Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121050
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.050, "Nielsen, Eduardo Enrique contra Cooperativa Agropecuaria La Segunda Ltda. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea rechazó el planteo de inconvencionalidad del juzgamiento en única instancia introducido por la empleadora codemandada (v. fs. 790/793).
Se dedujo, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 798/819 vta.) el que fue concedido por esta Corte (conf. art. 292, CPCC; v. fs. 932/933 vta. y 970 y vta.).
Dictada a la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. En lo que interesa, el señor Eduardo Enrique Nielsen inició demanda contra Cooperativa Agropecuaria La Segunda Ltda., Roberto Francisco Favoretti, Cristian Alejandro Madsen, Oscar Andrés Christiansen, Waldo Marcelo West, Rosana Inés Rasmussen y Cristian Fernando Christiansen, en procura del cobro de diferencias por vacaciones, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, con más una reparación por daño material, moral y psicológico (v. fs. 139/173 vta.).
I.2. Los codemandados al responder a la acción deducida en su contra (v. fs. 391/401, 451/458 vta., 498/505 vta., 567/574 vta., 641/649 vta., 707/715 vta., 754/762 vta.) plantearon la inconvencionalidad del sistema de juzgamiento a través de tribunales de trabajo de instancia única instrumentado por la ley 11.653. Alegaron esencialmente que dicho método vulnera el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica -que posee jerarquía constitucional-, en cuanto garantiza a toda persona en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, la posibilidad de recurrir el fallo, sin restricciones y con amplitud suficiente, ante un juez o tribunal superior, sin que exista un recurso ordinario eficaz mediante el cual el litigante pueda acceder a una revisión completa del pronunciamiento que le causa agravio.
I.3. Con apoyo en doctrina de esta Suprema Corte, el órgano de grado declaró que el sistema procesal laboral de instancia única regulado por la ley 11.653 no es inconstitucional ni resulta contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 790/793).
Destacó que la procedencia de la pretensión de la demandada en cuanto había peticionado la intervención de un tribunal de igual categoría o de la Suprema Corte como órgano de alzada implicaría que los órganos judiciales indebidamente se arroguen facultades legislativas y se desestructure el sistema procesal laboral vigente en la Provincia de Buenos Aires, avasallando las disposiciones de la ley 5.827 -Ley Orgánica del Poder Judicial- que organiza, entre otros aspectos, el fuero laboral provincial (v. fs. 792 y vta.).
II. Contra esta decisión, la coaccionada Cooperativa Agropecuaria La Segunda Ltda. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 798/819 vta.).
Insiste en plantear la "inconvencionalidad" del sistema de instancia única que rige en el proceso laboral de la Provincia de Buenos Aires, pues -a su juicio- no se adecua a las exigencias establecidas en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional, en función de lo establecido en el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Sostiene que la resolución recurrida debe ser revocada porque es necesario dar verdadera operatividad al citado art. 8 y terminar con un procedimiento que no garantiza el recurso integral ante un órgano de superior jerarquía como establece el Pacto de San José de Costa Rica, toda vez que no existe un tribunal superior ordinario ante quien recurrir los fallos de los tribunales de trabajo. Señala que el órgano actuante debió cumplir con los lineamientos que se desprenden del precedente "Baena" y de la Opinión Consultiva 11/90 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -máximo intérprete de la Convención Americana- en los que ha sostenido que la garantía del doble conforme es aplicable a los procesos laborales.
Añade en apoyo de su postura que, si el poder legislativo no toma las medidas necesarias para modificar el sistema instaurado, es imperativo que el poder judicial adopte una postura proactiva y disponga a partir de un "diseño judicial" lo indispensable para el cumplimiento de la normativa que aduce vulnerada.
III. El recurso no prospera.
El asunto traído a debate por el impugnante -en cuanto postula que el sistema de instancia única instrumentado por la ley 11.653 resulta violatorio del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- ha sido resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos al presente (causas L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011; L. 117.500, "I.P.E.N.S.A.", sent. de 21-X-2015; L. 119.452, "Tristán", sent. de 5-VI-2019 y L. 119.569, "Morón", sent. de 28-VIII-2019) en los que se declaró que el sistema procesal laboral de instancia única no es inconstitucional ni resulta contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apartado 2 inc. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales.
Lo señalado resulta suficiente para dar respuesta al recurso (conf. art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), desde que, además, el interesado no ha desarrollado argumentos que -en mi opinión- justifiquen la revisión del criterio expuesto por este Tribunal en los precedentes antes citados.
IV. Por lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2020 10:39:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 11:40:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 19:10:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 09:16:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2020 15:14:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia