Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 48.589-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en las presentes actuaciones, con costas.
2Intimar a la actora a que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de $ 113.972,51 (pesos ciento trece mil novecientos setenta y dos con cincuenta y un centavos) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda.
3Rechazar el pedido de apelación en subsidio efectuado por la actora respecto de la oposición a la tasa de actuación.
4Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, al Dr. Carlos A. Muzzio en la suma de $ 893.932 (pesos ochocientos noventa y tres mil novecientos treinta y dos) equivalente a 26 UMA por su participación como patrocinante y al Dr. Jorge Horacio Fraga en la suma de 343.820 (pesos trescientos cuarenta y tres mil ochocientos veinte) equivalente a 10 UMA, teniendo en cuenta la labor profesional desarrollada, el monto del juicio, la etapa procesal cumplida, el resultado de la causa y demás pautas de la ley 27.423 resolución SGA N° 12/2024 y acordada 30/23 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-17900455-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 20 de Febrero de 2024 SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA.
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “C”, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación), Claudio E. Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) y Daniel A. Martín (Vocal subrogante de la 9na. Nominación), para resolver el expediente Nº 48.589-I, caratulado “COOP. TELEFÓNICA CARLOS TEJEDOR DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. s/ recurso de apelación ”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 28/43 la actora interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76, inciso b) y 159 inciso b) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones) contra el acto emitido el 18 de enero de 2018 mediante el cual se le comunica la declaración de caducidad del Plan de Facilidades de Pago N° J961973, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución General (AFIP) 3827/2016.
Que la recurrente expone las razones por las cuales entiende que este Tribunal es competente para entender en la presente causa.
Que en primer lugar, hace referencia a que la fecha de acogimiento al mencionado plan y la causal de caducidad, son anteriores a la sanción de la ley 27.430, razón por la cual entiende que este Tribunal es competente para intervenir en las presentes actuaciones.
Que en segundo lugar, señala que el instituto de la caducidad de los planes de pago en materia tributaria constituye una medida típicamente sancionatoria que reúne en sí todos los elementos que le dan naturaleza de pena.
Que en tal sentido agrega que la comunicación de la caducidad del plan de facilidades carece del dictamen jurídico previo, un requisito esencial de los actos administrativos, lo que acarrea un perjuicio a su parte ya que se le notifica una sanción y saldos a pagar sin el debido fundamento. Es por ello que solicita se declare la nulidad absoluta de la caducidad del plan de facilidades de pago, en protección de los derechos constitucionales a fin de evitar amparar en un estado democrático, procedimientos ilegítimos y la inaplicabilidad de leyes vigentes.
Que además destaca que la única información que pone a disposición del contribuyente la AFIP-DGI es que la caducidad habría operado en los términos del artículo 13 de la Resolución General (AFIP) 3827/2016, sin siquiera expresar los incumplimientos en que se hubiere incurrido su parte, conforme lo dispuesto por la referida resolución. Explica que la ausencia de motivación de la comunicación mediante la cual se declara la caducidad del plan de facilidades de pagos impide evaluar la razonabilidad de la misma a los efectos de tener en cuenta si la supuesta causal de caducidad del plan es lo suficientemente grave para fundar la pérdida de derechos que esta sanción acarrea.
Que finalmente, en atención a las razones expuestas y considerando que existen elementos suficientes para calificar como inmotivada o irrazonable la resolución apelada, según sus dichos, solicita se declare la nulidad de la caducidad, con costas.
Que cita diversos fallos judiciales y doctrina en sustento de su postura. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs.53/59 vta. el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Plantea como cuestión de previo y especial pronunciamiento la excepción de improcedencia formal del recurso por no cumplir éste con los requisitos de admisibilidad que habilitan la vía, dado que el artículo 76 de la Ley 11.683 (texto modificado por el artículo 212 de la Ley 27.430) excluye expresamente del objeto del recurso los actos que declaran la caducidad de planes de facilidades de pago y/o las liquidaciones efectuadas como consecuencia de dicha caducidad.
Que, además, plantea la incompetencia de este Tribunal para entender en autos dado que el acto que se recurre, por su naturaleza, no está dentro de los supuestos que abren su competencia, conforme el art. 159 y concordantes de la ley procedimental.
III. Que, por otra parte, a fs.83/84vta., la recurrente formula oposición al pago de la tasa de actuación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 25.964, solicitando que se deje sin efecto la intimación cursada, se forme incidente y se resuelva favorablemente el mismo.
Que funda su petición en que la caducidad de plan de pagos apelada se limita a aplicar una sanción, la cual se desvincula de los conceptos contenidos en el plan cuya caducidad se decreta, y que carece de monto determinado. Indica que el presente no es un supuesto susceptible de apreciación pecuniaria conforme lo establecido por el artículo 2° de la Ley 25.964.
Que solicita se haga lugar a la oposición formulada, con expresa imposición de costas a la contraparte, ya que se trata de un acto administrativo que impone una sanción sin quantum, dado que se cuestiona la caducidad en si misma. Subsidiariamente, ante el caso de una resolución desfavorable respecto de la oposición al pago de tasa, interpone recurso de apelación.
IV. Que a fs. 86 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala C y a fs. 92 pasan a sentencia.
V. Que corresponde establecer si el acto apelado es de aquellos supuestos que abren la competencia de este organismo jurisdiccional.
Que en virtud de la modificación introducida por el art. 212 de la ley 27.430, publicada en el Boletín Oficial con fecha 29/12/17, se sustituye el tercer párrafo del art. 76 de la Ley N° 11.683 ( t.o. en 1998 y mod.) por el siguiente: “El recurso del inciso b) no será procedente respecto de: 1. Las liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuenta, sus actualizaciones e interés. 2. Las liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen. 3. Los actos que declaran la caducidad de planes de facilidades de pago y/o liquidaciones efectuadas como consecuencia de dicha caducidad. 4. Los actos que declaran y disponen la exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 5. Los actos mediante los cuales, se intima la devolución de reintegros efectuados en concepto de Impuesto al Valor Agregado por operaciones de exportación. 6. Las intimaciones cursadas de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de esta ley.” (Lo resaltado nos pertenece).
Que en base a una interpretación armónica de los artículos 76 y 159 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), a juicio del suscripto, todos estos supuestos previstos en el primer artículo mencionado, se comportan como verdaderas limitaciones a la competencia del Tribunal, en función de la materia; más allá de la expresión “...no será procedente...” utilizada por el legislador para identificar determinados casos a los que pretendió otorgarle un trámite más ágil, ya que en la mayoría de ellos se trataría de meras intimaciones de pago o liquidaciones no definitivas, aun cuando pudieran estar comprendidos en los supuestos del artículo 159.
Que ello así, al estar comprendido el caso de autos en el supuesto previsto en el punto 3 del tercer párrafo del artículo 76 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia de este Tribunal planteada por el ente fiscal, con costas.
VI. Asimismo, corresponde ordenar que por Secretaría General de Asuntos Impositivos, una vez firme el presente decisorio, se remitan las presentes actuaciones a la AFIP- Dirección General Impositiva para que le dé el trámite que corresponda.
VII. Que con relación a la oposición al pago de la tasa de actuación formulado por la recurrente a fs.83/84vta., es dable destacar que el artículo 2º de la Ley 25.964 establece que “... a todas las actuaciones, cualquiera sea su naturaleza, susceptibles de apreciación pecuniaria se aplicará una tasa del dos con cincuenta centésimos por ciento (2,50%), siempre que la presente ley u otra disposición legal no establezca una solución especial para el caso. Esta tasa se calculará sobre el importe total cuestionado (incluyendo sanciones)...que constituya la pretensión del recurrente o demandante.”
Que conforme surge de fs.75/76 vta., la actora indica que “... el monto total del plan de facilidades cuya caducidad es cuestionada en autos asciende a la suma de $13.676.701,59...”
Que en atención a lo manifestado por la recurrente y conforme surge del Formulario F.1003 obrante a fs.23 acompañado por ella, sin que dicha parte haya peticionado el beneficio de litigar sin gastos, corresponde calcular la tasa de actuación sobre tal monto, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 25.964, con la reducción a un tercio (1/3) prevista en el art. 5 del citado cuerpo normativo.
Que en consecuencia, cabe rechazar la oposición al pago de la tasa de actuación interpuesta por la actora e intimar a dicha parte para que, en el término de cinco (5) días abone la suma de $113.972,51 en concepto de tasa de actuación, monto que se encuentra ya reducido, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda la que, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la mencionada ley, incluirá los intereses liquidados según las reglamentaciones vigentes.
VIII. Que respecto al recurso de apelación en subsidio interpuesto por la actora en el punto “III.- EN SUBSIDIO, APELA” de fs.84, corresponde rechazar el mismo sin perjuicio del remedio que estime intentar contra la presente sentencia.
IX. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $309.438 (pesos trescientos nueve mil cuatrocientos treinta y ocho) equivalente a 9 (nueve) UMA — Unidad de Medida Arancelaria — y por el patrocinio letrado, la suma de $790.786 (pesos setecientos noventa mil setecientos ochenta y seis) equivalente a 23 (veintitrés) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Resolución SGA N° 12/2024 (01/02/2024) y Acordada 30/23 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se deja constancia que dichos montos no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que con fecha 27/2/2018 la apelante interpone recurso de apelación a fs. 28/43 en los términos del artículo 76 inc. b) de la ley N° 11.683, contra la decisión por parte de la AFIP-DGI de dar por caducos los planes de facilidades de pago N° J961973, correspondiente al impuesto al valor agregado de los períodos 2/2010 a 2/2011, 7,8, 9, 10 y 12/2011, 12/2012 y 1/2013.
II. Que el artículo 76 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modif.), de acuerdo con la redacción dada por la ley 27.430 (B.O. 29/12/2017)–vigente al momento de la interposición del presente recurso-, dispone que contra las resoluciones que impongan sanciones o determinen los tributos y accesorios en forma cierta o presuntiva, o se dicten en reclamos por repetición de tributos en los casos autorizados por el artículo 81, los infractores o responsables podrán interponer -a su opción- dentro de los 15 días de notificados, a) recurso de reconsideración ante el superior o b) apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el que no será procedente respecto de “...los actos que declaran la caducidad de planes de facilidades de pago y/o las liquidaciones efectuadas como consecuencia de dicha caducidad.” (conf. párrafo 3° pto. 3 del citado artículo).
Es necesario destacar que el concepto “improcedencia” se encuentra vinculado no a la competencia en razón de la materia, sino al incumplimiento de ciertos recaudos formales que impiden habilitar la vía de este Tribunal, como lo es precisamente, el supuesto previsto en el primer párrafo –inc. a)- del artículo 76 de la ley procedimental. Que ya la reforma producida oportunamente por la ley N° 23.871 introdujo en dicho artículo, como último párrafo, dos supuestos de verdaderas incompetencias, que hoy se ven ampliados a nuevas cuestiones vedadas a la consideración de este Tribunal, como la discutida en autos.
III. Que, siendo ello así, corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en las presentes actuaciones, con costas.
IV. Que si bien el recurrente se opone al pago de la tasa de actuación no formula un requerimiento de beneficio de litigar sin gastos, por ello en virtud de lo establecido en el considerando precedente y conforme lo normado por el artículo 5 de la ley N° 25.964, corresponde intimar a la actora a que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de $ 113.972,51 (pesos ciento trece mil novecientos setenta y dos con cincuenta y un centavos) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda.
V. Que con relación al pedido de apelación en subsidio efectuado respecto de la oposición a la tasa de actuación, el mismo no resulta aplicable a los presentes autos, sin perjuicio del recurso de apelación que el contribuyente podrá interponer sobre el presente decisorio.
VI. Una vez firme la presente resolución, remitir las actuaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva para que le dé el trámite correspondiente.
VII. En consecuencia, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, al Dr. Carlos A. Muzzio en la suma de $ 893.932 (pesos ochocientos noventa y tres mil novecientos treinta y dos) equivalente a 26 UMA por su participación como patrocinante y al Dr. Jorge Horacio Fraga en la suma de 343.820 (pesos trescientos cuarenta y tres mil ochocientos veinte) equivalente a 10 UMA, teniendo en cuenta la labor profesional desarrollada, el monto del juicio, la etapa procesal cumplida, el resultado de la causa y demás pautas de la ley 27.423 resolución SGA N° 12/2024 y acordada 30/23 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
VIII. Se deja constancia que la totalidad de los honorarios regulados precedentemente se encuentran a cargo de la recurrente y no incluyen el impuesto al valor agregado.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Marmillon.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en las presentes actuaciones, con costas.
2)Intimar a la actora a que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de $ 113.972,51 (pesos ciento trece mil novecientos setenta y dos con cincuenta y un centavos) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda.
3. Rechazar el pedido de apelación en subsidio efectuado por la actora respecto de la oposición a la tasa de actuación.
4. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, al Dr. Carlos A. Muzzio en la suma de $ 893.932 (pesos ochocientos noventa y tres mil novecientos treinta y dos) equivalente a 26 UMA por su participación como patrocinante y al Dr. Jorge Horacio Fraga en la suma de 343.820 (pesos trescientos cuarenta y tres mil ochocientos veinte) equivalente a 10 UMA, teniendo en cuenta la labor profesional desarrollada, el monto del juicio, la etapa procesal cumplida, el resultado de la causa y demás pautas de la ley 27.423 resolución SGA N° 12/2024 y acordada 30/23 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
4. Se deja constancia que la totalidad de los honorarios regulados precedentemente se encuentran a cargo de la recurrente y no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifiquese y una vez firme la presente resolución, remítanse las actuaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva para que le dé el trámite correspondiente.
Date: 2024.02.19 17:34:37 -03:00 Date: 2024.02.20 13:10:01 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.20 14:26:46 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.20 14:26:48 -03:00
Fin de la sentencia