Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 127795
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída por encontrarse insuficientemente fundada (arts. 292, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; Ac. 4068/22) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 127.795 "FRANCO MARINA ALEJANDRA C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALLE 33 N° 1414 S/ CONVOCATORIA ASAMBLEA -CONSORCIO-"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, en el marco de una acción de convocatoria a asamblea del consorcio y en lo que ahora interesa destacar, el juzgador de origen no hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad formulado por la actora. Consideró improcedente la vía de impugnación elegida, en tanto la petición formulada no importaba un ataque a un precepto normativo, sino que se dirige a cuestionar una decisión judicial o actividad jurisdiccional, cuya vía de impugnación se canaliza mediante la utilización de los medios regulados a tal fin en el ordenamiento procesal civil y comercial (v. proveído de 26-X-2023, en arch. adj.).
A su turno, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata declaró desierta la apelación de la actora (v. resol. de 6-II-2024, en arch. adj. del recurso de hecho).
Contra dicho pronunciamiento se alzó la recurrente mediante recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. presentación de 21-II-2024, en arch. adj.), los que fueron denegados con sustento en la falta de definitividad de la decisión impugnada (v. resol. de 27-II-2024, en arch. adj.). Ello motivó la queja traída a consideración de esta Corte (art. 292, CPCC; v. presentación de 8-III-2024).
II. Al respecto -y sin perjuicio de otras observaciones que también podrían efectuarse- cabe señalar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que para cumplir con la exigencia del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial el impugnante debe atacar los fundamentos que diera el tribunal anterior en grado al desestimar el remedio interpuesto, a fin de que la queja tenga la suficiencia necesaria para ser considerada por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; conf. causas C. 122.018, "Municipalidad de Lujan", resol. de 7-III-2018; C. 124.019, "Hernández", resol. de 19-VIII-2020; C. 124.310, "Malaplat", resol. de 2-III-2021; C. 124.534, "Hoteles y Resorts International S.A.", resol. de 23-IX-2021; C. 125.309, "Alsina", resol. de 10-VIII-2022 y C. 126.227, "Cabral", resol. de 5-IV-2023).
En el caso, la recurrente no cumple cabalmente con dicha carga técnica desde que en su presentación no se hace cargo de rebatir de manera específica y contundente los fundamentos de la resolución denegatoria -falta de definitividad de la resolución que allí se menciona-, resultando insuficiente a tales fines la mera manifestación de su discrepancia con lo así juzgado. Así, en la vía directa incoada, luego de efectuar un extenso relato de los antecedentes de la causa y de los demás procesos relacionados, formula apreciaciones genéricas sobre la decisión impugnada e invoca la supuesta presencia de gravedad institucional, así como la afectación de derechos y garantías constitucionales y convencionales. Lo así expuesto resulta insuficiente para cumplir con la exigencia prevista en el art. 292 citado (conf. doctr. causas C. 122.602, "Pisani", resol. de 29-VIII-2018; C. 122.949, "Pugliese", resol. de 26-XII-2018 y C. 122.921, "Benítez", resol. de 7-III-2019).
A lo dicho se agrega que de acuerdo a los términos del fallo atacado, no se advierte -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, desde que no obstante alegarse la supuesta afectación de garantías y derechos constitucionales, lo cierto es que no se observan argumentos suficientes que permitan constatar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el presente caso (doctr. art. 15, ley 48 y causas C. 119.292, "C., E.", resol. de 3-IX-2014; C. 121.379, "Lopérfido", resol. de 20-IX-2017; C. 122.391, "B. V.", resol. de 18-IV-2018 y C. 123.116, "Ortega", resol. de 5-VI-2019).
Finalmente, en cuanto a la gravedad institucional mencionada a los efectos de habilitar la instancia, debe señalarse que, conforme lo ha expresado este Tribunal, tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en este caso la presencia de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la invocada existencia de interés público, si tal afirmación no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la configuración de aquella circunstancia (conf. CSJN, Fallos: 303:221; conf. doctr. C. 113.723, "Verdugo", resol. de 10-VIII-2011; C. 119.135, "Municipalidad de Tandil", resol. de 20-XI-2014; C. 120.938, "Contin", resol. de 22-II-2017 y C. 125.582, "Di Benedetto", resol. de 29-XII-2022), resultando deficiente la mera alegación realizada en tal sentido por la recurrente, lo que conduce a desestimar su pretensión para admitir la revisión en el caso con tal fundamento.
Lo expuesto determina sin más el rechazo de la queja traída (arts. 292, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), reputándosela inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída por encontrarse insuficientemente fundada (arts. 292, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; Ac. 4068/22) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/10/2024 11:48:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2024 13:29:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2024 10:05:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2024 10:41:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 13:08:35 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/10/2024 12:51:12 hs. bajo el número RR-808-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia