Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 177488
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación deducido el 3/04/2023 y revocar, en consecuencia, la resolución del 29/03/2023.
II. Imponer las costas en ambas instancias al Sr. Víctor J. Gulín en atención al tenor de sus presentaciones del 14/02/2023 y 17/05/2023 (arts. 68 y 69 del C.P.C., arts. 2060, 2063 y concds. del CCyC).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 177488. JUZGADO N ° 14.
"ALBA TEJADA VANINA DANIELA Y OTROS C/ GULIN VICTOR JOSE S/ CONVOCATORIA ASAMBLEA -CONSORCIO-".
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " ALBA TEJADA VANINA DANIELA Y OTROS C/ GULIN VICTOR JOSE S/ CONVOCATORIA ASAMBLEA -CONSORCIO- " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora el 3/04/2023, contra la resolución del 29/03/2023.
I. El juez rechazó la convocatoria a una asamblea judicial por estimar que, de acuerdo al relato de los hechos y la documentación acompañada, no se encontraban cumplidos los extremos necesarios para su dictado.
Indicó que si bien la Torre A sector 1 del Edificio Av. Juan B. Justo 7220 contaría con 71 unidades funcionales, conforme el art. 2 del reglamento de copropiedad acompañado, el consorcio cuenta de 248 unidades funcionales, por lo que los 17 peticionarios no llegan a conformar el 10% requerido por el art. 2063 del CCyC para hacer lugar al requerimiento.
Señaló que tampoco se demostró que se haya realizado, con carácter previo, la solicitud correspondiente ante el administrador o el consejo de propietarios.
En cuanto a la remoción del administrador destacó que las decisiones de la asamblea se adoptan por mayoría absoluta sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales (art. 2060 del CCyC), por lo que los 14 propietarios presentes en la asamblea del 13/01/2022 no representaban el número necesario para tomar dicha decisión.
Por último destacó que los fundamentos brindados (acefalía en el cargo, o la continuidad en sus funciones del último administrador con cargo vencido) resultaban insuficientes para justificar la urgencia o gravedad necesaria para la convocatoria judicial pretendida.
II. Los actores expusieron sus agravios el 24/04/2023, que fueron contestados por el Dr. Fernando G. Plebani, como gestor procesal del Sr. Víctor José Gulín, el 17/05/2023.
Cuestionaron que se computen las 248 unidades que surgen del reglamento cuando el complejo consta de cuatro torres que resultan independientes y cuentan con su propio administrador, así como con un manejo de fondos, número de cuil y domicilio real independiente.
Afirmaron que el Sr. Guilín administró oportunamente las 71 viviendas que conforman su edificio identificado como Torre A, sector 1, por lo que los 17 accionantes representan el 24% de los consoricistas.
Explicaron que actualmente no poseen administrador ni consejo de propietarios por lo que les resulta imposible requerir una convocatoria de manera extrajudicial.
Agregaron que en la última asamblea realizada el administrador no pudo renovar su mandato y que ello no fue objeto de impugnación por lo que dicho acto adquirió firmeza.
Por último explicaron que se están autogestionando para hacer frente a los gastos de mantenimiento y funcionamiento del edificio, por lo que la urgencia en la designación de un administrador está dada frente a la necesidad de mantener su normal desarrollo.
III. El recurso prospera.
1. La asamblea es el ente supremo, soberano e idóneo, apto para resolver todas las cuestiones de interés común, previa deliberación de los consorcistas convocados a tales efectos, siguiendo pautas legales y reglamentarias, en cuanto a la convocatoria, deliberación y decisión (Gabas, Alberto A., "Manual teórico práctico de propiedad horizontal", p. 325, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1991).
Acudir al órgano jurisdiccional para que éste convoque a una asamblea constituye una posibilidad de carácter excepcional, que queda verificada cuando es imposible la reunión mediante los mecanismos propios de la vida consorcial y cuando circunstancias de suma urgencia y gravedad así lo requieran (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., Sala II, 10-X-1984, "González de Alonso, M."; id., 4-VII-1986, "Consorcio de Propietarios M. T. de Alvear 2020/26 c/Malara de B., Lidia"; CNCiv., Sala K, 17-III-1989, "Consorcio de Propietarios Bacacay 3692", E.D., nro. 7676, del 11-II-1991, fallo 70).
Para ello se requiere la falta de convocatoria por parte del administrador, o consejo de propietarios, y que la solicitud sea realizada por el 10% del total de propietarios (art. 2063 del CCyC).
En cuanto a dicho porcentaje, si bien es cierto que del Reglamento de Copropiedad acompañado surge la existencia de 248 unidades funcionales divididas en ocho pisos, ubicadas en un terreno situado entre las calles Juan B. Justo, Gaboto, Etchegaray y Jaureteche (conf. documentación adjunta al escrito del 7/11/2022), los accionantes manifestaron que se trata de un complejo dividido en cuatro torres que cuentan con una administración independiente para cada una de ellas.
Dicha circunstancia no fue desconocida por el Sr. Victor Gulín, gerente de "Administración Pacífico SRL", a quien se le dio vista en atención al carácter de "administrador con mandato no renovado" invocado en la demanda (conf. resolución del 20/12/2022 y escrito del 14/2/2023).
A su vez, ello resulta conteste con la documentación acompañada al expresar agravios (con el escrito del 24/4/2023) y al invocar un hecho nuevo con fecha 3/8/2023, la que deviene admisible en atención al carácter no contradictorio de esta acción.
De la primera de ellas surge que el consorcio de propietarios Juan B. Justo 7280 torre B sector 2 , celebró su asamblea anual ordinaria el 10/2/2023, en la que se renovó el mandato de la Sra. Claudia A. Correa; mientras que de la segunda se advierte que el consorcio de propietarios Juan B. justo 7280, torre B sector 1 realizó su asamblea anual ordinaria el 7/6/2023 en la que decidió no renovar el mandato del Sr. Victor Gulín, por Administraciones Pacífico SRL, y nombrar a partir del mes de agosto de este año al estudio Arado.
A ello se suma que, de acuerdo al acta de asamblea nro 59 acompañada en con el escrito del 14/02/2023, así como de las cartas documentos cursadas entre el Sr. Víctor Guilín y 6 copropietarios (presentadas el 7/11/2022), los aquí accionantes representan al consorcio de propietarios del edificio Juan B. Justo 7220, torre A, sector 1 sobre el que recaería la invocada acefalía del órgano de administración.
En consecuencia, si cada una de las torres y sectores en los que se encuentra dividido el edificio cuenta con una administración independiente, resulta acertado el planteo de los recurrentes en cuanto solicitan que el porcentaje necesario para requerir la convocatoria a una asamblea judicial sea valorado sobre el total de las unidades funcionales que le corresponden a la administración respectiva (en el caso, a al torre A, sector 1), y no sobre la totalidad del complejo.
En función de ello, si bien no existe al momento prueba suficiente para determinar la cantidad exacta de unidades funcionales que comprende cada administración, en la medida que existirían cuatro sectores independientes, las 71 UF invocadas como pertenecientes a la torre A sector 1 guardan debida proporción con el total de 248 que surgen del reglamento.
Dicha conclusión es alcanzada valorando también que la pretensión instaurada se sustentó, justamente, en la reticencia del administrador que habría sido removido en entregar la documentación correspondiente, lo que habría motivado la promoción de una denuncia penal por retención indebida (conf. documentación adjuntada el 7/11/2022).
En atención a lo expuesto, la pretensión aquí deducida por 17 copropietarios del consorcio Av. Juan B. Justo 7220 T torre A sector 1 resulta admisible en tanto supera el 10 % de la totalidades de los propietarios (art. 2060 del CPCC).
2. En cuanto al agotamiento de vía extrajudicial, en la medida que el consorcio no cuenta con un consejo de copropietarios (conforme los términos de la última asamblea realizada) y la invocada remoción del administrador, sin designación de uno nuevo, es justamente el hecho que motiva esta acción, dicho recaudo es inexigible.
3. En relación a la última asamblea realizada el 13/01/2022, del acta respectiva surge que se resolvió, por unanimidad de los 14 propietarios presentes y/o representados, la remoción del administrador Sr. Víctor Gulín, por Administración Pacífico SRL (conf. copia del acta 59 agregada el 14/02/2023).
Sin perjuicio de las mayorías requeridas para ello, lo cierto es que los allí presentes se encontraban facultados para proponer decisiones, las que -conforme el segundo párrafo del art. 2060 del CCyC- se tendrían por aprobadas pasados los 15 días de notificados los propietarios ausentes, excepto siéstos se opusieran antes, por igual medio y con mayoría suficiente (art. 2060 2do. párr. del CPCC).
En el caso, con posterioridad al cierre de la asamblea del 13/01/2022, el Sr. Víctor Gulín adosó al libro de actas una lista con 14 copropietarios que se habrían opuesto a su remoción fechando ese acto el 31/01/2022. Sin embargo, aún tomando como válidas esas opiniones, éstas no representan la mayoría suficiente para dejar sin efecto la resolución asamblearia, pues el silencio de los restantes importa una manifestación de voluntad en favor de la decisión adoptada en atención al deber legal de expedirse (art. 263 y 2060 2do. párr. del CCyC, art. 278 y 31 del Reglamento de copropiedad).
Y es que en supuestos como el presente, la normativa fondal citada consagra un supuesto de consentimiento presunto, puro y directo, es decir que no requiere una nueva reunión para receptar las voluntades reclutadas con el silencio, con el fin de evitar la inmovilización que podría causar al consorcio la reiterada falta de asistencia de los propietarios a las asambleas debidamente convocadas (conf. Ricardo L. Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2015, pág. 530).
Por otro lado, la decisión tampoco fue impugnada en debida forma (art. 2060 3er párr. del CCyC).
La asamblea goza de una presunción de legitimidad que sólo puede ser desvirtuada cuando aquélla sea declarada judicialmente inválida, por lo que hasta que eso no suceda sus decisiones adquieren de fuerza ejecutoria, y tanto los propietarios como el administrador deben obedecer lo decidido y actuar en consecuencia (Ricardo L. Lorenzetti, ob. cit., pág. 531).
De allí que la decisión adoptada en la asamblea realizada el 13/01/2022 haya que reputarla como válida y oponible a terceros (arts. 2059 y 2060 del CCyC).
4. Finamente, las cartas documentos adjuntadas el 7/11/2022 y los escritos presentados por el Sr. Víctor Gulín el 14/02/2023 y el 17/05/2023 dan cuenta de su falta de reconocimiento a la decisión respecto de su remoción, así como de la consecuente negativa a entregar la documentación perteneciente al consorcio, lo que derivó en el inicio de la ante la justicia en lo criminal y correccional de la causa caratulada "Rivero y otros c/ Gulín s/ defraudación por turbación de la posesión" (IPP 1961722), que no fue desconocida denunciado.
Ello, sumado al hecho de que no se convocó una asamblea general ordinaria en los pasados 18 meses, es demostrativo de la urgencia invocada y justifica la convocatoria judicial peticionada (art. 2063 CCyC, esta Sala en causa nro. 154.609 del 7/10/2013, 149.493 del 13-12-2011, entre otras).
5. En virtud de lo hasta aquí expuesto estimamos reunidos los recaudos necesarios para estimar viable pretensión instaurada (legitimación, agotamiento de la vía reglamentaria y justificación sumaria del derecho y la urgencia), por lo que el recurso merece ser receptado (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS: I.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido el 3/04/2023 y revocar, en consecuencia, la resolución del 29/03/2023. II.- Imponer las costas en ambas instancias al Sr. Víctor J. Gulín en atención al tenor de sus presentaciones del 14/02/2023 y 17/05/2023 (arts. 68 y 69 del C.P.C., arts. 2060, 2063 y concds. del CCyC). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2023 11:06:42 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2023 11:25:03 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2023 12:14:13 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia