Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 112703380-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1.
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar el pronunciamiento de la Sala B del Tribunal Fiscal del 6 de noviembre de 2020. 2. Imponer las costas de esta instancia a la vencida. 3. Regular los honorarios con el alcance del considerando VII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
6947/2021 CONSTRUCTORA PAMPA SRL (TF 112703380-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 23 de agosto de 2022.-RR Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, en el pronunciamiento del 6 de noviembre de 2020, resolvió: (a) tener a la parte actora por desistida de la acción y del derecho, incluido el derecho de repetición, en los términos de la ley 27.541 y de la resolución general AFIP n° 4667/2020, con costas; y (b) regular los honorarios a favor de los profesionales intervinientes por la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (AFIP-DGI), con la reducción prevista en el artículo 12 de la resolución aludida (fs. 1798/1802, de las actuaciones digitales incorporadas el 31 de mayo de 2021, recibidas mediante el DEO n° 2469412).
II. Que contra ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio (fs. 1805/1807). Paralelamente, también dedujo el recurso de revisión y de apelación limitada en los términos de los artículos 86 y 192 de la ley 11.683 que comprendió a la regulación de los honorarios (fs. 1810/1811). Asimismo, la AFIP-DGI interpuso recurso de apelación por considerar “bajos” los honorarios regulados (fs. 1814).
III. Que el Tribunal Fiscal dictó la resolución del 15 de diciembre de 2020 (fs. 1821/1823) mediante la cual rechazó el recurso de reposición interpuesto por la AFIP-DGI y concedió las apelaciones interpuestas por ambas partes.
Expuso los siguientes fundamentos:
i. Del Formulario 408 “se desprende que la recurrente formuló el desistimiento de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en los términos de la Ley N° 27.541, por los conceptos involucrados en la causa, haciéndose cargo en forma expresa de las costas y gastos causídicos del proceso”.
ii. “[E]l desistir y asumir las costas y gastos era un requisito de admisión para gozar de los beneficios establecidos por [el artículo 9° de la ley 27.541], esto es la condonación de intereses y multas previstos por la ley, como así también la reducción de honorarios y la forma de pago de los mismos de conformidad con lo dispuesto en la RG 4667/2020”.
iii. “Cabe concluir que lo resuelto por este tribunal en la sentencia dictada en los presentes autos se ajusta al texto de la ley 27.541, las normas reglamentarias, y a los términos del desistimiento formulado por la contribuyente en estos autos”.
iv. “El hecho de tener la recurrente el trámite un beneficio de litigar sin gastos no implica que las costas no puedan ser impuestas a su cargo y proceder a su determinación (en el caso los honorarios de los abogados de la parte contraria), sino que el efecto de aquél se traduce en a imposibilidad de la ejecución de las mismas hasta tanto el beneficio no sea desestimado o bien, en el caso de haberse concedido, que el beneficiario mejore su situación patrimonial”.
v. “Por lo tanto, lo decidido respecto de las costas y honorarios se ajusta a derecho, siendo que su ejecución habrá de quedar en suspenso hasta tanto se verifique alguna de las circunstancias que la hagan legalmente viable”.
IV. Que la parte actora expresó los agravios que fueron replicados por la AFIP-DGI (ver las presentaciones de fs. 1816/1818 y 1827/1841, respectivamente).
Sostuvo las siguientes críticas:
i. Debe dejarse sin efecto “la ejecutoriedad de la regulación de los honorarios, ya que tener en trámite el beneficio de litigar sin gastos, si se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 6947/2021 CONSTRUCTORA PAMPA SRL (TF 112703380-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO efectuaba la regulación la misma debía estar supeditada a las resultas del incidente donde tramita la carta de pobreza”.
ii. Debe tenerse presente que cuando la AFIP-DGI contestó el traslado del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal la cuestión había devenido abstracta, dado el acogimiento de la empresa a la moratoria prevista en la ley 27.541. Esa contestación fue posterior a la fecha del acogimiento y, por tanto, “no correspondía efectuar la regulación, en lo que hace al mérito y a la cuantía, más allá de haber dejado de lado la tramitación del beneficio de litigar sin gastos”.
iii. En la regulación de los honorarios el Tribunal Fiscal hizo alusión al impuesto al valor agaregado, siendo que no corresponde su adición a las sumas reguladas por tratarse de profesionales intervinientes en defensa del Estado.
V. Que los planteos en examen comportan una reedición de los argumentos que la parte actora expuso en el recurso de reposición que fue rechazado por el Tribunal Fiscal mediante la resolución del 15 de diciembre de 2020, según los términos y los fundamentos reseñados en el considerando III.
Con todo, los agravios dirigidos contra el pronunciamiento del 6 de noviembre de 2020 deben ser desestimados.
En efecto:
i. Acerca de la imposicion de las costas, debe remarcarse que el artículo 9º de la ley 27.541 es claro al disponer que para el goce de los beneficios previstos en el régimen excepcional de regularización de las obligaciones fiscales que, como en el caso, se encuentran en curso de discusión judicial, el contribuyente interesado debe: (a) allanarse incondicionalmente por los conceptos y los montos regularizados; (b) desistir y renunciar a toda acción y derecho —incluido, el de repetición—; y (c) asumir el pago de las costas y gastos causídicos Por ese motivo, corresponde a la parte actora cargar con las costas del proceso (esta sala, causas n° 51.322/2019 “Plantel S.A. (TF 41517-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” y n° 7.292/2019 “Ingenieros & Cía. S.A. (TF 36408-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 15 de septiembre de 2020, entre otros).
Esa decisión no puede ser alterada por el hecho de que la AFIP- DGI presentó la contestación del recurso (fs. 1331/1384, del 10 de septiembre de 2020) con posterioridad a la adhesión de la parte actora al referido régimen, informado en la causa el 3 de junio de ese año. Nótese que el traslado del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal fue ordenado el 6 de marzo de 2020 (fs. 153) que el acogimiento a la moratoria fue informado el 3 de junio de 2020 (fs. 252), pero la adhesión fue debidamente acreditada con la documentación que la parte actora agregó a la presentación del 22 de septiembre de 2020 (fs. 1766), luego de que el Tribunal Fiscal ordenó traslados e intimaciones (fs. 257, 266, 273, 275 y 1499).
ii. En punto a la pertinencia de la regulación practicada por el Tribunal Fiscal en el punto 2° del pronunciamiento apelado, debe recordarse que la tramitación de un beneficio de litigar sin gastos no impide la determinación del alcance de la condena en costas y de las retribuciones que corresponda fijar respecto de los profesionales intervinientes en la causa (esta sala, causa n° 7.205/2006 “Vitcopp, Gerardo Mariano c/ EN-M° Defensa resol 816/05 -FFAA- Hospital Aeron. Central s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, pronunciamiento del 1° de junio de 2021).
iii. Referentemente a la exigencia de pago de los honorarios, dado que no existe un pronunciamiento firme respecto del beneficio de litigar sin gastos solicitado por la parte actora, debe aplicarse eel artículo 84 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
6947/2021 CONSTRUCTORA PAMPA SRL (TF 112703380-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO iv. Finalmente, la alusión realizada por el Tribunal Fiscal sobre la adición del impuesto al valor agregado a los honorarios regulados fue inserta “en el caso de corresponder”.
VI. Que en suma, los agravios ofrecidos por la parte actora deben ser rechazados.
Las costas de esta instancia son impuestas a la parte vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VII. Que corresponde expedirse sobre los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la regulación de los honorarios (fs. 1810/1811 y 1814).
Si se tiene en cuenta la naturaleza del proceso, su monto —para el que debe tomarse las sumas que fueron regularizadas, según los formularios n° 408 N/M acompañados por la parte actora—, la única etapa procesal cumplida, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, corresponde FIJAR en 22,47 y 56,18 UMA —equivalentes a las sumas de $202.252,47 y de $505.676,18, de conformidad con los valores establecidos en la acordada nº 12/2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor de la representación procesal y del patrocinio letrado de la parte demandanda, respectivamente, por la actuación desplegada en la instancia anterior (artículos 16, 20, 21 y demás concordantes de la ley 27.423).
ii. Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las señaladas en el punto precedente, teniendo en cuenta que la materia examinada en la presente decisión se limitó a los gastos del proceso, corresponde FIJAR en 7,86 UMA —equivalentes a la suma de $70.747,86, según los valores establecidos en la acordada citada— los honorarios a favor de la representación legal y del patrocinio letrado de la parte demandada por la labor en esta instancia (artículo 16 y demás concordantes de la ley 27.423). En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1.
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar el pronunciamiento de la Sala B del Tribunal Fiscal del 6 de noviembre de 2020. 2. Imponer las costas de esta instancia a la vencida. 3. Regular los honorarios con el alcance del considerando VII.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase al Tribunal Fiscal de la Nación.
Fin de la sentencia