Nº 45.939, “Lucero”).
“La ley de tránsito exige que todo conductor, previo al ejercicio del manejo de un móvil, deba rendir un examen psicofísico y de idoneidad a los fines de acreditar que está en condiciones de asumir el mando de un vehículo (arts. 34/37 de la ley 11430), estableciendo un límite mínimo de edad para tal trámite, para el que obviamente se ha tenido en cuenta la necesaria madurez que se requiere para tomar las decisiones frente al tránsito vehicular, atendiendo al riesgo a que se encuentra sometido, en todo momento, el conductor de cosas productoras de riesgos...” (conf. S.C.B.A. Ac.70665, 4/4/2002 “Quiñones, Antonio h. y otra c/Correa, Aimar A. y ot. Ds. y Pjs.”, D.J.J. 160-228, voto Dr. de Lázzari; cf. esta Sala, causa nº 46.143, 04/12/03, “Matías, Nicolás Leonardo c/ Zaffora Ramón y otros. Daños y Perjuicios). Caso contrario y no asignarle ninguna importancia a la ausencia de carnet habilitante, al menos implicaría “considerar que las normas reguladoras de tránsito constituyen letra muerta o que sólo sirven como material de estudio para el otorgamiento de la licencia de conductor” (S.C.B.A. Ac.77508, 8/11/2000 “Molinari, Rubén Daniel c/Feysulaj, Héctor E. y otros s/Ds. y Pjs., D.J.J. 159-295; Ac.78531, 28/9/2001 “Echegaray, Fabián N. c/González Ricardo A. y otro s/Ds. y Pjs.”; Ac.83471, 10/9/2003 “Schettini, Paulo Esteban y otra c/García, Oscar Enrique y otros s/Ds.y Pjs.”; esta Sala, causa nº 45.939, 25/11/03, “L.E.R. y ots. c/ Suardíaz, Marta y ots. Daños y Perjuicios”). La doctrina legal de la Suprema Corte señala que “si bien la mera infracción a los reglamentos de tránsito no determina de por sí la responsabilidad civil del infractor, ello no puede conducir a considerar que las normas reguladoras de tránsito constituyen letra muerta o que sólo sirven como material de estudio para el otorgamiento de la licencia de conductor, sino que deben ser consideradas, junto con otras circunstancias, en oportunidad de calificar la conducta de la víctima o del tercero para determinar si ha ocurrido o no –y en su caso en qué extensión- la situación prevista en la parte final del segundo apartado del art. 1113 del C. Civil” (cf. SCBA, 03/11/2010, “R., F. M. y otros v. Covisur S.A.”, Cita Online: 70068106).
Dicen Mosset Iturraspe y Piedecasas que constituye “una presunción de falta de pericia –como la tenencia de licencia autoriza a presumir periciaque puede destruirse con la prueba de la capacidad conductiva, o bien de que el accidente ocurrió por otra causa extraña al tema analizado” (cf. Mosset Iturraspe, Jorge – Piedecasas, Migual A., “Accidentes de Tránsito”, pág. 117). Más rigurosamente dice Areán que “crea sin embargo una presunción de impericia en el manejo, que iuris tantum, estando a cargo del infractor la demostración de lo contrario” (conf. Areán, Beatriz A., “Juicio por accidentes de tránsito”, tomo 2ª, 2ª edición, pág. 60).
En suma: la falta de carnet de conducir por parte de Constantino constituye un fuerte indicio de que carecía de idoneidad conductiva para manejar (arts. 1, 13, 14, 15, 37, 48 inc. a), 64, 65 inc. b, 72 inc. a), 73 y ccs. Ley 24.449).
3.- 4.- Además concurre otra circunstancia, no menos gravitante, reveladora de la inidoneidad psicofísica de Constantino quien conducía bajo efectos de drogas prohibidas, en flagrante violación al art. 48 inc. a de la Ley 24.449 que prohíbe conducir “habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyen la aptitud para conducir”, en concordancia con el art. 50 que alude a las “condiciones de salud” del conductor. En tal sentido, y como lo resalta la sentencia de Primera Instancia, en los análisis clínicos que se le efectuaron a la víctima en el Hospital Santamarina se constató la presencia de marihuana en su orina (fs. 56 expte. penal). La infracción en análisis repercute notoriamente en la capacidad conductiva de quien maneja habiendo consumido drogas (en el caso: marihuana), lo que sumado a la ausencia de carnet de conducir pone de manifiesto la inidoneidad psicofísica de Constantino (arts. 48 inc. a, 1º, 50 y concs. Ley 24.449) y constituye otra fuerte presunción en su contra (arts. 163 inc. 5º y 384 C.P.C.). Complementa el cuadro fáctico desfavorable para la víctima la circunstancia de que los motociclistas llevaban consigo botellas de cerveza, cuyo restos quedaron esparcidos por el suelo (conf. acta de inspección ocular de la causa penal fs. 159 vta.), como también lo relata la perito policial que se constituyó en el lugar del hecho (fs. 146 causa penal).
La doctrina y jurisprudencia han señalado que “es importante destacar que no sólo importa un grave riesgo conducir bajo el efecto de drogas, como la marihuana, cocaína, éxtasis, etcétera … Disminuyen enormemente la capacidad de reacción del individuo, la capacidad de concentración y los reflejos, lo que se traduce en situaciones de riesgo durante la conducción, tanto para el conductor y los ocupantes del vehículo como para el resto de los vehículos y las personas que circulan por las inmediaciones” (conf. Areán, Beatriz A., “Juicio por accidentes de tánsito”, tomo 2 A, 2ª edición, pág. 149).
Por lo demás, y como lo puso de manifiesto la sentencia de grado, tanto Constantino como su acompañante Díaz carecían de casco (cf. historia clínica fs. 240). En oportunidad de absolver posiciones Díaz admitió que ni él ni el conductor tenían colocado el casco protector (posiciones fs. 294 nº 7 y 11 a tenor del pliego de fs. 293; arts. 409, 421, 384 y ccs. C.P.C.). Si bien la ausencia de casco protector no guarda en sí misma relación causal con el origen del siniestro y se vincula con los daños sufridos por la víctima, quien falleció como consecuencia de las heridas por politraumatismo de cráneo (cf. historia clínica fs. 219/257), lo cierto es que constituye otra grave infracción de tránsito cuya valoración en conjunto pone de relieve la inidoneidad psicofísica de Constantino para conducir la moto y el incumplimiento reiterado de las normas tendientes a garantizar la seguridad en el tránsito.
3.- 5.- Me ocuparé ahora de la velocidad de ambos vehículos que es otro aspecto de marcada importancia, toda vez que aunque se acreditó que el automóvil de Mobilio había estaba excedido de velocidad, circulaba a 45 km./h. (según dictamen pericial de fs. 206 vta. de la causa penal y sentencia de fs. 207/212 de la misma causa), superando la velocidad máxima de 30 km./h. (art. 51 inc. e punto 1 Ley de Tránsito), esta circunstancia – confrontada con la pluralidad de hechos relevantes de la víctima- denota que constituye mera condición y no concausa adecuada del hecho (arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs. C.C.; arts. 1726, 1727, 1757, 1758 y concs.
CCCN).
Para abordar el tema de la velocidad de ambos vehículos, y particularmente del automóvil, seguiré la línea argumental expuesta en la causa penal en la sentencia de fs. 207/212 en la que, como dije, el fiscal Luis Piotti dispuso el archivo del expediente. Allí se explica con notoria claridad que los cálculos iniciales de detención del vehículo fueron estimados en 44 metros ya que la perito “midió en el lugar del hecho con respecto a la distancia en que quedó el vehículo” (sic., manifestaciones de la perito Tavella; pericia fs. 138 vta. y 139 vta.). Empero esa importante información estaba equivocada y las distancias de detención eran menores. Para que quede claro: el vehículo del demandado no quedó detenido a los 44 metros del punto de impacto sino a casi la mitad (23 metros), circunstancia fáctica ponderada pericialmente para determinar de modo definitivo su velocidad. Aquél error inicial (ahora rectificado) determinó que los restantes peritos concluyeran equivocadamente que Mobilio circulaba a muy excesiva velocidad. Así la primera vez la misma perito policial María Soledad Tavella calculó en 57 km./h. como mínimo la velocidad del auto (fs. 185 vta.; acta fs. 1/3; dictamen de fs. 138/139; croquis de fs. 147 y fs. 192; fs. 194), luego, el perito oficial Ing. Hugo Piazza lo fijó en 60 km./h. y el ingeniero Segundo Daniel Piris, en la pericia practicada en autos aunque glosada a fs. 196/198 de la causa penal, lo estimó en 82,18 km./h. (fs. 196/199), velocidad ésta última tenida en cuenta por la sentencia de grado para asignarle el 50% de responsabilidad al demandado.
Explicadas, entonces, las circunstancias precedentes con relación a los errores de medición, corresponde asignarle valor probatorio decisivo a la última pericia que resulta de fs. 192/206 de Tavella la que finalmente determinó que el automóvil se desplazaba a 45 km./h. En efecto “estimando que la moto quedó detenida a 23 metros –aproximadamente- (agrego: y no los 44 metros medidos a fs. 145 vta.) conforme el croquis obrante a fs. 192, la velocidad estimada del vehículo al momento del accidente era de 45 km/hora. A este resultado arriba aplicando la siguiente fórmula …” (sic., fs. 206 vta.). En tal sentido reitero que corresponde atribuir efectos probatorios plenos a esa última pericia, como lo hizo la sentencia penal de fs. 207/212, no sólo por sustentarse en presupuestos técnicos correctos, rectificatorios de errores anteriores, sino porque luce como la más convincente y fue practicada por quien intervino inicialmente y luego subsanó el error cometido en un primer momento. Las restantes pericias, la del Ing. Piris (fs. 196/199) que atribuye al auto 82,18 km./h. y a la moto entre 2,21 y 10 km./h. y la de Piazza de fs. 154/155 que dice que no puede medirla técnicamente pero igualmente la estima en 60 km./h. (cf. fs. 154/155 vta.), todas de la causa penal, parten de presupuestos inexistentes (que la distancia de frenado del auto era de 44 metros y no de 23 mts. con respecto al punto de impacto). Además es la más sólida, se funda en criterios técnicos que resultan atendibles, en lugar de las otras dos, que además de que ambas parten de bases erróneas, no exhiben fundamentaciones suficientes y razonables (arts. 384 y 474 C.P.C.C.).
En lo atinente a la velocidad de la moto el dictamen pericial, recogido en la sentencia penal, concluye que “no pudo ser escasa o baja” (testimonio de la oficial Tavella a fs. 206). Dice la sentencia que “si bien es cierto que ninguno de los peritos pudo determinar, ni siquiera aproximadamente la velocidad de la moto, es lógico concluir que si ésta se hubiera desplazado a pocos kilómetros por hora, habiendo ocurrido el impacto con la parte frontal del rodado mayor contra un lateral de la moto (lo que se aprecia en las fotografías de fs. 5 y 144), los cuerpos de Mario Díaz y de Jonathan Constantino deberían haber salido despedidos hacia calle 14 de Julio en la misma dirección que lo hicieron la moto y el vehículo, pero ello no ocurrió, … siguieron su trayectoria por calle Constitución y finalizaron sobre la ochava norte de las intersecciones referidas (desviando en muy poco la trayectoria que traían con la moto), por lo que es fácil comprobar que se desplazaron por el aire en la misma dirección en que circulaban y teniendo en cuenta el punto de impacto (determinado sin dudas en forma objetiva por la perito Tavella) se concluye que se desplazaron por el aire mínimamente entre 5 a 8 metros, ya que de esa forma cruzaron la calle 14 de Julio (tomando en cuenta los casi ocho metros que tienen de ancho las arterias” (sic., fs. 208 vta.).
3.- 6.- O sea, en suma, la pluralidad de condiciones que integradas y ponderadas en su totalidad y universalidad determinan que la inconducta de Constantino constituyera la única causa eficiente o adecuada del hecho, son las siguientes: no respetó la prioridad de paso del demandado que circulaba por la derecha; no respetó la indicación derivada de la existencia de un badén que le dificultaba el acceso a la calle 14 de Julio y que de hecho operaba como un factor que acentuaba el deber de frenado; carecía de carnet para conducir; conducía bajo los efectos de la marihuana; carecía de casco protector, circulaba a velocidad inapropiada, lo que lo torna único responsable de los daños directos e indirectos derivados del hecho. Por ende esta atribución de responsabilidad también comprende el rechazo de la demanda de Díaz contra Mobilio. Por su parte la velocidad inapropiada de Mobilio (45 km./h. cuando la máxima es de 30 km./h.) constituyó condición del siniestro pero no alcanza entidad para conformar concausa adecuada (arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs. CC; arts. 1, 36, 39 inc. b, 41, 50, 51 inc. c, ap. 1, 64 y concs. ley 24.449, texto ley 13.927).
3.- 7.- Finalmente me detendré en el análisis de la última conclusión: el “plus” de velocidad excesiva del automóvil (45 Km./h. en vez de los 30 permitidos legalmente) confrontado con la entidad cualitativa y cuantitativa de pluralidad de condiciones puestas por Constantino, y que en conjunto se erigen en causa idónea y jurídica del resultado final, reviste la naturaleza de mera condición que no incidió en la generación causal del hecho. Dice la jurisprudencia casatoria que a “tenor de lo normado por el art. 901 del Código Civil, para establecer la existencia de la relación de causalidad entre una conducta y el daño cuya reparación se persigue, debe comprobarse en primer lugar si un hecho dado es materialmente causa del resultado, esto es, si tuvo en sí mismo la aptitud de desencadenar la consecuencia final; a posteriori deberá precisarse si esa consecuencia es jurídicamente atribuible al sujeto sindicado como deudor de la obligación de reparar.
Es en este segundo estudio del análisis donde el intérprete enfrenta la necesidad de establecer el juicio de probabilidad de lo acaecido a la luz de "lo que acostumbra suceder según el curso natural y ordinario de las cosas" (conf. art. 901 del Código Civil), patrón de previsibilidad que permitirá deslindar los límites de las consecuencias atribuibles al obrar humano (art. 901 y siguientes del Código Civil) de aquellas otras que caen en la órbita del caso fortuito o la fuerza mayor (art. 514 del Código Civil; SCBA, C 106086, 19/12/2012, “Romero, Alberto José c/ Pcia. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”). En sentido concordante, y en reciente pronunciamiento se sostuvo que “es que para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901, Cód.
Civ.; conf. causas C. 98.691, sent. de 18-V-2011; C. 97.827, sent. de 9-VI-2010; e.o.)” (cf. SCBA, Rc 121608 S, 08/08/2018, “M., P. y otro c/ Clínica Boedo S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios”, Sumario Juba B4204198). “Frente a una pluralidad de condiciones necesarias, es menester saltar por sobre el plano de la causalidad natural o simple, para aislar e individualizar de entre todas esas condiciones a aquélla que, en el plano estrictamente jurídico, posee la idoneidad y relevancia suficiente para erigirse en la causa adecuada del daño (Ac. 91.215, sent. de 5-IV-2006). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla” (arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114, Cód.
Civ.; causa C. 101.032, sent. de 18-II-2009; Ac. 93.078, sent. de 6-IX-2006; Ac. 87.410, sent. de 9-VI-2004).
Es que no debe confundirse causalidad física con causalidad jurídica (conf. SCBA, Ac. 91215 S, 05/04/2006, “U., C. c/ N., C. F. y o. s/ Daños y Perjuicios”), ni simultaneidad de condiciones debiéndose identificar las que determinaron, a título de causa jurídica adecuada, total o parcialmente, el resultado final.
De este modo, y como lo afirmara en anterior oportunidad, la Casación Bonaerense “recepta la postura doctrinal según la cual el juez para determinar la relación causal adecuada contenida en el art. 906 Cód. Civil, debe formular ex post facto un juicio de probabilidad, o pronóstico póstumo u objetivo del resultado dañoso, según el curso ordinario de las cosas y la experiencia de vida, para verificar si ese daño era previsible que se aprecia en abstracto” (Compagnucci de Caso, Rubén H., “Responsabilidad Civil y relación de causalidad”, p. 30; aut. cit., “Dos elementos de la responsabilidad civil: antijuridicidad y culpa”, Rev. Notarial Bs. As., Nº 845, Año 1979, p. 980 y sigtes.; Goldenberg, Isidoro H., “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, p. 229; Gesualdi, Dora, “Responsabilidad Civil”, p. 45; Alterini, Atilio – López Cabana, Roberto, “Presunciones de causalidad y de responsabilidad” cti., La Ley 1986-E-981; Alterini, Atilio A., “Responsabilidad Civil”, p. 160; Orgaz, Alfredo, “La relación de causalidad entre el acto ilícito y el daño”, La Ley, t. 55, p. 804 nota 39; aut. cit., “La culpa”, p. 129; Carranza, Jorge, “Notas para el estudio de la relación causal …”, La Ley, t. 145, p. 746; Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, p. 220/221; ver “Los accidentes de automotores y la teoría del riesgo creado (en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte de Buenos Aires)”, La Ley, 1991-C, 719 y notas 69 y 72)” (cf. Goldenberg, Isidoro H., “El principio de causalidad adecuada en un esclarecedor fallo”, J.A. 1997-II-190).
También se añadió que “la velocidad, ligeramente superior a la permitida opera a modo de concausa la que se configura, dice la doctrina, ‘cuando el resultado se ha debido … a la interferencia de otro nexo causal independiente … que le ha impuesto sus propias características al proceso causal …” (Nuñez, Ricardo, “Derecho Penal Argentino”, t. I, p. 275/5 y passim.). La concausa se agrega a la causa puesta por el agente actuando de “modo inmediato o mediato en la dirección del daño dado por el hecho de aquel’ (Busso, Eduardo, “Código Civil Anotado …”, t. III, Obligaciones El Vínculo”, p. 407). La determinación en cada supuesto es más una ‘cuestión de orden físico, material más que jurídico (SC Buenos Aires, in re “Furno …”, A. y S. 1973-II-568) que depende del ‘sano criterio jurídico del juez teniendo en cuenta la justicia del caso concreto’ (Borda, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil Argentino – Obligaciones”, t. II, p. 233/34). Dice Goldenberg, con abundante cita del derecho judicial, que media cocausación si un suceso ‘posee una operatividad completamente autónoma de la primera causa’ y tal como prevalecientemente lo ha receptado la jurisprudencia (aut. cit., “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, p. 185/87, nota Nº 343 y reenvíos). Agrega que la incidencia de otra causa independiente que se acopla al hecho primitivo, puede desviar o excluir los efectos regulares de él (aut. y ob. cit., p. 185). El plus de exceso de velocidad del demandado queda subsumido en la entidad y gravedad de la inconducta desplegada por la víctima por la que su acción no era por sí misma apta o adecuada para provocar, normal y regularmente, el disvalioso efecto causado (conf. Goldenberg, Isidoro, “La extensión del resarcimiento (el nuevo art. 906, Cód. Civil)”, en “Estudios de Derecho Civil”, ob. colectiva, p. 489; del mismo autor: “La aptitud causal de una infracción de normas de estacionamiento en el acaecimiento del daño. Reflexiones a propósito de un fallo”, JA, 1994-IV, 857, “Infortunios del trabajo: la relación causal. Conceptualización del ‘riesgo de la cosa’”, JA, 1995-Y, 298; “El problema de los riesgos recíprocos. Concurrencia de automotor y animales”, JA, 1994-IV, 491).
Es que mientras “la causa” (en el sub-lite la inconducta desplegada por la víctima) produce el efecto, la condición (la velocidad de Mobilio) “no la produce por sí, aunque de alguna manera lo permite o descarta” (Alterini, Atilio, “Responsabilidad Civil”, cit., p. 138; Orgaz, Alfredo, “El daño resarcible”, p. 73). Con palabras de Compagnucci de Caso se trata “de una condición que no concurre a la producción del resultado” (argumento “a contrario” aut. cit. “Responsabilidad civil y relación de causalidad”, p. 53)” (cf. Goldenberg, Isidoro H., “El principio de causalidad adecuada en un esclarecedor fallo”, J.A. 1997-II-190, cit. supra).
En consideraciones atinentes al caso, en anteriores precedentes de este Tribunal se señaló que “en suma: la reseñada conducta del demandado (en este caso, el actor Constantino) de no respetar la preferencia de paso pese a la existencia de un badén, circular sin casco, bajo los efectos de la droga y sin carnet habilitante) fue la única condición adecuada que, per se, tuvo suficiente y autónoma operatividad, para desencadenar el resultado, en el que la víctima sólo contribuyó con una condición no relevante en el encadenamiento de todos los eslabones que estructuraron el efecto causal (esta Sala, causas nº 37.224, 11/6/96, “Álvarez, Mirta y ot. c/ Pianta, Sergio s/ Ds. y Pjs.”, en J.A.1997-II-189; en el mismo sentido: nº 45.939, 25/11/03, “L. E. R. y otros c/ Suardiaz, M. y otros. Daños y Perjuicios”).
3.- 8.- Por todo lo expuesto propicio revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda promovida por Walter Atilio Constantino, Gladys Andrea Goñi, Florencia Katherine Suppa y Mario Eduardo Díaz y por el menor Yair Nicolás Constantino, representado por su progenitora, contra Mauricio Darío Mobilio y la citada en garantía “Federación Patronal Seguros S.A.”, quedando desplazadas las restantes cuestiones que devienen inatinentes. Las costas, en ambas instancias, deben ser impuestas a los actores perdidosos (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión los Señores Jueces Dres. Longobardi y Peralta Reyes, votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda promovida por Walter Atilio Constantino, Gladys Andrea Goñi, Florencia Katherine Suppa y Mario Eduardo Díaz y por el menor Yair Nicolás Constantino, representado por su progenitora, contra Mauricio Darío Mobilio y la citada en garantía “Federación Patronal Seguros S.A.”, quedando desplazadas las restantes cuestiones que devienen inatinentes. 2) Imponer las costas, en ambas instancias, a los actores perdidosos (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). 3) Conforme el resultado al que se arriba mediante el dictado del presente fallo, y según lo normado por el art. 274 del C.P.C.C., se debe proceder a efectuar la regulación de honorarios por las labores desarrolladas en ambas Instancias por los letrados intervinientes, como así también establecer la remuneración de los peritos actuantes en este proceso.
Consecuentemente, según lo expuesto precedentemente, y habiéndose cumplido las labores desplegadas en Primera Instancia durante la vigencia del Decreto/Ley 8904/77, las retribuciones se realizarán utilizando dicha normativa legal.
Por ello, en atención al valor y mérito de los trabajos realizados en autos, y de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 2º párrafo, 26 2° párrafo, 28 inc. b, 47 y concs. del Decreto/Ley 8904/77, se fijan los honorarios de los profesionales del siguiente modo:
A) por el principal (por la demanda que se rechaza): teniendo en cuenta el monto reclamado en el escrito de inicio (cf. fs. 11, punto 2, el cual asciende a la suma de $4.230.000), los de los Dres. Fernando Diego Navarro y Alfredo Germán Martínez Goya, quienes revisten el carácter de patrocinantes del demandado, en la suma de pesos doscientos veintiocho mil cuatrocientos veinte ($228.420) para cada uno, los del Dr. Ignacio Zubiri, quien actúa en su condición de apoderado de la citada en garantía, en la suma de pesos trescientos cuatro mil quinientos sesenta ($304.560), los de la Dra. Josefina Russo, como patrocinante del Dr. Ignacio Zubiri, en la suma de pesos ciento cincuenta y dos mil doscientos ochenta ($152.280), y los del Dr. Pablo Hernán De Los Santos, quien se desempeña como apoderado de los actores, en la suma de pesos quinientos treinta y dos mil novecientos ochenta ($532.980), en todos los casos con más el aporte legal e I.V.A. en el caso de que alguno de los profesiones revista la condición de “Responsable Inscripto” ante dicho tributo.
B) Por la excepción de falta de legitimación pasiva que interpuso la citada en garantía: se fijarán los honorarios conforme a lo previsto por el art. 22 del Decreto/Ley 8904/77, ya que la misma no posee contenido económico o monto propio (cf. Hitters, Juan Manuel - Cairo, Silvina, “Honorarios …”, págs. 243 y 540 vta. “in fine”). Por lo tanto, corresponde fijar los del Dr. Ignacio Zubiri, quien reviste el carácter indicado anteriormente, en la suma de pesos cuatro mil doscientos veintiocho ($4.228), los del Dr. Pablo Hernán De Los Santos, en su condición señalada en punto A), en la suma de pesos un mil seiscientos veintiséis ($1.626), y los de los Dres. Fernando Diego Navarro y Alfredo Germán Martínez Goya, quienes revisten el carácter indicado precedentemente, en la suma de pesos ochocientos trece ($813) para cada uno, en todos los casos con más el aporte de ley e I.V.A. en caso de corresponder.
C) Por la tarea realizada en estas actuaciones y según lo dispuesto por la Resolución n° 890/2002 del C.P.P.B.A., se fijan los honorarios de la perito Licenciada en Psicología María Celeste Etchemendi, en la suma de pesos doscientos once mil quinientos ($211.500), con más aportes e I.V.A. si correspondiere.
D) Por la pericia realizada en la presente y según lo establecido en los arts. 175, 183, 207 y cc. de la Ley 10.620 y sus modificatorias, se fijan los honorarios del perito Cr. Leandro Federico Donato, en la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil doscientos ($169.200), con más aportes e I.V.A. de corresponder.
E) Por la pericia confeccionada en este pleito y conforme lo normado en los arts. 8, 9, 10, 12, 16 del Título II del Decreto 6964/65), se fijan los honorarios del perito ingeniero electromecánico Segundo Daniel Piris, en la suma de pesos ciento veintiséis mil novecientos ($126.900), con más aportes e I.V.A. en caso de corresponder.
F) Por la pericia que realizada en estas actuaciones y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1, punto 7° del Decreto 6732/87, Resolución n° 913 del 31/03/2007 del Colegio de Médicos de la Provincia, se fijan los honorarios del perito médico Dr. Enrique Oscar Damián Farina, en la suma de pesos ciento veintiséis mil novecientos ($126.900), con más aportes e I.V.A. de corresponder.
G) Por los trabajos realizados ante esta Alzada, ya durante la vigencia de la Ley 14.967, (cf. arts. 15 inc. d y 31 de la Ley 14.967), fíjanse los honorarios de los profesionales actuantes del siguiente modo: los de los Dres. Fernando Diego Navarro y Alfredo Germán Martínez Goya, en la suma equivalente a setenta y seis con setenta y ocho “jus” (76,78) para cada uno, los del Dr. Ignacio Zubiri, en la suma equivalente a ciento cincuenta y tres con cincuenta y seis “jus” (153,56), y los del Dr. Pablo Hernán De Los Santos, en la suma equivalente a ciento setenta y nueve con quince “jus” (179,15), en todos los casos con más el aporte que por ley resulte pertinente e I.V.A. en el caso de que alguno de los letrados revista la condición de “Responsable Inscripto” ante dicho tributo. Así lo voto.
A la misma cuestión los Señores Jueces Dres. Longobardi y Peralta Reyes votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 1 de Noviembre de 2018.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda promovida por Walter Atilio Constantino, Gladys Andrea Goñi, Florencia Katherine Suppa y Mario Eduardo Díaz y por el menor Yair Nicolás Constantino, representado por su progenitora, contra Mauricio Darío Mobilio y la citada en garantía “Federación Patronal Seguros S.A.”, quedando desplazadas las restantes cuestiones que devienen inatinentes. 2) Imponer las costas, en ambas instancias, a los actores perdidosos (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). 3) Conforme el resultado al que se arriba mediante el dictado del presente fallo, y según lo normado por el art. 274 del C.P.C.C., se debe proceder a efectuar la regulación de honorarios por las labores desarrolladas en ambas Instancias por los letrados intervinientes, como así también establecer la remuneración de los peritos actuantes en este proceso.
Consecuentemente, según lo expuesto precedentemente, y habiéndose cumplido las labores desplegadas en Primera Instancia durante la vigencia del Decreto/Ley 8904/77, las retribuciones se realizarán utilizando dicha normativa legal.
Por ello, en atención al valor y mérito de los trabajos realizados en autos, y de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 2º párrafo, 26 2° párrafo, 28 inc. b, 47 y concs. del Decreto/Ley 8904/77, se fijan los honorarios de los profesionales del siguiente modo:
A) por el principal (por la demanda que se rechaza): teniendo en cuenta el monto reclamado en el escrito de inicio (cf. fs. 11, punto 2, el cual asciende a la suma de $4.230.000), los de los Dres. Fernando Diego Navarro y Alfredo Germán Martínez Goya, quienes revisten el carácter de patrocinantes del demandado, en la suma de pesos doscientos veintiocho mil cuatrocientos veinte ($228.420) para cada uno, los del Dr. Ignacio Zubiri, quien actúa en su condición de apoderado de la citada en garantía, en la suma de pesos trescientos cuatro mil quinientos sesenta ($304.560), los de la Dra. Josefina Russo, como patrocinante del Dr. Ignacio Zubiri, en la suma de pesos ciento cincuenta y dos mil doscientos ochenta ($152.280), y los del Dr. Pablo Hernán De Los Santos, quien se desempeña como apoderado de los actores, en la suma de pesos quinientos treinta y dos mil novecientos ochenta ($532.980), en todos los casos con más el aporte legal e I.V.A. en el caso de que alguno de los profesiones revista la condición de “Responsable Inscripto” ante dicho tributo.
B) Por la excepción de falta de legitimación pasiva que interpuso la citada en garantía: se fijarán los honorarios conforme a lo previsto por el art. 22 del Decreto/Ley 8904/77, ya que la misma no posee contenido económico o monto propio (cf. Hitters, Juan Manuel - Cairo, Silvina, “Honorarios …”, págs. 243 y 540 vta. “in fine”). Por lo tanto, corresponde fijar los del Dr. Ignacio Zubiri, quien reviste el carácter indicado anteriormente, en la suma de pesos cuatro mil doscientos veintiocho ($4.228), los del Dr. Pablo Hernán De Los Santos, en su condición señalada en punto A), en la suma de pesos un mil seiscientos veintiséis ($1.626), y los de los Dres. Fernando Diego Navarro y Alfredo Germán Martínez Goya, quienes revisten el carácter indicado precedentemente, en la suma de pesos ochocientos trece ($813) para cada uno, en todos los casos con más el aporte de ley e I.V.A. en caso de corresponder.
C) Por la tarea realizada en estas actuaciones y según lo dispuesto por la Resolución n° 890/2002 del C.P.P.B.A., se fijan los honorarios de la perito Licenciada en Psicología María Celeste Etchemendi, en la suma de pesos doscientos once mil quinientos ($211.500), con más aportes e I.V.A. si correspondiere.
D) Por la pericia realizada en la presente y según lo establecido en los arts. 175, 183, 207 y cc. de la Ley 10.620 y sus modificatorias, se fijan los honorarios del perito Cr. Leandro Federico Donato, en la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil doscientos ($169.200), con más aportes e I.V.A. de corresponder.
E) Por la pericia confeccionada en este pleito y conforme lo normado en los arts. 8, 9, 10, 12, 16 del Título II del Decreto 6964/65), se fijan los honorarios del perito ingeniero electromecánico Segundo Daniel Piris, en la suma de pesos ciento veintiséis mil novecientos ($126.900), con más aportes e I.V.A. en caso de corresponder.
F) Por la pericia que realizada en estas actuaciones y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1, punto 7° del Decreto 6732/87, Resolución n° 913 del 31/03/2007 del Colegio de Médicos de la Provincia, se fijan los honorarios del perito médico Dr. Enrique Oscar Damián Farina, en la suma de pesos ciento veintiséis mil novecientos ($126.900), con más aportes e I.V.A. de corresponder.
G) Por los trabajos realizados ante esta Alzada, ya durante la vigencia de la Ley 14.967, (cf. arts. 15 inc. d y 31 de la Ley 14.967), fíjanse los honorarios de los profesionales actuantes del siguiente modo: los de los Dres. Fernando Diego Navarro y Alfredo Germán Martínez Goya, en la suma equivalente a setenta y seis con setenta y ocho “jus” (76,78) para cada uno, los del Dr. Ignacio Zubiri, en la suma equivalente a ciento cincuenta y tres con cincuenta y seis “jus” (153,56), y los del Dr. Pablo Hernán De Los Santos, en la suma equivalente a ciento setenta y nueve con quince “jus” (179,15), en todos los casos con más el aporte que por ley resulte pertinente e I.V.A. en el caso de que alguno de los letrados revista la condición de “Responsable Inscripto” ante dicho tributo. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
JORGE MARIO GALDÓS PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II MARÍA INÉS LONGOBARDI VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia