Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 33.556-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las resoluciones apeladas en relación con el ajuste analizado en el Considerando V, sus intereses resarcitorios y multas. Costas por su orden 2) Confirmar dichos actos administrativos respecto de los restantes ajustes, con más los intereses resarcitorios liquidados y las multas impuestas a su respecto. Costas a la vencida.
3Ordenar al Fisco Nacional que en el plazo de 30 (treinta) días, practique la liquidación de las sumas que en definitiva deberá ingresar la recurrente, en los términos del artículo 187 de la ley 11.683, bajo apercibimiento de hacerlo la recurrente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-16119708-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 13 de Febrero de 2025
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7ma Nominación) y Claudio Luis (Vocal de la 8°Nominación), a fin de sentenciar en el expediente N° 33.556-I y su acumulado 33.557-I “CONTI EXPRESS S.R.L. s/ recurso de apelación”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 44/65 y 180/201 se interponen sendos recursos de apelación contra las resoluciones Nros. 139/2009 y 140/2009, dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Centro de la AFIP-DGI, por las que se determina de oficio el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 12/2002 a 11/2005 y el impuesto a las ganancias de los ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004. En ambos casos, se liquidan intereses resarcitorios y se aplican multas con fundamento en los artículos 46 y 47 incisos b) y c) de la ley 11.683.
Relata la recurrente en su escrito de inicio que Conti Express S.R.L. desarrolla la actividad de servicio de pizzería, fast food y locales de ventas de comidas y bebidas al paso en distintos locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Detalla que la gestión de las compras es efectuada por los encargados del negocio de acuerdo con las necesidades operativas y que las mismas son realizadas mayoritariamente en forma directa en el local al repartidor/proveedor, así como también por necesidades extraordinarias se requiere la mercadería por teléfono.
Agrega que la documentación es enviada semanalmente al estudio contable para que las operaciones sean volcadas en los libros IVA compras e IVA ventas.
Informa que los cargos formulados a la sociedad se refieren fundamentalmente a la falta de utilización de los medios de pagos previstos en el art. 1 de la ley 25.345.
Indica que el ente fiscal pretende aplicar al caso de autos lo prescripto en la ley 25.345, sosteniendo que dicha norma contraviene el artículo 34 de la ley 11.683, en atención a que la ley de procedimiento admite que el contribuyente pueda acreditar la veracidad de la operación para avalar el gasto y/o el crédito fiscal, es decir, que admite prueba en contrario.
En cambio, el artículo 2 de la ley antievasión establece que la impugnación del gasto y/o del crédito fiscal se efectuará aun cuando los sujetos demuestren la veracidad de las operaciones, por lo que concluye que dicha norma resulta excesiva y deviene inconstitucional.
Reitera que quién no pague utilizando alguno de los medios indicados en la ley antievasión, si logra acreditar la veracidad y existencia de la operación en cuestión, no pierde los créditos fiscales y demás efectos tributarios en juego, fundamentando dicha postura en el hecho de que la ley de procedimiento tributario es una ley específica, mientras que la ley 25.345 es una ley general; en consecuencia, no puede imponerse sobre la primera por el principio de especificidad.
Destaca que el organismo fiscalizador en ningún momento argumenta que las compras tuvieran sustento en facturas o documentos equivalentes apócrifos o no autorizados, sino que sólo se limita a objetar la modalidad de pago utilizada, por lo que sostiene que se encuentra en la situación de probar la veracidad de las operaciones que no han sido impugnadas.
Manifiesta que en todo momento ha prestado colaboración con la fiscalización y ha expresado su realidad y sus dificultades para mantenerse en actividad, ya que resulta imposible utilizar los medios de pagos establecidos en la ley 25.345 por las características propias de la actividad que desarrolla, ya que si no se abona en efectivo, los proveedores no dejan la materia prima y los productos indispensables para el desarrollo de la actividad.
Plantea la nulidad de las resoluciones por considerar que resultan violatorias del principio de realidad económica, alegando que la propia AFIP no desconoce las prestaciones de servicios y ventas realizadas, concluyendo que si se llevó a cabo el servicio, no se puede carecer de los elementos integrativos para la prestación del mismo, esto es, materias primas, insumos, mercaderías, servicios, etc.
Argumenta que las proyecciones de ajustes efectuadas por el ente fiscal desconociendo el costo incurrido y los créditos fiscales abonados resultan infundados por cuanto no se ajustan a la real situación económica de Conti Express S.R.L. Ello así, los ajustes conllevan un gravamen irreparable que podría producir la desaparición lisa y llana de la referida compañía.
Cita doctrina y jurisprudencia en favor de su postura.
Se agravia porque en sede administrativa no se hizo lugar a la producción de la prueba ofrecida, considerando que tal actitud constituye una flagrante violación a su derecho de defensa. En cuanto a las multas aplicadas argumenta que la transparencia de la contabilidad y de la documentación registrada y aportada a la inspección que sirve de base para la confección de las declaraciones juradas, permite aseverar que no se han verificado los extremos de los arts. 46 y 47 incisos a) y b) de la ley 11.683, toda vez que los funcionarios actuantes, con una simple verificación establecieron las presuntas diferencias de impuesto a ingresar, situación que fue espontáneamente cumplimentada sin que mediara intimación alguna por parte de los funcionarios de la Administración.
Alega que la defraudación fiscal requiere además de la materialidad del hecho, el elemento subjetivo, el cual está representado por el ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito, con el objeto de generar un error en la víctima del mismo, por lo que concluye que en el caso de autos no se demostró la intencionalidad dolosa, porque a su criterio el único reproche que se le puede cuestionar es haber utilizado un medio de pago para cancelar sus obligaciones no previsto en la ley 25.345, siendo que los pagos en efectivo son admitidos en el ámbito del art. 34 de la ley 11.683. Por lo tanto, solicita que las sanciones aplicadas sean dejadas sin efecto.
Aporta prueba documental y ofrece informativa y pericial contable. Hace reserva del caso federal y solicita que se revoquen los actos administrativos controvertidos.
II. A fs. 80/97 y fs. 241/257 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, y solicita que por las razones de hecho y derecho que invoca, se confirmen las resoluciones recurridas, con costas a la actora.
En lo sustancial, señala que con motivo de la verificación practicada se detectaron diversas irregularidades cometidas por la recurrente, que detalla, conforme lo consignado en las determinaciones de oficio en cuestión.
En cuanto a la nulidad articulada, considera que no existen vicios que permitan declararla, atento que el procedimiento mismo ha sido llevado a cabo de conformidad con las normas aplicables, sin vulnerar garantía constitucional alguna.
Respecto del planteo referido a la inconstitucionalidad de la ley 25.345 destaca que este Tribunal tiene vedada tal posibilidad, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hubiera pronunciado en ese sentido.
Con referencia al fondo del asunto, el Fisco Nacional determina que conforme surge de la información brindada por los proveedores circularizados, se constató que la mayoría de las operaciones analizadas fueron canceladas en efectivo, por lo que corresponde la aplicación del artículo 2 de la ley antievasión y del artículo 1 de la RG 1547/2003. Aclara que no se cuestiona la veracidad de las operaciones observadas, sino el medio de pago utilizado para su cancelación.
Sostiene, en contraposición con lo sostenido por la recurrente, que la ley 25.345 constituye una norma especial que prevalece sobre la ley 11.683 y se refiere a los medios de pago que deben utilizar los contribuyentes para que sus operaciones comerciales produzcan efecto entre las partes y frente a terceros, en este caso el Fisco Nacional, con total independencia de la existencia o no de las operaciones comerciales. En lo concerniente a las sanciones aplicadas, argumenta que su procedencia a título de dolo es indubitable puesto que no existen elementos que permitan eliminar la responsabilidad del actor. A fs. 264 el Tribunal en pleno dispone acumular a las presentes actuaciones el expediente N° 33.557-I.
A fs. 106 se abre la causa a prueba, produciéndose la pericial contable a fs. 289/291. A fs. 300 se clausura el periodo probatorio, a fs. 308 se eleva la causa a conocimiento de la Sala C y a fs. 313 pasan los autos para alegar, los que son producidos a fs. 318/320vta. por el Fisco Nacional, no habiendo hecho uso de su derecho la actora. Finalmente a fs. 323 pasan los autos para dictar sentencia.
III. Que por una cuestión de lógica procedencia, si bien la defensa de nulidad no fue articulada como de previo y especial pronunciamiento, corresponde expedirse previo a toda consideración. En tal sentido, dos son los fundamentos sobre los que la contribuyente basa su pretensión nulidificante, a saber: el rechazo de la prueba ofrecida en sede administrativa, vulnerando su derecho de defensa y la violación del principio de la realidad económica.
Respecto de la primera cuestión, más allá de las razones dadas sobre la procedencia de las probanzas que se rechazaran en la instancia administrativa, lo cierto es que la recurrente reiteró su ofrecimiento ante esta instancia jurisdiccional, disponiendo el entonces Vocal instructor a fs. 106 tener por agregada la prueba documental acompañada y producir la pericia contable, la que luce agregada a fs. 289/292. Tal circunstancia, entonces, torna inoficioso pronunciarse sobre el referido agravio, ya que el perjuicio que podría haberle ocasionado el estado de indefensión al que entiende la sometió el proceder fiscal, fue subsanado ante esta instancia.
Que en esta línea de pensamiento se ha pronunciado la Sala II del Fuero en la causa “Delia, Carmelo Franco c/Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo”, sentencia del 14/06/2016, al recordar que: “….es inveterada y pacífica la doctrina judicial –ratificada recientemente− que señala que la eventual restricción de la defensa en el procedimiento administrativo es subsanable en el trámite jurisdiccional subsiguiente (cfr. C.S.J.N., Fallos: 212:456; 218:535; 267:393; 273:134 y, en particular, Fallos 331:2769; Sala III, in re, “Círculo de Inv. S.A. de Ahorro Previo para Fines Deter. C. D.N.C.I.”, del 20/11/2012, entre otros)”.
“De este modo, el hipotético gravamen que le habría ocasionado la denegación de las pruebas en sede administrativa…. pierde toda entidad ya que, al margen de lo actuado en el procedimiento administrativo, en la instancia jurisdiccional posterior pudo ejercer plenamente su derecho de defensa (cr. Fallos: 310:360), ofreciendo todas las pruebas que hicieran a su derecho y alegando sobre su mérito. Así, se satisface la exigencia de la defensa en juicio brindando la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (cfr. Fallos 205:549 y Sala IV, en autos: “Ex Entidad Tarraubella S.A. Cía Financiera y otros c. B.C.R.A.”, sentencia del 10/03/2009, entre otros).”
“Es que, la omisión de un trámite en el expediente administrativo no acarrea sin más la nulidad de la resolución que en él recaiga, sino que deberán ponderarse en cada caso concreto las consecuencias producidas por tal situación a la parte interesada, la falta de defensa que ella realmente pudiere haber originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo en caso de observarse el trámite omitido (cfr. esta Sala, en una integración anterior, “Armadores Pesqueros Patagónicos M.I.C.S.A. c. P.N.A.”, 14/10/1997 y sus citas y Sala III, causa: “Rollero, Guillermo Rubén”, del 07/02/2012)”. En relación con el restante agravio invocado en el punto IV.3 del escrito de interposición de recurso, el mismo se fundamenta en que si bien el ente fiscal reconoce que la prestación de los servicios y las ventas fueron efectivamente realizadas, desconoce los costos y los créditos fiscales abonados para adquirir las materias primas, mercaderías, insumos, etc., por el sólo hecho de objetar el instrumento de pago utilizado, lo que implica, a su entender, desconocer la realidad económica de la sociedad recurrente.
Ello así, se advierte que el planteo efectuado denota una discrepancia con el accionar fiscal, es decir que en realidad se pretende atacar los fundamentos de las determinaciones en crisis, asunto que deberá ser tenido en consideración en oportunidad de tratarse el fondo de la cuestión, por lo que también en este aspecto debe rechazarse la nulidad planteada.
Procede puntualizar que no habiendo sido tratadas las quejas nulidificatorias como de previo y especial pronunciamiento, sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no pueden considerarse de forma autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. CSJN, in-re “Colorin IMSSA”, 02/07/2013).
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar los ajustes efectuados a Conti Express SRL, quien se encuentra inscripta en el rubro “Servicios de pizzerías, Fast Food y locales de venta de comidas y bebidas al paso y a la elaboración de masas y productos de pastelería”, cerrando su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año.
Conforme surge de los antecedentes administrativos acompañados y de las resoluciones controvertidas, la fiscalización realizó los ajustes en base a las siguientes consideraciones:
1. sobre la base de la documentación aportada por la recurrente y de la información proporcionada por los proveedores circularizados, se impugnó el cómputo de compras y/o gastos en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias –períodos fiscales 2002 a 2004- y del impuesto al valor agregado -períodos fiscales 12/2002 a 11/2005- por operaciones en las que no dio cumplimiento a los requisitos de medios de pago establecidos por el artículo 1 de la ley 25.345.
2. se detectaron operaciones que fueron informadas por proveedores circularizados, pero no registradas en los libros contables de la sociedad en los períodos fiscales 2002, 2003 y 2004, dando lugar a un ajuste presunto por ventas omitidas.
3. facturas de compras y/o gastos registrados en forma duplicada en los períodos fiscales 01/2003, 05/2003, 09/2003 y 09/2005, por lo que se procedió a la impugnación de los créditos fiscales.
4. contabilización en el período fiscal octubre de 2003 como factura el comprobante N° 0001-00121326 correspondiente al proveedor Canepa Hnos S.A.I.C.A., cuando en realidad se corresponde con una Nota de Crédito, conforme lo informado por el propio proveedor (conf. fs. 11 y 19 del Cuerpo Proveedores de los a.a.)
5. contabilización en el período febrero de 2004 de la factura N° 0001-00172376 de fecha 03/02/2004 correspondiente al proveedor MAYORISTANET.COM.SA, que se encontraba anulada, según lo informado por el proveedor a fs. 120 del Cuerpo Proveedores.
6. contabilización de la factura N° 0005-00004433, de fecha 18/10/2005, correspondiente al proveedor Zanella S.A., que conforme surge de la circularización al proveedor, fue emitida a otra firma (conf. 18/25 del citado cuerpo de antecedentes).
V. Que sentado lo que antecede, cabe expedirse respecto del ajuste proveniente de la impugnación de los créditos fiscales/compras en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales diciembre de 2002 a noviembre de 2005 e impuesto a las ganancias de los ejercicios fiscales 2002 a 2004 con fundamento en la existencia de operaciones efectuadas con diversos proveedores y presuntamente canceladas en efectivo, esto es, incumpliendo lo previsto por el artículo 1 de la ley 25.345 y, por lo tanto, aplicando su artículo 2. En tal sentido, el artículo 1° de dicha norma legal establece “No surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente en moneda extranjera, efectuados con fecha posterior a los quince (15) días desde la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación por parte del Banco Central de la República Argentina prevista en el artículo 8° de la presente, que no fueran realizados mediante: 1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias. 3. Cheques o cheques cancelatorios. 4. Tarjeta de crédito, compra o débito.
5. Factura de crédito. 6. Otros procedimientos que expresamente autorice el PODER EJECUTIVO NACIONAL.” Asimismo, el artículo 2° prevé que “Los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones.”
Ahora bien, corresponde destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo oportunidad de expedirse respecto de una cuestión sustancialmente análoga al sentenciar la causa “Mera, Miguel Ángel”, con fecha 19/3/2014.
En dicho precedente, en el que al igual que en el caso de autos el Fisco no cuestiona la veracidad de las operaciones observadas sino sólo el medio de pago, se sostuvo que ...“ la objeción constitucional formulada por el a quo distorsionaría la situación del contribuyente frente a los impuestos en los que se efectuaron los ajustes: en el tributo a las ganancias se le impediría deducir gastos necesarios para la obtención de las ganancias con lo cual se gravaría una utilidad ficticia y desproporcionada con la que el verdaderamente el legislador ha querido gravar con el tributo; y frente al IVA se desnaturalizaría el cotejo entre débitos y créditos al excluirse la posibilidad de computar estos últimos”. (el subrayado es propio). Por otra parte, “es indubitable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas – y que constituyen gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y créditos fiscales en el IVA- por motivos estrictamente formales importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez…; de manera que también desde esta perspectiva, se concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada.” A la luz de la doctrina emergente del citado precedente, cabe reiterar que el organismo recaudador en el informe de inspección y en las resoluciones apeladas reconoce las existencia de las operaciones, centrando su agravio en que las mismas fueron canceladas en efectivo. En tal sentido, de la pericia obrante a fs. 289/292 se desprende que los profesionales son contestes en afirmar que se pudo determinar de un muestreo del Anexo I de las determinaciones apeladas en el que se consignan la totalidad de las facturas impugnadas, que éstas cumplen con los aspectos formales y requisitos de la RG 3419/91 en lo que hace a sus aspectos extrínsecos; que se encuentran registradas en las libros IVA COMPRAS, con su recibo de pago correspondiente y/o leyenda pagado en efectivo.
Por todo ello, corresponde revocar el ajuste en cuestión, imponiendo las costas en el orden causado, toda vez que el precedente aplicado es de fecha posterior a la interposición del recurso.
VI. Que en relación con los restantes ajustes, cabe destacar que la contribuyente no ha expresado agravio alguno respecto de sus fundamentos que permita a la suscripta apartarse de lo decidido en las resoluciones recurridas, por lo que cabe su confirmación con más los intereses resarcitorios liquidados a su respecto.
En cambio, en lo que se refiere a las sanciones aplicadas por dichos ajustes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 46 y 47 incisos b) y c) de la ley 11.683, cabe su tratamiento toda vez que dada la indiscutible naturaleza penal de las infracciones tributarias debe analizarse, aún de oficio, si en el caso se han configurado los elementos del tipo penal y el proceder doloso.
El artículo 46, texto ordenado vigente al momento de la configuración de las conductas consideradas punibles establece “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
Por su parte, el artículo 47 en lo que aquí interesa prevé: “Se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11 b) cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso”.
Según las razones que fundaron los ajustes que se confirman, no controvertidos por la empresa, ha quedado acreditada la configuración del elemento objetivo de las infracciones imputadas a la contribuyente, que tienen precisamente como presupuesto una omisión de pago que no ha logrado justificarse. En cuanto al elemento subjetivo, procede en primer término referirse a las conductas emergentes de los cargos detallados como apartados 3 a 6 en el Considerando IV, esto es facturas de compras y/o gastos registrados en forma duplicada, registración de factura correspondiente a una nota de crédito y factura anulada, que motivara ajustes sobre base cierta.
En tal sentido, el legislador ha proporcionado a la administración fiscal una serie de herramientas para que, partiendo de un hecho probado (inferente) y a través de un proceso de deducción lógica, pueda presumir la existencia de otro hecho no conocido, en este caso la consumación de la infracción por medio de dolo; sin embargo, esas presunciones, consagradas en el artículo 47 de la ley de rito son “iuris tantum”, es decir que el imputado puede desvirtuarlas produciendo prueba en contrario.
Ello así, la sociedad no sólo no ha desvirtuado en esta instancia los fundamentos vertidos por el organismo recaudador, sino que tampoco lo ha hecho respecto de la conducta imputada, no obstante haber contado en esta instancia con las posibilidades para ello. En tal sentido, teniendo en consideración las inexactitudes de las declaraciones juradas originales puestas de manifiesto como consecuencia de la inspección iniciada, le incumbía a la contribuyente la carga de probar que aquellas “...habían sido la consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia”...”porque...si bien es cierto que no cabe admitir la existencia de responsabilidad de índole penal sin culpa, no es menos exacto tampoco que una vez que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta sancionada por la ley, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el derecho penal vigente” (Wekser, Marcelo A -CNACAF Sala V 23/6/2015).
Resta referirse a la sanción derivada de la determinación sobre base presunta, por aplicación del primer y último párrafo del artículo 18 de la ley 11.683, por operaciones informadas por los proveedores de la contribuyente no registradas en la contabilidad.
En lo que aquí interesa y desarrollando la doctrina del precedente "Mazza" (Fallos 312:447), la Corte recordó que cuando se trata de una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del Fisco -como ocurre con la prevista en el artículo 46- resulta aplicable su doctrina en el sentido de que no es posible utilizar las presunciones que contempla la ley a los efectos de determinar la obligación tributaria del responsable, para presumir -y tener de ese modo probada- la existencia de esa conducta dolosa, sino que tal extremo debe acreditarse con otros elementos de prueba (in rebus "Casa Elen-Valmí de Claret y Garello", Fallos 322:519; "Montenegro Hermanos S.A.", Fallos 323:2172).
Dichos precedentes del Alto Tribunal indican que cuando el tributo se determina sobre base presunta, tales presunciones no pueden servir además de base para aplicar una sanción. Sin embargo, ello no es el caso de autos.
En efecto, en el sub lite el Fisco determinó los gravámenes tomando como indicio las circularizaciones a proveedores del recurrente, informes que al entrar en contradicción con la información expresada en las declaraciones juradas presentadas constituye elemento suficiente para concluir que el comportamiento observado, según surge de las constancias de autos, reviste carácter fraudulento. Es decir que, tal como fue explicitado en las resoluciones administrativas, existen en el caso determinados elementos de prueba que permiten inferir su actitud dolosa, como la detección de operaciones no declaradas ni registradas. Por otra parte, ni en sede administrativa ni ante esta instancia se aportó prueba alguna tendiente a controvertir la presunción invocada.
En consecuencia, procede confirmar las multas en cuestión, con costas.
VII. En virtud de lo precedentemente expuesto, la suscripta vota por:
1. Revocar las resoluciones apeladas en relación con el ajuste analizado en el Considerando V, sus intereses resarcitorios y multas. Costas por su orden.
2. Confirmar dichos actos administrativos respecto de los restantes ajustes, con más los intereses resarcitorios liquidados y las multas impuestas a su respecto. Costas a la vencida.
3. Ordenar al Fisco Nacional que en el plazo de 30 (treinta) días, practique la liquidación de las sumas que en definitiva deberá ingresar la recurrente, en los términos del artículo 187 de la ley 11.683, bajo apercibimiento de hacerlo la recurrente.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Atento a la votación que antecede,
1. Revocar las resoluciones apeladas en relación con el ajuste analizado en el Considerando V, sus intereses resarcitorios y multas. Costas por su orden 2) Confirmar dichos actos administrativos respecto de los restantes ajustes, con más los intereses resarcitorios liquidados y las multas impuestas a su respecto. Costas a la vencida.
3. Ordenar al Fisco Nacional que en el plazo de 30 (treinta) días, practique la liquidación de las sumas que en definitiva deberá ingresar la recurrente, en los términos del artículo 187 de la ley 11.683, bajo apercibimiento de hacerlo la recurrente.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9a. Nominación (cfr. art. 184, 2do. párrafo, ley 11.683 -t.o. vigente- y art. 52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2025.02.12 15:15:59 -03:00 Date: 2025.02.13 17:27:44 -03:00 Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.13 17:27:45 -03:00
Fin de la sentencia