Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 32.867-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1 de la Resolución DE PRLA N° 7256/2012, dictada en las actuaciones N°12039- 1634-2007 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
2Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución DE PRLA N° 7256/2012, dictada en las actuaciones N°12039-1634-2007 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, declarando que la deuda tributaria en concepto Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA asciende a la suma de $ 24.047,42, con más los intereses del art. 794 del CA, que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha de su efectivo pago. Revocar parcialmente con relación a los conceptos de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-29806971-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 21 de Marzo de 2025 LIBERTAD En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht y Horacio Joaquín Segura (la Dra. Claudia Beatriz Sarquis se encuentra en uso de licencia), a fin de resolver en los autos caratulados: “COOPERATIVA AGRÍCOLA LIMITADA DE PICADA LIBERTAD c/ D.G.A.
s/recurso de apelación”, expediente Nº 32.867-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 86/109 comparece la firma “Cooperativa Agrícola Limitada de Picada Libertad” e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N°7256/2012, mediante la cual se la condena al pago $36.071,16 en concepto de multa y $74.968,54 en concepto de tributos, como consecuencia de la comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero (“CA”).
II. Entre los argumentos expuestos, la firma reclama la violación del principio "non bis in idem", al señalar que la aduana había iniciado anteriormente otro procedimiento sumarial relacionado con la Destinación de Importación Temporal N°00001IT14001777E (“DIT”). Del mismo modo, se denuncia la vulneración del derecho de defensa, al haberse denegado la oportunidad de producir la prueba informativa, pericial y testimonial solicitada en sede aduanera. Además, se sostiene que no se configura la infracción prevista en el art. 970 del CA, ya que la mercadería fue reexportada de manera correcta. Advierte que el fisco no se presentó en el juzgado donde tramita el concurso preventivo de la empresa, por lo que solicita se declare nulo el sumario. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución, con costas.
III. De su lado, el representante del fisco sostiene la validez del acto administrativo. Luego de efectuar una breve síntesis de los hechos, manifiesta que no surge de las constancias del expediente que el importador haya cumplido con la reexportación de la totalidad de la mercadería en trato. Recuerda que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Señala que es esta quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado, lo cual no hizo. Menciona que en el presente caso nos encontramos ante una DIT que, en su proceso de transformación, produce mermas y pérdidas que deben ser acreditadas correctamente con el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación (“CTC”). Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Previo a todo análisis, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
V. Así las cosas, es necesario abordar los agravios relacionados con la supuesta violación de la garantía contra el doble juzgamiento, pues se alega que la justicia ya se pronunció respecto al mismo hecho objeto de investigación. Cabe destacar que este principio también ha sido incorporado en el CA, ya que el artículo 897 establece expresamente que “nadie puede ser condenado más de una vez por un mismo hecho tipificado como infracción”.
Para la aplicación de dicho principio resulta imprescindible que exista una identidad de hecho, lo que exige la coincidencia en tres elementos fundamentales: persona, objeto y causa. En el presente caso, si bien se verifica la identidad de persona y objeto, no se cumple en lo concerniente a la causa. En efecto, se investiga una infracción al artículo 970 derivada del incumplimiento del régimen temporal respecto a la DIT N°00001IT14001777E, mientras que en la Actuación SIGEA N°12205-350-2005 se tramitó un procedimiento en el que la firma no compareció para sustituir las pólizas correspondientes a las garantías constituidas oportunamente para las operaciones N°00001IT14001777E y 01001IT11000006J. Por ello, dicha conducta se encuadra en la figura prevista en el art. 97, apartado 2, del CA, como falta grave en el ejercicio de sus funciones.
En consecuencia, al no concurrir la identidad de causa, resulta procedente descartar el agravio alegado por la actora.
VI. Sentado lo anterior, resulta pertinente referirse a la supuesta vulneración del derecho de defensa señalada por la actora. En tales condiciones, es necesario destacar que el análisis de las circunstancias que fundamentan la nulidad solicitada no puede realizarse de forma mecánica, sino mediante la ponderación de la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de subsanarla en cada caso concreto.
En este sentido, es oportuno señalar que el administrador, en ejercicio de las facultades previstas en el art. 1039 del CA, puede ordenar la producción de las medidas probatorias que corresponda al interesado. El rechazo de aquellas medidas que se consideren innecesarias constituye una facultad que debe ejercerse de manera fundamentada, a fin de evitar la vulneración del derecho de los administrados a ser oídos por las autoridades competentes.
En relación con lo anterior, la aduana desestimó la prueba informativa y documental en poder de terceros, aduciendo que la actora habría incumplido el deber formal de individualizar su contenido. Asimismo, se rechazó la prueba testimonial y pericial, argumentando que, en estos procedimientos –donde se debate el cumplimiento del régimen de importación temporal– dichas medidas probatorias no resultan idóneas para acreditar el cumplimiento de la destinación denunciada, puesto que los requisitos para la cancelación de las importaciones temporales están previstos en la Resolución ANA N° 479/95, Anexo III, B, punto 8. Por su parte, los agravios expuestos por la actora en su escrito de apelación no logran desvirtuar lo resuelto por el administrador al valorar la prueba a ser producida, ya que, en esencia, se fundamentan en la supuesta necesidad de haber permitido un debate más amplio a través de la producción de la prueba ofrecida.
En consecuencia, en el presente caso no se constata que, en sede aduanera, se haya incurrido en error o vicio alguno que haya ocasionado a la actora una indefensión o perjuicio irreparable que no pueda ser subsanado en esta instancia. De igual modo, resulta evidente que la actora contó con la oportunidad suficiente para ofrecer y producir toda la prueba que considerara pertinente en esta sede, a fin de ejercer su derecho de defensa.
Dentro de este marco interpretativo, la CSJN ha sostenido en reiteradas oportunidades que la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional no se configura mientras exista la posibilidad de remediar dicha restricción en una etapa judicial posterior (Fallos, 205:549; 247:52; 267:393, entre otros).
En consecuencia, conforme a lo expuesto, no procede acoger la nulidad planteada.
VII. Sentado lo anterior, corresponde determinar si la actora incurrió en la infracción prevista en el art. 970 del CA al enrostrársele que no cumplió regularmente con el régimen al que se había comprometido, en los términos indicados por el servicio aduanero a fs. 89 de las Actuaciones Administrativas.
VIII. Para ello, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del CA, es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
IX. En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
X. De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
XI. A estas alturas, previo a determinar si la actora dió cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, resulta menester efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del CTC en los regímenes de importación temporaria. Al respecto, tanto el referido Dec. 1439/96, como la Resolución ME y OSP N° 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el CTC expedido por la Secretaría de Industria. Concretamente, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)” (art. 8 de la Resolución ME y OSP 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96). De lo apuntado, se sigue que la presentación del CTC es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis. Es que, en efecto, tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta. Más aún, el formulario conforme al cual los CTC eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución SIC N° 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del CTC, debe indicarse tanto la PA del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su PA.
En definitiva, de todo ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el CTC se refiere particularmente a la mercadería y a la PA que en él se detalla. Precisamente, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los PE.
A fin de cuentas, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
XII. En atención a lo expuesto y tras examinar detenidamente las constancias y pruebas incorporadas a la causa, se evidencia que la recurrente omitió adjuntar copia del CTC correspondiente a la operación de autos. En definitiva, ya he mencionado en reiteradas oportunidades que el CTC no es una exigencia baladí, todo lo contrario, ya que coadyuva a que el responsable colabore activamente en el ejercicio de las funciones de contralor que le asisten al organismo aduanero. En consecuencia, la mercadería objeto de infracción no puede ser considerada reexportada, puesto que la actora no cumplió con las obligaciones sustanciales establecidas en el régimen que le era aplicable.
Cabe recordar, a este respecto, que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior[1]. De igual forma, la garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable[2].
XIII. A mayor abundamiento, es preciso señalar que la actora dispuso de diversas oportunidades para presentar la prueba necesaria que acreditara el cumplimiento del régimen, oportunidad que fue irremediablemente desaprovechada por su propia inacción. Así, a fs. 87 de las actuaciones administrativas se la intimó para que informara el número completo y el año de presentación del expediente o solicitud de CTC, acompañándolo con la fotocopia correspondiente para facilitar la búsqueda de antecedentes. No obstante, ante la ausencia de respuesta, se consideró decaído su derecho a producir dicha prueba. Posteriormente, a fs. 131, este tribunal la intimó para que manifestara su interés en la producción de la prueba ofrecida (entre las cuales se encontraba el CTC), sin obtener respuesta alguna, ratificándose nuevamente el decaimiento del mencionado derecho.
Atento lo examinado y teniendo en cuenta que la prueba ofrecida por la actora como base de su defensa y ordenada en esta instancia no resulta ser suficiente para cumplir con la documentación exigida por el servicio aduanero, corresponde considerar configurada la infracción endilgada.
XIV. Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF Latinoamericana S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “Fisher S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME Nº 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art.970 del CA. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto Nº 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XV. Finalmente, con relación a los conceptos IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XVI. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos XIV y XV, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
DIT 00001IT141777E
Concepto % Importe Base Imponible $ 54.665,70 Derechos de Importación 18,5 $ 10.113,15 Tasa de Estadística 0.50 $ 273,32 Base IVA $ 65.052,17 IVA 21 $ 13.660,95 TOTAL $ 24.047,42 Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de $ 24.047,42, en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar el art. 1 de la Resolución DE PRLA N° 7256/2012, dictada en las actuaciones N°12039- 1634-2007 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución DE PRLA N° 7256/2012, dictada en las actuaciones N°12039-1634-2007 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, declarando que la deuda tributaria en concepto Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA asciende a la suma de $ 24.047,42, con más los intereses del art. 794 del CA, que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha de su efectivo pago. Revocar parcialmente con relación a los conceptos de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar el art. 1 de la Resolución DE PRLA N° 7256/2012, dictada en las actuaciones N°12039- 1634-2007 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución DE PRLA N° 7256/2012, dictada en las actuaciones N°12039-1634-2007 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, declarando que la deuda tributaria en concepto Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA asciende a la suma de $ 24.047,42, con más los intereses del art. 794 del CA, que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha de su efectivo pago. Revocar parcialmente con relación a los conceptos de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese Suscriben la presente los Dres. Miguel N. Licht y Horacio J. Segura por encontrarse en uso de licencia la Dra. Claudia B. Sarquis (conf. art. 1162 del C.A.)
[1] Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91.
[2] Fallos: 287:145; 290:99 y 306:195, entre otros.
Date: 2025.03.20 11:42:39 ART Date: 2025.03.21 13:42:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.21 13:43:12 -03:00
Fin de la sentencia