Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 123487
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.487, "Soto, Reinaldo Roberto y otra. Contra Ministerio de Obras y Servicios Públicos y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria, Maidana, Natiello.
La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó -en lo principal- la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había estimado procedente la demanda contra Eduardo Roberto Marasco, Juan Luciano Fores, el Club Universitario de La Plata, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata. Por otra parte, modificó la decisión en lo que respecta a la cuantía de los rubros indemnizatorios -elevándolos-, teniendo en cuenta valores actuales y estableciendo los intereses de conformidad con la doctrina legal emanada de los precedentes "Vera" y "Nidera" (v. fs. 1.436/1.458).
Se interpusieron, por los letrados apoderados del Club Universitario de La Plata, la Municipalidad de La Plata y el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.514/1.525 y escritos electrónicos de fecha 26-XII-2018).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, habiéndose conferido traslado al Órgano Fiduciario denunciado (v. escrito electrónico de fecha 16-III-2020) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 1.514/1.525?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad deducido por la Municipalidad de La Plata?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el articulado por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Reinaldo Roberto Soto y María Celina Bordigoni, ambos por su propio derecho, iniciaron la presente acción de daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires -Administración General de Vialidad-, el Club Universitario de La Plata, Eduardo Roberto Marasco, Juan Luciano Fores, Analía March, Natalia Noemí González, Daniela Romina Chirra, María Guillermina García y la Municipalidad de La Plata (v. libelo de inicio: fs. 334/347).
Expresaron que el día 11 de diciembre de 2000 comenzó la Colonia de Vacaciones del Club Universitario para los hijos del personal de Vialidad, entre ellos sus descendientes María Ayelén y Lautaro, toda vez que la coactora María Celina Bordigoni es agente pública de la Administración General de Vialidad.
Señalaron que el día que comenzó la Colonia de Vacaciones una persona llamó a su domicilio particular comunicándoles que Lautaro había sido llevado al Hospital de Niños porque se había descompuesto.
Refirieron que de inmediato se apersonaron en el establecimiento asistencial, donde les comunicaron la terrible noticia del deceso del niño, siendo su reacción la de un llanto incontenible y que preguntados los galenos acerca de la causa de lo sucedido, estos, consternados, no pudieron explicarles por qué Lautaro había llegado en ese estado.
Al requerir que se llamara al pediatra del niño, doctor Enrique Cremaschi, este tomó contacto con los profesionales médicos del hospital que habían asistido a su hijo y les aconsejó que llevaran adelante una autopsia.
Pusieron de relieve que estuvieron solos todo el tiempo, sin que el personal de la Colonia de Vacaciones o del Club Universitario se hubiese presentado a fin de brindarles alguna explicación de lo ocurrido.
Sostuvieron que a las 14 hs. la Administración General de Vialidad, representada por el Subgerente de Recursos Humanos Sergio Gustavo Lorusso, denunció el hecho ante la Seccional Décimo Tercera de la Policía Bonaerense, labrándose la causa penal 695/996 con intervención de la UFI n° 6 y el Juzgado de Garantías n° 1, ambos del Departamento Judicial de La Plata.
Afirmaron que a partir de los elementos probatorios obrantes en el expediente punitivo quedó acreditado que el fallecimiento se produjo por asfixia por inmersión derivada de la falta de cuidado, custodia, atención y de profesionalidad de las personas que debieron vigilar al menor y del coordinador del equipo.
Conferidos los traslados pertinentes y habiéndose presentado los demandados a fs. 468/478 vta., 485/496 vta., 540/544 vta., 549/556 vta., 570/574 vta., 619/624 vta., 626/630 vta., 689/692 vta., 712/716 vta. y 756/759 vta., se ordenó la apertura de la causa a prueba.
II. Concluida la etapa probatoria, el magistrado de origen -tras un minucioso examen de las constancias obrantes en autos- rechazó la demanda incoada por Reinaldo Roberto Soto y María Celina Bordigoni contra Daniela Romina Chirra, Natalia Noemí González, María Guillermina García y Analía March (art. 163 inc. 6, CPCC). Asimismo, desestimó las defensas de falta de acción y falta de legitimación pasiva opuestas por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y el Club Universitario de La Plata. De otra parte, hizo lugar a la acción instaurada contra Eduardo Roberto Marasco, Juan Luciano Fores, el Club Universitario de La Plata, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata. En consecuencia, condenó a estos últimos a pagar -en forma solidaria- la suma de $1.118.000 a Reinaldo Roberto Soto y de $1.098.000 a María Celina Bordigoni, con más los intereses desde el 11 de diciembre de 2000 y hasta su efectivo pago, calculados de acuerdo con la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (art. 163 incs. 6 y 7, CPCC). Por último, admitió la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia Seguros S.A. (v. fs. 1.287/1.304).
De manera liminar, señaló que con motivo del accidente bajo juzgamiento se instruyó la causa penal 695/996 caratulada "Chirra, Daniela Romina; González, Natalia Noemí; Fores, Juan Luciano; March, Analía; Marasco Eduardo Roberto. Homicidio culposo. Soto, Lautaro", con intervención del Juzgado de Garantías n° 1 y la Unidad Funcional n° 6 del Departamento Judicial de La Plata y que obra por cuerda a los presentes.
Destacó que con fecha 7 de julio de 2004 los señores jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal n° 1 de esta ciudad pronunciaron, por mayoría, veredicto absolutorio en favor de Daniela Romina Chirra, Natalia Noemí González y Analía March por el hecho ocurrido en el campo recreativo del Club Universitario el día 11 de diciembre de 2000, del que fuera víctima Lautaro Soto (v. a fs. 883 vta. y 884, pto. I) y, por unanimidad, condenaron a Juan Luciano Fores a la pena de seis meses de prisión -de ejecución condicional- y costas y a Eduardo Roberto Marasco a la pena de dos años de prisión -de ejecución condicional-y ocho años de inhabilitación especial para organizar y dirigir colonias de vacaciones y costas, por resultar estos dos últimos autores penalmente responsables del delito de homicidio culposo acaecido en Manuel B. Gonnet, Partido de La Plata, el 11 de diciembre de 2000, en perjuicio de Lautaro Soto (v. a fs. 886 vta., pto. 1, causa cit.).
Para así decidir, se tuvo por acreditado que "en la mañana del 11 de diciembre de 2000, en la jornada inaugural -y a poco de haberse iniciado las actividades- de la colonia de vacaciones desarrollada en el campo de deportes del Club Universitario [...] el menor de cuatro años de edad Lautaro Roberto Soto quien había ingresado con su contingente de colonos en la pileta mayor de las dos que componen el complejo denominado en su conjunto 'pileta chica' -redonda y riñón-, por negligencia, impericia e inobservancia reglamentaria de quienes debían proveer a su seguridad, sufrió asfixia por inmersión que lo llevó al óbito" (fs. 869 y vta., voto a la primera cuestión del veredicto del doctor Saraví Paz, causa penal cit.).
En virtud de dicho pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada, advirtió que todas las conclusiones del fallo penal constituían la materialidad del hecho mencionado por los arts. 1.102 y 1.103 del Código Civil y no podían volver a discutirse en el juicio civil. En consecuencia, debía tenerse por cierta la autoría y consecuente responsabilidad de los codemandados Eduardo Roberto Marasco y Juan Luciano Fores, quienes debían responder por las consecuencias civiles que del hecho se derivaron (arts. 1.068, 1.069, 1.078, 1.079, 1.109 y concs., Cód. Civ.; 163 inc. 6, CPCC).
En cuanto a la alegada responsabilidad del Club Universitario, ponderó que la omisión en que incurrió dicha entidad al no contar con guardavidas en forma permanente, aunada a la falta de habilitación municipal para el uso de la piscina del predio en la temporada estival de los años 2000/2001 y la insuficiente o defectuosa implementación de las medidas de seguridad adoptadas por el club al haber permitido que el codemandado Eduardo Roberto Marasco ingresase con los colonos a la piscina en un horario (10 hs.) en el cual el predio no contaba con guardavidas propios, importó un grave incumplimiento del deber de seguridad respecto de la integridad de la salud de los niños que asistían a la Colonia de Vacaciones, a cuyo cargo se encontraba la custodia y vigilancia desde las 9 hs. hasta las 18 hs. (conf. arts. 1 y 2, convenio celebrado entre la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y el Club Universitario de La Plata, aprob. por resol. 1 n° 1.580, de 7-XII-2000).
A continuación, a los fines de esclarecer la eventual responsabilidad del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, juzgó que resultaba de suma importancia señalar que mediante la mentada resolución 1 n° 1.580 el Administrador General de la Dirección de Vialidad aprobó el citado convenio celebrado entre esa repartición y el Club Universitario de La Plata, el cual pasó a formar parte de aquel como Anexo I; estableciéndose el gasto total en la suma de $73.359 para atender a las distintas imputaciones que en él se detallan (v. arts. 1 y 2, a fs. 442); estipulándose, incluso, el menú que se ofrecería a los colonos (v. fs. 444).
En dicha inteligencia, señaló que con carácter previo al dictado de dicho acto administrativo la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires debió haber arbitrado los medios necesarios para asegurar a los hijos de los dependientes de la repartición que el servicio de "Colonia de Vacaciones" se cumpliera adoptando todas las previsiones posibles para evitar accidentes; entre ellas, la insoslayable exhibición por parte del Club Universitario de La Plata -respecto del natatorio- de la documentación que acreditase el fiel cumplimiento de la ordenanza municipal 6.716.
A la par expresó que esa necesaria diligencia previa debió haber sido adoptada por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dado que entre las actividades que debían ser desarrolladas por los niños estaba expresamente incluida la natación (v. copia certificada del expte. adm. 2410-8-1668/00 a fs. 88, del expediente punitivo, 695/996), hecho que además fue admitido por el señor Fiscal de Estado al responder en forma asertiva a la posición octava de fs. 1.183 (v. oficio a fs. 1.181 vta. de estos autos; arts. 374, 405 y 421, CPCC).
A la luz de estos elementos de convicción, concluyó que la omisión de tales recaudos determinaba la responsabilidad del Fisco de la Provincia de Buenos Aires en el acaecimiento del evento dañoso, con fundamento en las previsiones del art. 1.112 del Código Civil.
Por fin, en lo que atañe a la responsabilidad endilgada a la Municipalidad de La Plata, recordó que la ley 10.217 -vigente a la fecha del hecho y, por ende, aplicable al caso- en su art. 1 establecía: "Delégase en las Municipalidades de la Provincia la habilitación, contralor y fiscalización del funcionamiento de los natatorios y piletas de natación de carácter público, semipúblico y comerciales que se encuentren situados en el ámbito de la jurisdicción de las respectivas Comunas".
Asimismo, que en su art. 2 disponía: "Las Municipalidades ejecutarán las acciones tendientes al cumplimiento de las normas vigentes sobre habilitación y funcionamiento de las piletas y natatorios, percibiendo las sumas que por concepto de sanciones pecuniarias se apliquen a los infractores".
Por otra parte, destacó que la ya citada ordenanza municipal 6.716, en su art. 2 prescribía: "La Secretaría de Bienestar Social de la Comuna, a través de sus dependencias específicas, será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de esta Ordenanza". En tanto que en su art. 48 expresaba: "En aquellos establecimientos que en el momento de la inspección las transgresiones existentes fueren consideradas de gravedad, se procederá a la clausura de las instalaciones, pudiendo ser la misma provisional hasta tanto sea subsanada la anomalía por toda la temporada".
Del análisis de la normativa citada concluyó que la comuna debió haber inspeccionado las dependencias del Club Universitario de La Plata; máxime cuando constituía un hecho notorio que en la temporada de verano se encontraban funcionando las piscinas públicas o semipúblicas de dicha entidad deportiva, de reconocida trayectoria en esta ciudad (art. 163 inc. 5, segundo párrafo, CPCC). De tal modo, no resultaba válido el argumento expuesto por la Municipalidad de La Plata en cuanto a que no medió incumplimiento del poder de policía comunal por no haber requerido la habilitación del natatorio.
En suma, precisó que la omisión de fiscalización e inspección en que se incurrió determinaba la responsabilidad de la Municipalidad de La Plata en el acaecimiento del evento dañoso, por lo que debía responder por las consecuencias civiles que de él se derivaron (arts. 1.068, 1.069, 1.078, 1.112 y concs., Cód. Civ.; 163 inc. 6, CPCC).
A continuación, examinó la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados y determinó su cuantía.
III. Apelado dicho fallo por los actores (v. fs. 1.325) y por los codemandados Marasco (v. fs. 1.320), Fores (v. fs. 1.321), Municipalidad de La Plata (v. fs. 1.322), Fisco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 1.323) y Club Universitario de La Plata (v. fs. 1.324), la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la decisión en lo que respecta a la atribución de responsabilidad en el evento, modificando la cuantía de los rubros indemnizatorios, los que elevó. A su vez, fijó los intereses de conformidad con la doctrina legal emanada de los precedentes "Vera" y "Nidera" (v. fs. 1.436/1.458).
IV. Frente a este pronunciamiento los letrados apoderados del Club Universitario de La Plata interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncian la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 164 del Código Procesal Civil y Comercial; 33, 902, 1.113 y 1.198 del Código Civil y de la ley 24.240. Alegan el vicio de absurdo en la interpretación de los hechos y la prueba y el quebrantamiento de los principios de congruencia y iura novit curia. Hacen reserva del caso federal (v. fs. 1.514/1.525).
Aducen que la Cámara erróneamente ha extendido la responsabilidad al club accionado, pues se ha acreditado el obrar ilícito o la culpa exclusiva de terceros -en el caso, del señor Marasco en su carácter de director y coordinador de la Colonia de Vacaciones y del codemandado Fores- por los cuales no debía responder.
Afirman que la entidad tenía custodiada el área de piscinas y que contaba con guardavidas en el horario autorizado para su uso. En rigor, expresan que fue la conducta de Marasco, en cuanto permitió el ingreso a las piscinas de los colonos antes de las 11 hs. -fuera de horario permitido para su uso, en forma inconsulta y sin autorización- la causa adecuada del daño (art. 902, Cód. Civ.).
A ello agregan que el Club Universitario es una entidad sin fines de lucro tendiente al bien público que, en el caso particular, articuló el uso de sus instalaciones para la organización de una Colonia de Vacaciones cuyo funcionamiento y organización delegó en un tercero, sobre el cual debe recaer la obligación de seguridad.
Por otra parte, sostienen que la falta de habilitación municipal no juega ningún papel en el evento dañoso, ya que este no se produjo en virtud de la existencia de algún defecto o riesgo que pudiese haber sido subsanado por dicha vía, inspección o control.
Desde otroángulo, se agravian por el acogimiento de la exclusión de cobertura invocada por Provincia Seguros S.A. y por la no aplicación al caso de la Ley de Defensa del Consumidor.
V. El recurso no prospera.
V.1. De manera liminar y en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), corresponde dejar sentado que, tratándose de un reclamo por indemnización de los daños derivados de un hecho ilícito, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo con lo normado en la legislación vigente al momento del hecho (11-XII-2000; conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
V.2. Ahora bien, la cuestión traída a debate gira en torno a la responsabilidad endilgada al Club Universitario de La Plata en el lamentable episodio que dio lugar a las presentes actuaciones.
Es doctrina de esta Suprema Corte que la crítica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo es un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante en vía extraordinaria, por lo cual resulta insuficiente la que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos sobre los que aquella se asienta (conf. causas C. 113.559, "Q., I.O", sent. de 3-VII-2013; C. 103.620, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 24-IX-2014; e.o.).
No es, pues, idóneo el recurso de inaplicabilidad de ley que desatiende la estructura argumental y jurídica de la sentencia atacada, no haciéndose cargo de sus motivaciones (conf. causas C. 117.444, "Tocchio", sent. de 23-X-2013; C. 121.228, "Domingo Mangone S.A.", sent. de 6-II-2019; etc.).
En base a estas premisas es que se habrá de ponderar la suficiencia técnica del recurso planteado.
V.2.a. En el sub lite, los fundamentos del fallo atacado se sustentan en las siguientes consideraciones:
El menor Lautaro falleció en una de sus piscinas, natatorios que eran utilizados sin la presencia de un guardavida permanente, requisito obligatorio según surge del art. 39 de la ordenanza 6.716, vigente a la fecha del hecho y, lo que es peor aún, en un predio que no contaba con la habilitación municipal para la temporada estival 2000/2001.
El Club Universitario de La Plata -a través de su Presidente- suscribió el convenio que corre a fs. 437, comprometiéndose a brindar un servicio que se detalló en su artículo cuarto, por un precio en dinero (v. fs. 442/449), con lo cual si Marasco ingresó a las piletas del predio sin la debida autorización ello se debió a que fueron insuficientes o defectuosas las medidas de seguridad adoptadas por la entidad para evitar el ingreso de los colonos "...a la piscina en un horario (10:00 horas) en el cual el Club no contaba con guardavidas propios...".
En base a tales consideraciones, juzgó -en coincidencia con la solución a la que había arribado el sentenciante de origen- que "...la omisión incurrida [...] de contar con guardavidas en forma permanente, aunado a la falta de habilitación municipal para el uso de la piscina del predio en la temporada estival de los años 2000/2001 y la insuficiente o defectuosa implementación de medidas de seguridad adoptadas por dicha entidad [...] importó un grave incumplimiento del deber de seguridad respecto de la integridad de la salud de los niños que asistían a la Colonia de Vacaciones, a cuyo cargo se encontraba la custodia y vigilancia desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas..." (fs. 1.296 in fine; 1.447 y vta.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.