Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2205/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 113/119, por 5 M Patagonia S.A. y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por el Juz- gado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de El Calafate en su carácter de Alzada, obrante a fs. 107/109 vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2205/17-TSJ Interlocutorio N°: 661 Actor: COÑUECAR ALEJANDRO DANIEL Demandado:
Objeto: SOLICITUD DE AUDIENCIA CONCILIACIÓN CON R/S 5M PATAGONIA s/ RECURSO DE APELACIÓN Fecha: 11-03-2020 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 661 FOLIO Nº 3817/3821 PROT. ELECT. TSS1 003 S.201
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 11 días del mes de marzo de dos mil veinte, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justi- cia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presi- dencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos “COÑUECAR ALEJANDRO DANIEL s/ SOLICITUD DE AUDIENCIA CON- CILIACIÓN CON R/S 5M PATAGONIA s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expte. Nº C-2162/16 (C-2205/17-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 113/119?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Mercau y Ludueña Campos dicen:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por el re- presentante de la firma 5M Patagonia S.A., Dr. Facundo González Figueroa a fs. 113/ 119, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Ci- vil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de El Calafate en su carácter de Al- zada obrante a fs. 107/109 vta., por cuanto rechaza el recurso de apelación y nulidad interpuesto y confirma la Disposición de la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguri- dad Social Nº 90/SETyS/16. Dicha disposición, en lo que aquí interesa, dicta laudo arbitral condenando a 5M Patagonia S.A. a abonar al Sr.
Alejandro Daniel Coñuecar la suma de pesos diecisiete mil doscientos treinta y cinco con cuarenta y un centavos ($ 17.235,41) por diferencias salariales (cfr. fs. 77/79).- La parte recurrente afirma que: “En la sentencia recurrida se in- dica que ‘la omisión de vista y aprobación de la liquidación surge previsto en la ley de procedimiento laboral 1.444 o en nuestro código ritual para el ámbito judicial, pero no es exigido para el ámbito administrativo’. Ante todo está claro que la omisión del traslado de la liquidación vulnera el derecho de defensa y la igualdad entre las partes ya que impide la verificación de la misma y por lo tanto su control. En el caso de mi parte, no acompañar la totalidad de los recibos, incluido el de la liquidación final en la que se abonó una suma extraordinaria […] De la lectura conjunta y razonada de la normativa aplicable a este caso, queda claro que la Ley de Procedimiento Adminis- trativo Laboral no impone la falta de solemnidad, que la misma solo es aplicable a los administrados y no a la autoridad administrativa, y que por lo tanto se han violado en el proceso administrativo los principios básicos que regulan a éste.
Deviene implícito a lo arriba indicado, la arbitrariedad -y nulidad- tanto de la Disposición Nº 090/SET- YSS/2016 como de la Sentencia que aquí se recurre.” (cfr. fs. 115/116).- Expresa que: “Continúa la sentencia, en los puntos 14 y 15 in- dicando ‘que la demandada no logra acreditar que se le haya rechazado el planteo de compensación o que planteado se haya omitido su tratamiento’, ‘tampoco ha logrado acreditar que la liquidación tuviera errores materiales o de otra índole’. Está clarísimo a esta altura del relato, que fue imposible efectuar dicho planteo por la ausencia de formalidades imputable a la administración, ya que 1.- No se ordenó el traslado de la liquidación, lo que impidió el debido control (debido proceso adjetivo) por esta parte, 2.- No se informó a las partes la remisión de la causa a la ciudad de Río Gallegos (im- posibilidad de contralor efectivo, lo que implica la violación del derecho de defensa) y 3.- Se tomaron recibos de sueldo sin siquiera haber agregado al expediente el de la liquidación final […] Al agregarse este, sería de aplicación el fallo ‘Gatari’…Los tér- minos en los que fue pactado el pago de dicha bonificación en el encuadran (sic) en los presupuestos fácticos valorados por la CSJN en el mencionado precedente.
Se de- jó en claro que se abonaba dicha bonificación extraordinaria ‘con motivo del egreso’. Cabe concluir que la disolución del vínculo en los términos de esa norma no generaba obligación indemnizatoria alguna en cabeza de la ex empleadora…” (cfr. foja 117 y vta.).- Hace reserva del caso federal (cfr. foja 118 y vta.).-
Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a foja 125 y vta., este Tribunal Superior de Justicia lo declara bien concedido a foja 137 y vta.; y poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo esta- tuido en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, no hizo uso de ese derecho ninguna de ellas (cfr. certificación de foja 140).-
A fs. 141/143 vta., dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Al- to Cuerpo, quien -por las razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos para ser más breves- entiende que: “…ha existido vulneración al derecho de defensa, al no habérsele corrido traslado de la liquidación previo dictado de la sentencia. En con- secuencia, los agravios de la recurrente deben prosperar.” (cfr. foja 143 vta.).-
A foja 145 se llaman autos para sentencia, pasando a estudio a foja 146.-
II. Debemos advertir que entendemos que las conclusiones de la sentencia en crisis no son refutadas mediante argumentos conducentes que eviden- cien un decisivo error en el pronunciamiento recurrido.-
En su planteo, la parte recurrente tan sólo indica su discrepan- cia con la sentencia atacada pretendiendo una interpretación y una aplicación distinta de la normativa vigente, invocación que por sí sola no basta en el ámbito casatorio dada la limitación extraordinaria de la instancia.-
Respecto de la cuestión de imposibilidad de acompañar el reci- bo correspondiente a la liquidación final del trabajador, nótese que en su decisorio la Jueza de Primera Instancia en su carácter de Alzada expresa: “…Resalto que el recibo de haberes de liquidación final tiene fecha 06/08/2015, mientras que existe glosada documentación (telegrama colacionado-renuncia efectuada por el trabajador) con sello de recepción de la Secretaría de Trabajo fechado 02/09/2015 (ver fs. 61).- Desde el presunto pago al trabajador (agosto de 2015), teniendo en cuenta la última recep- ción de documental por parte de la Secretaría de Trabajo (septiembre de 2015), y has- ta la emisión de la resolución con fecha febrero de 2016, se deduce claramente que ha tenido un tiempo prudencial para realizar planteos vinculados a su derecho (compen- sación), pues antes del dictado del laudo tenía la demandada conocimiento cierto de que había un reclamo económico pendiente de resolución en la Secretaría de Trabajo, pues consintió voluntariamente al arbitraje, y también ha tenido conocimiento cierto que había liquidado un importe en exceso con la motivación de ‘pago extraordinario por cese’, ambas circunstancias emanadas por actos propios de 5M PATAGONIA S.A.” (cfr. foja 109).- Es decir que la recurrente debió acompañar los recibos al mo- mento de presentarse en el expediente administrativo. Máxime considerando que en el acta obrante a foja 42, el apoderado de 5 M Patagonia S.A. hace referencia al recla- mo de diferencias de haberes, por lo que tendría que haber acompañado todos los ele- mentos que hubiera considerado necesarios para dar sustento a su postura. Por el con- trario, su accionar se limitó a esperar una decisión de la autoridad administrativa, sin aportar ningún elemento probatorio.- Esta conclusión no se modifica por el hecho de que las actua- ciones fueran remitidas a otra ciudad como afirma la recurrente. Ello en razón de que tampoco demostró que existiera una imposibilidad de presentar la documentación pertinente ante la delegación de la autoridad administrativa en El Calafate. Por el con- trario, a foja 48 se encuentra glosada una presentación del actor en la cual acompaña documentación, la cual fue realizada ante la delegación de dicha ciudad, delegación que la remite a la Dirección General de Relaciones Laborales en Río Gallegos (cfr. foja 58).- Así como tampoco acompañó elementos que demuestren que intentó realizar alguna presentación y que la misma se hubiera rechazado.-
III. Por otro lado, tampoco existe violación del debido proce- so como vagamente intenta denunciar la recurrente, ya que nunca se la privó de poder realizar presentaciones o acompañar elementos en su defensa. Lo manifestado por di- cha parte al respecto se circunscribe a expresar su descontento con la decisión en cri- sis, sin demostrar el error o violación alegada, denotando con tal postulación una evi- dente insuficiencia del intento impugnativo deducido.-
La recurrente expresa que: “…con el solo traslado de la liqui- dación efectuada se hubiese impugnado la misma en tiempo y forma, solamente agre- gando el recibo de liquidación final.” (cfr. foja 117). Pero lo real es que, como se expuso ut supra, la empresa ya conocía el reclamo efectuado por diferencias salaria- les, y que de haber sido diligente y eficiente tendría que haber acompañado el recibo en cuestión en tiempo y forma. Si realmente hubiera considerado que de la liquida- ción final surgía que no correspondía abonar suma alguna, debió haberla acompañado oportunamente.- Dicha parte pudo participar de la instancia administrativa en tiempo y forma, realizar los descargos que consideró apropiados, acompañar la prue- ba que creyó necesaria para su defensa, y así solidificar su posición y socavar la pre- tensión del trabajador. Sin embargo, nada de esto hizo. La realidad de los hechos se- ñala que 5 M Patagonia S.A. conocía el reclamo del actor, así como la extensión del mismo, pero en ningún momento acompañó lo que ahora considera como vital y esencial, el recibo de la liquidación final. Su postura denota una ineficacia en la dili- gencia con la cual debía actuar, que ahora intenta imputar a una supuesta falta de tras- lado de una liquidación que hubiera significado una victoria para su pretensión. La re- currente expresamente menciona que con el traslado de la liquidación se hubiese acompañado el recibo de la liquidación final e impugnado la misma. Por lo que no se comprende su actitud de no acompañar el mismo anteriormente, si revestía tal impor- tancia.- Por lo expuesto, consideramos que el agravio debe ser rechaza- do.-
IV. La principal cuestión a dilucidar en los presentes resulta ser si ciertas sumas entregadas voluntariamente por el empleador al trabajador en oca- sión de cesar el vínculo, deben ser descontadas de cualquier otra suma que deba pa- garse al mismo trabajador en virtud de otra causal como lo es, en el presente caso, el laudo arbitral del Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social que condena a la recurrente a abonar una suma por diferencias salariales.-
Somos de la opinión que las sumas entregadas por el emplea- dor como bonificación o gratificación, no resultan compensables con otra indemniza- ción que pudiere corresponder al trabajador.-
Entendemos que resulta contrario a la naturaleza de una grati- ficación voluntaria la pretensión de que la suma abonada en su momento resulte a la postre en un pago a cuenta de otras indemnizaciones determinadas y previstas por el legislador para casos específicos y particulares.-
En el presente caso, a foja 89 obra copia del recibo de la liqui- dación final acompañado por la recurrente. En él se establece un “pago extraordinario por cese”. Es decir que se trata de un pago voluntario realizado por el empleador por motivo del cese. No surgen del recibo las razones para otorgarlo, así como tampoco lo explica la recurrente. Por lo tanto, entendemos que ello aduna aún más nuestra pos- tura, en tanto no resultaría posible compensar dicha suma abonada voluntariamente y únicamente por motivo del cese, con las sumas que le son debidas al actor en concep- to de diferencias salariales. Ello en razón de, como dijimos, poseer naturalezas y cau- sas distintas. En una la causa es la voluntad del empleador y en otra una obligación legal.- Al respecto, destacada doctrina expresa: “En mi opinión la pro- yección del pago gratificatorio a créditos que aparezcan en el futuro, por ejemplo una indemnización por accidente o enfermedad del trabajo o un reclamo por horas extras no puede ser objeto de comparación con el supuesto anterior, porque se trata de actos que tienen causas diferentes y no coinciden temporalmente aunque se trate de dere- chos desconocidos.
Se paga una gratificación porque el trabajador se va y la merece y no puede efectuarse un pago ‘a ciegas’ que vale tanto como decir gratifico si no debo nada o si no aparece un crédito de futuro lo que resultaría contradictorio con la causa misma de la gratificación.” (cfr. Juan Carlos Fernández Madrid, “Ley de Contrato de Trabajo - Comentada y Anotada”, 1º Ed., Buenos Aires, La Ley, 2009, Tomo II, pág. 1178).- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que: “…Es oportuno recordar que, desde precedentes de antigua data, es- ta Suprema Corte hubo de declarar que la gratificación -carácter que reviste, en el ca- so, la suma percibida por el actor al momento de cese por retiro voluntario- es una forma de remuneración de los servicios prestados que, como tal, es onerosa y repre- senta un concepto amplio y genérico de pago al dependiente, importando poco si en su origen ha sido facultativo u obligatorio del empleador, puesto que en ambos su- puestos la finalidad y naturaleza de la suma dada al trabajador por este concepto re- sulta idéntica (conf. causas L. 39.364 ‘Carrara’, sent. de 5-VII-1988; L. 39.422 ‘Ro- cca’, sent. de 14-III-1989; L. 40.049 ‘D'Aquila’, sent. de 23-VI-1992; L. 55.732 ‘Azparren’, sent. de 14-III-1995; L. 55.736 ‘Scardini’, sent. de 12-III-1996; L. 58.990 ‘Balzi’, sent. de 27-XII-1996; L. 59.730 ‘Vidal’ sent. de 6-V-1997; L. 63.158 ‘Frías’, sent. de 24-XI-1998; L. 75.144 ‘Mottet’, sent. de 26-II-2003 y L. 75.738 ‘Zozaya’, sent. de 2-IV-2003).
En ese marco, y ante supuestos similares al caso bajo examen, este Tribunal pudo entonces establecer que la gratificación especial y voluntaria entregada al trabajador, como imputable a cualquier suma que por cualquier con- cepto pudiere corresponderle como consecuencia de una relación laboral extinguida -en forma previa o contemporánea a su otorgamiento-, representa un concepto tan amplio y genérico de pago que resulta contraria a su naturaleza la pretensión de que ese mismo importe sea útil para ser deducido de los rubros indemnizatorios determi- nados y previstos por el legislador para supuestos hipotéticos específicamente regu- lados en la ley, en cuyo caso, si bien la titularidad de un contrato de trabajo constituye un requisito indispensable para su exigibilidad, no es -en cambio- suficiente causa ju- rídica para su cobro (conf.
L. 58.990 ‘Balzi’ y L. 55.736 ‘Scardini’, cits., entre otras).” (cfr. “Magnanini, Carlos Alberto contra ESEBA SA. Daños y perjuicios”, del 31/10/2016. Causa LP L 119058 S).- Por lo tanto entendemos que no es posible compensar la suma abonada voluntariamente por el empleador por motivo del cese, con aquéllas sumas debidas por diferencias salariales.-
No desconocemos que la Corte Suprema de Justicia de la Na- ción, como menciona la recurrente, en autos “Gatarri” (del 23-08-1988; publicada en Revista Derecho del Trabajo, XLIX-A (1989-A), pág. 585) se expidió en sentido con- trario al que proponemos en la presente. En dicho antecedente el Alto Cuerpo expre- só: “Resulta válido el pago gratificatorio realizado al trabajador compensable, en for- ma genérica, con cualquier otro crédito que tuviese con motivo de la disolución del vínculo, o derivado de las disposiciones de la ley 9688. La existencia de tales acuer- dos no viola el principio de irrenunciabilidad (art. 12 de la L.C.T.), aun en el supuesto de carecer de homologación judicial.”. Si bien consideramos que la doctrina sentada en los precedentes del Máximo Tribunal Nacional goza de autoridad moral, los jueces mantienen su facultad de apreciar con su criterio los casos sometidos a su juzgamien- to, sin perjuicio de que deban fundar adecuadamente su decisión de apartarse de dicha doctrina (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3207, Folio 5283/ 5286). Por lo tanto, el acatamiento a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede ser incondicionado. Cuando el número de precedentes es escaso o cuando los elementos relevantes a considerar difieren, la fuerza vinculante de los fa- llos se debilita, posibilitando de esta manera que los tribunales se aparten de tal doc- trina.- Es lo que consideramos ocurre en el caso de autos. Ello ante la falta de nuevos pronunciamientos que sostengan dicha doctrina, la antigüedad del fa- llo, el hecho de que no se trate de una cuestión federal, permiten dejar de lado el crite- rio del fallo mencionado anteriormente -el cual fue único y aislado- y seguir el crite- rio que proponemos.-
Por los fundamentos expresados, resulta inaplicable el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Gatarri”, y entendemos que las sumas percibidas por el trabajador representan una remuneración por servicios prestados y no pueden posteriormente compensar aquellas sumas que se adeuden por otras razones, en el presente caso, una condena por diferencias salariales dispuesta en un laudo arbitral. Es decir que no se puede interpretar que el pago voluntario de una bonificación extraordinaria, producido por una facultad discrecional del empleador, pueda resultar un anticipo por posibles, futuros y genéricos resarcimientos que pueda en definitiva resultar acreedor el trabajador. Es por ello que consideramos que corres- ponde rechazar el recurso de casación interpuesto por 5 M Patagonia S.A. y confirmar la resolución en crisis.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión votamos por la negativa.-
A la primera cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Adhiero al voto de mis distinguidos colegas preopinantes. Además, considero necesario precisar en relación al agravio formulado a fs. 115/116 que si bien es cierto que no se le corrió traslado de la “liquidación”, también lo es que no existe una obligación legal de hacerlo. De ahí la falta de sustento normativo del agravio: al no existir norma que obligue a la Administración a realizar un traslado no se puede agraviar la recurrente de violación legal alguna. Respecto a ello, la Jueza de Primera Instancia correctamente expresa que: “Si bien no se corre traslado de la liqui- dación practicada, lo que destaca la empleadora como agravio, omisión de vistas y aprobación de la liquidación, surge previsto en la ley de procedimiento laboral 1.444 o en nuestro código ritual para el ámbito judicial, pero no es exigido para el ámbito administrativo…” (cfr. foja 109). Como consecuencia de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
A la segunda cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Mercau, Fernández y Ludueña Campos dicen:
Que, por las consideraciones vertidas en la Primera Cuestión, proponemos se dicte sentencia rechazando el recurso de casación articulado por 5 M Patagonia S.A. a fs. 113/119 y en consecuencia, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de El Calafate en su carácter de Alzada obrante a fs. 107/109 vta., con cos- tas a la recurrente vencida en virtud de lo establecido por el artículo 68 y concordan- tes del CPC y C; difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias; teniendo presente la reserva del caso federal efectuada.- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, de marzo de 2020.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayo- ritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Er- nestina Ludueña Campos; el voto por sus propios fundamentos de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 113/119, por 5 M Patagonia S.A. y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por el Juz- gado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de El Calafate en su carácter de Alzada, obrante a fs. 107/109 vta.-
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsiona- les y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1003S.201 Tomo: XX Interlocutorio: 661 Folio N°: 3817/3821 Secretaría: 1
Fin de la sentencia