Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 39.622-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 038/14, 039/14, 040/14, 440/15 y 052/16, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, en la siguiente forma:
A. Por la excepción de prescripción opuesta en el Expediente N° 47.101-I de acuerdo a la forma en que se impusieron las costas en la sentencia de la Cámara de fs. 495/497, en las sumas de $ 6.255 por la representación procesal y $ 15.638 por el patrocinio letrado.
B. Por la primera y segunda etapa procesal del Expediente N° 39.622-I, en las sumas de $275.052 por la representación procesal y $687.631 por el patrocinio letrado.
C. Por la primera y segunda etapa procesal del Expediente N° 46.133-I, en las sumas de $46.972 por la representación procesal y $72.265 por el patrocinio letrado.
D. Por la primera y segunda etapa procesal del Expediente N°47.101-I, en las sumas de $62.553 por la representación procesal y $156.384 por el patrocinio letrado.
3Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, de acuerdo con lo dispuesto por lo …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-15195789-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 11 de Febrero de 2026 Ingeniería S.A.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Pablo Porporatto (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 12° Nominación) para resolver el Expediente N° 39.622-I (y sus acumulados Nros. 46.133-I y 47.101-I) caratulado “Construere Ingeniería S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Construere Ingeniería S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Palermo de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
a.- la Resolución N° 038/14, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2008, 2010 y 2011, y se la intimó a ingresar la suma total de $1.084.989,32, más intereses resarcitorios. Respecto del período fiscal 2010, la determinación arrojó un saldo a favor de Construere Ingeniería S.A. de $12.921,11. Asimismo, en dicho acto se le aplicó una multa de defraudación de $230.907,60 (art. 46, ley) por el periodo fiscal 2011, y se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por el periodo fiscal 2008, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
b.- la Resolución N° 039/14, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales abril de 2007 a marzo de 2008 y se la intimó a ingresar $710.840,91, más intereses resarcitorios. Allí también se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional de los periodos fiscales en cuestión por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
c.- la Resolución N° 040/14, en la que se determinó de oficio y se intimó el pago del impuesto a las salidas no documentadas por los períodos fiscales mayo, junio, agosto de 2007 a enero de 2008 y mayo a agosto de 2010, por $1.484.914,60, más intereses resarcitorios.
Además, se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional de los periodos fiscales en cuestión por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
d.- la Resolución N° 440/15, en la que se le aplicó una multa de defraudación de $395.194,05 (art.46, ley) por la omisión en el impuesto a las salidas no documentadas por los periodos fiscales mayo a agosto de 2010.
e.- la Resolución N° 052/16, en la que se le aplicó una multa de defraudación de $2.132.522,73 por la omisión en el impuesto al valor agregado de los periodos fiscales abril, junio y septiembre a noviembre del 2007 (art. 46, ley). En sus presentaciones ante este Tribunal, Construere Ingeniería S.A. opone como de previo y especial pronunciamiento la defensa de prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar sus obligaciones en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a las salidas no documentadas por el período fiscal 2007.
Subsidiariamente, sostiene que los actos de determinación notificados en las Resoluciones fueron dictados a partir de conclusiones ajenas a las operaciones celebradas con los proveedores Virosani S.A., Argengruas y Maquinarias S.R.L. y Osvaldo Roberto Cerega, al fundarse exclusivamente en el incumplimiento de éstos a sus propias obligaciones tributarias. Entiende que el juez administrativo no indagó sobre los trabajos que los proveedores en cuestión le prestaron y los repuestos que le vendieron, y que no hay pruebas concretas sobre su responsabilidad, más que los informes de otras dependencias sobre las inconsistencias y el incumplimiento fiscal en el que incurrieran, entre ellas, que no tenían bienes, ni empleados en relación de dependencia y que no pudieron ser localizados.
En cuanto a la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado, resalta que el art. 12 de la ley solo exige que se “hubiere perfeccionado” la prestación en cabeza del vendedor y/o locador, lo que implica la realización del hecho económico en sí, mas no se supedita el derecho a computar el crédito fiscal a la declaración del débito fiscal por parte del proveedor, ni tampoco a su ulterior pago.
En lo relativo a la impugnación de los gastos en el impuesto a las ganancias, considera que el solo hecho de haber incurrido en el gasto para la ejecución de trabajos en las obras públicas que le fueron encomendadas es suficiente para su deducción, y que estaba a cargo del organismo fiscal probar que no tenían por destino conservar, obtener y mantener las ganancias gravadas, lo que no hizo.
Por último, sobre la intimación de pago del impuesto a las salidas no documentadas, sostiene su improcedencia al haberse acreditado la existencia de los trabajos y los pagos hechos por los mismos. En subsidio, invoca el art. 38 de la ley del impuesto a las ganancias y el art. 55 de su reglamentación y alega la improcedencia del impuesto allí previsto en razón de haber acreditado que los pagos fueron destinados a la adquisición de bienes.
Finalmente, plantea la inexigibilidad, confiscatoriedad y nulidad de los intereses resarcitorios intimados en las Resoluciones.
Respecto a las multas aplicadas en las Res. Nros. 038/14 –impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2011-, y 440/15 –impuesto a las salidas no documentadas, periodos fiscales mayo a agosto 2010-, y 052/16 -impuesto al valor agregado, periodos fiscales abril, junio y septiembre a noviembre de 2007-, considera que existen elementos certeros que acreditan su buena fe, lo que imposibilita el encuadre doloso de su conducta, por lo que solicita se descarte la figura intencional del art. 46 de la ley. Además, califica de improcedente la aplicación de la presunción de dolo del inc. b) del art. 47 utilizada por el juez administrativo.
En particular, respecto de la multa aplicada en la Res. N° 052/16 por la omisión en el impuesto al valor agregado, periodos fiscales abril, junio, septiembre a noviembre de 2007, plantea la excepción de prescripción de las acciones del Fisco Nacional; además, opone la excepción de cosa juzgada y de nulidad por doble juzgamiento, en virtud de la sentencia dictada en sede penal en la que se decretó extinguida la acción y se sobreseyó a los responsables de Construere Ingeniería S.A. por el delito de evasión fiscal. Para el caso que se denieguen sus planteos, solicita la inconstitucionalidad de los arts. 17 y 20 de la ley 24.769.
Aporta prueba documental y ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable y solicita, en consecuencia, que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 156/195, 312/320 y 438/444 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 207 está el auto de apertura a prueba en el que se rechaza la informativa dirigida a la ex Administración Federal de Ingresos Públicos y se hace lugar a la dirigida al Juzgado Nacional de Primer Instancia en lo Comercial N° 15 para que informe sobre la quiebra de uno de los proveedores cuestionados (Virosani S.A.); además, se hace lugar a la pericial contable ofrecida que obra producida a fs. 220/223. A fs. 224 la recurrente impugna el informe pericial y a fs. 230 la representación fiscal contesta su traslado. A fs. 346 se da por decaído el derecho de la recurrente a producir la prueba informativa ordenada a fs. 207.
A fs. 456/458 obra la sentencia dictada por este Tribunal en la que se hace lugar a la excepción de prescripción planteada en el recurso de apelación deducido contra la Resolución N° 052/16 respecto de la multa aplicada en el impuesto al valor agregado de los periodos fiscales abril, junio, septiembre a noviembre de 2007, decisorio que fue revocado en la sentencia de la Cámara a fs. 495/497. Las costas de ambas instancias se impusieron a la vencida.
IV. A fs. 321 obra la acumulación por Sala del Exp. N° 46.133-I al que lleva el N° 39.622-I y a fs. 511 por Tribunal en Pleno se decide la acumulación del Exp. N° 47.101 al N° 39.622-I.
A través de la PV-2025-45588087-APN-VOCXI#TFN se declara el cierre del período probatorio y luego se elevaron las actuaciones a la Sala. Por medio del IF-2025-55874135-APN-VOCXI#TFN se pusieron los autos para alegar, obrando a continuación los escritos presentados por ambas partes.
Por último, a través del IF-2026-12441757-APN-VOCXI#TFN quedan en estado para dictar sentencia.
V. Corresponde expedirse en primer término sobre los planteos de prescripción en relación a las obligaciones notificadas en las Resoluciones N° 039/14 –correspondiente al impuesto al valor agregado de los periodos fiscales abril, junio, septiembre a noviembre del 2007- y N° 040/14 – correspondientes al impuesto a las salidas no documentadas por los períodos fiscales mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007.
Dispone el art. 56 de la ley 11.683 que el plazo de prescripción es de cinco años, por lo que en ambos casos comenzó a computarse el 1° de enero de 2008 y terminó el 1° de enero de 2013. Teniendo en cuenta que las Resoluciones recurridas fueron dictadas el 31 de marzo de 2014, debe analizarse a continuación si han sucedido en el curso de dicho plazo alguna causal de suspensión y/o interrupción.
Asiste razón a la representación fiscal cuando invoca la suspensión de un año del art. 44 de la ley 26.476 (BO 24.12.2008), destacando la doctrina pacifica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las normas de carácter meramente procesal son de aplicación inmediata a partir de su entrada en vigencia (Fallos 95:201). Del mismo modo, el plazo fue suspendido por un año más por la ley 26.860 (BO 3/6/2013), antes del vencimiento del término de la prescripción.
De todo ello se colige que, en el caso, las facultades para determinar de oficio e intimar el pago a Construere Ingeniería S.A. fueron ejercidas en término y, por ello, el planteo de prescripción debe ser rechazado, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”)
En segundo término, corresponde expedirse sobre la excepción de cosa juzgada y de nulidad por doble juzgamiento planteada respecto de la multa aplicada en la Res. N° 052/2016. Se invoca para ello el sobreseimiento por extinción de la acción penal por prescripción dictado en la causa penal tributaria, más dicha sentencia, precisamente por la forma en que resolvió (conf. Art. 59, inc. 2), Código Penal), en modo alguno implicó el juzgamiento de la conducta de los responsables de Construere Ingeniería S.A.; por ende, mal puede invocarse la excepción de cosa juzgada, ni tampoco la nulidad de la multa aplicada en dichas condiciones, desde el momento que no ha mediado violación alguna al procedimiento legalmente aplicable, ni vulneración a ninguna garantía constitucional.
En lo que concierne al planteo de la inconstitucionalidad de los arts. 17 y 20 de la ley 24.769 se trata de afirmaciones genéricas, efectuadas al sólo efecto de evitar la imposición de la multa, dirigidas contra disposiciones procesales aplicables específicamente a la materia infraccional tributaria, que no tienen ningún respaldo en normas ni jurisprudencia alguna, por lo que no cabe más que su rechazo por infundado.
Por todo ello, corresponde rechazar los planteos de prescripción y de nulidad, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
VI. En cuanto a la legitimidad de las Resoluciones Nros. 38/2014, 39/2014 y 40/2014 surge de sus Considerandos que luego de sustanciarse el procedimiento de fiscalización a Construere Ingeniería S.A., se impugnaron las operaciones con proveedores que, luego de una exhaustiva investigación realizada a cada uno de ellos, fueron calificados de apócrifos y/o como usinas de facturas: Virosani S.A., Argengruas y Maquinarias S.R.L. y Osvaldo Roberto Cerega.
Para ello se tuvo en cuenta que no tenían capacidad económica y operativa para prestar los servicios facturados y vender los bienes detallados en los comprobantes (repuestos), razón por la cual fueron incluidos en la base E-APOC (vrg. Virosani S.A., Argengruas y Maquinarias S.R.L.). Las diligencias de la fiscalización arrojaron que no se los pudo localizar en sus domicilios fiscales (Argengruas y Maquinarias S.R.L.), que los conceptos facturados, como acopio de suelos y escombros; colocado de bloques de hormigón; diferían con la actividad de inscripción (vgr. Virosani S.A.); que carecían de bienes registrables y que no tenían personal en nómina (Argengruas y Maquinarias S.R.L.).
Respecto también al proveedor Virosani S.A. si bien el recurrente invoca que su Presidente, el Sr. Di Bussolo, reconoció las operaciones ante escribano público, nunca se adjuntó la copia del acta de asamblea que lo designó en dicho carácter, ni tampoco hizo esfuerzo por probar dicho extremo en el proceso ante este Tribunal lo que hubiera permitido corroborar, según sus propios dichos, que fue con dicha empresa con la que contrató los servicios descriptos en los comprobantes fiscales.
Por su parte, el Sr. Osvaldo Roberto Cerega directamente desconoció ante la fiscalización haber realizado operaciones con Construere Ingeniería S.A. y aclaró que su actividad era el transporte de mercaderías con un camión volcador propio. En este caso, se concluyó que las operaciones no fueron realizadas por este proveedor, y que se trataba de un caso de emisión de facturas duplicadas.
En cuanto a los pagos, la fiscalización constató anomalías en el circuito de pagos. En el caso de Virosani S.A., la mayoría de los cheques entregados se descontaron en sociedades de bolsa, previo endoso de su apoderado (pero sin aclarar nombres y con firmas disimiles); por su parte, los cheques entregados al Sr. Osvaldo Roberto Cerega fueron endosados a terceros, observando la fiscalización que la firma en los reversos del Sr. Cerega difería notoriamente unas de otras. El juez administrativo tuvo en cuenta también que si bien Construere Ingeniería S.A. aportó a la fiscalización la copia del Libro Diario y planillas con el detalle de algunas de las operaciones con los proveedores, no cumplió con la totalidad de los puntos del requerimiento que tenía por propósito obtener mayor precisión sobre las mismas, como conceptos facturados y las personas de contacto y/o vehículos utilizados.
Todo ello tuvo como resultado la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado al desconocerse la realidad de las compras con los proveedores Virosani S.A. y Argengruas y Maquinarias S.R.L. En el caso del Sr. Cerega, surge de la Res. N° 39/14 que durante la fiscalización Construere Ingeniería S.A. rectificó las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado por las operaciones documentadas por este proveedor. También ocasionó la impugnación de los gastos deducidos en el impuesto a las ganancias por los comprobantes emitidos por Virosani S.A., Argengruas y Maquinarias S.R.L. y por el Sr. Osvaldo Roberto Cerega y, por último, la intimación del pago del impuesto a las salidas no documentadas por los pagos a Virosani S.A., Argengruas y Maquinarias S.R.L. y Osvaldo Roberto Cerega. Correspondía a la recurrente rendir pruebas para refutar los fundamentos de la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones.
Sin embargo, en esta instancia, la única prueba rendida fue la pericial contable ya que la informativa respecto de la situación de Virosani S.A., aunque fue admitida por la entonces Vocal Instructora, no fue producida.
En el informe pericial contable obrante a fs. 220/223 los expertos informan que las facturas de los proveedores objetados están incluidas en los registros contables de la empresa y que fueron abonadas con cheques; que se hicieron las retenciones del impuesto a las ganancias correspondientes y que los cheques fueron debitados de las cuentas de Construere Ingeniería S.A, la que contaba con fondos para ello. Dan cuenta también que los proveedores tenían el CAI vigente al momento de la emisión de las facturas, que los cheques se emitieron “cruzados” y a la orden del emisor y que fueron endosados. El perito propuesto por la representación fiscal aclara que en los endosos de Virosani S.A. no surge el nombre del apoderado y que las firmas son disimiles entre los endosos en los distintos cheques. Informa, asimismo, que los cheques se presentaron en sociedades de bolsa y otras empresas, algunas de las cuales su nombre es ilegible. Si bien a fs. 359/360 y fs. 361/363 obran las copias de las declaraciones testimoniales de los Sres. Juan Ignacio Carbone y José Francisco Mazas, respectivamente, prestadas en la causa penal tributaria instruida a Construere Ingeniería S.A. que ésta adjuntó al Expediente que dan cuenta de la relación con Virosani S.A., lo cierto es que la sentencia dictada en el proceso penal por la comisión de los delitos de evasión en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a las salidas no documentadas concluyó por haberse dictado la falta de mérito de los imputados. Allí, se expresó la necesidad de profundizar en la investigación a efectos de verificar, o descartar, la efectiva realización de las operaciones cuestionadas. A ello cabe agregar, que dichas pruebas no fueron producidas en el Expediente que tramitó ante este Tribunal. a.- Ajustes en el impuesto al valor agregado -Res.N° 039/14.
Respecto a la impugnación de los créditos fiscales computados en las declaraciones juradas por los servicios prestados por Virosani S.A. y por los bienes adquiridos por Argengruas y Maquinarias S.R.L., y contrariamente a lo que invoca Construere Ingeniería S.A. en su recurso de apelación, era a ella a la que le correspondía demostrar su efectiva realización por así disponerse en la ley 11.683, por lo que debe analizarse la prueba rendida con dicho propósito, tanto en la instancia administrativa previa como en la presente instancia. En efecto, le correspondía a la recurrente, en el derecho de contradicción que la ley procesal le acuerda ejercer, demostrar la realidad de las operaciones con sus proveedores. Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchos otros.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que el art. 12 de la ley del gravamen subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente prestaron los servicios y comercializaron los repuestos; por ende, si le asiste a la recurrente el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por éstos, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos.
Entre ellas, que no fueron encontrados en sus domicilios, que no tenían capacidad económica ni operativa, y que se encontraban incluidos en la base E-apoc; que los conceptos facturados diferían con la actividad de inscripción. Uno de los proveedores, el Sr. Cerega, inclusive, negó haber operado con Construere Ingeniería S.A., lo que coincide con las observaciones de la fiscalización en cuanto a la que la firma que aparece en los endosos de los cheques emitidos a su nombre no coincide con su firma. Fue por esta razón, entonces, que Construere Ingeniería S.A. decidió rectificar los créditos fiscales computados por las operaciones con este proveedor.
Por su parte, el informe pericial contable da cuenta de la documentación y registración de las operaciones, mas no de su real existencia, es decir la real prestación de los servicios facturados y compra de bienes que era, como ya se dijo, lo que la recurrente tenía que demostrar.
No puede soslayarse además que respecto de los proveedores investigados el Fisco Nacional puso en evidencia una serie de irregularidades que se presentaron de forma reiterada resaltando esencialmente la falta de capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera de los mismos para prestar los servicios y vender los bienes, situaciones que no puede calificarse como de meros incumplimientos formales de terceros -conf. Cámara, en “Las Tres Mulitas”, sentencia del 9.12.2015-. Ello así, la incapacidad atribuida a los proveedores impide considerarlos como generadores genuinos del crédito fiscal, extremos que no fueron cuestionados -ni desvirtuados- por la recurrente -conf. criterio de la CSJN en “Molinos Río de la Plata S.A.”, sentencia del 25.9.2015-.
Lo expuesto es suficiente para confirmar la pretensión fiscal notificada en la Res. N° 039/14.
b.- Ajustes en el impuesto a las ganancias – Res. N° 038/14.
El juez administrativo también impugnó los gastos deducidos en los periodos fiscales 2008, 2010 y 2011 por los trabajos facturados por Virosani S.A., y el Sr. Osvaldo Roberto Cerega, y los repuestos adquiridos a Argengruas y Maquinarias S.R.L. Lo que la recurrente tenía que demostrar era que los gastos efectivamente existieron y que fueron necesarios para el ejercicio de su actividad.
Tampoco en este caso del informe pericial contable presentado en este Expediente puede extraerse que los gastos fueron realmente incurridos, ni se rindió prueba alguna tendiente a demostrar su relación con las ganancias gravadas por la actividad ejercida.
Queda decir que el hecho que se hubieran practicado las retenciones del impuesto a las ganancias sobre los pagos practicados, tal lo que muestra el informe pericial contable, tampoco permite extraer que las operaciones realmente tuvieron lugar, ya que se trata de una operación aritmética que en modo alguno da cuenta del beneficiario del pago, ni de que el servicio se haya prestado por parte del contribuyente retenido que es lo que interesa a los fines fiscales. En el caso del proveedor, Osvaldo Roberto Carega, que negó ante la fiscalización haber realizado operaciones con Construere Ingeniería S.A. ya se dijo que en la instancia de la fiscalización rectificó los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado, reconociendo así que no fue él el proveedor de los servicios. Más Construere Ingeniería S.A. tampoco rindió ninguna prueba que fueron prestados por otro/s proveedor/es, lo que determina también la suerte de sus agravios. Por esta razón, corresponde confirmar la Res. N° 038/14.
c. Intimación por impuesto a las salidas no documentadas -Res. N°040/14.
En cuanto a la intimación de pago de este gravamen, de la propia Resolución surge que de la circularización realizada a las entidades bancarias para que informaran sobre los cheques entregados en pago por Construere Ingenieria S.A. a los proveedores Virosani S.A., Argengruas y Maquinarias S.R.L. y al Sr. Osvaldo Roberto Cerega, la mayoría de ellos fueron endosados y cobrados por otras personas, en sociedades de bolsa –como Sociedad de Bolsa Libra; BA Group Valores Soc. de Bolsa S.A.- y otras empresas, algunas de las cuales no se pueden identificar, lo que impide constatar el real beneficiario de los pagos (v. Cpo. Imp. A las Ganancias –Salidas No Documentadas, Act. adm).
Debe decirse aquí también que en el caso del Sr. Osvaldo Roberto Cerega, que desconoció las operaciones con Construere Ingeniería S.A., la fiscalización dejó constancia que su firma no coincidía con la firma inserta en los endosos de los cheques, lo que revela que no fue él quien recibió los fondos, que es, en definitiva, lo relevante a los efectos del gravamen previsto en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias. Así lo receptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 323:3376 y 326:2987, entre otros, al decir que “…aquella previsión ha sido adoptada por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual ante la falta de individualización de los beneficiarios a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio...".
Dichas consideraciones deben ser merituadas a la luz de las declaraciones juradas rectificativas presentadas por Construere Ingeniería S.A. en el impuesto al valor agregado ya que, ya se dijo, reconoció allí que las operaciones no fueron celebradas con dicho proveedor.
Queda referirse a la aplicación del art. 38 de la misma ley, que en el período fiscal que aquí importa, disponía que “No se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando la Dirección presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes; b) Cuando la Dirección presuma que los pagos -por su monto, etcétera- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
En el caso, el único proveedor al que podría aplicarse esta dispensa es a Argengruas y Maquinarias S.R.L. que tenía por actividad la venta al por mayor de maquinarias y facturó a Construere Ingeniería S.A. la venta de repuestos; sin embargo, ya se ha dicho también que esta empresa fue calificada como usina de facturas sin capacidad económica (Cuerpo Investigación, act. adm) y ni en este caso ni en los restantes, Construere Ingeniería S.A. rindió prueba real de haber efectuado realmente las operaciones, por ende, mal puede aplicarse una presunción que presupone la existencia de la mercadería.
Por lo expuesto, corresponde confirmar las Resoluciones recurridas tanto en cuanto al capital, como los intereses resarcitorios que se devengan en forma automática, sin necesidad de intimación previa, desde el vencimiento de la obligación por aplicación del art. 37 de la ley 11.683.
Si bien Construere Ingenieria S.A. pretende la eximición de los recargos por la mora alegando la inexigibilidad, confiscatoriedad y nulidad, no funda debidamente su agravio, es decir, no da las razones por las cuales el art. 37 de la ley 11.683 adolece de esos defectos, por lo que corresponde sin más desestimarlo.
VII. Por último, respecto de las sanciones de defraudación aplicadas en las Resoluciones Nros. 038/14, 440/15 y 052/16 con sustento en el art. 46 y valiéndose de la presunción de dolo establecida en el art. 47, inc, d) de la ley 11.683, no existe dudas que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de las conductas de Construere Ingeniería S.A. en dicha figura infraccional.
En el caso de autos, se le imputa a Construere Ingeniera S.A. haber computado gastos y créditos fiscales improcedentes, originados en facturación tildada de apócrifa, por operaciones que no logró probar en la forma exigida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa “Stop Car S.A.”, sentencia del 21 de agosto de 2013, entre otras, por lo que ante la omisión de acreditar una realidad fáctica diferente debe tenerse por configurado el elemento objetivo del tipo.
Respecto al elemento subjetivo, el juez administrativo se valió de la presunción que contempla el inc. d) del art. 47 de la misma ley, considerando que las declaraciones juradas originales presentadas contenían datos inexactos que implicaron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible y, en este sentido, era también de resorte de la recurrente proponer y ofrecer pruebas en contrario de su culpabilidad, por lo que al no haberlo hecho los agravios formulados, como ya se dijo, huérfanos de probanza, deben ser desestimados.
Para terminar, cabe recordar el criterio en esta materia, tal lo que la Cámara pusiera de manifiesto al fallar en “Desartex S.A.”, del 18 de julio de 2019, es que “…la figura de la defraudación –tipificada en el artículo 46 de la Ley Nº 11.683– requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Ello, en la medida en que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error en la víctima de defraudación (in rebus “Carlos Romero Hijos y Cía. S.A.”, del 02/05/05; y “Sacks, Santiago (TF 20.669-I) c/ DGI”, del 15/09/10).- Por otro lado, el citado artículo 47 incorpora diferentes presunciones legales “iuris tantum” por las que se invierte la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto significa que, como consecuencia de estas presunciones, una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (esta Sala in re: “Beleza SA (TF 21.382-I) c/ DGI”, del 24/06/05; Sala III in re: “Andechaga Jorge Luis (TF 25.401-I) c/ DGI”, del 15/04/09; y Sala IV in re: “Garnero Víctor Hugo (TF 24.331-I9 c/ DGI”, del 30/07/09)”. Por lo expresado, no existe razón para dejar sin efecto la pena que según la ley es la que corresponde a dicha conducta que es la prevista en el art. 46 de la ley 11.683.
Por lo expuesto, corresponde confirmar las multas aplicadas en las Resoluciones N° 038/14, 440/15 y 052/16, con costas. El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos efectuado por la Vocal instructora en su voto y, en lo sustancial, a lo allí resuelto en relación a la confirmación de las resoluciones Nros. 039/14, 038/14, 040/14, 440/15 y 052/16, en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, según corresponda.
II. En cuanto a la defensa articulada por la recurrente vinculada a la prescripción de las facultades y potestades del Fisco Nacional para determinar el Impuesto al Valor Agregado y el gravamen por Salidas No Documentadas correspondientes al período fiscal 2007, adhiero a la solución propiciada por la Dra. O’Donnell en cuanto rechaza dicho planteo, sin costas. Al respecto, comparto con la estimada colega que, el agravio introducido por la actora relativo a la improcedente aplicación de las suspensiones anuales del curso de la prescripción, no puede prosperar.
A mayor abundamiento, cabe mencionar que, tiene dicho nuestro Máximo Tribunal que la primera fuente para determinar la voluntad del legislador es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en su sentido más obvio conforme al entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11 y sus citas), sin que quepa a los jueces sustituir dicha voluntad, sino aplicar la norma tal como fue concebida (Fallos: 300:700). Asimismo, las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean, sin desvirtuar su significado específico (Fallos: 295:376), máxime cuando éste concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y con la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente.
Con relación a la aplicación de las suspensiones anuales, la misma cuestión ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 –que instauró un régimen de normalización impositiva y cuyo artículo 49 establecía que se suspendía “con carácter general por el término de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”– resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos 314:1656).
Asimismo, vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el Máximo Tribunal in re “AFIP-DGI c/ Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 –adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15–, en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
En el caso de autos, el curso del plazo de prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar y exigir tributos fue objeto de dos (2) suspensiones generales, dispuestas por leyes de orden público (art. 44 de la ley 26.476 y art. 17 de la ley 26.680, con fechas 24/12/2008 y 03/06/2013 respectivamente), las cuales operaron de pleno derecho y con vigencia inmediata desde su publicación. En efecto, dichas suspensiones incidieron sobre los plazos en curso, difiriendo su vencimiento.
En tales condiciones, computados los períodos de suspensión legalmente previstos, el plazo prescriptivo operó con posterioridad al dictado de los actos impugnados. En consecuencia, a la fecha de emisión de los mismos (31/3/2014), las facultades de la Administración se encontraban plenamente vigentes, motivo por el cual corresponde desestimar la defensa de prescripción opuesta por la recurrente.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiero a la solución propiciada por la Dra. O´Donnell al rechazar el planteo de prescripción articulado por la actora respecto a las facultades del Fisco para determinar el período 2007 del IVA y Salidas no Documentadas, correspondiendo imponer las costas a la parte actora, en razón de haberse articulado como excepción de previo y especial pronunciamiento (vide fs. 88 vta,)
II. Sentado ello, corresponde referirme a la operatoria con el proveedor Virosani S.A., resultando conveniente en primer lugar referirme al circuito financiero de las operaciones impugnadas.
Ello así, el informe pericial contable ordenado en autos y obrante a fs. 218/223, da cuenta del pago de las operaciones con cheque a la orden del mentado proveedor y con la forma de emisión cruzando, advirtiéndose la existencia de endosos. Que respecto a los cheques, no surgen de los actos apelados concretos cuestionamientos sobre la emisión de los mismos o inconsistencias intrínsecas de los mentados valores. No obstante ello, debe señalarse que una vez que los cheques son entregados escapa a la órbita de acción de la apelante, y no puede ejercer control alguno respecto de si esos valores eran depositados o si son entregados a terceros o han sido cobrados por ventanilla, materia que es privativa beneficiario de los mismos y por lo tanto no es imputable a la aquí recurrente quien sólo tiene la responsabilidad de cumplir con los requisitos que para la validez de los pagos entre partes y frente a terceros exige la Ley 25.345, lo que respecto a estos pagos se encuentra cumplido atento la inexistencia de objeciones al respecto (cfr. esta Sala in re "Agar Cross S.A.C.I. (hoy Dupont Argentina S.A.) s/recurso de apelación", sentencia del 23/10/2012, confirmada por la Sala II de la Alzada y la Corte Suprema de Justicia, este último decisorio de fecha 30 de diciembre de 2014).
En esta línea, el organismo no invocó las reglamentaciones que se habrían transgredido al emitirse los cheques como tampoco cuestionado la corrección de los valores empleados para individualizar al beneficiario de sus pagos, con lo cual las apreciaciones que puedan realizarse sobre hechos posteriores y ajenos a la voluntad del actor, resultan carentes de aptitud jurídica para obligarlo a cancelar el impuesto a las ganancias que corresponde a sus proveedores (cfr. dictamen de la Procuración General de la Nación in re “La Segunda Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, de fecha 7 de septiembre de 2020, cuyos fundamentos compartiera el Máximo Tribunal en sentencia del 12 de septiembre del 2023).
Por otra parte no puede dejarse de lado que el proveedor cuestionado reconoció en dos ocasiones la operatoria con Construere Ingeniería S.A.
En la primera de ellas, surge de la documental aportada junto al descargo presentado en sede administrativa, que el Presidente de Virosani reconoció ante Escribano Público los trabajos realizados a la aquí recurrente, detallando los mismos y acompañando documentación respaldatoria de tales operaciones, esto es detalle de facturación, cheques recibidos, como así también instrumentos propios como declaraciones juradas, libro Ventas y constancias de compensación de impuestos. Por otro lado, a fs. 361/363vta., obra declaración testimonial de un apoderado de Virosani, en la que reconoce la relación comercial con Construere Ingeniería S.A., en el marco de la causa penal caratulada “Construere Ingeniería S.A. s/inf. Ley 24.769” en trámite ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 11. Asimismo, debe ponerse de resalto que como lo resalta la actora en su recurso y no es controvertido por el Fisco (vide fs. 95 vta.), Virosani S.A. contaba con bienes individualizados, que resultan vinculados a los servicios de transporte de material y movimiento de suelos facturado, además de contar con acreditaciones bancarias.
Que de la cohesión de las circunstancias antes apuntadas permiten afirmar que existen serios indicios que permiten afirmar que los servicios facturados fueron prestados por el proveedor reputado por el Fisco como apócrifo (cfr. Sala V de la Alzada in re “Agropecuaria El Sauce, sentencia del 3 de abril de 2018).
De acuerdo con el análisis efectuado, cabe concluir que carece de sustento fáctico que el Fisco Nacional cuestione las operaciones con fundamento en supuestas irregularidades del proveedor y que por vía indirecta le son atribuidas al aquí recurrente, siendo que de la operatoria invocada no se advierten rasgos de simulación alguna.
Ello así, corresponde revocar los ajustes efectuados en las resoluciones determinativas del Impuesto a las Ganancias, IVA y Salidas no Documentadas respecto a Virosani S.A.
III. Que comparto en lo sustancial los argumentos expuestos por la Vocal Instructora para confirmar los ajustes practicados en los actos apelados respecto a los proveedores Argengruas y Maquinarias S.R.L. y Osvaldo Roberto Cerega. No obstante ello, cabe pronunciarse en este punto, sobre el planteo que formula la actora en sus recursos respecto del cómputo de retenciones en el Impuesto a las Ganancias (fs. 103), existiendo una validación de aquellas en el anexo al informe pericial obrante a fs. 218, lo cual no fue cuestionado por el Fisco.
Esta juzgadora considera que procede el cómputo de aquellas retenciones debidamente ingresadas por el retenedor contra el impuesto ajustado por el Fisco, atento que la confirmación de los ajustes practicados no puede abarcar la impugnación de aquellas retenciones que han sido efectivamente realizadas y acreditadas, aún cuando no se haya justificado la operatoria a la cual refieren. Que una conclusión contraria importaría una doble percepción impositiva (parcial) del impuesto involucrado en dichas operaciones por parte del Fisco Nacional, importando, ello, un verdadero enriquecimiento sin causa de la administración (criterio expuesto por esta juzgadora in re “Golden Peanut”, sentencia del 26 de junio de 2018)
Cabe traer a colación que la Corte Suprema de Justicia señaló in re “Compañía Argentina de Granos SA c/AFIP (DGI) s/contencioso administrativo – varios”, fechado el 11 de marzo de 2021, relativo a la demanda de repetición de importes ingresados por la citada compañía al Fisco Nacional en concepto de retenciones del impuesto al valor agregado (IVA) por las compras de cereal realizadas a ciertos proveedores, que el ajuste fiscal no se fundó en la declaración de inexistencia de las operaciones sino en la impugnación del cómputo del crédito fiscal originado en ellas.
En efecto, se puntualizó que “En primer lugar, porque reconoció en su escrito de demanda que había realizado operaciones de compra de cereales a productores agropecuarios en el período 12/2001 a 12/2007 -que generaron créditos fiscales en el IVA que fueron computados en sus propias declaraciones juradas del impuesto- respecto de las cuales practicó las retenciones del citado tributo en oportunidad de pagarle a sus proveedores. En segundo orden porque no demostró que la AFIP-DGI hubiera desconocido la existencia de las operaciones observadas en la inspección. Y por último, porque tampoco desvirtuó lo afirmado por el Fisco Nacional en el sentido que la compra de los granos por parte de CAGSA había quedado acreditada mediante la comprobación del circuito físico de las mercaderías. Todo lo expuesto impide considerar que el patrimonio de CAGSA haya experimentado menoscabo alguno como consecuencia de su actuación como agente de retención pues el IVA ingresado al Fisco surgió y fue retenido del precio que oportunamente había pagado por la compra de los granos”; luce a las claras que se trata de un supuesto distinto al abordado en autos. Ello así, es dable traer a colación que, la Sala V de la Alzada in re “Cargill SACI c/ EN-AFIP-DGI-RESOL 7/12 s/Dirección General Impositiva” (sentencia del 9 de febrero de 2021) expresó que constituye un principio general del derecho que los pagos indebidos o sin causa o con causa inválida dan derecho a la devolución de lo pagado; y si la causa del pago de tales retenciones consistió en la realización de operaciones que, con posterioridad, el Fisco consideró inexistentes, no se explica cuál sería el título en virtud del cual puede pretender apropiárselo.
Recientemente la Procuradora General se ha expedido en la causa citada en el párrafo precedente (dictamen del 23 de marzo de 2023), exponiendo que: “Sin embargo, al reconocerse la inexistencia de las operaciones de compra de granos entre Cargill y los proveedores cuestionados por el Fisco Nacional, las retenciones practicadas por la actora carecen de causa (cfr. arts. 1°, 2° y 5°, de la RG 1.394). Ello es claro para mí, porque el presupuesto de hecho para actuar en tal carácter -las operaciones de compra de granos- nunca existió en la realidad.
“Así las cosas, pienso que resulta incongruente -por un lado- sostener que no existió la operación de compra de granos y - por otro- afirmar que nació en cabeza del pretenso adquirente de esos granos la obligación de actuar como agente de retención”.
Por lo expuesto, corresponde que el Fisco Nacional practique reliquidación en la medida de las operaciones impugnadas, asignando a las retenciones validadas por el informe pericial el carácter de ingresos a cuenta de lo determinado (cfr. TFN “Ciccone Calcográfica SA” -Sala C- del 19/12/2003).
En cuanto al cómputo de retenciones en Salidas no Documentadas, dicho planteo resulta improcedente, toda vez que tratándose de un gravamen abonado a título propio por la recurrente ante la falta de individualización de los beneficiarios a cuyo cargo debió estar el pago del impuesto percibido y teniendo en cuenta que el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (vigente para los períodos determinados) refiere que el pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) se considerará definitivo, las retenciones efectuadas en otros gravámenes no forman parte de dicho monto y, por ende, no se configura enriquecimiento del Fisco Nacional.
Las costas en este punto se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
IV. Que sobre los intereses resarcitorios intimados en las resoluciones cuestionadas, cabe recordar que éstos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Que la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma -art. 37 de la ley de rito- permite descartar sin más los agravios expuestos por los recurrentes. (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005). Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Citibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual se descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
Que en virtud de todo lo expuesto, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios obrantes en los actos apelados, ello en proporción a los ajustes que se confirman, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
V. Que comparto en lo sustancial el rechazo de la excepción de cosa juzgada y nulidad opuesta por la actora contra la Resolución 52/2016, con costas atento haberse articulado como cuestión previa (vide fs. 412 vta.).
Respecto a la procedencia de las sanciones aplicadas, coincido con la Vocal Instructora que han concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la ley de rito e imputado en el acto determinativo del Impuesto a las Ganancias por el período 2011 y las resoluciones sancionatorias 440/15 y 52/2016, relativas a Salidas no Documentadas (períodos mayo a agosto de 2010) e IVA (períodos 4, 6, 9 a 11/2007), respectivamente; no habiendo elementos que justifiquen una dispensa a la sanción como así tampoco para modificar la graduación dispuesta, corresponde su confirmación en la proporción correspondiente.
VI. Por lo expuesto, voto por: i) Rechazar la excepción de prescripción articulada por la actora respecto al IVA y Salidas no Documentadas por el período 2007, con costas; ii) Revocar los ajustes practicados en los actos apelados, respecto al proveedor Virosani S.A., con costas al Fisco Nacional; iii) Confirmar los ajustes efectuados en los actos determinativos apelados con relación a los proveedores Argengruas y Maquinarias S.R.L. y Osvaldo Roberto Cerega, con más accesorios y sanción aplicada respecto al Impuesto a las Ganancias 2011 en la proporción correspondiente, debiéndose computar las retenciones practicadas en IVA y el Impuesto a las Ganancias que surgen del informe contable. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos; iv) Rechazar la excepción de cosa juzgada articulada por la actora contra la Resolución 052/2016, con costas; v) Confirmar parcialmente las multas aplicadas en las resoluciones 440/15 y 052/2016, atento lo resuelto en los puntos ii) y iii). Costas en proporción a sus respectivos vencimientos; vi) Ordenar al Fisco Nacional que en el plazo de treinta (30) días practique la liquidación de las sumas adeudadas en autos por la recurrente en concepto de impuesto, accesorios y sanciones, con los lineamientos expuestos precedentemente.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 038/14, 039/14, 040/14, 440/15 y 052/16, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, en la siguiente forma:
a. Por la excepción de prescripción opuesta en el Expediente N° 47.101-I de acuerdo a la forma en que se impusieron las costas en la sentencia de la Cámara de fs. 495/497, en las sumas de $ 6.255 por la representación procesal y $ 15.638 por el patrocinio letrado.
b. Por la primera y segunda etapa procesal del Expediente N° 39.622-I, en las sumas de $275.052 por la representación procesal y $687.631 por el patrocinio letrado.
c. Por la primera y segunda etapa procesal del Expediente N° 46.133-I, en las sumas de $46.972 por la representación procesal y $72.265 por el patrocinio letrado.
d. Por la primera y segunda etapa procesal del Expediente N°47.101-I, en las sumas de $62.553 por la representación procesal y $156.384 por el patrocinio letrado.
3. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, de acuerdo con lo dispuesto por lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423 en la siguiente forma: a. Por la tercera etapa procesal del Expediente N° 39.622-I, en las sumas de $535.538 equivalente a 7,41 UMA por la representación procesal y $1.338.845 equivalente a 18,53 UMA por el patrocinio letrado.
b. Por la tercera etapa procesal del Expediente N° 46.133-I, en las sumas de $72.265 equivalente a 1 UMA por la representación procesal y $ 46.972 equivalente a 0,65 UMA por el patrocinio letrado.
c. Por la tercera etapa procesal del Expediente N° 47.101-I, en las sumas de $76.282 equivalente a 1,06 UMA por la representación procesal y $190.706 equivalente a 2,64 UMA por el patrocinio letrado.
4. Regular los honorarios del CP Gustavo Alberto Yañez, también a cargo de la recurrente, en la suma de $ 281.303 por su actuación como perito designado a propuesta del Fisco Nacional en el Expediente N° 22.758-I, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57 y modif.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2026.02.11 10:50:20 -03:00 Date: 2026.02.11 12:04:35 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.11 12:27:44 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.11 12:27:45 -03:00
Fin de la sentencia