Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-64506412-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las Resoluciones recurridas en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios del Dr. Daniel Enrique Machado por su actuación como apoderado de la recurrente -a cargo del Fisco Nacional-,en la suma de $228.714, equivalente a 30,75 UMA, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las actividades desarrolladas en las etapas procesales cumplidas, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
3Regular los honorarios de la Dra. María Paula Castelli por su actuación como letrada patrocinante de la recurrente -a cargo del Fisco Nacional-,en la suma de $571.785, equivalente a 76,86 UMA, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las actividades desarrolladas en las etapas procesales cumplidas, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
4Regular los honorarios del Contador Público Gustavo Guillermo Strauss en la suma de $164.472 equivalente a 22,11 UMA, por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta de la recurrente, de conformidad con las pautas de la ley 27.423.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-52064083-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 24 de Mayo de 2022 SUDAMERICANA S.A.C.I.F. s/ apelación”. Sentencia En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación), para dictar sentencia en el Expediente N° EX-2019-64506412- -APN-SGAI#TFN caratulado “CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.C.I.F. s/ apelación”, La Dra. O 'Donnell dijo:
I. Constructora Sudamericana S.A.C.I.F Inmobiliaria y Agropecuaria (en adelante “COSUD”) interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 50/2019, 51/2019 y 52/2019, emitidas el 12 de junio de 2019 por la División Determinaciones de Oficio A del Departamento Técnico de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se determinan de oficio sus obligaciones en:
a) el impuesto a las ganancias, por el periodo fiscal 2013 y 2014, y se la intima a ingresar $81.606 por el período fiscal 2013, más intereses resarcitorios, y se le aplica una multa de defraudación de $244.818. Respecto al periodo fiscal 2014, se disminuye el saldo a su favor por $153.987,72.
b) el impuesto al valor agregado, por los periodos fiscales 5/2013 a 10/2013, en la que se intima a ingresar $141.356,31, más intereses resarcitorios, y se le aplica una multa de defraudación de $424.068,63. c) el impuesto a las salidas no documentadas por los períodos fiscales 5/2013 a 11/2013, en la que se intima a ingresar $237.882,54, más intereses resarcitorios, y se le aplica una multa de defraudación de $713.647,62. Se agravia ante este Tribunal invocando que los ajustes notificados en las Resoluciones se originan en la impugnación de las operaciones con un proveedor, Servicios Integrales de Alimentación S.R.L. (en adelante, “Servicios Integrales”), que en el los meses de mayo a octubre de 2013 le prestó el servicio de viandas de comidas para el personal, tanto propio como de los subcontratistas, en la construcción del edificio “Forum Alcorta” en esta Ciudad de Buenos Aires.
Alega así la improcedencia de las determinaciones de oficio allí notificadas toda vez que:
a. Servicios Integrales estaba inscripta adecuadamente como contribuyente ante la Administración Tributaria para prestar servicios de catering.
b. Todas las facturas de Servicios Integrales tenían CAl oportunamente aprobado y vigente a la fecha de su emisión.
c. Servicios Integrales no estaba calificado como "apócrifo" en la base de datos al momento de efectuarse las operaciones, sino que ingresó en la misma el 15 de julio del 2014, 9 meses después de contratar con ella. d. La entrega de las viandas de quedaron documentadas no sólo con la emisión de las facturas y recibos por los pagos exigidos por la normativa fiscal, sino también con los cheques librados y con las constancias de retenciones practicadas en ocasión de cada uno de los pagos realizados, tanto de impuesto al valor agregado, como de impuesto a las ganancias, de seguridad social y de impuesto sobre los ingresos brutos. e. Las operaciones fueron registradas en su contabilidad y se les dio el mismo tratamiento que al resto de los proveedores en cuanto a la forma de pago.
f. COSUD fue demandada en sede laboral como responsable solidaria por los despidos de los señores Jorge Paladea y Juan Carlos Fernández, dos ex empleados de Servicios Integrales que cocinaban las viandas de comida para Servicios Integrales, de lo que extrae que era un proveedor que contaba con personal para prestar el servicio.
g. El Sr. José Luis María Marconetti, socio gerente y representante legal de Servicios Integrales, era quien firmaba toda la documentación relevante de COSUD.
h. Los empleados de Servicios Integrales declararon en la instancia administrativa previamente haber realizado las viandas.
i. Las viandas se entregaban en la puerta de la obra y eran recibidas por su propio personal o por el personal de los subcontratistas e iban acompañadas por un comprobante denominado “Control diario de entrega” donde constaba la dirección Av. Nazca 2909, de esta Ciudad de Buenos Aires.
Sostiene, en consecuencia, que no se le puede imputar a COSUD los incumplimientos fiscales en que pudo haber incurrido el proveedor Servicios Integrales, ya que no era ella la que tenía que controlar su funcionamiento interno, ni tampoco si tenía capacidad económica para prestar el servicio. Destaca que la fiscalización concurrió al domicilio fiscal de Servicios Integrales en la Av. Nazca de esta Ciudad 5 años después de realizadas las operaciones, sin poder ubicarla, aunque quienes atendieron a la fiscalización dijeron que allí funcionó un local de comida. Además, al llegar al domicilio fiscal ubicado en la calle Juan de Garay, Provincia de Santa Fe, la fiscalización solamente encontró una casa de familia y no pudo ubicar a ningún integrante de la firma, pero ello, según dice, no es indicio de la inexistencia de las operaciones.
Específicamente respecto a la intimación a ingresar el impuesto a las salidas no documentadas agrega que sus declaraciones juradas de 2014 y 2015 fueron confirmadas como correctas, por lo que invoca el beneficio de liberación de pago de este gravamen previsto en los arts. 46 y 63 de la ley 27.260. Aclara que la exclusión del inc. c) de dicha norma, referido a ajustes por facturas apócrifas no se aplica al impuesto del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias porque la ley no realiza exclusión alguna respecto a esta gabela.
Se queja también de las multas aplicadas en las Resoluciones por no haber llevado a cabo las maniobras tendientes a lesionar los intereses del Fisco Nacional que tipifica el art. 46 de la ley 11.683 y considera improcedente la aplicación de la presunción de dolo invocada para ello (art. 47, inc. b).
Invoca, por último y como defensa de fondo, la nulidad de las Resoluciones por diferentes vicios en sus elementos: en la causa, por fundarse los ajustes en hechos falsos, en el objeto, porque el Fisco Nacional siempre quiso obtener una determinación de oficio, en la motivación, porque en ellas no se explica debidamente el iter lógico deductivo que utiliza el juez administrativo para llegar al resultado, y en el procedimiento, por la denegación de la prueba ofrecida en sede administrativa.
Aporta abundante prueba documental y ofrece la producción de prueba informativa, pericial contable y testimonial y solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones recurridas, con costas.
II. Corrido el traslado de ley, el Fisco Nacional, se presenta y solicita que se confirmen sus actos, también con costas.
III. Por PV-2020-16040513 –APN-VOCXI#TFN, se abre la causa a prueba haciéndose lugar a la testimonial de todas las personas ofrecidas en virtud que según COSUD estaban presentes en la obra y podían dar fe de la entrega de las viandas, a la pericial contable y a dos puntos de la prueba informativa, rechazándose el resto porque lo que pretendía probarse a través de la misma ya estaba acreditado en las act. adm.
En el IF-2021-27969191-APN-DTD#JGM, la representación fiscal hace saber la imposibilidad de tomar las audiencias testimoniales en la Agencia Pilar en virtud de la emergencia pública en materia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto 297/20 y sus sucesivas prórrogas, por lo que a los efectos de no dilatar más la producción de la prueba el 22 de abril de 2021 se resolvió reconducirla a prueba informativa. Por ello, se requirió a la representación fiscal que manifieste si deseaba incorporar preguntas al testigo propuesto y se solicitó a COSUD que informara el domicilio actualizado del testigo, así como también casilla de mail y teléfono celular; por último, que adjuntara también copia escaneada de su DNI. Por PV -2020-33831825-APN-VOCXI#TFN del 22 de mayo de 2020 se tiene presente el desistimiento de los testigos ofrecidos por COSUD en el recurso de apelación –señores José Ricardo Maldonado, Santiago Justiniano Giles y Leonardo Perotti, manteniéndose únicamente por el testigo Lucio Justiniano Giles.
El 6 de mayo de 2021, COSUD impugna parcialmente el informe pericial contable que obra presentado en el IF- 2021-30583576-APN-DTD#JGM que es contestado por escrito del 20 de mayo de 2021.
En dicha oportunidad también, informa los datos del señor Santiago Justiniano Giles, DNI 94.794.497 a quien se lo había tenido por desistido previamente en el proveido obrante en la PV -2020-33831825-APN-VOCXI#TFN. El 29 de mayo del mismo año, COSUD adjunta el pliego de preguntas del testigo Lucio Justiniano Giles y en la PV-2021-42844782-APN-VOCXI#TFN se lo intimó a que informara los datos de Lucio Justiniano Giles, intimación que se reitera en la PV-2021-49269409-APN-VOCXI#TFN, pero ante su incumplimiento por PV- 2021-55918872-APN-VOPCXI#TFN se decide dar por decaído el derecho a producir esta prueba testimonial. El 13 de octubre de 2021 se cierra el período probatorio y el 22 de octubre de 2021 se elevan las actuaciones a consideración de la Sala y se ponen para alegar, obrando los escritos respectivos de COSUD y del Fisco Nacional que ejercieron su derecho. Finalmente por IF-2022-50066317-APN-VOCXI#TFN se dictan los autos a sentencia.
IV. Corresponde decidir entonces si las Resoluciones Nros. 50/2019, 51/2019 y 52/2019, se ajustan a derecho, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sea conducentes para decidir el caso que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Excma. Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
Surge de dichos actos que en el procedimiento de fiscalización llevado a cabo a COSUD se impugnaron las operaciones con el proveedor Servicios Integrales. A criterio del juez administrativo, dicha empresa solo tenía “existencia formal” y carecía de capacidad operativa y económica para prestar los servicios documentados en los comprobantes fiscales impugnados, consistentes en provisión de viandas de comida.
Ello, en virtud de las inconsistencias que se le detectaron que llevaron a calificarla de apócrifa, entre ellas: solo presentó la declaración jurada del impuesto al valor agregado del período fiscal 4/2013 con débito y crédito fiscal cero; tenía escasos montos depositados en su cuenta bancaria, la falta de cumplimiento a los requerimientos notificados en el domicilio fiscal, mientras que en el domicilio legal funcionaba un hogar de ancianos a cargo de la Sra. Marconetti, hermana del socio gerente de Servicios Integrales, y la falta de capacidad económica de los socios gerentes y su vinculación con otras empresas dedicadas al mismo rubro, entre muchas otras (v. Cuerpo de Investigación, act. adm.).
Ante tales inconsistencias, que ponían en duda la efectiva existencia de las operaciones que dieron lugar al cómputo de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado y la deducción de los gastos en el impuesto a las ganancias, correspondía a COSUD probar en contrario, por lo que debe merituarse la prueba aportada y producida en esta instancia y antes en la instancia administrativa previa, apreciadas según las reglas de la sana crítica que debe guiar a jueces y juezas en la formación de la convicción respecto a sus resultados, según el correcto entendimiento judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 386 del CPCC.
Los resultados de la prueba aportada y rendida dan cuenta de la emisión de comprobantes fiscales por parte de Servicios Integrales en regular forma, así como también su oportuna registración en la contabilidad de COSUD; también, que se practicaron las retenciones correspondientes y que se extendieron recibos por los pagos realizados; surge de allí asimismo que los montos fueron debitados de sus cuentas bancarias.
COSUD adjuntó ante esta instancia cada una de las facturas extendidas por Servicios Integrales que fueron cuestionadas y las órdenes de compra quincenales que presentaba a dicho proveedor, en las que solicitaba la cantidad x de viandas alimentarias según requerimientos de su propio personal y de sus subcontratistas; adjunto también las constancias de las retenciones practicadas, las órdenes de pago y los recibos en los que se identifica el cheque entregado.
Cabe destacar que el domicilio del proveedor que se consigna en dicha documentación es Juan de Garay 1173, Santo Tomé, Provincia de Santa Fe (v. RE 2019-64500769-APN-SGAI#TFN). En dichos documentas se identifica el lugar de la obra: “Forum Alcorta” y el lugar de entrega en la calle Juramento 750, de esta Ciudad de Buenos Aires.
Adjuntó también comprobantes de “Control diario de entrega” emitidos por Servicios Integrales en oportunidad de dejar las viandas de comida en la obra, que tienen como domicilio el de la Av. Nazca de esta Ciudad. Surge también de las act. adm., Cuerpo Principal I, el pago de las operaciones con cheques propios de COSUD y con cheques de terceros, que fueron en algunos casos endosados por el socio gerente de Servicios Integrales o cedidos por escritura pública, y en otros, fueron presentados al cobro por Servicios Integrales y/o depositados en cuentas bancarias a su nombre en la sucursal Santo Tomé del Banco Nación, Provincia de Santa Fe. La mayoría de los cheques fueron endosados a favor de Abakon Servicios Financieros S.A., CUIT N° 30-71155640-7. Lo que COSUD tenía que demostrar, en orden al cómputo de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado y la deducción del gasto en el impuesto a las ganancias, era que las viandas de comida fueron contratadas a Servicios Integrales y que éstas efectivamente fueron entregadas y afectadas a su proceso productivo, en el caso, dar de comer al personal propio y al de sus subcontratistas que trabajó en las obras de la construcción del edificio Forum Alcorta en esta Ciudad.
Entre la prueba rendida con dicho propósito, es relevante señalar las contestaciones a los oficios que obran en el IF-2020-68831751-APN-SGAI#TFN por parte del apoderado de Constructora Camacho S.R.L., que en carácter de subcontratista de la obra aseguró que la provisión de comida estaba a cargo de COSUD y que Servicios Integrales era la empresa que entregaba en la puerta de la obra; en el mismo sentido informó el apoderado de Jope Construcciones S.R.L., también contratista en la obra Forum Alcorta. La misma respuesta dio el señor Jorge Daniel Cabrera como socio gerente de Jope Construcciones S.R.L., otra empresa contratista, en el IF-2020-
635079-APN-SGAI#TFN.
Cabe aquí recordar que surge de las órdenes de compra que también adjuntara COSUD como prueba documental, que ambas empresas eran subcontratistas en la obra Forum Alcorta, y la cantidad de viandas que cada uno requirió para dar de comer a sus propios empleados.
Además, COSUD adjuntó copias de los correos electrónicos entre el Jefe de Obra de COSUD, Arq. Leonardo Perotti Ozino, y una dirección de Litoral Catering intercambiados en fecha cercana a las operaciones objetadas, en los que interviene el señor Marconetti. Litoral Catering es también el nombre que como sello aparece en las facturas junto al de Servicios Integrales de Alimentación S.R.L., así como también en los comprobantes de “Control diario de entrega” emitidos por dicho proveedor (v. IF-2019-64505348-APN SGAI#TFN). El Sr. Marconetti es, conforme documentación aportada por COSUD, socio de Servicios Integrales y su socio gerente también en el año 2013, y tenía al momento de la constitución de la sociedad -2/1/2013- domicilio en la Provincia de Santa Fe, el mismo lugar de su domicilio social. Del estatuto que obra en las act. adm. surge que la empresa fue constituida para la provisión de comidas preparadas para empresas e instituciones.
Por otro lado, aportó también COSUD copia de los telegramas de despido enviados por Servicios Integrales a los señores Juan Carlos Fernandez y Jorge Antonio Paladea, con efectos a partir del 30 de octubre de 2013, ambas personas con domicilio en esta Ciudad de Buenos Aires. Tales reclamos llevaron a que el 10 de diciembre de 2013 demandaran por despido a dicha firma, al señor Luis Marconetti (y a su socia Merari de los Angeles Dipangracio) y también a COSUD, como responsables solidarios.
Entre la prueba documental aportada por COSUD, obra en el IF-2019-64500684-APN-SGAI#TFN, los escritos de demandas presentados por Juan Carlos Fernandez y Jorge Antonio Paladea, como jefe de cocina y cocinero en Servicios Integrales, respectivamente.
Al relatar los hechos, allí dan cuenta que:
• Entre 19/4/2013 y 31/10/2013 trabajaron en el local de la calle Nazca 2909, Ciudad de Buenos Aires, donde Servicios Integrales elaboraba la comida de COSUD.
• Señalan al señor Marconetti como responsable directo del manejo societario de Servicios Integrales • La demanda a COSUD es en los términos del art. 30 de la LCT, como empleadora de los trabajadores por la cual aquella empresa le brindaba las comidas diariamente, y, según lo que allí se expresa, para quien el servicio era imprescindible.
La misma documentación obra agregada en el Cuerpo Documentación Proveedor Servicios Integrales SRL” que integra las act. adm. presentada durante el procedimiento de fiscalización, sin embargo nada dice al respecto el juez administrativo.
Por último, obran en las act. adm., las declaraciones efectuadas ante escribana por los señores Jose Ricardo Maldonado y Leonardo Perotti, en carácter de empleado y Jefe de Obra de COSUD, en ocasión y con motivo de la fiscalización que se le iniciara que culminó en las Resoluciones recurridas, en las que manifiestan que el proveedor de las viandas de comida en la obra era Servicios Integrales. Dicen también que dicha firma prestaba el servicio a varias obras bajo la órbita de la Unión Obrera de la Construcción donde en el año 2013 el señor Fernández era delegado gremial.
Es sobre la base de estos elementos, que a criterio de esta juzgadora las determinaciones de oficio recurridas deben ser revocadas toda vez que de un análisis integral de las mismas se advierte que COSUD contrató la provisión de viandas de comida a Servicios Integrales, las recibió de ésta desde un local ubicado en la ciudad de Buenos Aires, la misma jurisdicción en la que se realizó la obra de construcción, y las pagó a dicha firma. Y esa es la prueba que requiere el art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado para computar el crédito fiscal y los arts. 17 y 80 de la ley del impuesto a las ganancias para admitir que el gasto sea deducible de la base imponible de dicho gravamen.
En efecto, no es ni la debida documentación y registración de las operaciones lo que lleva propiciar tal decisión, ya que no eran tampoco tales extremos los que el juez administrativo objetó para sustentar la falta de capacidad operativa y económica del proveedor; sino que, en el caso particular, con su esfuerzo probatorio COSUD demostró que el contacto comercial al momento de contratar con Servicios Integrales era con su socio gerente, el señor Marconetti, que es la persona codemandada en sede laboral por dos empleados que estaban en relación de dependencia en el año 2013 y que dieron cuenta en sus demandas presentadas en sede laboral que el principal cliente de dicha firma era COSUD, razón por la cual también demandaron a dicha firma como responsable solidario (art. 30, LCT).
Por otro lado, que fue Servicios Integrales y no otra firma la que prestó el servicio, surge de las manifestaciones de los subcontratistas de la obra que contestaron la prueba informativa en esta instancia, cuyos empleados también recibían las viandas de comida que COSUD le encargaba al proveedor en cuestión en forma quincenal. Eran ellos, además, los que hacían los requerimientos en función del personal afectado y quienes, en definitiva, estaban en contacto directo con el proveedor. Prueba de ello es también las demandas laborales iniciadas por las viandas preparadas por Servicios Integrales entregadas a personas que trabajaron en la obra Forum Alcorta se dirigieron también contra COSUD, que sin perjuicio de cual haya sido su resultado, acredita el vínculo o relación comercial entre ambas firmas.
En efecto, la documentación aportada por COSUD en el Anexo V de su recurso de apelación da clara cuenta de que fue demandada en dichos juicios laborales por aplicación del art. 30 de la ley de contrato de trabajo, por las comidas preparadas por Servicios Integrales en el local ubicado en la Av. Nazca de esta ciudad, entregadas en la obra Forum Alcorta. Dicen allí que COSUD era “…la empleadora de los trabajadores por la cual aquella empresa le brindaba comidas diariamente”. Agregan que “…COSUD es una empresas donde se desempeñan los trabajadores que el principal le daba el servicio de comida” y que “Si bien la actividad de la empresa demandada no es la gastronomía sino la construcción, no es menos cierto que en el caso concreto la prestación del servicio de comedor le resulta imprescindible”.
Por otro lado, si bien COSUD no logró producir la prueba testimonial que había ofrecido en esta instancia, lo cierto es que la relación con Servicios Integrales fue probada a través de los informes de las empresas subcontratistas antes citadas que tienen, por otra parte, respaldo en otras constancias obrantes en las act. adm. que llevan a concluir del mismo modo. Entre ellas, las órdenes de compra en las que se identifican la cantidad de viandas que corresponde a cada uno de los subcontratistas, entre los que están “Constructora Camacho” y “JD Cabrera”, socio gerente de Jope Construcciones S.R.L., que son los que contestaron los oficios ante este Tribunal. Determinado que las viandas de comida para el personal de la obra Forum Alcorta fueron efectivamente suministradas por Servicios Integrales y que su prestador para COSUD fue dicha firma, entonces debe concluirse que es improcedente la impugnación de los créditos fiscales del impuesto al valor agregado, por reunirse los supuestos previstos en el art. 12 de la ley del gravamen, y del mismo modo es improcedente objetar la deducción de los gastos que fueron realmente incurridos y que para COSUD fueron necesarios para obtener y conservar las ganancias gravadas, en los términos de los arts. 17 y 80 de la ley 20.628 y sus modif.
Respecto de la intimación a ingresar el impuesto a las salidas no documentadas, de la documentación obrante en las act. adm. y del informe pericial contable que obra en el IF2021-30583576-APN-DTD#JGM surge que los cheques de COSUD fueron extendidos a nombre del proveedor y de la circularización a los bancos se desprende que en algunos casos fueron presentados al cobro, en otro caso fue depositado en la cuenta del proveedor, aunque la mayoría los cheques fueron endosados por el señor Marconetti, como socio gerente de Servicios Integrales, a favor de otras firmas, en particular una financiera ABAKON S.A. Servicios Financieros S.A.
Si bien, como afirma el perito designado por el Fisco Nacional en el Informe, tal extremo obsta a tener por acreditado que el destinatario final del pago fue el proveedor Servicios Integrales, lo cierto es que en el caso, las consideraciones ya realizadas respecto a la prueba de la efectiva prestación del servicio a través de elementos tales como los informes de subcontratistas que tenían empleados en la obra donde se prestaron intervinieron, entre otros, llevan a concluir que fueron también cancelados a dicho proveedor, por lo que la imposibilidad de trazar el destino del cheque una vez librado o entregado no puede ser atribuido en este caso a COSUD.
Por ello, corresponde, revocar las Resoluciones recurridas en todas sus partes, inclusive en las sanciones aplicadas en ellas, con costas.
Por la forma en que se resuelve, resulta insustancial referirse al resto de los agravios.
La Dra Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por la Vocal instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Revocar las Resoluciones recurridas en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios del Dr. Daniel Enrique Machado por su actuación como apoderado de la recurrente -a cargo del Fisco Nacional-,en la suma de $228.714, equivalente a 30,75 UMA, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las actividades desarrolladas en las etapas procesales cumplidas, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
3. Regular los honorarios de la Dra. María Paula Castelli por su actuación como letrada patrocinante de la recurrente -a cargo del Fisco Nacional-,en la suma de $571.785, equivalente a 76,86 UMA, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las actividades desarrolladas en las etapas procesales cumplidas, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
4. Regular los honorarios del Contador Público Gustavo Guillermo Strauss en la suma de $164.472 equivalente a 22,11 UMA, por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta de la recurrente, de conformidad con las pautas de la ley 27.423.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2022.05.24 14:58:17 -03:00 Date: 2022.05.24 17:11:38 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.24 17:11:39 -03:00
Fin de la sentencia