Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126782
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292 cit.). Con costas.
C. 126.782 "FRANCO MARINA ALEJANDRA C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALLE 33 N°1414 S/ CONVOCATORIA ASAMBLEA -CONSORCIO-"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de una acción de convocatoria a asamblea del consorcio y en lo que ahora interesa destacar, confirmó la resolución del juzgado de origen que, a su turno, rechazara la medida cautelar peticionada de intervención del consorcio demandado requerida por la actora Marina Alejandra Franco. Para así decidir el Tribunal de Alzada ponderó que no se verificaban en el estadio de autos los presupuestos para el otorgamiento de tal medida asegurativa, sin que la traba de la litis finalmente realizada hubiera cambiado el estado de cosas que anteriormente tampoco habilitaron el otorgamiento de la medida solicitada (v. fallos de 21-XII-2022 y 13-VI-2023, adj. rec. de hecho).
Frente a dicho pronunciamiento, la peticionante interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. present. electr. 27-VI-2023, adj. rec. de hecho), el que fue desestimado con sustento en la no definitividad de la resolución impugnada (v. resol. 29-VI-2023, adj. rec. de hecho). Ello motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. present. electr. 10-VII-2023).
II. Al respecto, cabe señalar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que las resoluciones relativas a medidas cautelares, no revisten -en principio- carácter de definitivas en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas C. 120.948, "Salcedo y otros", resol. de 12-IV-2017; C. 124.848, "Tamburella", resol. de 24-VIII-2021; C. 125.330, "Volponi", resol. de 11-VIII-2022; C. 125.316, "Acosta", resol. de 9-II-2023; C. 126.377, "Winbishi Motors S.A.", resol. de 29-IX-2023).
Así, en el caso, en que la Cámara meritando las circunstancias de autos arriba reseñadas confirmó el rechazo de la medida cautelar de intervención, no se aprecian configurados -con los elementos allegados en la queja- motivos que permitan excepcionar el mencionado criterio (conf. doctr. causas C. 120.581, "Brozzi", resol. de 13-VII-2016; C. 121.061, "Di Scala", resol. de 21-XII-2016; C. 123.853, "Acosta Godoy", resol. de 27-V-2020; C. 125.878, "Caceres", resol. 19-XII-2022; C. 126.296, "Olmedo", resol. de 1-VIII-2023; C. 126.377, cit.).
Por otra parte, con respecto a la alegada concurrencia de gravedad institucional, este Tribunal ha dicho que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la misma, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas C. 117.402, "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 123.541 "Gerez", resol. de 23-IX-2021; C. 125.330, "Volponi", resol. de 10-VIII-2022; C. 126.133 "Arbeo", resol. de 9-VI-2023; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados en el caso.
Finalmente, corresponde destacar que tampoco se advierte en estos obrados, en principio, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia y toda vez que, si bien se menciona la supuesta afectación de garantías constitucionales y convencionales y se califica de arbitraria la decisión, en el embate subyacen denuncias de infracción a la normativa de derecho común y procesal que denotan que en autos no se encuentra involucrada de manera directa o inmediata una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 122.716, "Zuliani", resol. de 20-II-2019; C. 124.316, "Israel Silicaro", resol. de 1-XII-2020; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 19-II-2021 y C. 124.953, "Curto", resol. de 15-III-2022; C. 125.614, "Esquivel", resol. de 15-VII-2022; C. 126.780, "T. F. G. A.", resol. 29-IX-2023; C. 126.377, cit.).
En consecuencia, la vía anulatoria articulada resulta inadmisible y se impone el rechazo del recurso de hecho intentado (arts. 278, 292, 296 y 297, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292 cit.). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:43:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:48:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 14:42:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2024 15:57:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:35:21 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:37:06 hs. bajo el número RR-124-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia