Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-91715270-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución apelada en autos. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2Ordenar al Fisco Nacional que en el plazo de treinta (30) días practique la liquidación de las sumas adeudadas en autos por la recurrente en concepto de impuesto e intereses, a tenor de lo decidido en el punto precedente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-13916178-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 7 de Febrero de 2024 OESTE S.A. - SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2022-91715270-APN- SGAI#TFN, caratulado “CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE S.A. s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante RE-2022-85657912-APN-SGAI#TFN, Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.
interpone recurso de apelación contra la resolución dictada el 24 de Junio de 2022 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de AFIP- DGI, en virtud de la cual se resolvió determinar de oficio el Impuesto al Valor Agregado, por los periodos fiscales enero de 2015 a diciembre de 2018, con más accesorios y se hizo reserva, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Penal Tributaria, respecto de la eventual aplicación de las sanciones contempladas en la Ley 11.683.
Expone que es una empresa integral de construcción que presta servicios de ingeniería de alta calidad a los grandes emprendimientos constructivos, conformada por un grupo de profesionales de destacada trayectoria. Sostiene que se inició un superficial e insuficiente procedimiento de fiscalización, que derivó en una determinación de oficio que no cumplió con el debido proceso adjetivo, por falta de evaluación y producción de pruebas. Señala que los funcionarios intervinientes se basaron en conclusiones contenidas en informes previos sobre la apocrificidad de los proveedores elaborados por otras reparticiones, sin efectuar un análisis detallado. Puntualiza que se omitió considerar la prueba aportada por la firma y no se recabó información y documentación adicional, tanto de ésta como de terceros (entidades financieras o gubernamentales, por ejemplo) como tampoco se verificó in situ la existencia de las obras. Respecto a la prueba denegada en sede administrativa, sostiene la procedencia del ofrecimiento realizado al formular su descargo en lo que respecta a cursar oficios a entidades bancarias (individualizada como documental en poder de terceros), testimonial, informativa y pericial técnica, resaltando la arbitrariedad del acto determinativo al rechazar la producción de tales medios probatorios. Plantea que a partir de la constatación de ciertas irregularidades de los proveedores (vg. carencia de cuentas bancarias, falta de capacidad técnica o económica, inconducta fiscal) no puede el organismo colegir sin duda alguna que éstos no tenían capacidad operativa o económica para realizar determinadas obras o prestar ciertos servicios, impugnando el crédito fiscal oportunamente computado.
Remarca que se calificaron como “irregularidades” o “inconsistencias” ciertos hechos o prácticas económicas que no lo son en absoluto, como es el caso que los proveedores/subcontratistas “no posean bienes registrables” a su nombre, “vehículos” o “maquinarias”. Por otro lado, manifiesta que siendo que la falta de acreditaciones bancarias o aquellas que no guardan relación - por lo bajas- con lo facturado, fue un indicio que la fiscalización tuvo en cuenta para imputar “falta de capacidad económica” en términos generales; considerando contradictorio que respecto a los proveedores Juan Omar Beltrán, Valero, Maravilla, Fernández Lino, Vallejos, Emanuel Antonio Beltrán y Morenas Coloradas tuvieran acreditaciones bancarias superiores a los montos facturados y, sin embargo, también fueran impugnados. Subraya que también se invocó la falta de rodados como causal de insuficiencia técnica y en ciertos casos (Beltrán, por caso) pese a tener vehículos registrados, y otros casos en que el propio proveedor/contratista señala que alquiló las máquinas (Valero) de todos modos son impugnados, sin que tal decisión guarde una lógica.
Expone que en otros casos se imputa la carencia de infraestructura para realizar determinados trabajos, pero, en el caso del proveedor Visuara, la fiscalización verificó la existencia de un taller y personas trabajando en él y, de todos modos, se cuestionó injustificadamente la operatoria, caso análogo al del proveedor Fernández Lino. Por otro lado, destaca que otro índice relevante parece ser el no tener empleados en relación de dependencia, debidamente declarados ante AFIP, pero dice que al menos la mitad de los proveedores/subcontratistas los tenían. Ejemplifica los casos de Rodríguez Raúl, quien llegó a declarar 195 empleados en un mes y fue impugnado; Vallejos con 77 empleados y Morenas Coloradas con 300 empleados, también objetados. Además, trae a colación la declaración de Arias y Áridos Lavados sobre la falta de registración integral de sus empleados. Frente a dicha situación, cuestiona porqué la fiscalización utiliza el hecho de tener empleados en un caso en un sentido, y en otros, en el contrario. Aduce que en otros casos, la fiscalización tomó el hecho de que el proveedor no contestó requerimientos o no brindó información como una circunstancia fundamental, pero cuando lo hizo, y confirmó la realidad de las operaciones, tampoco fue tenido en cuenta. Refleja los casos de Valero, que contestó y reconoció haber realizado las operaciones; o Raúl Quiroga que tanto él como su contador ratifican la “veracidad” de las mismas; lo mismo que Omar Kader, Fernández Lino, Jorge Arias y Áridos Lavados. Concluye que la única explicación para tal contradicción es la potencial recaudación que se derive de las “fiscalizaciones”. Invoca que se encuentra acreditado el circuito de pagos de las operaciones cuestionadas. Precisa que en la prueba documental acompañada al descargo, obran copias de los distintos cheques cancelatorios emitidos por la empresa a favor de cada uno de los proveedores/subcontratistas objetados. Pone de relieve que esa prueba documental, ni siquiera mereció algún comentario en el acto determinativo, que además negó expresamente que en el período probatorio, se oficiara a los bancos girados para que remitieran copia del anverso y reverso de los cheques, para mayor ilustración.
Por otro lado, expresa que la inclusión de los proveedores en la base E-Apoc fue posterior a la fecha de las operaciones cuestionadas; entendiendo que ello, junto al resto de las evidencias de la causa impide atribuirle responsabilidad a la empresa recurrente.
Aduce que no es patrimonialmente responsable de las eventuales inconsistencias constatadas, siendo que no existe norma alguna que imponga una especie de “deber de vigilancia” respecto de los proveedores, ni existiría la posibilidad práctica de hacerlo, como tampoco existe una sanción consiguiente por la omisión de tal hipotético deber. En tal sentido, trae a colación que controló que las facturas tuvieran CAE o CAI válidos; que los proveedores no estuviesen incluidos en la base de proveedores “apócrifos” al momento de operar; que los productos se hubieren entregado o los servicios prestados; se realizó un control interno en el que intervenían directa o indirectamente muchas personas de la parte operativa y administrativa (sin el cual no se liberaba el pago) etc.; realizar los pagos con transferencia bancaria (los menos) y con cheques nominados (la gran mayoría) y en gran proporción también, “cruzados”; efectuar, declarar, y depositar las retenciones que correspondía en su calidad de agente de retención.
Con relación a la inclusión en sus propias declaraciones juradas (F931) de las obligaciones previsionales (aportes y contribuciones) que correspondían directamente a determinados subcontratistas, sostiene que se hizo cargo de obligaciones ajenas que -conforme nuestro sistema legal en la órbita laboral- podrían eventualmente serle exigibles como responsable solidario, aprovechando para ello la vigencia de un régimen de moratoria (Ley 27.541) que resultaba más “favorable” que el escenario normal, en cuanto al modo de pago de dichas obligaciones (plazos, tasas de interés, etc.) y que el propio Fisco promocionaba en general, y en particular con cada uno de los contribuyentes. Señala que si el sistema informático o el aplicativo de AFIP dispusiese de un formulario para abonar deudas en carácter de responsable solidario, lo hubiera hecho, pero al no tenerlo, ello no es responsabilidad de los contribuyentes.
Se refiere a cada proveedor en concreto; individualizando en cada caso la documentación que rodea cada operatoria, así detalla: la obra en la que participó, las órdenes de pago, el detalle de cheques y retenciones de Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos, las facturas con CAI o CAE autorizados por AFIP, certificados de obra y mediciones sobre avance de obra emitidos por la empresa y suscriptos por profesionales de la empresa (en este caso, ingeniero civil Raúl Martínez), pedidos internos de materiales, orden de compra, remitos con detalle de producto y dominio del camión que lo transportó, cheques cancelatorios, nominados y cruzados (anverso), etc. Con relación al proveedor Altamira, manifiesta que los supuestos indicios señalados en el informe son tendenciosos, al punto de resaltar que el domicilio fiscal es una vivienda de uso familiar “en el que no se observan carteles que indiquen que se desarrolle alguna actividad comercial”. Resalta que ello es obvio, pues: 1) no se dedica al comercio el señor Altamira, 2) los movimientos de suelos se realizan donde hay que hacerlos y no en su domicilio. En cuanto a Visuara, cuestiona que el Fisco, en base a considerarlo un proveedor que realizaría operaciones reales y ficticias, impugna el crédito fiscal computado sin sustento alguno. En el caso de Juan Omar Beltrán, remarca la existencia de acreditaciones bancarias relevantes, la tenencia de vehículos, el cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales; todo lo cual –según la actora- desestima la conclusión del Fisco en cuanto a que carece capacidad operativa, económica o financiera para prestar los servicios facturados. Que idénticas consideraciones hace en torno a la situación de Raúl Quiroga, subrayando que tanto este proveedor como su contador reconocieron la operatoria invocada.
En cuanto a Francisco Timonieri, reconoce la procedencia del ajuste del Fisco, ello en virtud de la cancelación de la operatoria a realizarse (servicios de soldadura en trampa de Scrapper). En cuanto a Omar Alberto González, la actora indicó que acompañó un CD con los documentos que acreditan la realización de las obras en las cuales el proveedor/subcontratista participó, y un legajo del subcontratista conteniendo la orden de pago en tres fojas, además de ofrecer prueba adicional cuya producción se denegó en sede administrativa. Ocurre la misma situación con Geremías Prum, Rolando Fabián Martínez, Hernando Damián Rodríguez, Hugo del Valle Figueroa, Juan Manuel Vega, Emanuel Anze Mamani, Alfonso Osvaldo Quiñonez, Paulo González Palma, Charles David Brítez Espínola, Ariel Brítez Vázquez, Arnaldo André Arrúa Páez, Salomón Antonio Villalobo, Cecilia Nélida Mathey, Claudia Gabriela del Rosario Olmos, María Betiana Maturana, Mirta Verónica Corimayo, Natalia Elizabeth Ponce, Carmín y Ocre S.A, G y G S.A., Amazonas S.A., Illinois S.A., La Única del Centro S.R.L., Empresa Baucraft S.A., Alberdi Servicios Agropecuarios S.A., J & H & L Construcciones S.A., Nievas Cárdenas S.R.L, Inversiones Inaar S.A., Neumáticos del Valle S.R.L, La Fuerza de los Hermanos S.A., NDT Patagonia Argentina S.R.L., Neun Oil de Olavarría S.R.L, CNH de Olavarría S.R.L en formación, Weeding Olavarría S.R.L., Villarpando Construcciones, B&O Construcciones S.A., ING Ingeniería y Desarrollos, Construcciones y Reparaciones Cristo S.R.L., Lisamir S.R.L.
Respecto a Ramón Daniel Valero, se pone de relieve que manifestó que su actividad generadora de ingresos es la “tercerización de camiones para fletes” (exactamente la actividad que prestó para CEOSA), como así también “...movimientos de suelo con máquinas alquiladas”; la recurrente puntualiza que las acreditaciones bancarias de Valero eran mayores a los importes que se facturaba, que el mentado proveedor había sufrido retenciones en IVA y Ganancias. En lo que atañe a Daniel Gilberto Maravilla, aduce que la falta de localización se debió a que la fiscalización concurrió tres años después de la operatoria, destacando que un vecino confirmó que en el domicilio declarado vivió el Sr.Maravilla. A su vez, destaca la existencia de retenciones efectuadas y el cumplimiento de obligaciones fiscales, con saldo a favor del organismo.
Sobre el Sr. Raúl Rodríguez, rechaza el sustento de la impugnación con motivo en “resistencia a la fiscalización” , indicando que fue constatado su domicilio y su hija atendió a los funcionarios del Fisco; su inactividad bancaria por no utilizar los canales formales en instituciones bancarias oficiales, su inconducta fiscal ya que no presenta declaraciones juradas de IVA ni Ganancias en los períodos en cuestión, su supuesta insolvencia derivada de no tener inmuebles a su nombre y el modo en que sí declaraba ser empleador en el sistema de la Seguridad Social, con muchos empleados con remuneración “cero”, lo que la actora lo adjudica a la rotación del sector o el tipo de trabajo a realizar, siendo que además en septiembre de 2015, el Sr. Rodríguez llegó a declarar 195 empleados. Con relación al Sr. Eduardo Montoya, en el legajo digitalizado del proveedor, puede leerse (pese a estar deliberadamente tachados-según dice la actora-) clientes a quienes les facturó, entre ellos, las Municipalidades de Santa Rosa y Tunuyán, lo que demuestra que se trata de un proveedor real, que efectivamente vende sus productos y lo hizo respecto de dos reparticiones públicas, lo que debería despejar las dudas que se han volcado sobre él. En el caso del Sr. Omar Alberto Kader, resalta que reconoció ante el Fisco haber sido contratado por Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. para trabajos en el Barrio Alberdi de San Rafael, que registra numerosos empleados en relación de dependencia en los períodos en cuestión, que declaró y pagó obligaciones relativas al Régimen de la Seguridad Social, observa además que la firma del acta es la misma que se evidencia en las órdenes de pago. Idéntico reconocimiento efectuó el Sr. Martín Fernández Lino, quien además de poseer cuentas bancarias y vehículo registrado, detalló su inventario de herramientas, y tipo de tareas realizadas (discriminadas entre albañilería y metalurgia), explica también cómo le pagan sus clientes (cheques propios o de terceros, además de efectivo) y como pagaba a sus proveedores (con cheques propios hasta agosto de 2017 y de terceros hasta la fecha de la presentación de la nota), admitiendo el embargo de su cuenta corriente en el Banco Santander por la propia AFIP.
Respecto al Sr. Jorge Pedro Arias, trae a colación que mismo proveedor, ante funcionarios de AFIP, ratificó su domicilio, explicando el desarrollo de su actividad de trabajos metalúrgicos y afines, indicando inscripción desde 1994 ante AFIP (lo que es cierto a tenor de las constancias del organismo) y manifestando la realización de trabajos a domicilio en general cobrando en efectivo, sin poseer empleados y a veces contratando personal, de modo formal o informal.
En lo que atañe al Sr. Sergio David Carnazola, subraya que el legajo de AFIP da cuenta que el sujeto había fallecido cuando se intentó localizarlo, pero que existen numerosos indicios y prueba de su actividad económica. Sin perjuicio de ello, aduce que el informe que la fiscalización de Mendoza toma como “verdad absoluta” (sic.), culmina sugiriendo la incorporación en la base de otra persona distinta, el Sr. Roberto Cudeiro Pérez que nada tiene que ver con el mentado proveedor. En el caso del Sr. Rolando Oscar Cristo, manifiesta que lo que supuestamente es un “legajo” del proveedor impugnado, es en realidad un cúmulo de impresiones de pantalla de bases de datos de AFIP, pero no se realizó ningún tipo de verificación o fiscalización, ni se encomendó a funcionario alguno la realización de un informe sobre este proveedor, por lo considera que la impugnación no está fundada. En cuanto al Sr. Eduardo Antonio Díaz, la recurrente expone que el intento del personal fiscalizador de localizar al proveedor en un domicilio en tiempos de pandemia de COVID 19, fue complementado con impresiones de pantalla de sus bases de datos que, entre otras cosas, acusan que el sujeto estaba inscripto en la actividad en función de la cual prestó servicios (publicidad), que presentó Declaraciones juradas del IVA con saldos a pagar a favor del Fisco, etc. En el mismo sentido, se califica de insuficiente como argumento para impugnar la operatoria con el Sr. Cristian David Cruz la imposibilidad de localizarlo, cuando tiene su CUIT activa y posee acreditaciones bancarias.
Respecto al Sr. Emmanuel Antonio Beltrán, resalta que fue corroborado a través de lo dicho por familiares que se dedicaba a la actividad construcción, de conformidad con su inscripción ante el Fisco, que tenía registrado a su nombre un camión y una camioneta, que poseía acreditaciones bancarias de relevancia y declaraba empleados, llegando en mayo de 2018 a un total de 42 trabajadores. En este contexto, arguye que no resulta atendible cuál es la falta de capacidad operativa imputada por el Fisco para objetar la operatoria invocada con este proveedor. Similares consideraciones se hacen respecto a la situación del Sr. Matías Cisneiros, Sr. Fabián Enrique Arias Oliva y Morenas Coloradas S.A, Con relación al Sr. Gabriel Hernán Vallejos, afirma que el legajo del subcontratista es poco legible, por lo que solicita la nulidad de las constancias de la AFIP. Además, remarca el cumplimiento de las obligaciones fiscales del citado proveedor, la declaración de empleados, la registración de rodados a su nombre, la información de agentes de retención por consumos relevantes de expensas y tarjetas y autorización de AFIP para emitir facturas A y M. En cuanto a Derivados del Petróleo S.A. Argumenta que el informe relativo al proveedor es desordenado, termina en doble foliado incomprensible y contiene tachaduras, impidiendo el derecho de defensa. Asimismo, y luego de resaltar el cumplimiento de obligaciones fiscales y la tenencia de bienes de la empresa proveedora que representan indicios de capacidad operativa, expresa que si el principal vendedor de su proveedor (APSAL SA) se encuentra registrado en la Base e Apoc o no, resulta un extremo imposible de conocer y que para la AFIP hayan existido irregularidades en la cadena de comercialización de su proveedor, no quiere decir que éste no exista, o que no haya tenido la capacidad económica para vender combustible para calderas, operatoria aquí cuestionada por el organismo recaudador. Con relación a Vínicas S.A., invoca la existencia de órdenes de pago con documentación de respaldo, aseverando que éstas son muy completas, que contienen Formulario 931 correspondiente a octubre de 2016, acuse de recibo y comprobantes de pago, certificado de cobertura Galeno ART y Mapfre con un total de 15 capitas.; agregando que el Sr. Gustavo Sagr es quien retira los pagos y está declarado en la nómina.
Respecto a Áridos Lavados, recalca que ante la fiscalización el presidente de esa empresa reconoció las operaciones objetadas en la determinación de oficio, explicando claramente toda su operatoria comercial y justificando por qué no tienen inmuebles ni empleados registrados. Además, señala la documentación respaldatoria de la operatoria desarrollada: copias de cheques librados contra el Banco Supervielle, Patagonia, Banco de la Nación Argentina, Macro, Galicia, Credicoop, ICBC, etc., siempre emitidos a nombre de Áridos Lavados S.A.; el detalle de valores entregados (nro. de cuenta, nro. de cheque, banco, vencimiento y monto); planillas en Excell con los distintos vencimientos y bancos librados; cantidad de cheques, importe, totales, y fechas de cobro; copia del extracto de la cuenta corriente del proveedor con el detalle de fechas, facturas y montos; copia de las facturas y recibos suscriptos por el titular de Áridos Lavados S.A; remitos; constancias de verificación de validez de comprobantes. Por último, se destaca la existencia de ventas declaradas impositivamente, la presentación de declaraciones juradas, la calificación de “bajo riesgo” hasta julio de 2017 y la existencia de retenciones sufridas.
En lo que atañe a Montañesa S.A., se destaca que el hecho de no poseer inmuebles o vehículos no es un dato relevante ni un requisito legal para ser subcontratista de obras; invocando que esta empresa no realizaba la totalidad de las obras por sí mismo, sino que a su vez subcontrataba a otras empresas para realizar parte de las obras. Además, se trae a colación la existencia de acreditaciones bancarias y el listado de cheques aportado por Montañesa S.A. a la inspección. Asimismo, manifiesta que los planes de pago caducos que el Fisco señala como causal de ausencia de capacidad financiera, tienen fundamento en que Montañesa fue incorporada por AFIP a la base Apoc y no pudo seguir trabajando, ni facturando Finalmente, cuestiona el encuadre de su conducta en la Ley Penal Tributaria, cuando –según manifiesta- ni siquiera existen pruebas para determinar de oficio una deuda.
Invoca la existencia de prueba en los antecedentes administrativos, ofreciendo informativa en subsidio respecto a la adjudicación y realización de obras. Ofrece prueba documental de su página web como así también informativa, testimonial y pericial técnica. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. A través del IF-2022-116306710-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional. Sostiene que la determinación practicada no se basa en presunciones, impugnándose créditos fiscales que el contribuyente pretendió aprovechar en tanto se respaldan en operaciones concertadas con supuestos proveedores, señalando que no está en discusión la realización de las obras invocadas por la recurrente. Sin embargo, plantea que el hecho de que las obras desarrolladas por la contribuyente hubiesen requerido de la contratación de personal y maquinaria, así como también de la compra de materiales, no determina que aquéllas necesariamente hayan provenido de los proveedores cuestionados, ya que precisamente es eso lo que no se encuentra debidamente probado. En esta línea, subraya que la contraria no aportó, ni ofreció prueba que pudiera dar cuenta que los pagos efectuados tuvieron su origen en operaciones reales, haciendo hincapié en que se detectaron graves irregularidades respecto a los supuestos proveedores. Trae a colación que tampoco existió información fehaciente ni elementos de prueba contundentes que permitieran encontrar a los supuestos proveedores que se pretende justificar, advirtiendo losimportantes montos que denotan las operaciones comerciales involucradas. Señala que aún en el supuesto caso de que las facturas gozaran de validez, no resulta ser un medio suficiente para afirmar que las operaciones fueron verdaderas, sino que se requiere que se den concomitantemente otros indicios, correspondiendo a la actora en ejercicio de su derecho de contradicción demostrar la sustantividad de las operaciones, la existencia de los proveedores y el respaldo documental pertinente. Aduce que en el caso concreto las impugnaciones formuladas poseen entidad suficiente para cuestionar las operaciones que se intentan probar la recurrente mediante los comprobantes exhibidos.
Expone que la apelante no se agravió por la imposición intereses resarcitorios aplicados, debiéndose tener presente ello al momento de sentenciar. Remarca que procede la aplicación de los accesorios por la mora incurrida en el ingreso de obligaciones tributarias.
Acompaña antecedentes administrativos. Se opone a la producción de prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. Que mediante PV-2023-41022539-APN-VOCX#TFN se hizo lugar a la oposición formulada por la representación fiscal respecto a prueba testimonial y pericial técnica ofrecida en el recurso; mientras que se recondujo la prueba informativa ofrecida al Fisco Nacional, requiriéndose a este organismo presentar detalle de la inclusión en la Base Apoc de los proveedores impugnados, lo que fue cumplido conforme el archivo adjunto al IF-2023-54776192-APN-DTD#JGM.
A través del PV-2023-56938719-APN-VOCX#TFN se eleva la causa a conocimiento de la Sala “D”, Finalmente, obra en el IF-2024-13270745-APN-VOCX#TFN, el proveído que dispone poner los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar corresponde expedirse sobre las defensas relativas a vicios en el procedimiento nulidad, debiendo adelantarse que tal defensa no puede prosperar.
Respecto a lo actuado por la fiscalización, cabe recordar que las actuaciones seguidas por los inspectores, constituyen una secuencia de actos internos preparatorios o preliminares, que no son vinculantes para el juez administrativo interviniente y así lo ha entendido nuestro más Alto Tribunal "in re" "Calise" y "Elwson y Wester" (de fechas 27/11/1950 y 27/10/1952 -Fallos: 218:562 y 221:73-, respectivamente) como tampoco producen efectos para la recurrente, siendo que la oportunidad para anoticiarse de los cargos, impugnaciones y fundamentos del criterio del Fisco, es la vista contemplada en el art. 17 de la ley de rito fiscal, lo que fue debidamente cumplido, pudiendo el recurrente presentar sus descargos sin dificultad alguna. No obstante ello y con relación a las tachaduras en algunos informes de fiscalización (vide Montoya o Derivados del Petróleo S.A.), el mismo Fisco aclaró que en el acto apelado que se procedió así, en razón de preservar el secreto fiscal, surgiendo además claramente de la vista y de la determinación practicada los motivos de la impugnación de las correspondientes operaciones.
Por otro lado, en cuanto a la denegación a la producción de prueba en sede administrativa, cabe destacar que nuestro más Alto Tribunal tiene dicho que “…cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (cfr. CSJN, Fallos: 205:549, 247:52, 267:393). Dicha circunstancia que se da en el presente caso donde la recurrente ha tenido la posibilidad de proponer pruebas, tal como surge del escrito de inicio.
Por último, debe destacarse que el acto impugnado fue dictado con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, es decir, que no sólo se han cumplido con los requisitos de validez sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que lo presupone, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al valorarlas, discrepancia que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de los actos.
Ello así, no se advierte que el Fisco haya vulnerado en forma alguna el derecho al debido proceso o haya restringido el derecho de defensa de la actora.
Por lo expuesto, corresponde desestimar las defensas incoadas, haciendo notar que no procede la imposición autónoma de costas, por no haber sido planteada ni haberse otorgado el carácter de previo y especial pronunciamiento.
V. Que, de forma preliminar, estimo pertinente recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).
Surge del informe final de inspección, que la actividad económica principal declarada por la responsable ante el ente fiscal es la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales; siendo la actividad secundaria la de construcción, reforma y reparación de redes, distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos (vide IF-2022-116300623-APN-DTD#JGM). Durante la fiscalización se observó en los periodos fiscales enero de 2015 a diciembre de 2018, el cómputo de créditos fiscales respaldados por comprobantes emitidos a nombre de proveedores caracterizados como contribuyentes no confiables, registrados en la base Apoc, sin capacidad operativa, económica y/o financiera para prestar los servicios facturados y otras inconsistencias por las que la fiscalización concluyó que no se encontraba acreditada la veracidad de las operaciones facturadas.
Que los proveedores impugnados son: Altamira, Carlos Vicente; Visuara, Carlos Leonardo; Beltrán, Juan Omar; Quiroga, Raúl Miguel; Timonieri, Francisco Osvaldo; González, Omar Alberto; Valero, Ramón Daniel; Maravilla, Daniel Gilberto; Rodríguez, Raúl Mario; Montoya, Edgardo Gustavo; Kader, Omar Alberto; Fernández, Lino Martín; Arias, Jorge Pedro; Sucesión de Carnazola, Sergio Daniel; Cristo, Rolando Oscar; Díaz, Eduardo Antonio; Prum, Geremías Sebastián; Martínez, Rolando Fabián; Cruz, Cristian David; Rodríguez, Hernando Damián; Beltrán, Emmanuel Antonio; Cisneiros, Matías Ezequiel; Arias Oliva, Fabián Enrique; Figueroa, Hugo del Valle; Vega, Juan Manuel; Anze Mammani; Quiñones, Alfonzo Osvaldo; González Palma, Paulo; Brítez Espínola, Charles David; Brítez Vázquez, Ariel; Arrúa Páez, Arnaldo André; Villalobo, Salomón Antonio; Vallejos, Gabriel Hernán; Mathey, Cecilia Nélida; Olmos, Claudia Gabriela del Rosario; Maturana, María Betiana; Corimayo, Mirta Verónica; Ponce, Natalia Elizabeth; Carmín y Ocre S.A.; G y G S.A.; Amazonas Sociedad Anónima; Illinois S.A.; La Única del Centro S.R.L.; Empresa Baucraft S.A.; Áridos Lavados S.A.; Alberdi Servicios Agropecuarios S.R.L.; J & H & L Construcciones S.A.; Vínicas S.A; Nievas Cárdenas S.R.L.; Derivados del Petróleo S.A.; Inversiones Inaar S.A.; Neumáticos del Valle S.R.L. ; La Fuerza de los Hermanos S.A.; NDT Patagonia Argentina S.R.L.; Morenas Coloradas S.A.; Neun Oil de Olavarría S.R.L.; CNH de Olavarría S.R.L. en formación; Weeding Olavarría S.R.L.; Villarpando Construcciones; B&O Construcciones S.A.; ING Ingeniería y Desarrollos S.A; Montañesa S.A.; Construcciones y Reparaciones Cristo S.R.L.; Lisamir S.R.L.
A partir de las inconsistencias que surgieron de la verificación realizada en materia de Seguridad Social, surgió que varios de los sujetos antes señalados fueron reconocidos como empleados por la firma inspeccionada por lo que –a criterio del organismo- no podían ser considerados como subcontratistas, por cuanto la inspeccionada agregó a lo que había declarado oportunamente en el Régimen de Seguridad Social como empleador, la parte de lo facturado por los sujetos que presentaron inconsistencias y que fue considerada como mano de obra utilizada en la actividad de la construcción.
Los proveedores/subcontratistas referidos eran: Visuara, Carlos Leonardo; Rodríguez, Raúl Mario; Kader, Omar Alberto; Prum, Geremías Sebastián; Anze Mammaní, Emanuel, Brítez Espínola, Charles David; Arrúa Páez, Arnaldo André; Vallejos, Gabriel Hernán; Ponce, Natalia Elizabeth; Carmín y Ocre SA; Morenas Coloradas S.A.; ING Ingeniería y Desarrollos SA; Montañesa SA; Arias Oliva, Fabián Enrique; y Olmos, Claudia Gabriela del Rosario.
Por otro lado, se verificó que la apelante registraba alta de automóviles en los períodos sujetos a inspección, constatándose que el crédito fiscal computado correspondía al total que le fue facturado en tal concepto, excediéndose el límite establecido por el artículo 12 inciso a), punto 1 de la Ley N° 23.349 (t.o. en 1998 y modificaciones). En consecuencia, se impugnó la diferencia entre el monto del crédito fiscal consignado en cada caso, con el monto límite establecido por dicha normativa, de Pesos cuatro mil doscientos ($ 4.200). En atención a los ajustes descriptos, se proyectó la disminución del crédito fiscal primitivamente declarado por los periodos fiscales enero de 2015 a diciembre de 2018, resultando de ello saldos a ingresar al organismo recaudador.
VI. Corresponde señalar que la actora no formuló agravios concretos contra la impugnación al crédito fiscal computado por alta de automóviles, en virtud de excederse del límite establecido por el artículo 12 inciso a), punto 1 de la Ley N° 23.349 (t.o. en 1998 y modificaciones), y -a su vez- admitió expresamente los cuestionamientos relativos a la operatoria con el Sr. Francisco Osvaldo Timonieri. Ello así, corresponde confirmar los ajustes señalados.
VII. Dicho ésto, corresponde referirse a la situación de los proveedores Visuara, Carlos Leonardo; Rodríguez, Raúl Mario; Kader, Omar Alberto; Prum, Geremías Sebastián; Anze Mammaní, Emanuel; Brítez Espínola, Charles David; González Palma Paulo, Arrúa Páez, Arnaldo André; Vallejos, Gabriel Hernán; Ponce, Natalia Elizabeth; Carmín y Ocre SA; Morenas Coloradas S.A.; ING Ingeniería y Desarrollos SA; Montañesa SA; Arias Oliva, Fabián Enrique; Villarpando Construcciones y Olmos, Claudia Gabriela del Rosario.
En el marco de la inspección que realizó División Fiscalización N° 5, a CEOSA bajo la O.I. 1.771.061, se procedió a plantear la hipótesis de la existencia de “fraude laboral por intermediación fraudulenta” o “responsabilidad solidaria”, previstos los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, finalizando con ajuste conformado por la actora, mediante la presentación de declaraciones juradas rectificativas incluyendo como personal a éstos proveedores observados (vide planilla obrante fs. 459 del IF-2023-35015997-APN-DTD#JGM). Que es la propia actora, quien en su recurso expone, que en virtud de una supuesta extensión de responsabilidad solidaria y las correlativas contingencias económicas, decidió incorporar en sus propias declaraciones juradas (F931) las obligaciones previsionales (aportes y contribuciones) que correspondían directamente a sus subcontratistas en función de sus propios empleados en el marco de la ley 27.541, texto según modificación de la ley 27.562. Así, aduce que lo hizo “aprovechando para ello la vigencia de un régimen de moratoria que resultaba más “favorable” que el escenario normal, en cuanto al modo de pago de dichas obligaciones (plazos, tasas de interés, etc.) y que el propio Fisco promocionaba en general, y en particular con cada uno de los contribuyentes”(sic).
Que el artículo 8° de ley N° 27541 (B.O. 23/12/2019) estableció que los contribuyentes de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encontrara a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias, podrían acogerse, por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive, o infracciones relacionadas con éstas, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecía en el Titulo IV Capítulo I de esa ley. Posteriormente, existieron dos normas (leyes 27.562 y 27.653) que realizaron algunas modificaciones y extendieron plazos por las obligaciones vencidas.
Cabe señalar que la conducta desplegada por la actora conformó un accionar deliberado, ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que implicó un “voluntario sometimiento” al régimen excepcional previsto por la ley 27.541, texto según ley 27.562 (cfr. Fallos: 331:901). Que, el Cimero Tribunal ha puesto de relieve que aquellas normas legales que permiten ajustar con carácter general la situación de los contribuyentes o responsables que elijan acogerse al régimen de excepción, lo cual sucede en este caso en relación a los subcontratistas referidos, importa el sometimiento voluntario tanto al cumplimiento de los requisitos exigidos a tales efectos como a sus consecuencias, y obsta a su impugnación ulterior (CSJN in re “Medefín SA Compañía Financiera c/DGI s/repetición”, sentencia del 1 de octubre de 1991).
En efecto, los términos de la adhesión voluntaria efectuada implican, ni más ni menos, que no pueda considerarse como proveedores a los sujetos citados en este punto, tornando improcedente el cómputo del crédito fiscal. A mayor abundamiento, considero pertinente marcar algunas irregularidades adicionales detectadas. En el caso del Sr. Charles David Brítez Espínola, éste manifestó ante la fiscalización que se dedicaba a la actividad de constructor-albañil en relación de dependencia, que poseía dos cuentas bancarias, una en la que le depositaban el sueldo y otra a la que sus empleadores le transferían fondos para que les pagara a los empleados que tenía a su cargo como capataz. Agregó que él abonaba los sueldos de las personas a su cargo quienes eran empleados de las empresas Pirámide S.R.L. y CEOSA y que por los montos que abonaba era obligado a realizar facturas a favor de las firmas mencionadas. También mencionó que entregó su clave fiscal a personas vinculadas a dichas sociedades (por la demandante, al Sr. Moncany) quienes se encargaban de generar electrónicamente los comprobantes por prestaciones de servicios y/o construcción de obra; asimismo, expresó que la aquí recurrente le entregaba cheques de pago diferido para pagar los sueldos, cargas sociales, ART, viandas y alquileres destinados a los empleados a su cargo como capataz. Identificó a dichos empleados con nombre, apellido y número de documento y se constató que todos ellos formaban parte de la planta de empleados declarados por CEOSA en el año 2017 (vide informe obrante en el IF-2023-35015997-APN-DTD#JGM). Por su parte, el domicilio declarado por el Sr. Paulo González Palma coincide con el que tuvo en algún momento Charles David Brítez Espínola, incluido en la regularización efectuada por la actora en el marco de la O.I. 1.771.061. Al respecto, se subraya que el Sr. Brítez Espínola manifestó haber trabajado en obras como capataz, identificando a González Palma como una de las personas que tenía a su cargo, siendo su empleador la recurrente (vide Cpo IVA adjunto al Informe Final de Inspección obrante en el IF-2022-116300623-APN-DTD#JGM). Asimismo González Palma fue calificado como usina de facturas apócrifas atento las inconsistencias exteriorizadas en el informe obrante en el archivo anexo al IF-2022-116344562-APN-DTD#JGM.
Con relación al Sr. Fabián Enrique Arias Oliva y la Sra. Natalia Elizabeth Ponce se observaron los mismos recibos manuales con el nombre de fantasía “INNOVA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS”. Si bien están confeccionados en distintas imprentas, sin embargo ser verificó que el Sr. Arias Oliva firmaba los recibos de la Sra. Ponce, (ejemplo fs. 192 del legajo de Arias Oliva y fs. 3 del legajo de Ponce, de la documentación aportada por CEOSA).
En el caso del Sr. Geremías Sebastián Prum, resultó ser accionista, presidente de directorio, administrador de relaciones y poseer el mismo domicilio fiscal de la firma Carmín y Ocre S.A., ambas incluidos en la rectificación efectuada. Con relación a Montañesa S.A., se expuso que no tenía capacidad operativa y financiera al igual que sus proveedoras, una de ellas; NDT Patagonia Argentina S.R.L. también impugnada en estas actuaciones, detectando que esta generaban entre sí facturación con créditos y débitos recíprocos (vide el IF-2023-35015997-
APN-DTD#JGM).
En cuanto a Villarpando Construcciones S.A., se desprende de las constancias administrativas que se analizó la capacidad operativa, económica y financiera para prestar los servicios de construcción. Del análisis de los antecedentes sistémicos se encontraron inconsistencias como la falta de relación entre los montos de ventas con las remuneraciones declaradas; no generar saldos de IVA a favor de la AFIP, inexistencia de bienes registrados a su nombre y de documentación que avale sus operaciones de ventas; márgenes de rentabilidad que no se traducen en modo alguno en el patrimonio de los socios. En tal sentido, el informe obrante en las actuaciones administrativas infiere que esta firma pudo haberse prestado a un mecanismo de intermediación fraudulenta de relaciones laborales incluyendo en sus F931 los trabajadores que en realidad pertenecerían a otros empleadores, ello a los fines de evadir obligaciones tributarias y previsiones de estos últimos (vide IF-2022-116372936-APN- DTD#JGM).
Por lo expuesto, cabe confirmar el ajuste de crédito fiscal respecto a los sujetos individualizados en este punto.
VIII. Sentado lo expuesto en los párrafos precedentes, es dable destacar que el Fisco no desconoce la realización de las obras por parte de Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA), cuestionandose en estas actuaciones la materialidad de los servicios prestados por los proveedores impugnados y que dio origen al crédito fiscal considerado como computado en exceso.
Antes de entrar a analizar la situación de los restantes proveedores, cabe efectuar algunas consideraciones que resultan esenciales a fin de resolver la cuestión aquí tratada.
Que el Cimero Tribunal al resolver la causa "Ferretti, Félix Eduardo" (sentencia del 10 de marzo de 2015) respecto a la procedencia del cómputo del crédito fiscal, expresó -en lo que aquí interesa- : "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto a vendedores de bienes o proveedores de servicios, debiendo demostrarse la efectivización de las operaciones invocadas. A tales efectos, se ha dicho que resulta indispensable, acreditar la capacidad económica de los proveedores (cfr. Sala IV de la CNACAF in re “SA Tala Viejo”, sentencia del 6 de octubre de 2022).
En esta línea, cabe recordar que la sola presentación de facturas cuya apariencia extrínseca no ofreciera reparos y el mero cumplimiento de los requisitos exigidos por las resoluciones aplicables, no resultan suficientes para que proceda el computo del crédito fiscal sino que para ello -y en vista de las singulares circunstancias configuradas, que permiten dudar seria y fundadamente sobre la veracidad de las transacciones que se atribuyen-, debe exigirse además que tales instrumentos se encuentren avalados por la existencia real y comprobable de las operaciones efectuadas (conf. criterio de la CNACAF, Sala III, causa ‘‘Calimboy S.A.” sentencia del 20 de mayo de 2010 y Sala IV, causa “Cargill S.A.C.I.” pronunciamiento del 7 de abril de 2011).
IX. Ello así, corresponde referirse a las operaciones con los proveedores: Altamira, Carlos Vicente; Beltrán, Juan Omar; Quiroga, Raúl Miguel; González, Omar Alberto; Valero, Ramón Daniel; Maravilla, Daniel Gilberto; Montoya, Edgardo Gustavo; Fernández, Lino Martín; Arias, Jorge Pedro; Sucesión de Carnazola, Sergio Daniel; Cristo, Rolando Oscar; Martínez, Rolando Fabián; Cruz, Cristian David; Quiñones, Alfonzo Osvaldo; González Palma, Paulo; Rodríguez, Hernando Damián; Beltrán, Emmanuel Antonio; Cisneiros, Matías Ezequiel; Figueroa, Hugo del Valle; Vega, Juan Manuel; Brítez Vázquez, Ariel; Villalobo, Salomón Antonio; Mathey, Cecilia Nélida; Maturana, María Betiana; Corimayo, Mirta Verónica.; G y G S.A.; Amazonas Sociedad Anónima; Illinois S.A.; La Única del Centro S.R.L.; Empresa Baucraft S.A.; Áridos Lavados S.A.; Alberdi Servicios Agropecuarios S.R.L.; J & H & L Construcciones S.A.; Vínicas S.A; Nievas Cárdenas S.R.L.; Derivados del Petróleo S.A.; Inversiones Inaar S.A.; Neumáticos del Valle S.R.L. ; La Fuerza de los Hermanos S.A.; NDT Patagonia Argentina S.R.L..; Neun Oil de Olavarría S.R.L.; CNH de Olavarría S.R.L. en formación; Weeding Olavarría S.R.L.; B&O Construcciones S.A..; Construcciones y Reparaciones Cristo S.R.L.; Lisamir S.R.L.
No puede soslayarse que respecto a estos proveedores investigados, el Fisco puso en evidencia una serie de irregularidades que se presentaron de forma reiterada resaltando esencialmente la falta de capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera de los mismos para operar en los niveles declarados, situaciones que no puede calificarse como meros incumplimientos formales de terceros (cfr. Sala I de la CNACAF, in re “Las Tres Mulitas”, sentencia del 9 de diciembre de 2015).
A su vez, se detectaron anomalías que no se limitan a la situación fiscal de los proveedores, sino que tienen que ver con la forma en que éstos supuestamente llevaban a cabo su actividad comercial con la aquí recurrente (cfr. Sala I de la Alzada in re “Tropini y Salcedo S.A.”, sentencia del 19 de agosto de 2021), las que serán analizadas a continuación.
Puntualmente, respecto a Carlos Vicente Altamira, el concepto de su facturación es como subcontratista de mano de obra en trabajos de obra civil y tendido de fibra óptica, alquiler de una máquina (obra San Patricio, en Neuquén) y una cargadora, venta de material para construcción de gaviones de protección en la citada obra; excavación y tendido de tritubo cruce con Tunelera Convencional, cruce con tunelera teledirigida en tramos urbanos y suburbanos; remodelación de tomas y construcción de puentes (Pedro Luro).
Del informe correspondiente al legajo del proveedor (IF-2022-116332549-APN-DTD#JGM) surge que contrariamente a lo expuesto por la actora, las acreditaciones bancarias estarían relacionadas con remuneraciones recibidas de ANSES y de dos empresas, mas no con la facturación emitida. Además, en el Régimen de Información como comprador, no se verifican adquisiciones relativas a la actividad supuestamente desarrollada. A partir de ello y la inexistencia de capacidad operativa para desarrollar la actividad facturada, se concluyó que no realizó las operaciones por las que emitió los comprobantes impugnados.
Respecto a Jorge Pedro Arias, surge del acto apelado que éste facturó a CEOSA el alquiler el contenedor en obra en el aeropuerto de Tucumán, sin dilucidarse si era de su propiedad o subalquilado. Efectuado un requerimiento, el Sr. Arias manifestó -contrariamente a la documentación invocada- que realizaba trabajos de herrería, metalurgia como armado de puertas, ventanas, estructuras y soldaduras; que el trabajo lo efectuaba en el domicilio de los clientes; que a veces contrataba personal los que en alguna oportunidad fueron declarados como empleados y en otras se contrataron de manera informal; que generalmente cobraba los trabajos en efectivo y que no tenía propiedades ni rodados; a su vez, presentó multinota consignando el extravío toda la documentación y libros contables de su comercio adjuntando constancia policial (vide informe IF-2022-116325657-APN- DTD#JGM).
Con relación a Lino Martín Fernández, se desprende de las constancias administrativas que no existe certeza sobre la veracidad de las facturas electrónicas emitidas desde enero 2016, por lo que se solicitó un detalle de las actividades realizadas, un inventario de máquinas y herramientas y medios utilizados para el cobro y pago, todo lo cual fue aportado sin firmar. En efecto, el Fisco consideró que no sólo Fernández no poseía un taller con la maquinaria necesaria para efectuar tareas de metalúrgica sino que ni el movimiento bancario, ni las retenciones se condecían con la magnitud de la facturación verificada, concluyendo que el citado carecía de capacidad operativa, financiera y económica para justificar la emisión de comprobantes analizados. Asimismo, se destaca que de la documentación aportada por CEOSA, se observó contrato de locación de servicios profesionales entre una firma Inema (sin advertirse individualización de tipo societario) representada supuestamente por Fernández y la aquí recurrente, sin formalidades, con una firma al pie “SANTANDER”, resultando además que el organismo detectó un Rubén Daniel Santander como proveedor apócrifo de Lino Martín Fernández (vide IF-2022-116324969-APN- DTD#JGM e IF-2023-13531897-APN-DTD#JGM).
Corresponde también traer a colación, de la Sra. Mirta Verónica Corimayo, quien en acta labrada por inspectores manifestó su desconocimiento de la forma en que supuestamente realiza la operatoria comercial: bienes afectados a la explotación, aspectos operativos de la actividad como compras, ventas y cuentas bancarias, falta de identificación del asesor contable/impositivo. En tal sentido manifestó que su pareja, el Sr. Oscar Nicolás González resultaba el verdadero titular de la misma, responsable y encargado de desarrollarla.
Es el caso de Omar Alberto González (IF-2022-116335695-APN-DTD#JGM); Ramón Daniel Valero (IF-2022- 116336645-APN-DTD#JGM); Daniel Gilberto Maravilla (IF-2022-116337375-APN-DTD#JGM); María Betiana Maturana (IF-2022-116351445-APN-DTD#JGM); Salomón Antonio Villalobo (IF-2022-116348110-APN- DTD#JGM); Rolando Fabián Martínez (IF-2022-116329757-APN-DTD#JGM); Rolando Oscar Cristo (IF-2022- 116326587-APN-DTD#JGM); Hernando Damián Rodríguez (IF-2022-116330722-APN-DTD#JGM); Sucesión de Carnazola (IF-2022-116326070-APN-DTD#JGM); Sergio Daniel, Matías Ezequiel Cisneiros (IF-2022- 116341212-APN-DTD#JGM); Cristián David Cruz (IF-2023-13528090-APN-DTD#JGM), Hugo del Valle Figueroa (IF-2022-116342053-APN-DTD#JGM); Cecilia Nélida Mathey (IF-2022-116350495-APN- DTD#JGM); G yG S.A. (IF-2022-116357517-APN-DTD#JGM); Empresa Baucraft S.A. (IF-2022-116361697-
APN-DTD#JGM); Lisamir S.R.L. (IF-2022-116378084-APN-DTD#JGM); Alberdi Servicios Agropecuarios S.R.L (IF-2022-116363640-APN-DTD#JGM); Inversiones Inaar S.A. (IF-2022-116367571-APN-DTD#JGM) ; J & H & L Construcciones S.A.( IF-2022-116364189-APN-DTD#JGM); B&O Construcciones S.A. (IF-2022-
116373325-APN-DTD#JGM); Nievas Cárdenas SRL, Construcciones y Reparaciones Cristo S.R.L. (IF-2022- 116377716-APN-DTD#JGM), se destaca la incapacidad fáctica para desarrollar las actividades facturadas que impide considerarlos como generadores genuinos del crédito fiscal (cfr. criterio de la CSJN in re: “Molinos Río de la Plata SA c/ EN - AFIP - DGI Resol. 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 25 de septiembre de 2015).
También se advierte como rasgo común que surge de las constancias administrativas (vg. vide IF-2022- 116303322-APN-DTD#JGM, Informe Final de Inspección obrante en el IF-2022-116300623-APN-DTD#JGM), en los casos de Omar Alberto González, Ramón Daniel Valero, Daniel Gilberto Maravilla, Matías Ezequiel Cisneiros, Rolando Oscar Cristo, Hernando Damián Rodríguez, Empresa Baucraft S.A., Nievas Cárdenas SRL, Alberdi Servicios Agropecuarios S.R.L., GyG S.A., Vínicas S.A, Construcciones y Reparaciones Cristo S.R.L. , Weeding de Olavarría S.R.L, CNH de Olavarría S.R.L. en formación;. Lisamir SRL estar inscriptas y/o facturar en numerosas y diversas actividades incluso disímiles entre sí, lo cual -en el contexto planteado- constituye un indicio sobre la falta de materialidad de las operaciones impugnadas (criterio de esta juzgadora in re “DT Logística S.A.”, sentencia del 25 de febrero de 2022, con base en el criterio de la Corte Suprema de Justicia in re Stop Car SA (TF 26815-I) c/DGI, sentencia del 21 de agosto de 2013).
En cuanto a NDT Patagonia Argentina S.R.L, el Fisco advirtió de los elementos aportados por la recurrente, que existían las facturas de compra computadas a nombre del este proveedor en el período comprendido entre diciembre de 2016 y mayo de 2017 que se generaron para una razón social y CUIT distintos a Construcciones Electromecánicas del Oeste (vide IF-2022-116369361-APN-DTD#JGM e IF-2023-1540870-APN-DTD#JGM).
En lo que atañe a GyG S.A., constan presupuesto y certificado de subcontratista de obra a nombre de Empresa Complejo Industrial Maderero S.A., suscripto por el Sr. Morgani que figura como socio de G y G S.A. (vide IF- 2022-116357517-APN-SGAI#TFN y legajo aportado por la recurrente IF-2023-13528788- APN-DTD#JGM), pero la operación no corresponde a G Y G S.A., que es la emisora de factura. Respecto a Neumáticos del Valle S.R.L, directamente no consta factura emitida por el proveedor observado.
Finalmente, surge del Informe Final de Inspección obrante en el IF-2022-116300623-APN-DTD#JGM que respecto a Áridos Lavados S.A. que alguna de las facturas aportadas por la recurrente a la fiscalización, tenían CAI inválido.
Ello así, la factura es el instrumento esencial de prueba de una operación comercial, aunque por sí misma no sea suficiente para demostrar la realidad económica de la transacción que pretende instrumentar. Sin embargo, en este punto el dato relevante a destacar radica en que ni siquiera el aspecto formal de las operaciones con estos proveedores puede darse por cumplido (cfr. Sala III de la Alzada in re “Romane SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 29 de octubre de 2015).
Con relación a La Fuerza de los Hermanos S.A., el Fisco expuso que en la documentación aportada por la propia recurrente, existían cheques recepcionados por Bruno Ferraris, empleado de Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. en ese período y por Ebe Chiodi cuya CUIT estaba limitada por ser contribuyente no confiable (anexo al IF-2023-13557725-APN-DTD#JGM).
En cuanto a Cecilia Nélida Mathey, además de la señalada falta de capacidad operativa, de la documentación colectada en sede administrativa, se advirtió que de las pruebas aportadas por la actora se desprende que el Sr. Carlos Marcelo Pistis recibía los cheques emitidos a la Sra. Mathey , teniendo ambos el mismo domicilio (vide adjuntos al IF-2023-13558884-APN-DTD#JGM).
Asimismo, en reiterados casos (vg. María Betiana Maturana, Hugo del Valle Figueroa, Jorge Pedro Arias) se hizo notar tanto el destino de los cheques a personas sin ninguna vinculación con el supuesto proveedor o prestador (vide adjuntos a IF-2023-13558884-APN-DTD#JGM, IF-2023-13551921-APN-DTD#JGM), como la recepción de cheques de una persona con firma ilegible, que es la misma estampada en copia de cheques emitidos a favor de sendos proveedores (Hugo del Valle Figueroa y Hernando Damián Rodríguez, vide IF-2022-116300623-APN- DTD#JGM).
Por último, se advierten enmiendas a mano alzada sobre las fechas de valores relativos a Inversiones Inaar (vide fs. 94 Cpo. 2 anexo al IF-2023-13533648-APN-DTD#JGM) y a Carlos Altamira (fs. 131/132 Cpo. 5 IF-2023-
13520022-APN-DTD#JGM).
Además de las irregularidades detectadas, si bien esta Juzgadora ha venido sosteniendo que no puede endilgársele a un contribuyente el hecho de que comprobara si los cheques entregados eran cobrados por ventanilla por el beneficiario o por un tercero que contaba con la debida autorización para realizar tal trámite o diligencia, puesto que ello escapa a la órbita de acción de la apelante y no puede ejercer control alguno a su respecto, la situación descripta difiere de lo ocurrido en autos, en tanto aquí a partir de las diversas inconsistencias relativas a la capacidad operativa de los proveedores cuestionados, la totalidad de la supuesta documentación de respaldo de la operatoria queda dubitada, agregando que además no obra en autos prueba idónea para acreditar el circuito de pagos (cfr. criterio expuesto in re “Numen Insight”, sentencia del 10 de agosto de 2017).
Por su parte, cabe referirse a aquellos sujetos, en los que el Fisco además de las inconsistencias operativas, señaló una relación y un circuito comercial ficticio pergeñado por la aquí recurrente, siendo que los consideró como proveedores cuando en realidad eran empleados, todo ello con el objeto del cómputo de un mayor crédito fiscal (vide Informe Final de Inspección obrante en el IF-2022-116300623-APN-DTD#JGM).
En cuanto a Juan Manuel Vega, de la información sistémica colectada por el ente fiscal se observó que estaba informado en la nómina salarial de Construcciones Electromecánicas del Oeste en los mismos períodos por los que emitió facturas. En el caso de Ariel Brítez Vázquez, también se puntualizaron irregularidades sistémicas: tiene el mismo domicilio fiscal que Charles David Brítez Espínola, supuesto proveedor cuyas inconsistencias obran en el Considerando VII, a quien a su vez le facturó en 2017; surge que se encontraba informado en nómina salarial desde el año 2015 a 2020, siendo la recurrente su empleadora en los años 2017 y 2018;
Asimismo, cabe traer a colación la situación del Sr. Alfonzo Osvaldo Quiñonez, resaltando en primer lugar que el Fisco detectó que fue informado como empleado de la construcción. Se destaca que le facturó exclusivamente a Construcciones Electromecánicas del Oeste y que no registraba antecedentes ya sea como empleador y/o por la magnitud de los montos que surgen de los comprobantes de ventas generados electrónicamente. En tal sentido, si bien realizaba presentaciones del Régimen de Seguridad Social como empleador, el Fisco verificó por muestreo al azar que las remuneraciones declaradas son de $0,01 y en otros meses la remuneración declarada para 32 empleados es de $614,72; finalmente en los períodos marzo a mayo de 2016, en los cuales operó con la recurrente, presentó las declaraciones como empleador incluyendo de 20 a 26 empleados con remuneración de $0,00.
También se ha puesto de relieve lo llamativo de los vínculos entre varias empresas y sujetos, indicio también representativo de la apocrificidad de las operaciones invocadas.
Construcciones Electromecánicas del Oeste registró facturas de compra a nombre de Derivados del Petróleo S.A. (marzo a agosto de 2015) por el mismo concepto (litros de Ifo), casi idéntico período y por importes similares que los que computaba a nombre de Edgardo Gustavo Montoya (abril a agosto de 2015), quien figuraba como accionista y presidente del directorio de esa empresa, a la vez que compartían domicilio. Ambos sujetos presentaron las mismas inconsistencias; no justificaron el origen de gran parte de los insumos necesarios para preparar el producto comercializado dado que se acreditó con comprobantes fraguados de firmas existentes del medio dedicadas a la venta de combustibles y, en el caso de Montoya, con compras a Derivados del Petróleo S.A., lo que para el organismo evidenció que no poseían capacidad para elaborar los volúmenes facturados. En el caso de Derivados del Petróleo S.A., el total de compras observadas y/o improcedentes registradas constituían en el período 2015, el 99% del total de las computadas. Además, los citados carecían de automotores registrados a su nombre y de los elementos aportados por la demandante se observó que el chofer individualizado en los remitos, no era empleado de estos sujetos ni registraba vehículos a su nombre (vide Informe Final de Inspección obrante en el IF-2022-116300623-APN-DTD#JGM).
Por su parte, de la documentación aportada por Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. se advierte que el Sr. Gustavo Javier Sagr es quien recibía los cheques de Vínicas SA y también el que recibe los pagos de Amazonas SA e Illinois SA, figurando en la nómina salarial de la primera empresa citada (vide IF-2023- 30309036-APN-DTD#JGM, IF-2023-13520558-APN-DTD#JGM e IF-2023-13528788-APN-DTD#JGM).
También se observó una cesión de Alberdi Servicios Agropecuarios, de Juan Omar Beltrán a su hijo Emmanuel Antonio Beltrán de fecha 2 de agosto de 2017. Respecto a este último, surge de lo actuado por el organismo que está informado con nómina salarial en los mismos períodos en los cuales emitió facturas. Uno de los empleadores informantes, junto con una empresa const1ructora, fue precisamente Juan Omar Beltrán con quien además de la relación de parentesco compartían domicilio. A su vez, como empleador, en la nómina que declaró, Emmanuel Antonio Beltrán incluyó a su padre. Finalmente, cabe destacar que por las distintas inconsistencias detectadas, Emmanuel Antonio Beltrán se encontraba para el Fisco dentro de la presunción de persona física con caracterización de facturación de mano de obra en personas insolventes y/o con poco patrimonio (anexos a IF- 2022-116340573-APN-DTD#JGM; IF-2023-13553937-APN-DTD#JGM e IF-2022-116300623-APN- DTD#JGM).
Asimismo, Neun Oil de Olavarría utilizó la misma IP que Weeding de Olavarría S.R.L. y La Única del Centro S.R.L. Cabe resaltar que el Sr. Hugo Néstor Cesáreo resultaba socio de CNH de Olavarría S.R.L en formación, administrador de relaciones, de clave fiscal y representante legal que se encuentra incorporado en la base de datos eApoc de la AFIP, siendo también socio de la firma Neumáticos del Valle S.R.L. A su vez, el Fisco invoca una estrecha relación entre CNH de Olavarría S.R.L. en formación y otras sociedades con las que comparte domicilio y/o socios que fueron incorporadas a la base de datos eApoc de la AFIP: tal es el caso de La Única del Centro S.R.L. a través del cónyuge de la Sra. Andrea Liliana Sena, precisamente el ya nombrado Sr. Cesáreo (vide informe obrante en IF-2022-116300623-APN-DTD#JGM).
A mayor abundamiento, esta juzgadora se expidió recientemente sobre el carácter de apócrifos de Neun Oil de Olavarría S.R.L.; CNH de Olavarría S.R.L. en formación; La Única del Centro S.R.L., resaltando algunas de estas irregularidades aquí planteadas, in re “M & S Mantenimiento y Servicios S.A”, sentencia del 23 de noviembre de 2022.
Que corresponde referirse a la situación de Raúl Miguel Quiroga y Áridos Lavados S.A., sobre los cuales la actora sostiene que el reconocimiento de la operatoria de parte de estos torna procedente el cómputo del crédito fiscal impugnado.
Respecto a Raúl Miguel Quiroga, surge de los antecedentes acompañados que la recurrente representaba el 90% de su facturación, sin la existencia de contrato alguno. Ahora bien, durante el período 2018 poseía acreditaciones bancarias muy menores a la facturación electrónica, lo que hizo suponer al Fisco la existencia de sobrefacturación o facturación declarada por servicios no cobrados. A su vez, se pone de relieve que en virtud del aporte insuficiente de documentación, no se pudo dilucidar el circuito de pagos. Por otro lado, los empleados en los períodos bajo inspección se encontraban declarados con montos inferiores al Salario Mínimo Vital y Móvil; desde febrero de 2017 presentaba una nómina de personal de 45 empleados, que bajó considerablemente en 2018 hasta que en el período 2019 baja a un empleado, no guardando relación ni razonabilidad con el total facturado en concepto de servicios, esto es aporte de mano de obra para realizar hormigón armado y defensas de gaviones y colchonetas, canales de hormigón armado, alcantarilla colectora, defensas flexibles de gaviones y colchonetas de malla de acero y rocas en obras de arte. (IF-2022-116334742-APN-DTD#JGM).
Con relación a Áridos Lavados S.A. (facturas computadas de enero de 2015 a septiembre de 2017), la recurrente adujo que el presidente de esa empresa reconoció las operaciones, explicando claramente toda su operatoria comercial y justificando por qué no tenían inmuebles ni empleados registrados. Según surge de los antecedentes administrativos (IF-2022-116363067-APN-DTD#JGM), obra una multinota de fecha 25 de agosto de 2017 firmada por Alejandro Martín Guarda, que en su carácter de apoderado –habiendo sido ello corroborado por la inspección- manifestó por un lado que la actividad de la empresa era la prestación de servicios de apoyo la industria petrolera y otras industrias, que tercerizaban en Áridos Lavados S.A. dichas actividades secundarias; por otro lado, indicó que “ a raíz de la recesión económica desde el año 2015 no habido operaciones “ (sic). (fs. 28). Por su parte, en el reverso de esa foja hay una nota firmada por Carlos Higgs Ozán y presentada ante el organismo recaudador el 8 de septiembre de 2017, invocando éste su calidad de presidente de la sociedad involucrada. Allí se manifestó que: i) Áridos Lavados S.A. tenía la exclusividad en la comercialización y distribución de áridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “antes de que la comprara el Sr. Higgs” (sic); ii) Los áridos, antes de la adquisición del Sr. Higgs eran trasladados desde Buenos Aires hasta Mendoza en ferrocarril. Estos áridos eran acopiados en la playa que poseía el ferrocarril entre km 48 a 51 sobre la ruta 40 sur.; iii) Después de cierre del ferrocarril, quedó un remanente de áridos que fueron adquiridos por el Sr. Higgs Ozán, siendo este material el vendido a la actora, empresa que tuvo a su cargo la construcción de la ruta 40 tramo doble vía Mendoza-Tunuyán, siendo la adquirente quien retiró los materiales. Requerida la firma para que aporte documentación relativa a las compras y ventas efectuadas, ello no fue cumplido.
Más allá de las contradicciones apuntadas, cabe resaltar que se puso de manifiesto la incapacidad operativa de Áridos Lavados reflejada en: no declarar empleados en relación de dependencia desde el año 2009, no operar cuentas bancarias, no tener bienes registrables a su nombre ni consumos relevantes; quienes figuraban como socios eran jubilados sin bienes registrables. Por último, como se recalcó en el apartado 3, se desprende las constancias administrativas que el CAI de algunas facturas era invalido en 2017 (fs. 58/64 IF-2022-116363067- APN-DTD#JGM, también Informe Final de Inspección obrante en el IF-2022-116300623-APN-DTD#JGM).
Por estos elementos el Fisco impugnó las facturas emitidas por Áridos Lavados, en el entendimiento que no tuvieron correlato en operatoria de venta de bienes o prestación de servicios realizada efectivamente por dicha empresa.
Ante tal panorama sobre el Sr. Quiroga y Áridos Lavados S.A., la Alzada tiene dicho que debe ser apreciada con extrema cautela la declaración del supuesto proveedor, cuya eficacia probatoria -a fin de acreditar la realidad de las operaciones objetadas por el Fisco- resulta sumamente débil, máxime cuando su testimonio, apreciado conjuntamente con las restantes pruebas de la causa, resulta ser el único elemento en ese sentido el que no ha sido corroborado por otras pruebas y que resulta ser contradictorio a los restantes elementos de convicción aportados por el Fisco (cfr. Sala III de la Alzada in re “Romane SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 29 de octubre de 2015); doctrina que resulta plenamente aplicable a los casos mencionados. La actora pretendió ante esta instancia avalar las operaciones realizadas con los proveedores cuestionados con documentación –en la mayoría de los casos- formalmente válida en lo relativo a la confección de facturas, a los recibos de pago y a la inscripción de aquellos ante la AFIP, además de su propia documentación interna (órdenes de compra, mails) . Sin embargo, ello contrasta con los sobrados elementos reunidos por el Fisco Nacional que realizó exhaustivas tareas de fiscalización que generan la convicción suficiente para poner en duda la real existencia de las operaciones impugnadas, atento las inconsistencias que se han puesto de manifiesto. Tal como lo dijo la Sala IV de la CNACAF in re “Leones de Bleek SAAyC” (sentencia del 19 de abril de 2018) “cuando se dan en forma concomitante una serie de hechos comprobados, graves y precisos que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez y la existencia de las operaciones, corresponde a la contribuyente, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la veracidad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de su proveedor y de los bienes y servicios vendidos que menciona la facturación que supuestamente se emitiera a su nombre”
En esta línea, la Sala II de la Alzada señaló recientemente in re “Nigueiroa S.A.”, sentencia de fecha 21 de octubre de 2022 confirmando lo decidido por esta Sala “D” el 21 de diciembre de 2021, que resulta de aplicación lo establecido en el art. 377 del C.P.C.C.N. (supletoriamente por conducto del art. 197 de la L.P.T.), en cuanto allí se plasma normativamente el adagio “onus probandi incumbit ei qui dicit”. Ello implica, que en ejercicio de su derecho de contradicción, es la actora quien debe acreditar la veracidad de sus dichos, esto es, demostrar de la sustantividad de las operaciones rechazadas por la inspección actuante dado que las impugnaciones tienen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de aquellas.
Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la “actividad del apelante” u otros conceptos similares), sino por pruebas fehacientes en tal sentido (cfr. criterio expuesto por la Sala “B” de este Tribunal en su anterior composición, in re “Pesquera San Nicolás” sentencia del 16/12/2005). En efecto, cabe descartar el mentado aporte probatorio en tanto y cuanto no versare sobre aquéllos aspectos que a los fines del objeto central de la controversia deben ser puntual y específicamente explicados y dilucidados, esto es en caso concreto si el crédito fiscal computado resultaba atribuible a operaciones con los proveedores invocados (conf. Sala II de la CNACAF in re “Abelson SA (TF 37.167-I) c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 17 de septiembre de 2021). Respecto a la documental señalada como obrante en la página web de la recurrente (www.grupoceosa.com, punto VIII.3 del recurso), resulta un elemento unilateral invocado por ésta, el cual pudo haber experimentado modificaciones de su parte en los distintos hitos de las actuaciones cursadas y que en definitiva no aportan elementos adicionales para rebatir el criterio fiscal, siendo que aquí no está discutida la realización de obras sino la materialidad de las operaciones con los proveedores impugnados por la que la actora computó crédito. Si bien la recurrente pone énfasis en que no puede colocarse en cabeza de la contribuyente la obligación de control de los proveedores, corresponde destacar que no se trata de hacer cargo a la actora de los efectos de los incumplimientos detectados respecto de aquéllos, sino que ante las circunstancias constatadas por la fiscalización, las probanzas producidas en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla (cfr. CNACAF, Sala II, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, sentencia del 29/11/2012). En esta línea, la no inclusión en la Base Apoc de los proveedores impugnados al momento de las operaciones y que la actora utiliza como sustento esencial de su posición (vide detalle acompañado por el Fisco Nacional en el IF- 2023-54776192-APN-DTD#JGM) no valida por sí solo que esas operaciones impugnadas hayan existido en realidad frente al cúmulo de irregularidades que hasta aquí se han descripto.
Que atento a ello, resulta inaplicable al caso de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bildown” (Fallos: 334:1854), por cuanto, a diferencia de la situación examinada en aquel precedente no se debatió sobre la existencia y materialidad de las operaciones, mientras que en el caso concreto tal cuestión ha sido controvertida y la apelante ha omitido demostrar la veracidad de aquellas que alegó haber realizado con los proveedores consignados en las facturas impugnadas (cfr. Sala IV de la Alzada, in re “Cagnoli S.A.”, sentencia del 24 de noviembre de 2016).
En conclusión, la actora no ha logrado rebatir los argumentos sostenidos por el Fisco ni ha aportado pruebas suficientes para tener por acreditada la veracidad de las operaciones y su realidad económica, extremos que constituyen el fundamento del IVA (cfr. Fallos: 314:745). En tal sentido, no fueron desvirtuados los hechos y fundamentos sobre los que la fiscalización actuante efectuó el ajuste, en especial, en lo referente a la ausencia de capacidad operativa, comercial y financiera del proveedor impugnado (confr. CSJN “ADM Argentina S.A.”, sentencia del 10 de marzo de 2015).
Ello así, corresponde confirmar la impugnación del crédito fiscal respecto de las operaciones con los sujetos individualizados en el Considerando IX.
X. Que distinta es la solución que se propicia respecto a la situación del Sr. Eduardo Antonio Díaz. Que surge de las constancias administrativas que se circularizó al citado proveedor, resultando que éste se presentó personalmente y aportó el detalle de las operaciones con la demandante, lo que incluyó numeró de factura emitida, de recibos y de cheques recibidos vinculados a cada una de dichos comprobantes. Ello así, el Fisco expuso que se cotejaron los datos de las facturas aportadas por el Díaz con las computadas por Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A sin que surgieran diferencias, ni se exteriorizó observaciones sobre el circuito de pagos (IF-2022-116300623-APN-DTD#JGM).
Que los conceptos facturados son: impresión de talonarios, vinilos, planillas horarias, calcomanías institucionales, cárteles de chapa y cartelería varia; lo que coincide en el muestreo al azar realizado con la facturación a otros clientes (vide archivos adjuntos al IF-2023-13530845-APN-DTD#JGM correspondientes al citado proveedor). Ello así, no se formuló observación alguna sobre el número de la CUIT del Sr. Díaz, ni acerca de la actividad en la que se encontraba registrada en el organismo.
Que a tenor del análisis efectuado, el Fisco no demostró razones suficientes para calificar de apócrifo al proveedor Eduardo Antonio Díaz o afirmar que la operatoria no fue llevada a cabo, correspondiendo revocar el ajuste tratado en este punto.
XI. Respecto de los intereses liquidados, remarcando la ausencia de agravios al respecto y teniendo en cuenta su naturaleza resarcitoria y el criterio restrictivo para su exención que impera en la materia fiscal (cfr. Fallos: 323:1315); corresponde confirmar la procedencia de los mentados accesorios en la proporción del ajuste confirmado.
XII. En cuanto al planteo realizado por la actora en el punto VII de su recurso y toda vez que no se advierte irregularidad procedimental alguna en la reserva dispuesta por el Fisco en la resolución en crisis en los términos del art. 20 de la ley 24.769, resulta ajeno a esta litis expedirse sobre el encuadre de la conducta de la recurrente a los fines sancionatorios.
XIII. Por todo lo expuesto, voto por confirmar parcialmente la resolución apelada en autos. A tal fin corresponde ordenar al Fisco Nacional que en el plazo de treinta (30) días practique la liquidación de las sumas adeudadas en autos por la recurrente en concepto de impuesto e intereses, a tenor de lo decidido en los Considerandos precedentes.
Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Del resultado de la votación que antecede,SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución apelada en autos. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2. Ordenar al Fisco Nacional que en el plazo de treinta (30) días practique la liquidación de las sumas adeudadas en autos por la recurrente en concepto de impuesto e intereses, a tenor de lo decidido en el punto precedente. Regístrese y notifíquese.
Date: 2024.02.07 09:56:26 -03:00 Date: 2024.02.07 13:13:28 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.07 13:54:06 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.07 13:54:07 -03:00
Fin de la sentencia