Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 31857-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el fiscal nacional, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada, en el sentido expuesto en el Considerando XII,
2Imponer las costas del modo descripto en el Considerando XIX,
3Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en los puntos resolutivos 6° y 7° de la sentencia apelada.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
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DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de septiembre de 2025.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que por sentencia de fs. 525/537 vta. la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación –en adelante “TFN”–, por mayoría resolvió lo siguiente: 1º) Confirmar la resolución 32/2008 (DV RJUN), con costas;
2. Rechazar el planteo de prescripción efectuado con relación a la resolución 99/2012 (DV RJUN) y confirmar la multa allí impuesta, con costas; 3º) Hacer lugar al planteo de prescripción efectuado con relación a la multa establecida en la resolución 1045/2012 (S/DI RR02/RET.IVA 168/12), correspondiente al IVA-9/05, y rechazarla con relación al IVA-1- 3-4-5/06. Con respecto a estos últimos, a su vez, confirmar la multa aplicada, con costas en proporción a sus respectivos vencimientos; 4º) Hacer lugar al planteo de prescripción efectuado con relación a la multa impuesta en resolución 638/2013 (S/DI RR02/RET.IVA 805/11), correspondiente al IVA-11/02 y rechazarlo con respecto a los períodos fiscales 12/02 a 8/03. Respecto de estos últimos, confirmar las multas, con costas en proporción a sus respectivos vencimientos; 5º) Confirmar las intimaciones de pago emitidas el 3/6/08, salvo la del período 11/02, con costas en proporción a sus respectivos vencimientos.
Señaló que Cooperativa Agrícola Ganadera de Peyrano –en lo sucesivo “la Cooperativa”– apeló los siguientes actos administrativos: (a) la resolución 32/2008 (DV RJUN) del 29/4/08, a través de la cual la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Junín de la ex AFIP, determinó de oficio el IVA correspondiente a los periodos fiscales 10/02 a 9/03; (b) resolución 99/12 (DV RJUN) del 16/10/12, dictada por la misma dependencia, que aplicó una multa en el IVA-3/03, 4/03 y 5/03, en los términos del artículo 46 de la ley 11.683; (c) resolución 1045/12 (S/DI RR02/RET.IVA 168/12) del 12/12/12, dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Rosario II de la ex AFIP, que aplicó una multa en el IVA-9/05 y 1, 3, 4 y 5/06, en los términos del artículo 48 de la ley de rito fiscal; (d) resolución 638/13 (S/DI RR02/RET.IVA 805/11) del 1/10/13, emitida por la misma dependencia mencionada en el punto anterior, que aplicó sendas multas en los términos del mismo artículo 48, respecto del IVA-11/02 a 8/03, y (e) cuatro intimaciones de pago emitidas por la ex AFIP-DGI, el 3/6/08, a causa del rechazo de las compensaciones de retenciones del IVA-11/02 a 8/03, con saldos de libre disponibilidad provenientes de las declaraciones juradas del IVA-10/02 y 6/03 a 9/03.
Luego de reseñar las expresiones esgrimidas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, señaló que por sentencia del 23/8/10, la misma Sala D había rechazado la excepción de incompetencia articulada por la demandada, con costas al fisco nacional. En cuanto al decisorio de las materias contenidas en la causa, en primer lugar rechazó el planteo de nulidad introducido por la apelante, sin costas, en atención a que no fue tratado como un asunto previo. A lo largo del Considerando VII de su pronunciamiento, el a quo efectuó un circunstanciado análisis de las situaciones personales, comerciales, fiscales y operativas de cada uno de los once proveedores observados por el organismo fiscal, arribando a la conclusión de que, conforme con la tesitura sostenida por la fiscalización actuante, mantenida luego por el juez administrativo interviniente, existirían serios reparos acerca de la capacidad operativa y económica de aquéllos, que le impedirían llevar a cabo la comercialización de granos, conforme lo predica la actora. Se trató de los proveedores Guillermo Juan Berra; Cicas SRL; Jorge Alfredo Charras; Carlos Alberto Valacco; El Renacer SH; Hugo Luis Della Vedova; Mirta Noemí Moyano; Jorge Horacio Bois; Ernesto Arach; Roberto Oscar Belbuzzi y Adrián Horacio Iaccavone. En el desarrollo de su examen, enumeró las medidas de prueba acompañada y producidas en la litis –tanto de la instancia administrativa como la contenciosa–, refiriendo a las cartas de porte; tickets de romaneo de las entradas de trigo y soja; registraciones contables e impositivas; circularizaciones a proveedores, exportadores y transportistas, entre otros;
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DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO y advirtió que se llevó a cabo una exhaustiva tarea fiscalizadora, respecto de cada proveedor, concluyéndose que éstos carecían de capacidad operativa y económica para llevar a cabo la actividad por las cuales emitieron las facturas acompañadas por la Cooperativa.
Transcribió el artículo 12 de la ley 20.631 (t.o.) y mencionó que el cómputo del crédito fiscal en el IVA se subordina a la circunstancia de que el hecho imponible se perfeccione respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, lo cual constriñe a examinar si los proveedores impugnados efectivamente existieron.
De las probanzas arrimadas, producidas y evaluadas, extrajo que la participación de los proveedores en trato fue tan solo instrumental – no real–, al solo efecto de simular la documentación y el cobro de las operaciones, y así encubrir a los verdaderos vendedores o productores. En línea con ello, aseveró que la actora no logró demostrar la existencia de las operaciones con los proveedores cuestionados, y con ello la legitimidad de los créditos fiscales computados, lo cual se tradujo en la confirmación de la resolución 32/08 (DV RJUN), con costas.
Por otro lado, se expidió en orden a las intimaciones generadas por el rechazo de cuatro compensaciones de retenciones-IVA, períodos fiscales 11/02 a 8/03, con saldos provenientes del IVA, períodos fiscales 10/02 y 6-9/03. Al respecto, sostuvo que debía adoptarse el mismo temperamento que con relación a la resolución 32/08 (DV RJUN) y, por lo tanto, confirmarlas.
Empero, con respecto al período fiscal 11/02, declaró prescripta la acción del fisco nacional, expresando que su curso había abarcado el segmento de tiempo que inició el 1/1/03 y finalizó el 1/1/08, y la intimación de pago se había dictado el 3/6/08.
En cuanto a la causal de suspensión prevista en el artículo 65.1 de la ley 11.683, declaró que sólo tuvo incidencia en las obligaciones determinadas por la resolución 32/08 (DV RJUN), no pudiendo extenderse a la acción para intimar el pago por las compensaciones anuladas.
II. Que contra dicha sentencia se alzan ambas partes.
La parte actora interpuso su recurso de apelación a fs. 545/546 y la demandada a fs. 548; ambos fueron concedidos a fs. 549. La expresión de agravios de la actora obra a fs. 559/589 –el cual fue contestado por la contraria a fs. 622/632 vta.– y la de la representación fiscal a fs. 590/610 vta., que no fue contestado (v. informe de fs. 634). En otro orden, cabe destacar que el 6/3/25 esta Sala confirmó, con costas, la sentencia dictada por el tribunal de grado a fs. 217/219, mediante la cual había rechazado la excepción de incompetencia introducida por la representación fiscal.
III. Que en su memorial, la parte actora señala que la sentencia apelada adolece de arbitrariedad, destacando que las inconsistencias detectadas apuntarían a los proveedores, y no a las operaciones de compra de cereales.
En un primer orden de agravios, destaca que el 56,44% de las operaciones observadas fueron pagadas electrónicamente –a través del sistema “datanet”, a la CBU informada por los productores y publicadas en el Boletín Oficial–, desde sus propias cuentas. A su vez, declara que practicó retenciones en el IVA, presentando las declaraciones de retenciones-Sicore correspondientes.
El segundo orden de agravios finca sobre las pruebas acerca de la existencia de las compras y la relación comercial con los proveedores observados. En esta sección de su memorial efectúa un detalle de las operaciones, pagos, documentación involucrada y situación personal de cada proveedor, de consuno con la descripción de la normativa aplicable en lo que respecta a la confección, expedición y entrega de la documentación de respaldo, por parte de los actores comerciales: productores, mandatarios, consignatarios y transportistas.
Explica el “funcionamiento en la práctica” de la operatoria y se explaya con respecto a los testimonios prestados por los inspectores fiscales. Al respecto, menciona que de sus expresiones se deprendió que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 11987/2024/CA1; COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO los achaques a los proveedores se basaron en información que provino de datos e/o información ajena al vínculo comercial de su parte. Además, pone de relieve que los agentes manifestaron desconocer cómo se desarrolla concretamente la actividad de la Cooperativa.
Seguidamente alude a la prueba pericial contable, refiriendo – entre otros extremos– que allí se afirmó que existía concordancia entre las facturas cuestionadas, los medios de pago utilizados y los resúmenes bancarios; el detalle y el valor de las retenciones practicadas a los proveedores y las disponibilidades de la Cooperativa. Además, que los cheques con los cuales se abonaron las compras fueron debitados de sus cuentas bancarias. Acusa que estos extremos no fueron considerados por el TFN.
En otro orden, manifiesta que le causa agravio el rechazo del planteo de prescripción de la sanción impuesta a través de la resolución 99/12 (DV RJUN).
Menciona que el fisco nacional formuló denuncia penal el 13/11/08, con sustento en lo normado en los artículos 1° y 6° de la ley 24.769, y que el Juez Federal se pronunció el 23/2/11 y la Cámara Federal el 2/12/11, declarando prescripta la acción penal con relación al artículo 1° de la mencionada ley, respecto del IVA-2003. Señala que este decisorio adquirió firmeza.
Menciona que el 27/6/12, la entonces AFIP instruyó sumario por la presunta comisión prevista en el artículo 46 de la ley 11.683 y el 17/10/12 dictó la resolución en crisis.
En orden a ello, explica que el conteo de la prescripción de la acción fiscal inició el 1/1/04 y, hasta el 12/11/08, habían transcurrido 4 años, 10 meses y 12 días, restando entonces 48 días. El 2/12/11 se dictó la sentencia penal y allí mismo quedó firme, dado que fue consentida. Desde ese momento, sumados los 180 días, pasaron los 48 días restantes. Señala que el a quo efectuó un incorrecto cómputo de los plazos.
Con relación a las multas impuestas en la resolución 1045/12 (S/DI RR02/RET.IVA 168/12), expone que la mayoría del tribunal de grado aplicó la suspensión del curso de la prescripción prevista en la ley 26.476, lo cual le causa agravio.
Sostiene que el último período era 5/06, con lo cual el conteo inició el 1/1/07 y, sin causales de suspensión, finalizó el 1/1/12. Niega que sea aplicable la causal de suspensión prevista en la ley 26.476, dado que sólo regiría para las relaciones jurídicas que nacieron con posterioridad a su vigencia.
Por último, asevera que en la causa se ha violado el plazo razonable para la resolver la contienda. Al respecto, menciona que, el hecho de que no operen los plazos de prescripción estrictamente previstos por el legislador, no significa que la duración excesiva del proceso no pueda configurar una lesión a los derechos de rango constitucional. Cita jurisprudencia, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.
IV. Que, por su parte, el fisco nacional expresa agravios contra la declaración de prescripción de la multa en concepto de IVA-9/05 y la respectiva imposición de costas.
Destaca que no existió unicidad de criterios entre los vocales del TFN. Transcribe segmentos de los votos correspondientes y concluye que no se condicen con la expresión “por mayoría”, impresa en la parte resolutiva.
Sostiene que los votos cuentan con fundamentos distintos y por ello se trató de un fallo con falta de unicidad de criterio en la opinión emitida.
Por otro lado, también cuestiona la decisión de declarar la prescripción respecto de la multa en concepto de IVA-11/02, destacando que contrarió lo normado en el artículo 65 inc. a) de la ley 11.683.
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DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En tal aspecto, señala que de los antecedentes administrativos surge que la vista fue notificada el 24/8/07, es decir, dentro de los 180 días anteriores a que operara la prescripción.
Puntualiza que, al contestar el recurso de apelación, su parte hizo saber que había operado la causal interruptiva prevista en el artículo 68 inciso a) de la ley 11.683, aplicable a los períodos 9/05, 1, 3, 4 y 5/06. Expone que dicha causal de interrupción opera a partir del momento de la comisión de la segunda infracción, sin que interese la naturaleza formal o sustancial de las infracciones cometidas.
En otro orden, niega que hubiere operado la prescripción respecto de la intimación de pago, por el rechazo de la compensación del periodo fiscal 11/02. Asimismo, cuestiona la imposición de costas. Señala que en el planteo gravita la apelación incoada contra la competencia del tribunal, dado que la argumentación relativa a que la suspensión de la prescripción, por el inicio del procedimiento de determinación de oficio, se extiende también a los conceptos objeto de intimación por la disminución de los saldos a favor, correspondería que fuera ligada a la propia lógica del tribunal, que habilitó su competencia. Califica de asimétrico el razonamiento de la mayoría del TFN, indicando que la minoría –Dra. Gómez– atendió cabalmente la situación planteada.
Explica que el plazo de prescripción comenzó el 1/1/03 y finalizó el 31/12/07, y realza que la notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio tuvo lugar dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que prescribiría la acción correspondiente al periodo fiscal 11/02, correspondiendo por lo tanto computar la suspensión de 120 días hábiles.
Finalmente, expresa reparos contra la distribución de los gastos causídicos, requiriendo su revisión.
Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, en lo que es materia de agravios, con costas.
V. Que previo a ingresar al tratamiento de los agravios descriptos, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Golden Penaut Argentina c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 72680/2018, del 2/7/19; esta Sala —en su actual integración—, causa CAF 49.932/2015/CA2, “D´Alessandro, Jorge Héctor (TF 33405-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 2/5/24).
VI. Asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. CSJN, Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 11987/2024/CA1; COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. esta Cámara, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/12 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/14 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/16 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/16, del 16/10/18;
“Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/18, del 7/5/19, entre otros; esta Sala –en su actual integración–, Causa CAF 47840/2023/CA1, “Sol Frut SA (TF 79199011-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 9/5/24).
VII. Que sentado lo anterior, de la lectura de las piezas que componen esta litis, se extrae que las materias que corresponde examinar son numerosas y variadas, lo cual constriñe a ordenarlas metodológicamente para llevar a cabo una correcta labor.
Los asuntos que se evaluarán, por orden, son los siguientes:
(i) La confirmación de los ajustes fiscales practicados a través de la resolución 32/2008 (DV RJUN) –cuestión de fondo–, contra la cual se alza la parte actora.
(ii) El rechazo al planteo de prescripción relativo a la multa en concepto de IVA-3-4-5/03, impuesta por la resolución 99/2012 (DV RJUN), y su confirmación en cuanto al fondo, contra la cual se alza la parte actora.
(iii) La declaración de prescripción respecto de la multa en concepto de retenciones-IVA-9/05, impuesta a través de la resolución 1045/12 (S/DI RR02/RET.IVA 168/12), y la confirmación de las restantes; contra las cuales se alzan ambas partes.
(iv) La declaración de prescripción de la multa fijada en la resolución 638/13 (S/DI RR02/RET. IVA/805/11), en concepto de retenciones-IVA-11/02; respecto de la cual se agravia el fisco nacional. (v) La declaración de prescripción de la intimación de pago, por el rechazo de la compensación del periodo 11/02, contra la cual presenta agravios el fisco nacional.
(vi) La invocación del plazo razonable invocado por la parte actora.
(vii) El régimen de costas correspondiente a ambas instancias.
VIII. Que, siguiendo el orden impreso, corresponde examinar los términos de la sentencia obrante a fs. 525/537 vta. Como se indicó al inicio, la fiscalización llevó a cabo una labor en torno a sendos proveedores, con los cuales la actora habría concertado operaciones de compra y transporte de mercaderías, los cuales, en atención a sus características individuales –comerciales, fiscales y operativas–, no podrían haberlas realizado. En esta circunstancia finca la tesis fiscal, que luego fue convalidada por el tribunal de grado.
Como también se dijo, los proveedores fueron Guillermo Juan Berra; Cicas SRL; Jorge Alfredo Charras; Carlos Alberto Valacco; El Renacer SH; Hugo Luis Della Vedova; Mirta Noemí Moyano; Jorge Horacio Bois; Ernesto Arach; Roberto Oscar Belbuzzi y Adrián Horacio Iaccavone.
IX. Que en la sentencia apelada se han recogido los resultados provenientes de la auditoría fiscal, cuya explicación detallada obra a fs. 15/56. De allí se extrae, entre otros, los siguientes componentes: La detección de irregularidades relativas a la posesión o tenencia en base a contratos de arrendamientos de inmuebles, con respecto al proveedor Berra, quien, además, no pudo ser localizado en su domicilio. En los remitos acompañados como prueba instrumental no surgían los kilos de cereales transportados, ni describía quién los había trasladado, dado que no se identificaba el vehículo ni el conductor;
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DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO además, las firmas insertas eran todas iguales, aunque no coincidentes con las que figuraban en los contratos de arrendamientos.
De los proveedores Velacco, Cicas SRL, Charras, El Renacer SH y Della Vedova, la fiscalización detectó que la documentación aportada y reunida no permitía efectuar una trazabilidad entre el origen y el destino de los cereales, adicionando que la actora ninguna explicación presentó sobre el particular.
A su vez, apuntó que existían copias de tickets de romaneo emitidos por la actora, pero sin detallar la empresa que los había transportado, el dominio y el conductor. Con relación al proveedor Charras, de las cartas de porte se extrajo que el cereal no coincidía con la localización de campo declarado como alquilado. Señaló que sólo se pudo demostrar que un transportista había operado con este último proveedor. En cuanto a los pagos, indicó que el Sr. Musso –según él mismo declaró–, realizaba tareas de gestión bancaria y administrativa junto con su esposa y amigos personales, endosando cheques y presentándose al cobro, según le encomendaban; el efectivo era entregado en su propio domicilio, en el banco o en un café. Esta misma operatoria – afirmó la inspección– se corroboró con relación al proveedor El Renacer SH.
El tribunal de grado también ponderó que los proveedores Valacco y Della Vedova habían acompañado el contrato de arrendamiento de un campo en la Provincia de Santiago del Estero, celebrado con el Sr. Rabione, quien se hallaba inscripto como transportista; empero, éste manifestó que realizó transporte de corta y larga distancia de cereales y de papa, hasta el año 1994.
Por otro lado, mencionó que la proveedora Moyano había declarado que la convocaban a diferentes entidades bancarias para retirar dinero, pero nunca participó de ningún alquiler de campos ni intervino en negocios de acopio de cereales. Explicó que compraba cartas de porte, las firmaba y las entregaba, contra el recibo de una paga de $ 50 por semana. La fiscalización mencionó que la misma modalidad se corroboró con relación a los proveedores Bois –que declaró efectuar “changas” y que vivía en una vivienda precaria–; Arcach –que declaró que lo pasaban a buscar para realizar trámites y firmar papales– y Belbuzzi, que negó haber realizado ventas a la Cooperativa, ni poseer campos propios o alquilados.
Frente a este panorama, el TFN aseveró que una de las defensas de la actora había sido que las compras se pagaron vía electrónica; no obstante, ante las propias declaraciones de los proveedores, se extrajo que las operaciones fueron meramente instrumentales, no reales.
Expuso que las personas mencionadas –que figuraban como proveedores–, a cambio de ilegales y exiguas sumas de dinero en concepto de comisión, coadyuvaron a simular la documentación y los cobros, encubriendo a los verdaderos vendedores o productores.
Recalcó que la Cooperativa no rindió prueba alguna tendiente a refutar las consideraciones descriptas, siendo que los elementos aportados y rendidos resultaron insuficientes para demostrar la existencia de las operaciones con los proveedores cuestionados, y con ello, la legitimidad de los créditos fiscales computados.
Frente a este temperamento se alza la Cooperativa, argumentando –en lo medular– que el 56,44% de las operaciones observadas fueron pagadas electrónicamente y que practicó retenciones en el IVA, al abonar a los proveedores.
Asimismo, pone de resalto los testimonios prestados por los inspectores fiscales y enfatiza el valor de la prueba pericial contable. Al respecto, acusa que estos extremos no fueron tratados por el TFN.
X. Que, compulsadas las probanzas descriptas y apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386 del CPCCN), se colige que no cuentan con suficiente grado de convicción, respecto de las operaciones cuyo crédito fiscal en el IVA computó la Cooperativa. En CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 11987/2024/CA1; COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO otras palabras, no logran persuadir de que las operaciones con los proveedores cuestionados hayan sido veraces.
Teniendo en cuenta que el epicentro de la tesis fiscal fincó en que las operaciones no habrían sido realizadas con los proveedores que constan en los documentaron (arg. resolución 32/2008 DV RJUN), se advierte que las probanzas dirigidas a demostrar la realización de los pagos y retenciones, de consuno con las disponibilidades de la cooperativa –en lo que cabe aquí indicar–, no alcanzan para desacreditar aquel achaque.
Por lo demás, las expresiones de los testigos –centralmente referente a las características de actividad que desarrolla la contribuyente o a la existencia de los bienes adquiridos–, no tuercen la robustez de la postura fiscal.
Al respecto, con relación al IVA, es del caso recordar que, a título de principios de orden general aplicables a la materia, esta Sala tiene dicho –conforme con una uniforme y reiterada jurisprudencia– que para poder computarse el crédito fiscal deben cumplirse los siguientes requisitos: a) que sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; b) que se encuentre facturado y discriminado en la factura o en el documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto en el IVA, y g) que las operaciones que originan crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Añádase a ello que el contribuyente debe probar, entre otros extremos, la real existencia de las compras efectuadas con sus correspondientes facturas, en las que se discrimine el impuesto. A su vez, para que el contribuyente pueda computar este crédito fiscal, necesariamente tiene que haber existido la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el IVA en la etapa anterior. Así pues, y de conformidad con tales pautas, cabrá analizar y valorar los elementos de prueba aportados a los fines de comprobar si, respecto del accionante de autos, se han configurado los recaudos pertinentes, determinantes de la generación del crédito fiscal cuyo reconocimiento persigue, a cuyo efecto se deberá tener también en consideración de manera especial, los argumentos vertidos por el organismo recaudador para su denegatoria, en tanto la controversia de autos gira en torno de la impugnación de los aludidos fundamentos (esta Sala, in re, “Calimboy SA c/AFIP-DGI Resol. 17/2005 (RDEX)”, del 20/5/10; ver asimismo la jurisprudencia allí citada).
Se ha dicho asimismo que deben ponderarse las probanzas con el objeto de determinar si se cumplen esos requisitos con respecto a las operaciones invocadas como generadoras de los créditos fiscales insinuados. A estos efectos, no puede soslayarse que frente a la natural dificultad que pesaría sobre el organismo fiscal tener que probar la no existencia de las operaciones observadas, ante las particularidades advertidas por ese organismo que crearon una seria duda sobre su acaecimiento, es el contribuyente quien se encuentra en mejores condiciones de demostrar por distintos medios de prueba sobre la verdad de sus dichos. En este sendero, las exigencias derivadas del artículo 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar en cada caso la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (cfr. CSJN, Fallos 218:31 y 294:69; en igual sentido, esta Sala, in re, “Food´s Land SA c/EN-AFIP-DGI s/ DGI”, Causa Nº 44.105/13, del 26/12/17; “Nidera SA c/ EN-AFIP-DGI-Resol 180/11 s/ Proceso de Conocimiento”, Causa Nº CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 11987/2024/CA1; COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 22563/2012/CA1, del 23/4/19; “Nidera SA c/ EN-AFIP-DGI-Resol 20/12 s/ Proceso de Conocimiento”, Causa Nº 27356/2012/CA1, del 15/7/20; “LDC Argentina SA c/ EN-AFIP DGI Resol 90/10 s/ Dirección General Impositiva”, Causa Nº 45345/2010/CA1, del 2/12/21 y recientemente “Viñas del Campo SA (TF 33127-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 48449/2014/CA2, del 19/8/25, entre otros).
Concretamente, en supuestos en los cuales el cuestionamiento radicó en la identidad del sujeto vendedor, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “…el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación… resultan inhábiles por sí solos, ante la gravedad de los indicios expuestos, para tener por acreditada la existencia de las operaciones…” (CSJN, “Stop Car SA (TF 26815-I) c/DGI”, del 21/8/13; criterio reiterado en “Floriner SA (TF 24275-) c/DGI”, del 10/12/13). En otro orden, en un resonante caso en el que se cuestionaba la identidad de los vendedores, el Alto Tribunal afirmó que “…la norma transcripta [en referencia al artículo 12 de la ley del gravamen] subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto –en el caso– de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquel les adjudicó” (CSJN, “Feretti, Félix Eduardo (TF 22752-I) c/DGI”, del 10/3/15).
XI. Que, en definitiva, a la luz de lo expuesto a lo largo de los Considerandos VIII a X, se deduce que no asiste razón a la parte actora, al calificar de arbitraria a la sentencia apelada, dado que evidencia un razonable análisis de la situación planteada en el caso, y su decisorio se ajusta a derecho.
En cuanto a la acusación de que el TFN no atendió a todas las constancias del expediente –en particular, refiere a los testimonios efectuados y a los resultados de la pericia contable–, a pesar de que ello es acertado, en modo alguno altera el decisorio, toda vez que, como se indicó, se trata de extremos que no logran dar crédito de la postura de la quejosa.
Se reitera, lo resuelto por el a quo –en cuanto al fondo del asunto–, se traduce en una razonada derivación del derecho vigente, merecedor, entonces, de su confirmación en esta instancia.
Por ello, se confirma la sentencia apelada en lo relativo a los ajustes fiscales practicados por el fisco nacional y, por ello, se reconoce la validez de la resolución 32/08 (DV RJUN).
XII. Que, siguiendo con el orden fijado en el Considerando VII, corresponde seguidamente examinar el resolutorio apelado, en cuanto, por unanimidad, rechazó el planteo de prescripción de la multa impuesta por la resolución 99/12 (DV RJUN), en concepto de IVA-3-4-5/03, y las confirmó con costas.
En sustento de ello, sostuvo que el plazo original de prescripción operaba el 1/1/09, pero, a raíz de la previsión contenida en el artículo 65 inc. d) de la ley 11.683, su curso se suspendió entre el 13/11/08 –fecha en la cual se denunció penalmente a la actora– y el 2/11/11, día en el cual adquirió firmeza la sentencia penal. De ahí que el tribunal de grado sostuviera lo siguiente: “teniendo en cuenta la fecha de la Resolución –16 de octubre de 2012– y el tiempo que restaba para operar la prescripción antes de la suspensión según el art. 56 de la ley 11.683, el Fisco Nacional se encontraba habilitado para aplicar la multa apelada y, en consecuencia, debe rechazarse el planteo de prescripción, con costas”. Disconforme con ello, la apelante argumenta que la contabilización de los plazos ha sido incorrecta.
Expone que, al momento de suspenderse el curso de la prescripción –13/11/08–, restaban 48 días para que operara, motivo por el cual, una vez sumado a los 180 días previstos en la norma descripta, cuyo conteo inició el 2/12/11 –fecha en que adquirió firmeza la sentencia CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 11987/2024/CA1; COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO penal–, al 17/10/12 –que fue el día en el cual se dictó la resolución 99/12 (DV RJUN), que aplicó las multas en trato–, el plazo de prescripción ya había operado.
Como primera medida, corresponde destacar que la sentencia apelada posee un yerro que amerita su corrección: la sentencia penal no adquirió firmeza el 2/11/11, sino el 2/12/11, como acertadamente apunta la actora y luce a fs. 252.
Ello aclarado, se advierte que la explicación brindada por la parte actora es atendible en este asunto.
En efecto, siendo que las conductas infraccionales fueron cometidas en los meses de marzo a mayo de 2003, el conteo de la prescripción inició el 1/1/04 (art. 58 de la ley 11.683) y finalizaría el 1/1/09; empero, como consecuencia de la interposición de la denuncia penal –13/11/08–, el conteo se suspendió hasta los 180 días de que adquirió firmeza la sentencia penal (cfr. art. 65 inc. d. de la misma norma, texto vigente al tiempo de los hechos), a lo cual se adiciona el tiempo restante entre el 13/11/08 y 1/1/09.
Practicado ese conteo, se advierte que asiste razón a la apelante, al indicar que al día 16/10/12 la acción fiscal para aplicar las multas en cuestión, se encontraba extinta. Ello, de suyo, torna inoficioso avocarse al estudio del aspecto de fondo de las sanciones aplicadas.
En orden a lo expuesto en este considerando, corresponde revocar la sentencia apelada en este particular aspecto, y declarar la prescripción de la multa aplicada a través de la resolución 99/12 (DV RJUN).
XIII. Que, a continuación, se debe analizar la declaración de prescripción parcial, respecto de las multas impuestas a través de la resolución 1045/12 (S/DI RR02/RET.IVA 168/12). Este acto impuso una multa a la Cooperativa, por falta de ingreso de las retenciones en el IVA, períodos fiscales 9/05 y 1-3-4-5/06, por valor total de $ 85.979,90.- En este asunto, los votos de los vocales no fueron totalmente coincidentes. La vocal O´Donnel consideró que se encontraba prescripta la acción del fisco nacional, sin distinción de períodos fiscales; el vocal Martín consideró que la prescripción sólo había operado con respecto al período fiscal 9/05 y la vocal Gómez estimó que la acción se encontraba expedita en todos los casos.
En prieta síntesis, las razones esbozadas por los vocales giraron en torno a la operatividad de la causal de interrupción de la prescripción, por la comisión de nuevas infracciones –admitida sólo por la vocal Gómez–, y la causal de suspensión de la prescripción, por un año, de acuerdo con lo normado en el artículo 44 de la ley 26.476, admitida por los vocales Martín y Gómez.
Contra el decisorio se alzaron ambas partes.
XIV. Que el curso de la prescripción en trato es el siguiente: - Período fiscal 9/05: del 1/1/06 al 1/1/11.
- Períodos fiscales 1-3-4-5/06: del 1/1/07 al 1/1/12.
De inicio corresponde destacar que, la causal de interrupción provocada por la comisión de una nueva infracción (ley 11.683, art. 68 inc. a.), no es aplicable a la especie. Ello por dos razones.
La primera, porque en ningún momento fue invocada en la resolución 1045/2012 (S/DI RR02/RET.IVA 168/12) (v. fs. 371/377); la segunda, porque no existe un pronunciamiento condenatorio firme respecto de las nuevas infracciones. Así pues, la nueva infracción debe ser aquella que mereció juzgamiento y que cuente con un pronunciamiento firme, atento hallarnos inmersos en una materia de naturaleza penal. De tal modo lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Recurso de hecho deducido por José Luis Sexton en la causa Sexton, José Luis, Gral de Brigada (R) s/causa N° 11/86 s/ pide sobreseimiento en caso ´Albanessi´ y cambio de calificación y presc. Acción penal en caso ´De Filippis´, inc. 373/88”, del 15/8/89 (cfr. CSJN, Fallos: 312:1351); al igual que esta Sala en los autos “Pesquera Veraz SA c/ SAGPyA-Disp. 197/04 Expte 8013336/95”, Causa CAF 2276/2007, del 8/4/09;
“Lombardi, Roberto Oscar (TF 33852-I) c/ Dirección General Impositiva CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 11987/2024/CA1; COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 25308/2023/CA1, del 23/11/23; “Comsoft SA (TF 24772-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 1141/2024, del 13/8/24 y recientemente “Cereales Santa Lucía SRL (TF 355158-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 2117/2025, del 15/7/25 y Sala IV, in re: “Telefónica de Argentina SA (TF 137454217-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 46936/2023, del 16/5/24. Sentado lo expuesto, se impone reconocer que la acción del período fiscal 9/05 –por valor de $ 9.677,15–, que abarcó el período 1/1/06 al 1/1/11, se encontraba prescripta al tiempo de su ejecución –el 12/12/12–, independientemente de la causal suspensiva prevista en la ley 26.476, que se examinará seguidamente.
Por otro lado, en cuanto a que la sentencia apelada carecería de unicidad, no corresponde hacer lugar al planteo, desde que el voto de la mayoría –compuesta por los vocales O´Donnell y Martín–, en sentido estricto, no denota criterios encontrados. Nótese que si bien la vocal O ´Donnell desarrolla su voto en torno a la aplicación de la ley 26.476 (Considerando IX, punto b.), lo hace extensivo a todos los períodos fiscales en estudio, sin formular precisiones concretas respecto al período fiscal 9/05.
Por lo tanto, se concluye que la acción correspondiente al período fiscal 9/05, se encontraba prescripta al tiempo de su ejercicio.
XV. Que seguidamente corresponde examinar la situación de los períodos fiscales 1-3-4-5/06.
En este caso la discusión se centra en la aplicabilidad de la suspensión anual prevista en el artículo 44 de la ley 26.476 –Boletín Oficial del 24/12/08–, de “Regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales”.
El precepto dispone lo siguiente: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
Al interponer su recurso de apelación, la parte actora se opuso a la aplicación del precepto, argumentando –en lo sustancial– que sólo regiría para las relaciones jurídicas que nacieran con posterioridad a su vigencia, dado que la prescripción es una figura de naturaleza sustantiva (v. fs. 378/387 vta.).
Como se adelantó, la mayoría del TFN –vocales Martín y Gómez– consideró aplicable la causal y rechazó la prescripción opuesta por la Cooperativa.
Pues bien, estos juzgadores tienen para sí que la causal suspensiva en estudio resulta de aplicación a la especie, ya que, al no existir una deuda prescripta al momento en que operó aquélla, la deudora sólo contaba con una mera expectativa, y no con un derecho consolidado. Sabido es que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos, o a su simple inalterabilidad (v. en este sentido, Sala IV, in re “TRV6 SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 86879/2017, 12/11/19; “INC SA (TF 44098-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 3056/2021, del 18/5/21 y “Telefónica de Argentina SA (TF 137454217-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 46936/2023, del 16/5/24 y Sala III, in re “Lutz, Juan Jacobo c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 3532/2023, del 3/10/24).
Por lo tanto, al haber operado la causal de suspensión en trato, la acción concerniente a las multas de los períodos fiscales 1-3-4-5/06, se encontraba expedita al tiempo de su ejercicio.
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DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En cuanto al fondo del asunto relativo a las multas, al no haberse expresado agravios, cabe su confirmación.
Por todo lo expuesto en este considerando, se convalida el criterio del TFN, en cuanto confirmó las multas correspondientes a los períodos fiscales 1-3-4-5/06.
XVI. Que, en orden al punto (iv) del detalle impreso en el Considerando VII, la demandada se alza contra la declaración de prescripción de la acción fiscal, respecto de la multa en concepto de retenciones-IVA-11/02.
En particular, a través de la resolución 638/13 (S/DI RR02/RET.IVA/805/11) se sancionó a la Cooperativa por omitir el ingreso de las retenciones en el IVA-11-12/02 y 1-2-3-4-5-6-7-8/03 (fs. 412/419). La causa de las multas estribó en la ausencia de saldos suficientes, a partir del ajuste practicado en dicho impuesto por conducto de la resolución 32/08 (DV RJUN).
Arribado el asunto al estrado del TFN, por mayoría se declaró prescripta la acción, sólo respecto del período fiscal 11/02. La omisión en ese período fue de $ 116.630,07.
Pues bien, de la lectura de los agravios del fisco nacional se desprenden dos líneas argumentales (v. fs. 606/607 vta). En la primera transcribe in extenso el artículo 65 de la ley 11.683 y afirma que la vista había sido notificada el 24/8/07, es decir, dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha de la prescripción; y en la segunda, alude a la causal interruptiva producida por la comisión de las nuevas infracciones (cfr. art. 68 inc. a. de la misma ley).
Presentado así el cuadro, se colige que el primer argumento no es suficiente para fundar la posición adoptada, ni menos para rebatir el criterio del Tribunal Fiscal. Es que, más allá de que el artículo transcripto no se corresponde con la tesis sostenida –en rigor, es el art. 65.1–, lo cierto es que la representación fiscal no explica de qué manera el dictado de la vista, correspondiente al procedimiento de determinación de oficio de los ajustes fiscales –que a la postre, derivaron en la disminución o desaparición de los saldos favorables en el IVA–, pudo impactar en el curso de la prescripción de la acción para aplicar la multa.
De tal modo, la actuación procesal de la demandada ha desatendido el mandato impreso por el legislador en el artículo 265 del CPCCN, el cual determina que el escrito de expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se considere equivocada, trasluciendo una exposición técnica y jurídica, dotada de un análisis serio, razonado y crítico de la resolución apelada, idónea para conmoverla (v. esta Sala, in re “Fleitas, Juan Avelino y otros c/ EN-M. Seguridad-GN s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, Causa CAF 45090/2015, del 14/5/19; “Edesa SA c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 62055/2019, del 3/3/21; “Wintershall SA (TF 31510-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 5262/2023, del 3/8/23 y “Tenk SA (TF 110109100-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 2030/2023/CA2, del 5/12/24, entre otros).
En este sendero, a pesar de que corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios, por cuanto tal temperamento es el que mejor se adecua a un riguroso respeto del derecho de defensa, ello no puede conducir al extremo que implique, en los hechos, derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (cfr. esta Sala, in re “Hernández Pedro Mario y otros c/ EN – M Seguridad – GN – Dto 679/97 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, Causa CAF 46871/2012, del 30/4/19; “Platamar SA (TF 9208-A) c/ DGA”, Causa CAF 11830/2004, del 23/9/11 y más recientemente: “Hilado SA c/EN-AFIP-DGA s/ Dirección General de Aduanas”, Causa CAF 49837/2016, del 21/12/23 y –en su actual integración–: “Silva, Carlos Marcelo c/EN-AFIP-Resol 682/20 s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 2341/2022 y “Saporiti SA c/DGA s/ CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 11987/2024/CA1; COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Dirección General de Aduanas”, Causa CAF 14654/2019, ambas del 21/5/24).
En cuanto al segundo argumento, cabe remitirse a lo expuesto en el Considerando XIV, relativo a las condiciones que deben reunirse para que opere la interrupción de la prescripción por la comisión de nuevas infracciones.
Dicho esto, y sumado a que la actora no presentó agravios contra la confirmación del resto de las multas impuestas en la resolución 638/13 (S/DI RR02/RET. IVA/805/11), corresponde confirmar la sentencia apelada en la materia aquí examinada.
XVII. Que, otra materia en discusión concierne a las cuatro intimaciones de pago emitidas por la Agencia Rosario II de la Dirección Regional Rosario II de la entonces AFIP, el 3/6/08, a raíz del rechazo de las compensaciones del saldo deudor en concepto de retenciones-IVA- 11/02 a 8/03, con los saldos de libre disponibilidad del IVA-10/02 y 6-9/03 –punto (v) del detalle del Considerando VII–.
En cuanto al fondo del asunto, el TFN confirmó las intimaciones, extremo que no mereció achaque por la parte actora. Luego, con relación al período fiscal 11/02 –correspondiente a una intimación de $ 127.367, 06 (fs. 79)–, el tribunal de grado, por mayoría, declaró la prescripción de la acción fiscal.
Para ello, recogió el argumento expuesto por la parte actora en su libelo de fs. 81/139 vta. –en particular, el punto III.3–, y describió que el curso de la acción trascurrió desde el 1/1/03 al 1/1/08, y que la intimación fue dictada el 3/6/08.
Frente a ese cuadro se puede advertir que, al contestar el recurso de apelación ante el TFN, la representación fiscal trascribió el artículo 65.1 de la ley 11.683 y a continuación adujo que la vista había sido notificada a la actora el 24/8/07, es decir, dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha de que operara la prescripción (fs. 149/181, en particular, punto VII).
Al respecto, se colige que, más allá de la información descripta, la demandada no esgrimió ninguna explicación jurídica acerca del modo en el cual la suspensión del curso de la prescripción, de la acción para ajustar un impuesto –en el caso, el IVA–, extendería sus efectos a la acción direccionada a intimar el pago de las sumas de dinero de otro concepto, esto es, de las retenciones en el IVA.
Como se puede ver, se trata de un asunto que guarda relativa semejanza con el examinado en el considerando precedente, respecto de la multa impuesto por la resolución 638/13 (S/DI RR02/RET. IVA/805/11), cabiéndole pues las mismas consideraciones.
A más de ello, cabe adicionar que la situación aquí presentada reviste singulares características, dado que, por lo pronto, reúne a dos acciones en cabeza del fisco nacional, direccionadas a exigir el pago de conceptos tributarios diferentes. Ello, de suyo, requiere que las argumentaciones presentadas por dicha parte cuenten con un completo y circunstanciado desarrollo jurídico, a fin de poder llevar a cabo la actividad jurisdiccional correspondiente.
Al respecto, el Alto Tribunal tiene dicho que la finalidad del proceso consiste en comprender, según la ley, los elementos que constituyen la situación jurídica a juzgar, lo cual requiere, como condición indispensable de la actuación de su voluntad, la formulación precisa y acabada de la realidad a la cual se ha de aplicar, ya que, cuando los hechos no son desarrollados con claridad ni relacionados adecuadamente con el caso, la controversia resulta no estar lo suficientemente madura como para sustentar una posición determinada del actor frente a la órbita fáctica sobre la cual, necesariamente, se ha de circunscribir la actividad jurisdiccional (CSJN, Fallos: 293:281, “Knowles and Foster Liquidador de, contra Santiago del Estero, Provincia, sobre Cómputo de intereses”, sentencia del 28/10/75, Considerando 9°).
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DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por lo expuesto en este espacio, se confirma la sentencia apelada, en orden a la declaración de prescripción de la intimación correspondiente a 11/02.
XVIII. Que, con relación al argumento en torno al plazo razonable invocado por la parte actora –punto (vi) del Considerando VII–, a cuyo tenor explica que, a pesar de que no hubiere operado la prescripción de la acción penal, se torna menester evaluar las circunstancias del proceso, a la luz del derecho a ser juzgado en un plazo razonable; esta Sala ha sostenido, con sustento en el precedente de la Corte Suprema registrado en Fallos: 335:1126, “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA - Resol. 169/05 (expte. 105666/86 – SUM FIN 708)”, del 26/06/12, que el mero transcurso del tiempo no resulta suficiente a los efectos de que se produzca la conculcación del derecho involucrado, pues existen ciertas pautas a los fines de valorar dicha circunstancia, las cuales pueden resumirse en las siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (cfr. “Kimberly Clark Argentina SA TF 32663-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causas CAF 103/19, del 26/12/19; “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 3600-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 23452/16, del 17/04/18; “Jeferson Sudamericana c/ DGA”, Causa CAF 42279/12, del 6/6/13; “AMX Argentina S.A. c/ EN-Mº Comunicación y otro s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 77974/16, del 5/11/19; entre muchos otros y, en su actual composición, “Telecom Personal SA c/ EN-M Planificación Federal - CNC s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 50488/14, del 25/4/24 y sus citas).
En el sub examine se comprueba que la duración de este proceso, incluyendo la actuación ante el TFN, ha tenido una extensión inferior a la verificada en la que analizó la Corte Federal (en sentido concordante, Sala IV, “Aseguradora de Créditos y Garantías (TF 29497- A) y acum c/ DGA”, Causa CAF 16733/13, del 20/3/14 y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 37465/13, del 27/3/14).
Además, la actora tuvo oportunidad de ofrecer la prueba que hacía a su derecho, la cual fue meritada en la instancia administrativa, en la jurisdiccional del TFN y en la presente, correspondiendo descartar una afectación sustancial de la garantía de defensa en juicio y su derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (esta Sala, “Jeferson Sudamericana”, cit.; en igual sentido, Sala II, “Bini, Fabrizio c/ DGA”, Causa CAF 1353/14, del 12/06/14 y Sala IV, “Visteon SA c/ DGA”, Causa CAF 49.566/16, del 1/12/16; entre otras).
A todo ello, se agrega que la causa presentó un cúmulo de materias –apelación de cuatro resoluciones y de cuatro rechazos de compensaciones; planteo de excepción de incompetencia y de nulidad; articulación de prescripción de diversas acciones, etc–, que derivaron en una profusa tarea para la resolución de cada asunto.
De este modo, no se advierte que en el caso se haya configurado un retardo de justicia exclusivamente imputable a la autoridad administrativa, ni se observa que el demandante haya obrado con la intención de agilizar y finalizar el proceso con la mayor celeridad ni ha efectuado presentaciones tendientes a impedir la dilación del trámite (cfr. CSJN, Fallos: 335:1126; esta Sala, “Miranda Roberto y otro c/ BCRA Resol 142/10”, Causa CAF 1405/11, del 7/2/13; “Telecom Personal SA c/ EN-Enacom s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 62573/17, del 14/3/23 y, en su actual composición, “Telecom Personal SA”, Causa CAF 50488/14, cit.).
Por todo lo expuesto en este segmento, se rechaza el planteo introducido por la actora, referido al juzgamiento en un plazo razonable.
XIX. Que, para finalizar, corresponde expedirse acerca del régimen de las costas, punto (vii) del Considerando VII.
a) En cuanto a la confirmación de la sentencia apelada por la cuestión de fondo –resolución 32/08 (DV RJUN), Considerando XI–, se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 11987/2024/CA1; COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE PEYRANO (TF 31857-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO confirman las costas y se imponen las de Alzada a la actora (CPCCN, art. 68, primer párrafo).
b) En orden a las multas impuestas por la resolución 99/12 (DV RJUN), en la cual se declaró la prescripción de la acción del fisco relativa al IVA-3-4-5/03 –Considerando XII–, las costas de ambas instancias se imponen al fisco nacional (CPCCN, art. 68, primer párrafo).
c) Con relación a las multas impuestas a través de la resolución 1045/12 (S/DI RR02/RET.IVA 168/12), atento al modo en que se resuelve, corresponde efectuar la siguiente distinción:
c.1.) Por la confirmación de la sentencia apelada, en cuanto declaró prescripta la acción del período fiscal 9/05 –Considerando XIV–: se confirman las costas impuestas al fisco y se impone las de Alzada de igual modo (CPCCN, art. 68, primer párrafo).
c.2.) Por la confirmación de la sentencia apelada, que rechazó el planteo de prescripción respecto de los períodos fiscales 1-3-4-5/06 – Considerando XV–: se imponen las costas de ambas instancias a la parte actora (CPCCN, art. 68, primer párrafo).
d) En lo referido a la multa impuesta por medio de la resolución 638/13 (S/DI RR02/RET. IVA/805/11), en particular el período fiscal 11/02; al confirmarse el criterio del a quo –Considerando XVI–: se confirman las costas al fisco y se imponen las de Alzada a la misma parte (CPCCN, art. 68, primer párrafo).
e) Por último, con respecto a las intimaciones de pago provenientes del rechazo de las compensaciones, en particular la perteneciente al 11/02; siendo que en Alzada se convalida el criterio del TFN –Considerando XVII–: las costas de ambas instancias deben ser soportadas por la demandada vencida (CPCCN, art. 68, primer párrafo).
XX. Que, recapitulando cuanto fuera examinado a lo largo de este decisorio, y en aras de emitir un pronunciamiento claro y ordenado, se resuelve confirmar la sentencia apelada, con excepción de su punto resolutivo 2°, el cual se lo modifica, declarando la prescripción de las acciones fiscales allí consideradas (cfr. Considerando XII).
En cuanto a las costas, corresponde remitirse a lo descripto en el Considerando XIX.
Por ello, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General, SE RESUELVE: 1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el fiscal nacional, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada, en el sentido expuesto en el Considerando XII, 2°) Imponer las costas del modo descripto en el Considerando XIX, 3°) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en los puntos resolutivos 6° y 7° de la sentencia apelada.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor Fiscal General – mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del Ministerio Público ante esta alzada ([email protected]; [email protected]; [email protected]; y [email protected])– y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia