Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 28991-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir el recurso del Fisco Nacional, rechazar el de la actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de fs. 225/vta. en lo sustancial que decide, y revocarlo en lo que respecta a las costas del incidente, las que se imponen en ambas instancias a la actora vencida.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
53413/2012 CONSULTORES MARITIMOS SRL (TF 28991-A) c/ DGA s/ Buenos Aires, 18 de agosto de 2020.
1. Que, a fs. 225/vta., el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, rechazó la solicitud de la parte actora, tendiente a que se le reconociese una diferencia con respecto al importe oportunamente abonado en los términos del artículo 796 del Código Aduanero (en garantía del cargo que resultó revocado en el pronunciamiento principal) y que la Aduana le reintegró, pero sin sujetarse a lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905; disposición, esta última, que la peticionante consideraba aplicable al caso.
Para resolver como lo hizo, precisó que la cuestión se centraba en determinar la moneda en que debían restituirse los importes abonados en garantía, en los términos del señalado artículo.
Puso de manifiesto que, en su oportunidad, la actora había depositado en efectivo la suma de $138.610,61 (v. fs. 104, act. adm.), equivalentes a la fecha del depósito a u$s 34.411,77, y que con posterioridad se le reintegró la exacta suma de $138.610,61 (v. fs. 120/121, act. adm.), equivalentes a la fecha de la devolución a u$s 8.828,70; motivo por el cual aquélla peticionaba la diferencia en dólares estadounidenses entre la suma depositada y la que efectivamente percibió (u$s 34.411,77 – u$s 8.828,70 = u$s 25.583,07). Sin embargo, la mayoría del TFN entendió que en esta materia no resultaba aplicable lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905, sino que correspondía acudir mutatis mutandi al criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14. De modo tal que convalidó la moneda que había empleado la Aduana para restituir las sumas depositadas en garantía. Finalmente, no impuso costas por tratarse de una cuestión incidental.
2. Que, a fs. 226/227, el Fisco Nacional interpuso y fundó recurso de apelación, agraviándose por la falta de imposición de costas; el cual se concedió a fs. 230 y fue replicado a fs. 243/vta.
3. Que, por otra parte, a fs. 231/239 interpuso y fundó apelación la parte actora, la cual se concedió a fs. 240 y fue contestada a fs. 250/251vta.
En primer término, argumenta que la devolución de una garantía presentada en los términos del artículo 796 del código es un supuesto diferenciable del que trató la Corte en el citado precedente “Cencosud” y que, en particular, se ignora que la Aduana emitió la garantía 11057 000055G en dólares estadounidenses, por un total de u$s 34.411,77 (v. fs. 76/77, act. adm.). Por consiguiente, considera que ésta debe devolver el mismo importe que se afectó, y no otro que representa –medido en dólares- sólo el 25,56% de lo que recibió. En segundo término, se agravia por la falta de consideración del argumento vinculado con el artículo 457 del Código Aduanero. Menciona que dicho artículo establece una pauta legal expresa aplicable en materia de garantías, conforme a la cual, cuando el administrado hubiere depositado dinero en efectivo en tal concepto, no puede requerírsele que asuma la devaluación o desvalorización posterior en caso de resultar perdidoso. Sobre esa base, interpreta que cuando los planteos del administrado prosperan –como ha ocurrido en su caso- resulta de toda lógica que la devolución resulte integral, y que se compute la actualización o devaluación posterior.
En tercer término, sostiene que el motivo por el cual el depósito se efectuó en moneda nacional fue porque la Aduana no contaba –ni cuenta en la actualidad- con una cuenta corriente en dólares estadounidenses, y considera que esa circunstancia no puede obrar en su perjuicio.
En cuarto término, invoca elementales razones de equidad, en tanto la garantía se prestó en el año 2012 -cuando la cotización del dólar era sensiblemente inferior-, y además agrega que desde aquel entonces la contraria ha podido disponer de esos fondos, por lo que considera que el rechazo de su pretensión convalida un enriquecimiento sin causa a favor de la contraria. En último término, formula replanteo de la prueba informativa tendiente a acreditar que la Aduana no posee cuentas en dólares para los depósitos de los administrados.
4. Que, con carácter preliminar, cabe aclarar que la apertura a prueba en la Alzada debe ser desestimada, toda vez que no concurren los requisitos del artículo 260, inc. 5°, del CPCCN –aplicable en la especie en virtud de lo dispuesto en el artículo 1182 del CA–. Debe repararse, en tal sentido, que la actora insiste sobre un medio de prueba ofrecido ante el Tribunal Fiscal (v. fs. 179vta.), cuya producción no ha sido expresamente denegada en esa instancia (v. fs. 184/vta.). Además, no se advierte que haya mediado declaración de negligencia en su producción, ni se presentan las circunstancias señaladas en el apartado a, del referido inciso 5°; todo lo cual sella la suerte adversa de su pretensión.
Por lo demás, tampoco cabe soslayar que la circunstancia que se pretende acreditar fue reconocida por la propia Aduana de San Lorenzo a fs. 191, y no resulta conducente a fin de resolver la cuestión de índole normativa que se plantea en el sub examine, la cual se circunscribe a determinar si es de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 53413/2012 CONSULTORES MARITIMOS SRL (TF 28991-A) c/ DGA s/ aplicación lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905 al reintegro de los depósitos entregados en garantía de importes controvertidos en sede aduanera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 796 del Código Aduanero, así como la eventual incidencia de las normas del referido código que regulan lo atinente al régimen de garantía.
5. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905, los derechos de importación y de exportación, así como los demás tributos que gravan esas operaciones de comercio exterior, deben determinarse en dólares estadounidenses y su pago puede efectuarse en la mencionada moneda, en bonos de crédito a la exportación de acuerdo a las normas vigentes, o en moneda nacional, cuya equivalencia, en este último caso, se fijará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago. Ahora bien, de ello no se deriva que, en el caso, el reintegro de las sumas abonadas para constituir la garantía unitaria en efectivo 11 057 000055G (v. fs. 193) deba efectuarse en dólares estadounidenses o en un importe equivalente en moneda nacional conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, tal como pretende la parte actora, pues lo cierto es que la suma de u$s 34.411,77 nunca ingresó al Fisco, sino que la recurrente depositó $ 138.610,64 (v. fs. 192). Además, ese importe no ingresó en concepto de derechos de importación, y surge con claridad del texto del artículo 20 de la ley 23.905 que esta norma solamente regula, por una parte, la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentess y, por la otra, los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, sin que quepa extender el régimen allí previsto a situaciones distintas a tales obligaciones tributarias (doctr. CSJN, causa C.1242. XLIX. “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sent. del 15/5/14), como es la atinente a la devolución de una garantía devenida en un pago sin causa en virtud de la revocación de un cargo aduanero. Resta señalar que una decisión como la pretendida infringiría la prohibición de establecer mecanismos de indexación, actualización o repotenciación de deudas la que se refieren los artículos 7° y 10 de la ley 23.928; todo lo cual conduce al rechazo del recurso deducido a fs. 231/239.
6. Que, en cuanto a la falta de imposición de costas en la decisión apelada, que es materia de agravio por el Fisco Nacional, debe contemplarse que en autos ha existido actividad procesal desplegada por las partes, y que no ha tenido favorable acogida el planteo de la actora relativo a la moneda en la que correspondería reintegrar las sumas abonadas en los términos del artículo 796 del Código Aduanero, por lo que resulta razonable —de un modo acorde con lo resuelto por este Tribunal en su pronunciamiento del 8/5/15— que aquélla deba satisfacer el costo de esta incidencia, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arg. arts. 1163, 1174 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párr., y 69 del CPCCN).
Por lo expuesto, SE RESUELVE: Admitir el recurso del Fisco Nacional, rechazar el de la actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de fs. 225/vta. en lo sustancial que decide, y revocarlo en lo que respecta a las costas del incidente, las que se imponen en ambas instancias a la actora vencida.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI.
Fin de la sentencia