Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123673
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.673, "Cabo, Cintia Paola contra Asoc. Coop. Comisión de Amigos de la Escuela Capacitación Laboral y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud , Pettigiani, Kogan, Soria.
El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 225/250 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20 de febrero de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Cintia Paola Cabo contra la Asociación Cooperadora Comisión de Amigos de la Escuela de Capacitación Laboral, por la que pretendía el cobro de haberes y sueldo anual complementario adeudados, vacaciones no gozadas, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración de mes de despido, y las penalidades previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345). La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba extender solidariamente la condena a la codemandada Alicia Haydee Simone con sustento en lo dispuesto en el art. 160 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 225/250 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 17, 18 y 33 de la Constitución nacional y la errónea aplicación del citado art. 160.
En lo sustancial se agravia del rechazó a la pretensión de condenar solidariamente a la codemandada Alicia Haydee Simone.
II.1. Señala que, por los reconocimientos formulados en la contestación de la demanda, no resulta un hecho controvertido que la presidencia de la comisión directiva de la asociación empleadora fuera ejercida por la señora Simone y que esta, según indica, tenía conocimiento de las precarias condiciones laborales en que se desempeñó la actora y de los reclamos por esta formulados tendientes a la regularización de su situación laboral.
En ese sentido, reprocha al a quo haber omitido valorar los telegramas enviados en los años 2012 y 2015, destinados a lograr que se registrara la relación de trabajo.
Concluye que el juzgador incurrió en absurda valoración de los hechos de la causa y que analizó cuestiones no litigiosas, que -como tales, a su criterio- no debieron ponderarse.
II.2. También denuncia la errónea aplicación del citado art. 160 del Código de referencia, toda vez que el sentenciante motivó el rechazo de la condena solidaria en el incumplimiento de un requisito no impuesto por dicho precepto, esto es, la exigencia de la previa intimación fehaciente al administrador de la sociedad durante la vigencia del contrato de trabajo.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En lo que interesa destacar, el órgano judicial de grado, tras analizar los escritos constitutivos de la litis y las probanzas aportadas a la causa -en ejercicio de facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)-, declaró que la actora al fundar el pedido de extensión de la responsabilidad solidaria respecto de la codemandada Alicia Haydee Simone, lo hizo señalando que reclamó a esta última "...en reiteradas ocasiones la regularización de la relación laboral sin obtener respuesta, y que a su entender ello constituye una conducta omisiva que encuadra dentro de lo previsto por el art. 160 el Código Civil y Comercial..." (fs. 233 vta. y 234).
Luego, juzgó que no se produjo prueba alguna para avalar la versión de la reclamante. Al efecto, sostuvo que, si bien es cierto que la totalidad de los testigos en la audiencia de vista de la causa indicaron que la señora Simone presidía la entidad, no lo es menos que identificaron a otra persona -la señora Wilberger- como responsable de la toma de decisiones administrativas, atribuyéndole a esta última en ese plano un rol único y preponderante (v. fs. 234).
En este sentido, precisó que " ...el recorte periodístico agregado por la actora a su demanda (fs. 19/20), perteneciente al diario El Tiempo según se informa a fs. 175/180, muestra a la Sra. Simone como una mujer de avanzada edad, que además de problemas físicos, confiesa su estado depresivo y se declara poco activa en los últimos años a raíz de la muerte de su esposo" (fs. cit.).
A su vez, destacó que no obra en autos elemento probatorio vinculado con reclamos formales dirigidos a la nombrada durante la vigencia del contrato de trabajo. Puntualizó, que los únicos telegramas que se mencionan y agregan, remitidos durante esa época, fueron dirigidos a la asociación codemandada.
También determinó que el silencio guardado por la empleadora impidió contar con una eventual respuesta suscripta por la señora Simone en ejercicio de la presidencia, lo que hubiera demostrado que tenía conocimiento de supuestas irregularidades en lo atingente al registro del vínculo de trabajo que unió a la actora con la entidad codemandada, presuntamente adquiridas en ocasión del desempeño de esa función (v. fs. cit.).
Sobre esta plataforma fáctica, no halló probanzas tendientes a demostrar que la trabajadora hubiese reclamado personalmente a dicha coaccionada la registración del contrato laboral. Tampoco -según observó- encontró datos que -a su juicio- evidenciaran que, durante el transcurso de la relación, la señora Simone hubiera tenido una participación activa en la administración del ente codemandado; máxime cuando -enfatizó el tribunal de origen- quedó demostrado que aquel contaba con una encargada general administrativa de gestión (v. fs. 234 vta.).
III.2. A mi modo de ver, el recurso no satisface la carga de fundamentación suficiente (art. 279, CPCC).
III.2.a. Como se reseñó, el argumento principal que nutre la impugnación se sustenta en la ausencia de controversia respecto que la codemandada Simone presidió la comisión directiva de la asociación empleadora y que, en esa condición, tenía conocimiento de las precarias condiciones laborales en que prestó sus labores la actora. Por ello, postula el compareciente, ninguna intimación es exigible para extenderle solidariamente la condena con sustento en el art. 160 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III.2.b.i. Observo en primer lugar, que el planteo traído por la impugnante no logra desbaratar las conclusiones esenciales del fallo afincadas en el déficit probatorio de los hechos que en la demanda se denuncian como relevantes para obtener el resultado favorable de la pretensión de condena solidaria.
En concreto, me refiero a los supuestos reclamos -no probados- remitidos a Simone respecto de la registración de la relación laboral en el marco de la administración que esta ejercía respecto de la condenada asociación, de la cual -según también se juzgó acreditado- se encontró excluida dicha codemandada, porque tal labor estaba a cargo de otra persona.
Dichas conclusiones no logran ser desvirtuadas a partir de la demostración del absurdo invocado en el escrito recursivo, sin que corresponda a esta Suprema Corte explicar por qué dicha anomalía no se encuentra configurada (art. 279, Cód. cit.; causas L. 117.997, "Martínez Ortega", sent. de 19-X-2016 y L. 118.544, "Liberti", sent. de 22-VI-2016).
III.2.b.ii. Además, no puedo dejar de hacer notar que los argumentos desplegados en el recurso exhiben una variante de enfoque con relación a aquellos contenidos en el escrito de demanda, desde que en este último la interesada expresó que en reiteradas ocasiones requirió a dicha coaccionada que regularizara su situación laboral respecto de la asociación, obteniendo meras respuestas evasivas que -a su entender- exhibían una conducta omisiva encuadrable en el marco de la norma citada (v. fs. 31 vta.). Es más, dice ahora en la postulación bajo tratamiento que los supuestos emplazamientos no resultan un recaudo impuesto por el precepto en cuestión.
Cabe recordar, al respecto, que carece de aptitud el recurso que porta una dimensión y enfoque diferente al contenido al demandar (causas L. 86.532, "Arias", sent. de 4-VII-2007; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016 y L. 122.684, "Murua", sent. de 9-XI-2020).
III.2.c. Asimismo, la recurrente prescinde contrarrestar debidamente las centrales definiciones establecidas por el juzgador para descartar la configuración de la hipótesis prevista en el citado art. 160 bajo la que pretende la extensión de la condena a la codemandada Simone. Esto es: la no acreditación de que, al menos, a la época en la que tuvo lugar la relación laboral, la citada coaccionada hubiera tenido una participación activa en la administración de la entidad, que sí tuvo -conforme se demostró en autos- la señora Wilberger, que -en definitiva- era la responsable de las decisiones de gestión adoptadas (v. fs. 234 vta.).
A esta altura, no es ocioso recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran la sentencia. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (causas L. 110.832, "Campos", sent. de 29-V-2013; L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.748, "Castelluccio", sent. de 6-V-2015; e. o.).
En efecto, no sólo incumple la interesada con la carga de rebatir las conclusiones que dieron apoyatura al fallo, sino que tampoco acierta en explicar, -a partir del ya desarrollado insuficiente sustento del embate-, cómo se habría configurado la violación de la norma o, en otras palabras, el yerro en la subsunción de los hechos de la causa en sus previsiones para sustentar la extensión solidaria de la condenación en el contexto definido por los extremos fácticos cuya acreditación -al cabo- no consigue derribar.
III.3. Corolario de lo expuesto es que la insuficiente fundamentación que porta la réplica, configurada por la ausencia de demostración del absurdo denunciado y de la errónea aplicación de la norma que invoca, no es apta para desvirtuar las esenciales motivaciones del fallo atacado, por lo que no cabe sino desestimar la impugnación intentada.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso debe prosperar por los motivos y con el alcance que de seguido expongo.
I.1. En lo que aquí interesa por constituir materia de agravio, la actora solicitó en su presentación inicial la condena de la señora Simone en su calidad de fundadora y administradora de la asociación cooperadora demandada, con motivo de su conducta omisiva reflejada en la clandestinidad del contrato de trabajo que vinculara a la accionante con la entidad que la nombrada presidía y pese a los reiterados reclamos que formuló para que su situación laboral fuera regularizada, todo ello con fundamento en el art. 160 del Código Civil y Comercial (v. fs. 31/32).
En su responde, la señora Simone (además de adherir al relato de los hechos efectuado por el letrado apoderado de la asociación co-accionada) reconoció ser la co-fundadora de esa entidad, aunque no su administradora, si bien a renglón seguido admitió ser la presidente de la comisión directiva "que administra sus dos servicios" (Hogar Santísima Trinidad y Taller Protegido Santa María de Luján; v. fs. 46).
El tribunal hizo lugar a la demanda contra la asociación cooperadora, pero rechazó el pedido de extensión solidaria de la condena a la señora Simone con fundamento en el art. 160 del Código Civil y Comercial. Tuvo en cuenta para así decidir que la accionante no demostró haber reclamado personalmente a dicha codemandada la registración del vínculo ni que al tiempo de dicha relación la presidenta de la entidad hubiese tenido "una participación activa en la administración, máxime cuando quedó demostrado que el servicio contaba con una encargada general de la gestión" (fs. 234 y vta.).
II. La parte actora ataca el rechazo de esa pretensión por considerar que lo decidido traduce absurdo en el tratamiento de los hechos controvertidos y la valoración de la prueba, a la vez que exhibe error en la aplicación de la ley.
II.1. En esa línea afirma que se encuentra fuera de discusión -atento los términos de los escritos de contestación de demanda- que la señora Simone era la presidenta de la comisión directiva de la entidad empleadora y que se encontraba en conocimiento de la irregular situación registral de la actora, toda vez que expresamente adhirió al libelo de responde de la asociación cooperadora en el que no sólo se reconoció la prestación de servicios de la demandante sino que, además, se incorporaron telegramas dirigidos a la entidad en los años 2012 y 2015 en los que -entre otros requerimientos- la ahora recurrente exigió la regularización registral de su contrato. Sobre esa base, afirma que resulta absurdo concluir que la señora Simone desconocía la irregular situación contractual de la actora.
II.2. En otro orden, denuncia la infracción del art. 160 del Código Civil y Comercial toda vez que el a quo subordinó su aplicación a la existencia de intimación fehaciente a la administradora durante la vigencia del contrato, requisito que no impone el dispositivo legal.
III. Como lo anticipé, el recurso prospera.
III.1. Invirtiendo la disposición en la que los agravios han sido introducidos, he de abordar en primer lugar el relativo a la denunciada vulneración del art. 160 del Código Civil y Comercial.
Asiste razón a la agraviada cuando afirma que la norma en cuestión no impone como requisito para responsabilizar en forma solidaria e ilimitada al administrador de una persona jurídica, la previa intimación fehaciente a aquel. La desestimación por el a quo de la pretensión actoral fundada en el art. 160 del Código Civil y Comercial al exigir ese emplazamiento no reconoce sustento en una correcta exégesis del texto normativo que nada dice al respecto, incorporando un recaudo que el legislador no contempló.
III.2. En otro orden, no es un hecho controvertido que la codemandada Simone era, a la época en que se desarrolló la relación laboral que motiva estas actuaciones, la presidente de entidad demandada y de su comisión directiva que administraba los dos servicios de CAMECAL, pues así lo manifestó expresamente al contestar demanda por derecho propio y se corrobora con la copia de escritura de poder general para juicios otorgado a favor del letrado apoderado de la asociación accionada de la que surge que Simone ostentaba ese cargo de acuerdo con los estatutos sociales y el acta de asamblea general ordinaria (v. fs. 46 y 50).
En ese esquema, es manifiesto el desencuentro de lo decidido en el pronunciamiento impugnado con las constancias no controvertidas de la causa (art. 44 inc. "d", ley 11.653), toda vez que el hecho de que los testigos mencionaran en la audiencia de vista de causa a una tercera persona, "encargada" de adoptar medidas administrativas y que, de acuerdo con un "recorte periodístico" arrimado por la actora se concluyera acerca de la avanzada edad de la señora Simone además de sus problemas físicos y depresivos a causa de su viudez, no constituyen elementos relevantes que impidan el análisis de su eventual responsabilidad derivada de la posición que ostenta en la entidad accionada y por los hechos que aquí se ventilan.
IV. En razón de todo lo expuesto, y si mi opinión fuera compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y revocar la sentencia en cuanto rechazó la demanda contra la señora Alicia Haydee Simone. Los autos deben volver a la instancia de origen para que, con renovada integración, se analice la responsabilidad de dicha codemandada en los términos del art. 160 del Código Civil y Comercial.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:35:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:40:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:55:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:06:26 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 09:32:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 12:16:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia