Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 32.762-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Nº 956/2012 (AD SALO) dictada en la Actuación Nº 12509-49-2011.
2Imponer las costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-105895132-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Septiembre de 2025 Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación) y Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21º Nominación), por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos “CONSULTORES MARÍTIMOS S.R.L. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 32.762-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 9/24 se presenta el agente de transporte aduanero “Consultores Marítimos S.R.L.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 956/2012 (AD SALO) dictada, por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en la Actuación Nº 12509-49-2011, en cuanto confirma el cargo Nº 170/11 formulado por la suma de u$s11.074,97, por el faltante a la descarga de la mercadería amparada por el Manifiesto Marítimo de Importación Nº 10057MANI003435V y en el despacho de importación Nº 10057IC65000140L. Sostiene que no resulta de las constancias obrantes en el sumario aduanero prueba alguna sobre la efectiva comprobación del peso de la mercadería a su descarga. Sin perjuicio de ello, señala que aún si se contara con los tickets de balanza que acrediten el peso verificado a la descarga, la “diferencia en menos” no se encontraría acreditada, toda vez que se habrían comparado resultados de mediciones efectuadas por distintos métodos de pesaje.
Cita jurisprudencia. Plantea la nulidad del proceso por falta de causa en los términos del art. 7 inc “b” de la Ley 19.549, por cuanto considera que no se trata de una responsabilidad propia y directa del ATA y, por ello, cualquier liquidación de tributos e impuestos que se le intime debiera encontrarse legalmente fundada y complementarse con un acto administrativo o, al menos, de administración, que tipifique su conducta. Expresa que, toda vez que el cargo notificado carece de requisitos esenciales para constituirse en un acto administrativo –cfr. art. art. 7 inc “d” de la Ley 19.549- deviene nulo. Menciona que, en su carácter de ATA, se limitó a la presentación del manifiesto de carga, y no del despacho de importación para consumo agregado a las actuaciones.
Alude a lo dispuesto por los arts. 777 y 780 del C.A. y, concluye, en su falta de legitimación pasiva. Postula la inexistencia de perjuicio fiscal, en virtud de que el hecho gravado se sustenta en la comparación de cantidades draft survey y balanza fiscal, toda vez que se habrían comparado resultados de mediciones efectuadas por distintos métodos de pesaje. Aclara que no cuestiona la solidaridad legal prevista en el art. 142, sino que su defensa radica en que los resultados de un sistema de control de descarga distinto al previsto por la RG 2914/94 como norma general, se le estarían desconociendo esenciales garantías constitucionales de defensa en juicio. Impugna la liquidación tributaria en cuanto contempla conceptos que no sólo exceden los tributarios (derechos), como los impositivos, sino también tasas (tasa de estadística) por servicios no prestados.
Asimismo, cuestiona la inclusión de IVA Adicional y ganancias, respecto de lo cual añade que el ATA se encontraba excluída de presentar el CVDI. Plantea la incompetencia de la DGA para la determinación impositiva. Ofrece prueba. Solicita que, oportunamente, se revoque la resolución apelada.
II. Que a fs. 45/49 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Formula negativa genérica. Reseña de las actuaciones. Afirma que la actora nunca justificó la diferencia entre el manifiesto de carga y el resultante a la descarga. Señala que la actora no aportó ninguna prueba en el plazo fijado por el art. 142 del C.A. sobre la razón de ser y justificación del faltante, por lo que rige la presunción de su importación a plaza, la que no admite prueba en contrario. Asimismo, destaca que tampoco surge del expediente administrativo que se hayan solicitado medidas probatorias en sede administrativa, como tampoco ante esta instancia, tendientes a acreditar que la mercadería de marras presente las características que autorizan la admisión de un porcentaje de tolerancia mayor. Cita jurisprudencia. Contesta los agravios relativos al reclamo de tributos, y sostiene que dicho planteo se ve rebatido por el efecto liberatorio del pago que tiene lugar sólo cuando éste involucra el cumplimiento exacto de la prestación debida. Expresa la presunción de importación para consumo a los efectos tributarios contenida en el art 142 del C.A. implica que a la mercadería faltante se la entienda como que tuvo por destino el uso o consumo particular del importador, es decir, que ha de considerarse a la actora ATA como consumidor final. Señala que para las operaciones como las de autos existe una presunción que no admite prueba en contrario de que la mercadería que resultare faltar a la descarga, sin haber sido justificada en las formas previstas por la ley, se tiene como importada para consumo, considerándose al transportista y al ATA solidariamente responsables de las obligaciones tributarias. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva de plantear el caso federal. Solicita que, oportunamente, se dicte sentencia que confirme el fallo recurrido, con costas.
III. Que a fs. 50 se abre la causa a prueba. A fs. 102 se declara cerrado el período probatorio, a fs. 110 se elevan los autos a la Sala “G” y a fs. 111 se los pasa para alegar. A fs. 114/125 se glosa el alegato presentado por la actora, el Fisco Nacional no hizo uso del derecho conferido. A fs. 127 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12509-49-2011 se inicia con la impugnación promovida en fecha 11/02/11por la firma “Consultores Marítimos S.R.L.” contra el Cargo Nº 170/11. A fs. 14 obra la Nota Nº 316/2010 mediante la cual se informa el resultado de la descarga. A fs. 15/16 y 17/19 se agregan fotocopias de la destinación N° 10 057 IC65 000140 L, y del Manifiesto Nº 10 057 MANI 003435 V. A fs. 21 se afora la mercadería. A fs. 22 se glosa el Cargo Nº 170/11 (notificado el 4/2/11 según constancia de fs. 25). A fs. 30/32 se emite el Dictamen Nº 456/2012. A fs. 36/40 se dicta la Resolución N° 956/2012 (AD SALO) - apelada en autos-. A fs. 44/45 se acredita la interposición del presente recurso.
V. Que en primer término, corresponde tratar el planteo de nulidad por falta de causa.
El fundamento de dicho planteo consiste en que no se trata de una responsabilidad propia y directa del ATA y, por ello, cualquier liquidación de tributos e impuestos que se le intime debe encontrarse legalmente fundada y complementarse con un acto administrativo o, al menos, de administración, que tipifique su conducta. Al respecto, añade que, toda vez que el cargo notificado carecería de requisitos esenciales para constituirse en un acto administrativo –cfr. art. art. 7 inc. “d” de la Ley 19.549- deviene nulo.
Que cabe hacer aplicación de la doctrina emanada de la C.S.J.N. que sostiene que dicho planteo no es aplicable a una resolución fundada, cualquiera sea su acierto o error (Fallos, 249:549, entre otros) y, siendo la decisión suficientemente fundada, no se requiere la expresa mención de todos los argumentos planteados por el administrado (Fallos, 251:39).
Que, corresponde destacar, que no se constata en el expediente, error o vicio alguno, que causare a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en este Tribunal, por lo cual, atento a la posibilidad de la actora en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estime conveniente, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables. Que ello es así por estricta aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros fallos, 205:549 y 267:393).
VI. Que atento la estrecha vinculación que guarda la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la actora con la controversia traída a conocimiento corresponde su tratamiento con el fondo.
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si la resolución apelada mediante la cual se rechaza el procedimiento de impugnación, y se confirma el Cargo formulado a la actora en concepto de tributos, en su carácter de agente de transporte aduanero de la operación, se ajusta a derecho.
Conforme lo dispuesto en el art. 57 del C.A., el agente de transporte aduanero es la persona de existencia visible o ideal que en representación de los transportistas tiene a su cargo las gestiones relacionadas con la presentación del medio transportador y de sus cargas ante el servicio aduanero conforme las condiciones previstas en el Código Aduanero. En ejercicio de la mentada representación, presenta la documentación del medio de transporte -arts. 135 y 136 del C.A.- confeccionada sobre la base de los datos aportados por el capitán y los cargadores, asumiendo frente a la aduana la responsabilidad tanto tributaria como infraccional por los hechos previstos expresamente en el Código Aduanero conforme lo dispuesto en los arts. 780 y 909 del citado cuerpo legal. En consecuencia, la Aduana de San Lorenzo formuló cargo a la actora en los términos del art. 142 del C.A. en concepto de tributos por el faltante a la descarga que, al no haber sido justificado, hizo presumir a la Aduana, sin admitir prueba en contrario y al solo efecto tributario, que la mercadería faltante fue importada para consumo, considerándosela como responsable de las obligaciones tributarias.
Que, conforme lo establecido en el art. 142, ap. 1, del C.A. "Cuando al concluir la descarga resultare faltar mercadería que hubiera sido declarada de conformidad con lo dispuesto en los art. 135 y 136, deberán justificarse las diferencias con la respectiva carta de rectificación o en las demás formas previstas en este Código o en sus disposiciones reglamentarias, dentro del plazo de dos días a contar desde la finalización de la descarga”.
A su vez, el ap. 2, prevé que; “Cuando las diferencias no hubieran sido justificadas en la forma prevista en el apartado 1, se presumirá, sin admitirse prueba en contrario y al solo efecto tributario, que la mercadería faltante ha sido importada para consumo, se hallare o no su importación sometida a una prohibición, considerándose al transportista y al agente de transporte aduanero solidariamente responsable de las correspondientes obligaciones tributarias."
Cabe destacar que las tolerancias admitidas, se encuentran reguladas por la Resolución ANA N° 2220/90, según la modificación introducida por la Resolución N° 2914/94. Dicha norma establece que el margen de las aludidas tolerancias se establecerá “en el seis por mil del total de la carga... considerándose a los efectos fiscales correcta y real la cantidad declarada, siempre que no exceda ese límite…”.
VIII. Que del cotejo de las actuaciones administrativas surge que al finalizar la descarga del Buque “BOW QUERIDA” en la Aduana de San Lorenzo, sobre un total de 2.006.286 kg de Óxido de Propileno declarados en el Manifiesto Marítimo de Importación Nº 10057MANI003435V, conocimiento: AMGS09-A., P.A:
2910.20.00.000A, despacho de importación Nº 10057IC65000140L, se constató una diferencia (en menos) de - 20.075 kg (-1,0007%) (v. a fs. 14/19 de las act. adm.).
Que al dorso del despacho de importación a consumo Nº 10057IC65000140L (agregado en original con la contestación de oficio de la Aduana de fs. 60/68 de autos) obra constancia del agente del servicio aduanero de la Aduana de San Lorenzo que se encargó de la medición (pesaje) de la mercadería de la que surge que: “Cantidades pendiente: Conforme declarado NO – Rectificación SI”, y se indica “Cant. Kgrs. Bruto: 1.986.211” (v. fs. 60/68 de autos). Asimismo, mediante la Nota Nº 316/2010 (Oficina “C”) se informa la existencia de un faltante no justificado de 20.075kg de la mercadería declarada en el Manifiesto Nº 10057MANI003435V documentada mediante el despacho Nº 10057IC65000140L (v. fs. 14 de las act. adm.), lo cual excede el margen de tolerancia del 0,6% previsto por la Resolución 2220/90, circunstancia que opera como presupuesto de la presunción normativa.
Que no surge de los actuados que se hubiera acompañado carta de rectificación o que se hubieran justificado de otra forma el faltante.
Que la defensa esgrimida por la actora sobre el referido faltante se centra en que -a su entender- no se encontraría acreditada de modo indubitable esa “diferencia en menos”. Ello, toda vez que se habrían comparado resultados de mediciones efectuadas por distintos métodos de pesaje, y se confrontó la cantidad declarada en el manifiesto de carga con la que resultó de la medición por balanza fiscal en el puerto de destino.
Que, por su parte, la prueba pericial química producida en la causa (obrante a fs. 85/86 y fs. 88/vta.) no aporta elemento alguno que permita tener por acreditada la concurrencia de ningún factor intrínseco de la mercadería o circunstancia extrínseca alguna (humedad, cambios de temperatura, etc.) que haya provocado la variación (en el caso la disminución) de la cantidad de la mercadería concretamente transportada en el caso de autos. No obstante ello, aún para el caso de que existan diferencias de peso, el aludido dictamen pericial contempla la existencia de diferencias de peso respecto de lo cual señala que “el método de determinación, ya sea por pesada en báscula (bruto, tara, neto) en caso de transferencia a camiones o si se realiza por draft survey o si se realiza por medición de volumen (aforo) y densidad. Las diferencias en peso normales en un control de cargas y descargas, no deberían superar el 0,6%” (v. fs. 85/86 y fs. 88/vta.). Esto último, en sentido coincidente con la tolerancia admitida por la resolución aduanera.
Ahora bien, en relación con el método de pesaje de la mercadería, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo en reiteradas oportunidades que “la elección del sistema de determinación de peso es optativa (arg. art. 1º, res. 2914/94) y que las balanzas son instrumentos de medición que cuentan con una regulación propia tendiente a garantizar la exactitud de los pesajes, previéndose fórmulas específicas para determinar tolerancias” (cfr. Sala III, in re “Agencia Marítima Río Paraná SA (TF 14.358-A) c/ DGA”, sentencia del 27/03/06; Sala I, in re “Agencia Marítima Nabsa SA (TF 18402-A) c/ DGA”, sentencia del 31/10/08; y Sala IV, in re “LENCINA HECTOR JAVIER (TF 28119-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/12). Cabe señalar con relación a la exactitud de los métodos de medición utilizados, que en el Plenario recaído en la causa N° 14287 “Supermar S.A. c/D.G.A. s/apelación”, de fecha 31 de Agosto de 2005, se dispuso, por mayoría, fijar la doctrina legal que la tolerancia del 6 por mil fijada en las Resoluciones N° 2220/90 y N° 2914/94 para la medición por sistema de control de calados y sondajes de tanques (draft survey) resultaba también aplicable para otros sistemas de pesaje, como el de balanzas.
A mayor abundamiento, el fundamento del voto mayoritario fue “Que, básicamente, los dos sistemas de medición (control de calados o balanza fiscal) resultan equivalentes en cuanto a su verosimilitud y, no mediando error o impericia en su aplicación, ambos poseen, a los efectos aduaneros, el mismo grado confiabilidad y exactitud, así como también el mismo grado de error o riesgo de inexactitud, por lo que debe aceptarse necesaria, equitativa y razonablemente, el mismo grado de tolerancia en las mediciones”.
En concreto, toda vez que en autos ello no ha sido desvirtuado por la recurrente, corresponde atenerse a las tolerancias específicas establecidas para las mediciones realizadas por este tipo de sistema de medición, mencionadas por la Resolución N° 2220/90.
Que en virtud de lo expuesto, se concluye que no se ha aportado en la causa prueba inequívoca, como era su deber hacerlo, para tornar inaplicable la presunción del art. 142 del C.A., y demostrar que el acto administrativo atacado no resulta válido.
IX. Que en cuanto al cuestionamiento efectuado por la actora, relativo a las facultades de la aduana para percibir y determinar las exigencias tributarias en materia de IVA, IVA adicional e impuesto a las ganancias, cabe puntualizar que, contrariamente a lo que sostiene la referida parte, el IVA y las percepciones del IVA y de ganancias constituyen tributos cuya percepción le ha sido encomendada a la aduana en los términos del art. 1 inc. c) de la ley del IVA, y Resoluciones DGI 3431/91, 3543/92 modif. por Res. DG1 3964/95 y modif. y Decretos N° 2394/91 y 1076/92.
X. Que expuesto lo que antecede, corresponde determinar la procedencia o improcedencia de la exigencia tributaria.
Al respecto, del despacho de importación Nº 10057IC65000140L (glosado en original a fs. 60/68 de autos) surge que la importadora “Dow Química Argentina S.A.” abonó los tributos correspondientes (IVA e Ingresos Brutos) por la operación respecto de la totalidad de la mercadería declarada en ese documento y en el Manifiesto Nº 10057MANI003435V (fs. 15/16 de las act.adm.).
Así las cosas, en la Nota del 14/12/10 del Jefe de la Sección “G” de la Aduana de San Lorenzo se expresa “(…) En razón de haberse satisfecho los tributos en su totalidad al momento de la presentación, correspondería su remisión a Sección ´V´ a fin de determinar si se procede a efectuar cargo al A.T.A. por eventual diferencia de tributos” (v. fs. 20 de las act. adm.).
No obstante, a fs. 21 de las act. adm. se realiza el aforo de la mercadería y la liquidación de los tributos (derechos de importación, tasa de estadística, IVA adicional e impuesto a las ganancias), por considerar que el origen de la mercadería P.A. 2910.20.00.000A no se había acreditado, siendo que el Certificado de Origen Mercosur para la referida mercadería se encuentra agregado en original en el sobre del despacho Nº 10057IC65000140L (agregado a la causa con la contestación de oficio de fs. 60/68 de la prueba producida en autos).
Que, por ello, corresponde revocar la Resolución Nº 956/2012 (AD SALO) dictada en la Actuación Nº 12509-49- 2011, con costas.
Por lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución Nº 956/2012 (AD SALO) dictada en la Actuación Nº 12509-49-2011.
2. Imponer las costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución Nº 956/2012 (AD SALO) dictada en la Actuación Nº 12509-49-2011.
2. Imponer las costas a la DGA.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht (conf. art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2025.09.23 15:26:50 ART Date: 2025.09.23 17:40:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.23 17:41:16 -03:00
Fin de la sentencia