Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 24.473-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las resoluciones apeladas, salvo en la parte en que se confirman las determinaciones del Impuesto al Valor Agregado, en los términos analizados en el Considerando X, con costas conforme los respectivos vencimientos.
2Confirmar la multa aplicada con relación al Impuesto al Valor Agregado en atención a lo resuelto en el primer punto, reduciendo la misma al mínimo legal previsto en el artículo 46 de la Ley N° 11.683 (conforme lo indicado en el Considerando XII). Con costas, salvo en la parte en que se reduce que se imponen por su orden.
3Ordenar a la AFIP-DGI que, en el plazo de treinta (30) días, practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto, deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la presente causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal, dentro del quinto (5to) día de notificada la presente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-55050530-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 1 de Junio de 2022 “COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDAS INDEPENDENCIA LTDA.
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El Expte. N° 24.473-I y sus acumulados N° 24.475-I, N° 24.788-I y N° 24.789-I, caratulada “COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDAS INDEPENDENCIA LTDA. S/ RECURSO DE APELACIÓN – IMPUESTO A LAS GANANCIAS – IMPUESTO AL VALOR AGREGADO” a resolución de los miembros de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la 4° Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la 5° Nominación) y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Titular de la 6° Nominación);
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que, a fs. 88/98, en el marco del Expte. N° 24.473-I la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 309/2004 (DV CRR2) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- de fecha 30 de noviembre de 2004, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2000, 2001 y 2002, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $445.566,31.-, con más la suma de $199.006,83.- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa por la suma de $255.832,38.- equivalente a tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la ley de rito.
A fs. 191/201vta., en el marco del Expte. N° 24.475-I, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 308/2004 (DV CRR2) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- de fecha 30 de Noviembre de 2004, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales marzo de 2001 a noviembre de 2002, ambos inclusive, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $236.628,56.-, con más la suma de $61.569,81.- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa por la suma de $138.377,55.- equivalente a tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido por los períodos fiscales marzo a diciembre de 2001, ambos inclusive, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la ley de rito.
A fs. 281/292, en el marco del Expte. N° 24.788-I la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 10/2005 (DV CRR2) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- de fecha 20 de Enero de 2005, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 1999, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $9.898,60.-, con más la suma de $9.957,99.- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa por la suma de $29.695,80.- equivalente a tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la ley de rito.
A fs. 372/380 vta., en el marco del Expte. N° 24.789-I, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 9/2005 (DV CRR2) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- de fecha 20 de Enero de 2005, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales enero de 1999 a febrero de 2001, ambos inclusive, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $49.573,97.- por los períodos fiscales junio de 1999 a septiembre de 2000 y noviembre de 2000 a febrero de 2001, ambos inclusive en los dos tramos, con más la suma de $50.393,66.- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa por la suma de $148.721,91.- equivalente a tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido en los mismos períodos fiscales que arrojaron saldo de impuesto a ingresar, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la ley de rito. De modo preliminar, la recurrente expresa que la presente causa, que abarca la totalidad de los períodos fiscales mencionados anteriormente, tiene su origen en el libramiento de un oficio judicial de la Jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, Secretaría N° 46, donde tramitara el Concurso Preventivo de la aquí actora, relativo a ciertos créditos a favor de terceros (pasivos para la actora) que resolvió desestimar a fin de que se investigue.
A su vez, señala que el oficio dirigido a la AFIP refería específicamente a la eventual infracción por parte de la Cooperativa del régimen establecido por la Ley Antievasión N° 25.345. Ello así, toda vez que dicha Magistrada hubo resuelto no admitir la verificación de los créditos del grueso de la masa de acreedores en el marco de dicho proceso concursal, a efectos de no permitirles su participación en la votación de la propuesta concordataria. Asimismo, señala la recurrente que ello obligó a los acreedores que pretendieran cobrar sus acreencias, a iniciar los respectivos procesos incidentales de revisión de créditos (fs. 89 y fs. 92).
Afirma que ello derivó en la impugnación por parte del Fisco Nacional de las operaciones de crédito celebradas con veintidós (22) acreedores, lo que culminó con un ajuste fiscal basado en la aplicación al caso concreto de las presunciones establecidas en el art. 18 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). La recurrente, en resumen, plantea los siguientes argumentos defensivos: (i) el carácter de exenta que reviste en tanto cooperativa, de conformidad con lo establecido en el art. 20 inciso “d” de la Ley N° 20.628, (ii) las irregularidades cometidas por el ente recaudador en el marco del trámite de empadronamiento general correspondiente a la RG AFIP N° 729/99, (iii) el hecho de que las entidades cooperativas no son sujetos del impuesto a las ganancias, (iv) la naturaleza concursal de los créditos reclamados por AFIP, sujetos a verificación tardía en el proceso concursal y al plazo de prescripción establecido por el art. 56 de la Ley N° 24.522, de Concursos y Quiebras, y (v) en el caso puntual de los ajustes vinculados a los Exptes. N° 24.788-I y N° 24.789-I, su nulidad debido a la violación de las normas del capítulo XIII de la Ley N°11.683, referidas al régimen especial de fiscalización denominado “Bloqueo Fiscal”.
Por su parte, cuestiona la constitucionalidad de la tasa de interés establecida en el art. 37 de la norma ritual (fs. 96/96 vta.), la aplicación de las sanciones precedentemente mencionadas (fs. 96), hace reserva del caso federal (fs. 96 vta.), ofrece prueba documental, pericial contable, informativa y testimonial (fs. 96 vta./97 vta.) y, finalmente, peticiona se dicte sentencia revocando las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
II. Que, a fs. 111/116, fs. 215/222, fs. 301/303 vta. y fs. 391/398 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos, desestima los agravios de la recurrente, ratifica en todas sus partes las resoluciones determinativas de oficio que motivan las presentes actuaciones, solicitando el rechazo de los recursos impetrados por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas.
Asimismo, se opone a la prueba ofrecida por la parte actora, plantea el caso federal y pide se confirmen las resoluciones recurridas, con costas a la actora.
III. Que, a fs. 400/400 vta. obra la sentencia de acumulación de los Exptes. N° 24.475-I, N° 24.788-I y N° 24.789- I a estas actuaciones.
IV. Que, entre fs. 409 y fs. 454 obran agregadas diversas piezas consistentes en cédulas de notificación con o sin transcripción de las resoluciones pertinentes y/o con las copias de las sentencias dictadas en el marco de distintos incidentes de revisión que tramitaran ante el Juzgado del Concurso Preventivo, en los cuales se resolviera finalmente la verificación favorable de un número significativo de los créditos que aquí cuestiona el Fisco Nacional, todo lo cual fuera puesto de manifiesto como hechos nuevos por la recurrente a medida que recibía las notificaciones comentadas. A su vez, y previo traslado obrante a fs. 455 (pto. 2°), el Fisco Nacional ensayó su defensa a fs. 460/461.
V. Que, a fs. 467/467 vta. este Tribunal dispuso la apertura a prueba de las presentes actuaciones, haciendo lugar a la totalidad de la prueba ofrecida por la parte actora, limitando la prueba testimonial de acuerdo a las pautas establecidas en los artículos 429 y 430 C.P.C.C.N.
A fs. 544/545, fs. 551/556 y fs. 559/569, obran las contestaciones de oficio del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, Secretaría N° 46, la Cámara Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), respectivamente. Respecto de la prueba informativa dirigida al Registro Nacional de las Personas, la misma se tuvo por decaída a fs. 732.
A fs. 518/529 obra el informe pericial contable producido por los peritos contadores oportunamente designados. A fs. 509/513 obran las declaraciones testimoniales brindadas por Oscar Facundo Eugenio GONZÁLEZ DEMATINE, Liliana Delia CALDERÓN, Fernando Néstor PÉREZ -quien declarara por sí y también como representante legal de COMSOFT S.A.- Mónica MAYOR, y Virginia ANDRÉS DE TEJADA, respectivamente. A fs. 590/714 la recurrente aporta prueba documental certificada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, Secretaría N° 46 vinculada a los primeros cuatro testigos mencionados anteriormente, así como también al acreedor Daniel Alejandro PUENTE -y socio de COMSOFT S.A.-.
Por último, a fs. 715 obra acompañado por la parte actora un Certificado de Exención en el Impuesto a las Ganancias extendido por AFIP en los términos del art. 20 inciso “d” de la ley del referido gravamen en el marco de la RG AFIP N° 2681.
VI. Que, a fs. 796 se clausura el período probatorio en la presente causa, a fs. 805 se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y seguidamente se dispuso poner las presentes actuaciones para alegar. A fs. 809/814 obran agregados los alegatos del Fisco Nacional, no haciendo uso de su derecho la parte actora.
VII. Que, a fs. 819 se ponen los autos para sentencia.
VIII. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
IX. Que, en primer término, corresponde señalar que no se discute en autos el carácter de entidad cooperativa que reviste la parte actora, toda vez que así se constituyera desde el momento mismo de su creación. En ese sentido, la Cooperativa de Crédito, Consumo y Viviendas Independencia Limitada -aquí actora- fue autorizada para funcionar en fecha 8 de Julio de 1992 mediante Resolución N° 479 por el entonces Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC), ajustándose su estatuto conforme a las prescripciones legales y reglamentarias vigentes derivadas del complejo normativo encabezado por la Ley N° 20.337. Su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas fue transcripta al folio 119 del libro 2° de actas, bajo la matrícula N° 14.174 y el acta N° 1119/92, el 4 de agosto de 1992 (cfr. fs. 142/159, AA, Cuerpo Circularización INAES). Sentado lo que antecede, cabe señalar que el inciso “d” del art. 20 de la Ley N° 20.628 (t.o. Decreto N° 649/97) establecía la exención de las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etc.), distribuyen las cooperativas de consumo entre sus socios.
Ahora bien, el Fisco Nacional destaca que oportunamente la Cooperativa gestionó el pedido de exención del impuesto mencionado, habiéndose archivado el mismo ante la falta de respuesta de la aquí actora y, en consecuencia, se procedió a determinar el ajuste aquí apelado -incremento patrimonial no justificado-. Sobre este aspecto en particular, no obstante lo señalado por el Fisco Nacional, cabe poner de resalto que, conforme surge de las actuaciones administrativas acompañadas en la presente causa, la aquí recurrente hubo presentado su trámite de empadronamiento general en los términos de la Resolución General AFIP N° 729/99 en fecha 6 de junio de 2001 (cfr. fs. 94/95 y fs. 105/107, AA, Cuerpo I Fotocopias Juzgado N° 23 Secretaría N° 46). Aun cuando surgen del Informe Preliminar algunos defectos en el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos formales establecidos en el régimen de empadronamiento, no es menos cierto que la Administración Federal demoró más de un año y medio en dar debido tratamiento a dicho trámite de empadronamiento, mediante un primer requerimiento de fecha 3 de febrero de 2003 (cfr. fs. 97/98, AA, Cuerpo I Fotocopias Juzgado N° 23 Secretaría N° 46).
Sin perjuicio de lo expuesto, surge de la copia del acta de fecha 15 de abril de 2003, que la aquí actora dio cumplimiento a los diversos puntos del requerimiento, quedando pendiente por otro lado cierta documentación vinculada al estatuto vigente de la misma, toda vez que la modificación propuesta por la Asamblea Ordinaria de Asociados N° 10 del 24/05/2002 -esto es, no había sido aprobada por el entonces Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES, sucesor del INAC-. Todavía más, se observa que al 22 de abril de 2003 el Jefe (Int) de la Sección Recursos de la División Revisión y Recursos I de la Región Centro informaba al Departamento Concursos y Quiebras de dicha Administración Federal que el trámite exentivo se encontraba en trámite (cfr. fs. 99/101, AA, Cuerpo I Fotocopias Juzgado N° 23 Secretaría N° 46).
Luego de solicitadas algunas prórrogas por la recurrente a efectos de dar cumplimiento al referido requerimiento, el organismo fiscal decidió en fecha 27 de agosto de 2003 proceder conforme a lo dispuesto en el art. 6 de la Resolución General AFIP N° 729/99 y, en consecuencia, previa intimación de las declaraciones juradas de rigor, se ordenara el archivo de las actuaciones (cfr. 104, AA, Cuerpo I Fotocopias Juzgado N° 23 Secretaría N° 46), aspecto que conforme argumenta la parte actora nunca le fue informado o notificado (fs. 91 vta., Cuerpo Principal).
Respecto de las prórrogas solicitadas por la actora a fin de cumplir con lo peticionado por el Fisco Nacional surge de la documentación acompañada por ésta al momento de presentar su recurso de apelación en el marco del Expte. N° 24.473-I, que la recurrente solicitó en tiempo y forma el 24 de abril de 2004 al INAES, el pronto despacho de las actuaciones iniciadas el 21 de junio de 2002, trámite que a ese entonces ya llevaba dos años de demoras en su tramitación (cfr. fs. 82/83, Cuerpo Principal).
En ese sentido, queda evidenciado que el cumplimiento a los requerimientos de trámite de empadronamiento - AFIP- dependía, a su vez, de que otra dependencia estatal finalizara un trámite ampliamente demorado. Cabe destacar que la documentación posee sellos originales del INAES, razón por la que no cabe atender a la oposición vertida por el Fisco Nacional respecto de la prueba documental aportada por la recurrente en este aspecto. Ahora bien, más allá de las cuestiones reseñadas relativas al trámite de exención. En el caso de autos, se trata de un ente cooperativo que, sin perjuicio de la coyuntura puntual del trámite de su concurso preventivo de acreedores, se encontraba exento del gravamen conforme establece el inciso “d” del art. 20 de la Ley N° 20.628 (t.o. Decreto N° 649/97).
En efecto, conforme ha expresado en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “...el carácter de sujeto exento estará dado por el encuadramiento de la entidad actora en las previsiones de dichas normas y no por la circunstancia de que cuente o deje de contar con una resolución del ente recaudador que declare explícitamente que reviste esa calidad, máxima si se tiene en consideración que el citado art. 39 dispone que la exención opera automáticamente, por la sola obtención de la personería gremial. Ello sin perjuicio de la función que pueda cumplir una declaración de esa clase en lo relativo a clarificar lo atinente a deberes formales y obligaciones derivadas de pagos o cobros a terceros” (“U.T.G.R.A. Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina c/ D.G.I. s/ acción de amparo”, Fallos 322:2173, Considerando 6°, 16/09/1999). Ello así, no escapa a este análisis que el supuesto de hecho analizado por el Máximo Tribunal se refiere a la exención establecida en el art. 20 inciso “f” de la ley del gravamen, vinculada a entre otras, las asociaciones gremiales, supuesto que a su vez se observa reforzado por la automaticidad de la exención al obtener la respectiva entidad la personería gremial, específicamente prevista en el art. 39 de la Ley N° 23.551, de Asociaciones Sindicales.
No obstante ello, esta tesitura ha sido reiterada por la Corte Suprema en autos “Recurso de Hecho deducido por el Fisco Nacional (AFIP -DGI) en la causa Cámara de Propietarios de Alojamientos c/ Dirección General Impositiva” de fecha 26 de noviembre de 2002 (Fallos 325:3092).
En este segundo precedente, deben destacarse las palabras del Procurador General de la Nación, Dr. Nicolás Eduardo Becerra, quien en su dictamen expresara que “...(e)ste certificado constituye un mero acto de reconocimiento, por parte de la Administración, de las situaciones en que, prima facie, se encuentran determinadas personas, a los fines de adecuar su actuación respecto de los demás sujetos gravados y terceros, como asimismo el propio Fisco” (cfr. “Cámara de Propietarios de Alojamientos c/ Dirección General Impositiva”, Dictamen del Procurador General de la Nación de fecha 12 de julio de 2001, Considerando VI). Este criterio fue convalidado también en el supuesto de la derogación retroactiva del beneficio exentivo de las entidades mutuales comprendidas en el inciso “g” del art. 20 de la ley del gravamen, a través del Dictamen de la Procuradora General de la Nación, Dra. Laura M. Monti, de fecha 4 de noviembre de 2009, el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación compartiera el 2 de marzo de 2011 en autos “Mutual de Socios Credivico c/ AFIP-DGI – Región 1 resol. 27-X-00 s/Dirección General Impositiva” al desestimar el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco Nacional. Se destaca que el Dictamen mencionado toma su base de los dos precedentes de Corte anteriormente señalados.
Al igual de lo que se sostuvo en la jurisprudencia que emana del caso "Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre C/DGI", Sala I de la CNACAF (19/12/17), lo esencial no es el reconocimiento formal como persona exenta, sino la adecuación sustancial a las previsiones de las leyes que establecían esos beneficios. En el presente caso el fisco no demostró la existencia de hechos y actos que pusieran en evidencia la transgresión de las condiciones legales bajo las cuales la cooperativa gozaba de la franquicia.
Por otro lado, se observa que no obstante la litis entablada en los diversos procesos ante este Tribunal, la recurrente continuó sus tramitaciones para obtener el certificado de exención. Tal es así, que a fs. 715 obra agregado el Certificado de Exención N° 043/2010/04680/1 en el Impuesto a las Ganancias emitido por AFIP el 1 de enero de 2010, en los términos del art. 20 inciso “d” de la ley del gravamen y conforme las previsiones de la Resolución General AFIP N° 2681/2009, sucesora de las RG N° 1815/2005 y N° 729/1999. Es decir, la propia AFIP reconoce con posterioridad que se trata de una entidad exenta.
Ello así, en virtud de lo expuesto, se revoca el ajuste en el impuesto a las ganancias, con costas. Conforme la forma en que se resuelve, deviene inoficioso el tratamiento de los demás agravios planteados.
X. Que, en segundo lugar, respecto al Impuesto al Valor Agregado, tal como se expuso, se apela en autos la resolución N° 308/2004 (DV CRR2) que determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente correspondiente a los períodos fiscales marzo de 2001 a noviembre de 2002, ambos inclusive y en el marco del Expte. N° 24.789-I, la resolución N° 9/2005 (DV CRR2) que determina de oficio la obligación impositiva correspondiente a los períodos fiscales enero de 1999 a febrero de 2001, ambos inclusive.
En cuanto al fondo de la cuestión, el Fisco Nacional en virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del art. 18 de la Ley 11.683, cuestionó la falta de acreditación de ciertos pasivos, la omisión de efectuar el prorrateo del crédito fiscal y ajustó débitos fiscales en defecto.
Ahora bien, en primer lugar, corresponde abordar el planteo efectuado por la parte actora en el marco del Expte. N° 24.789-I- Resolución N° 9/2005 (DV CRR2) respecto de la supuesta violación del Régimen Especial de Fiscalización contemplado en el Capítulo XIII de la ley de procedimiento.
Al respecto, la actora manifiesta, que los períodos determinados en la Resolución N° 9/2005 (DV CRR2) IVA 06/1999 a 02/2001 se encontrarían bloqueados conforme el citado régimen, instituido por el artículo 117 y siguientes de la Ley de rito, en razón de que la determinación de oficio que ajusta las DDJJ del IVA de los períodos 03/2001 a 11/2002 – determinados en la Resolución, apelada en el Expte. N° 24.473-I- se encuentra apelada con efecto suspensivo ante este Tribunal Fiscal, y los mismos resultarían ser el “período base”. En lo esencial, cabe señalar que, bajo el título “Régimen Especial de Fiscalización – Presunción de Exactitud”, regulado entre los artículos 117 a 127 de la ley de rito, se establecía que para ciertos contribuyentes y responsables el Poder Ejecutivo podía disponer que la fiscalización a realizar por parte del Organismo Recaudador se limitara al último período anual por el cual se hubieran presentado las declaraciones juradas o, en caso de tributos que no se liquidaran anualmente, a los períodos vencidos durante el transcurso de los últimos doce meses anteriores a la verificación; presumiéndose iure et de iure la exactitud de las declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos anteriores no prescriptos. Ésto hasta tanto fueran impugnadas las mencionadas declaraciones juradas, observándose el procedimiento de determinación de oficio regulado en los artículos 16 y siguientes del mismo cuerpo normativo, conllevando al “desbloqueo” para fiscalizar los períodos fiscales anteriores no prescriptos.
Cabe advertir que en relación a la aplicación del “bloqueo fiscal”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en la causa: “Sotura, Ricardo Fermín c/D.G.I.”, el 13/9/2011 donde sostuvo que: “A través del decreto Nº 455 -del 8 de marzo de 2002-, se derogó el referido régimen “con relación a períodos fiscales cuyo vencimiento opere con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma”.
Asimismo, en lo que respecta a la aplicación del régimen bajo examen en cuanto al I.V.A., el Máximo Tribunal se expidió, haciendo suyo el dictamen producido por la Sra. Procuradora Fiscal, en la causa “Peña, Orlando c/D.G.I.”, sentencia del 22/02/2011, explicitando cuál es el “período base”, que delimita el alcance de las tareas de fiscalización en el caso de los tributos anuales y de los que no lo son. Para este último supuesto –como en el particular– el “período base” abarcará los ejercicios vencidos durante el transcurso de los últimos doce meses calendario anteriores al inicio de la fiscalización en los que hubieran presentado declaraciones juradas o practicado liquidaciones (arg. art. 117 de la ley 11.683)
En el caso de autos, y tal como surge de la Resolución apelada (fs. 129 de las actuaciones) la recurrente cierra sus ejercicios comerciales diciembre de cada año y la fecha de apertura del cargo data del 24/09/2004 -OI 4241/2-. Siendo la última declaración jurada presentada con anterioridad a la derogación del régimen, la correspondiente al mes 02/02, el “período base” se encontraría conformado por los últimos doce meses, es decir, del 03/01 al 02/02, habiendo ajustado el Fisco Nacional esos mismos períodos e incluso posteriores.
En efecto, tal como ha dicho la Excma. Cámara en la causa “Guarde S.A. c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo” del 14/07/2015 “cabe destacar que el último ejercicio comercial de Guarde S.A. en lo que hace al I.V.A., en el que estuvo vigente el régimen de “bloqueo fiscal” al que se viene haciendo referencia, fue el correspondiente al mes de febrero de 2002 cuyo cierre operó el último día de ese mes. Esto es así, pues el decreto Nº 455/2002 fue dictado y entró en vigencia en el mes de marzo de dicho año (ver B.O. del 12/03/2002). Con base en tales circunstancias, y sin perder de vista los lineamientos sentados por el Alto Tribunal en la sentencia dictada en las causas, in rebus, “Sotura, Ricardo Fermín c/ D.G.I.” y “Peña, Orlando c/ D.G.I.”, ya citadas, adviértase que en autos, el “período base” sujeto a fiscalización comprendía, por tratarse del Impuesto al Valor Agregado (cuya liquidación e ingreso a las arcas públicas se produce en forma mensual), los ejercicios mensuales correspondientes a marzo del año 2001 y hasta febrero del año 2002, es decir los doce ejercicios comerciales cerrados con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto Nº 455/02 (B.O. 12/03/2002), norma que derogó el “bloqueo fiscal” establecido por el decreto 629/1992”.
En definitiva, puede observarse que la última declaración jurada presentada antes del 21/03/2002 -fecha en que se derogó el régimen- fue la correspondiente al mes 02/02 siendo los últimos doce meses anteriores, períodos que resultan ser base y fueran apelados por la contribuyente en las presentes actuaciones (Expte. N° 24.473-I). Además, no habría controversia en dicho aspecto.
Ahora bien, conforme surge de fs. 6 de la Actuación N° 10602-145-2005 se informa que la contribuyente regularizó parcialmente la pretensión de autos presentando declaraciones juradas rectificativas por los períodos fiscales 03/2001 a 11/2002.
Al respecto, cabe señalar que la cuestión resulta sustancialmente análoga a la examinada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa caratulada: “DIAMEDES S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
(Expte. nº 29.454/2014), en su pronunciamiento de fecha 20 de noviembre de 2015. En esa oportunidad se sostuvo que: “no es posible comprender la interpretación que realiza el tribunal a quo de las normas en trato, ya que considerar ‘bloqueados’ los períodos fiscales en cuestión no significa otra cosa que presumir su exactitud en función de la exactitud del período base, cuando, en el presente caso, la actora admitió la inexactitud de las declaraciones juradas (...) al conformar (...) los ajustes efectuados por la inspección”.
Ciertamente, se profundizó, “máxime teniendo en cuenta la literalidad de las normas u el objetivo del régimen de bloqueo fiscal, esto es, el de presumir la exactitud o inexactitud de los períodos anteriores en correlación con la del período base para centrar la capacidad operativa del organismo a la fiscalización de este último período (cfr. mensaje del Poder Ejecutivo de fecha 06/02/1991 al acompañar el proyecto de ley; en Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación 52ª reunión, 6ª sesión extraordinaria, febrero 14 y 15 de 1991, pág. 4541/4542)”.
En tal sentido, resultan claras las previsiones contenidas en los arts. 118 y 119 de la ley 11.683, en cuanto allí se dispone que la presunción de exactitud no se aplicará respecto de las declaraciones juradas rectificativas presentadas con posterioridad al inicio de la inspección, en cuyo caso, si resultare de esa exteriorización un incremento de la base imponible o de los saldos de impuestos a favor del organismo recaudador, podrá éste extender la fiscalización a períodos no prescritos -anteriores al período base-, determinar la materia imponible y liquidar la obligación tributaria.
Por lo tanto, y dado que se encuentra fuera de controversia que el responsable procedió a conformar los ajustes propuestos por la inspección, y, consecuentemente rectificó sus declaraciones juradas originales correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002, la circunstancia señalada tiene por efecto producir el decaimiento de la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas por los períodos fiscales no prescriptos anteriores al período base, es decir del 06/99 al 02/01 sujeto a fiscalización, atento a que se verificó uno de los presupuesto previstos en la ley para que ello ocurra.
XI. Que, expuesto lo anterior, corresponde analizar el fondo de la cuestión. En ese sentido, en cuanto al ajuste relacionado al incremento patrimonial no justificado se observa a fs. 142 de autos que el Fisco optó por considerar que la ganancia neta omitida determinada en el impuesto a las ganancias constituye ventas omitidas en el impuesto al valor agregado.
Ello así, el ajuste se basa en la aplicación por parte del organismo fiscal, de la presunción de ventas omitidas, conforme artículo 18, párrafo 1° de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).
Corresponde recordar que es doctrina de esta Sala que “...resulta evidente que los métodos presuntivos, son alternativas válidas que habilita la ley en favor de la administración para que pueda cumplir sus objetivos, en aquellos casos en que debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias respaldatorias, documentación que no resulte fehaciente e insuficiencias de diversa índole, deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (“Dadea, Marta Elisa”, Sala B, de fecha 22/12/1983).
Lo dicho no implica que el contribuyente no conserve en todo momento el derecho de probar y cuestionar tanto la existencia y características del hecho cierto tomado como base, como la relación entre el hecho inferente y el hecho inferido. Ha dicho la Excma. Cámara que las presunciones son el resultado de un proceso lógico mediante el cual de un hecho conocido cuya existencia es cierta, se infiere un hecho desconocido cuya existencia es probable (Philips Argentina S.A c. Fisco Nacional, CNACAF, Sala I, 07/08/1990).
Es importante recordar a esta altura que los ajustes aquí apelados se originan en el informe enviado por la Jueza del concurso a la AFIP por la existencia de pasivos no comprobados. En definitiva, la cuestión a dilucidar, se trata de una cuestión de hecho y prueba por lo que corresponde su análisis.
En ese sentido, cabe detallar el conjunto de la prueba ofrecida y producida por la recurrente para justificar los pasivos impugnados (conforme Anexo fs. 58). A fs. 410/413 de las actuaciones la parte actora adjunta como hecho nuevo la resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23 en autos 49125 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ Incidente” en donde se hace lugar a la revisión y declara verificado el crédito de la Sra. Liliana Delia Calderon. A fs. 418/420 adjunta copia de autos 49122 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ Incidente” donde se declara verificado el crédito perteneciente a la Sra. Norma Aprea, a fs. 425/428 luce el auto recaído en el Expte. N° 49.123-I “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ Incidente” que declara verificado el crédito de Luis Daniel Volante; a fs. 433/436 luce la resolución del Expte. 49.112 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/CONCURSO PREVENTIVO S/ Incidente” que verifica el crédito del Sr. González Dematine Oscar Facundo; a fs. 441/444 luce auto recaído en el Expte. N° 49.115 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/CONCURSO PREVENTIVO S/ Incidente”
que verifica el crédito de la Sra. Esther González Agueda; a fs. 451/452 luce auto recaído en el Expte. N° 49.126 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ Incidente” que verifica el crédito del Sr. Fernando Néstor Pérez y de la Sra. Virginia Andrés de Tejada y a fs. 665/668 Expte. N° 49.127 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ Incidente” que verifica el crédito de la empresa COMSOFT SA.
De dichos pronunciamientos, amén de hacer lugar a la verificación concursal, detallan los fundamentos por los cuales se encuentran acreditados los requisitos formales y materiales que otorgan validez a los préstamos realizados. Conforme surge del oficio de fs. 544/545 enviado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia las sentencias señaladas se encuentran firmes.
A esta altura, teniendo en cuenta el origen del cargo y que de las sentencias respectivas, surgen como acreditados los requisitos formales y sustanciales que validan la existencia y cuantía de los créditos verificados por la propia jueza del concurso respecto de los pasivos detallados en el párrafo anterior al que antecede, se revoca el ajuste, con costas.
Respecto de los demás pasivos, cabe adelantar que no corren con la misma suerte. Ello así, a fs. 509/513 lucen las testimoniales, de las mismas los testigos tal como menciona el Fisco Nacional en su alegato, les corresponden las generales de la ley pero además se comprometieron a acompañar documentación que acreditara sus dichos, circunstancia que no tuvo lugar.
Con relación a las pruebas testimoniales la jurisprudencia (Villa Ricardo Mario, Sala A, 11/04/2002) ha establecido un valor relativo de las mismas máxime considerando la relación de dependencia o económica que existe en estos casos en relación a la sociedad y la falta de pruebas documentales que avalen sus dichos, como para desvirtuar la pretensión fiscal.
En efecto, ha dicho la Sala B en la causa “Compar Compensación Argentina SA”, del 16/06/99 que “el testigo hábil para declarar puede sin embargo, encontrarse en situación que haga ineficaz su testimonio (…) tal situación se basa en el interés presunto que el testigo tiene en el proceso, en el parentesco, en la enemistad grave o la amistad íntima o la dependencia económica del mismo respecto de una de las partes, en el carácter de apoderado o defensor de éstas. Que en consecuencia, siendo los deponentes empleados de la firma recurrente, corresponde declarar que constituye un muy débil medio de convicción que deviene ineficaz si, como en el caso, no se encuentra acompañado de otro medio de prueba”. En idéntico sentido se ha expresado el Máximo Tribunal in re S.I.A. S.A. 06/09/1967.
A fs. 519/529 luce el informe pericial del Libro Diario. Surge que se realizan asientos globales (“Acreedores Varios”), es decir, de manera innominada -sin identificar a los respectivos prestamistas- en relación a los ingresos de los fondos y que en el Libro Inventario no siempre se pudieron verificar los saldos respectivos y que, en algunos casos, no coincidían con los montos del detalle a revisar. En cuanto a la bancarización, informan los peritos que, por el tipo de registros de los depósitos bancarios y los ingresos de “caja” detallados en los asientos, se verifica que “mayoritariamente” los saldos registrados en la cuenta “caja” son depositados en cuentas corrientes bancarias a nombre de la Cooperativa y en cuanto a la aplicación de los fondos recibidos “se entiende” que fueron destinados al objeto social.
Conforme surge del informe de los auditores, no existe evidencia concreta que demuestre de manera individualizada, la veracidad y cuantía de los préstamos, que revierta los cuestionamientos que oportunamente realizo el Fisco Nacional. Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En consecuencia, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, cuáles fueron sus verdaderos ingresos y evidenciar la realidad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intenta probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Por lo que por los restantes pasivos, cabe confirmar el ajuste fiscal, con costas.
Por último, conforme surge de fs. 143, parte de los ajustes referidos a los débitos fiscales y créditos fiscales ajustados fueron rectificados por la parte actora y reconocidos por el ente Fiscal. Más aún, expone en el capítulo V aceptación parcial de los conceptos determinados en el cuadro de fs. 199 de autos. Sin embargo, se expresan ciertas diferencias que persistirían en la determinación de oficio sobre las cuales la parte actora no expresa agravios no obstante incluir un punto de pericia C) (Anexo A) que reitera datos sobre hechos relevados en las Actuaciones Administrativas sin brindarse mayores explicaciones sobre su contenido e implicancias, por lo cual, en torno a ello no cabe más que confirmar el ajuste, con costas.
XI. Que, no habiendo agravios concretos en materia de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación por la parte que se confirma, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XII. Que, finalmente resta expedirse con respecto a la procedencia de las multas apeladas en las presentes actuaciones relativas a la parte que se confirma en el impuesto al valor agregado, que encuentran sustento normativo en los artículos 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley 11.683.
En efecto, cabe recordar que tal como sostuvo esta Sala “B” -en su anterior conformación- in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...” En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...” En el caso particular, el aspecto material de las multas se encuentra debidamente acreditado, atento el modo en que se resuelve con relación a los ajustes efectuados.
Con relación al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el artículo 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del artículo 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
Por lo tanto, si se analiza la presunción utilizada en la especie, debe puntualizarse en el inciso b) del artículo 47 de la ley de rito no cualquier incidencia allanaría el camino hacia una presunción adecuadamente conformada, sino que es necesario que el juez administrativo fundamente que la merma de materia imponible reúne la calidad de “grave” (véase “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. S.C.A.”, Sala “B”, de fecha 11/02/2008).
En ese sentido, los hechos discutidos en la presente causa revelan la grave incidencia que prescribe la norma y que la propia determinación fiscal muestra, en contraste con lo originariamente declarado por el contribuyente. En función de lo expuesto, la presunción que invoca el ente recaudador se encuentra bien activada y correspondía a la parte actora la carga de probar la ausencia de conducta dolosa en su accionar, cuestión que no ocurre en la especie. Por ello, corresponde confirmar las multas apeladas en autos.
No obstante ello, en cuanto al quantum de las sanciones aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
El Dr. Magallón dijo:
I. Que, adhiere al voto del Dr. Porporatto.
El Dr. Pérez dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el Dr. Porporatto en los Considerandos I a VII inclusive de su voto.
II. Asimismo adhiere a los Considerandos VIII y IX, votando en su mismo sentido.
III. Que, en cambio, difiere en la solución del planteo articulado por la recurrente con sustento en la violación del denominado “bloqueo fiscal” respecto de los períodos fiscales 6/1999 a 2/2001 del Impuesto al Valor Agregado. Cabe recordar que en el Capítulo XIII del Título I de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modificaciones) se dispone un régimen especial titulado "Régimen Especial de Fiscalización - Presunción de Exactitud", regulado entre los arts. 117 a 127 y que, en lo esencial, establece que para ciertos contribuyentes y responsables el Poder Ejecutivo podrá disponer que la fiscalización a realizar por el Organismo Recaudador se limite al último período anual por el cual se hubieren presentado declaraciones juradas o, en caso de tributos que no se liquiden anualmente, a los períodos vencidos durante el transcurso de los últimos doce meses anteriores a la verificación, presumiéndose iure et de iure la exactitud de las declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos anteriores no prescriptos, hasta que sean impugnadas las mencionadas declaraciones juradas, es decir, las correspondientes a los períodos sometidos a fiscalización, determinándose la materia imponible conforme el procedimiento tipificado en los arts. 16 y siguientes del mismo cuerpo normativo, haciendo, de esta manera, desaparecer el bloqueo impuesto a la fiscalización.
Que, una vez desbloqueados los períodos no prescriptos, podrá el Fisco Nacional optar por extender a aquéllos la fiscalización y determinar de oficio la materia imponible correspondiente a los mismos o, en caso de haberse efectuado la impugnación y determinación de oficio del período base fiscalizado por conocimiento cierto de la materia imponible, presumir que las declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos no prescriptos adolecen de inexactitudes equivalentes a la detectada en aquél período, pudiendo ser aplicada dicha presunción en forma simultánea con el acto administrativo por el que se determine el impuesto del período base o dentro de los noventa días corridos siguientes a dicho acto.
Corresponde entonces decidir sobre los alcances desbloqueantes de las declaraciones juradas rectificativas presentadas durante el curso de una inspección.
El artículo pertinente 118 de la Ley N° 11.683 establecía que "Hasta que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS proceda a impugnar las declaraciones juradas mencionadas en el artículo 117 y practique la determinación prevista en el artículo 17 y siguientes, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, la exactitud de las declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos anteriores no prescriptos. La presunción que establece este artículo no se aplicará respecto de las declaraciones juradas, originales o rectificativas, presentadas luego de iniciada la inspección, ni aun de las que lo hubieran sido antes de ella, si concurrieran las circunstancias indicadas en el primer párrafo, última parte, del artículo 113..." De ello, se desprende que la pérdida de presunción de exactitud opera por declaración jurada rectificativa presentada (por período fiscal e impuesto) y no con una suerte de efecto desbloqueante general para todos los períodos fiscales e impuestos vencidos no prescriptos del contribuyente. Ello lleva a concluir que la ampliación determinativa a los períodos fiscales anteriores no prescriptos resulta inválida, por cuanto las rectificativas de períodos fiscales que componen el período base, ningún efecto de pérdida de presunción de exactitud o desbloqueo proyectan respecto de los períodos anteriores no prescriptos, en tanto el bloqueo fiscal opera por impuesto y por período fiscal.
La pérdida de presunción de exactitud sólo puede referirse a las rectificativas presentadas luego de iniciada la inspección relativa a aquellos períodos anteriores al base, no prescriptos, ya que sólo puede perder la presunción de exactitud aquellos períodos fiscales que la estuvieren gozando, característica que no puede predicarse respecto de los períodos fiscales que componen el período base, los cuales nunca gozaron de ninguna presunción de exactitud.
Tampoco se presenta en el caso los supuestos contemplados en el artículo 119 de la ley procedimental, ni tampoco puede predicarse, a este respecto, que las rectificativas presentadas cumplan mínimamente los requisitos del anteúltimo párrafo del mentado artículo 119, habida cuenta que se han rectificado conceptos disímiles a los ajustados en definitiva por el juez administrativo en la resolución apelada.
Al respecto cabe traer a colación lo resuelto por la Sala III de la Alzada in re “Hijos de Egidio Benedetti SRL”, sentencia del 18/12/2009, donde sostuvo que “En función de cuanto se lleva dicho, y en vista de la precisa referencia contenida en art.119, 3er. párrafo de la ley 11.683 -que permite prescindir de la determinación de oficio si el responsable presentare declaraciones juradas rectificativas que satisfagan la pretensión fiscal-, resulta de toda claridad que a los efectos previstos por la norma citada, las consecuencias emergentes en orden a la presunción de satisfacción de la pretensión tributaria por el transcurso del término establecido (cuando no mediare impugnación de las aludidas rectificaciones), solo pueden producirse dentro del procedimiento de determinación de oficio y con posterioridad al otorgamiento de la vista a que alude el art. 17 de la ley (mas no como ocurre en el caso de autos, en que el contribuyente presenta las declaraciones rectificativas durante la etapa de fiscalización previa, con anterioridad a la apertura del trámite determinativo), pues recién iniciado el mencionado procedimiento de determinación correspondiente y en dicho estado, se podría considerar la existencia de una pretensión fiscal susceptible de satisfacción por vía de las declaraciones rectificativas-, a que alude el precepto en estudio (conf. Dictamen N° 82/01 de la Dirección de Asesoría Legal AFIP-DGI, del 18.10.01). Y ello es así por cuanto la presunción establecida por el último párrafo del citado art. 119, y particularmente la asumida satisfacción de la pretensión fiscal, opera los efectos u ocupa el mismo lugar que el acto final determinativo de oficio que, en las condiciones expuestas, el fisco no necesitara emitir, conclusiones que surgen como resultado de una prudente interpretación y aplicación del bloque normativo objeto de análisis; todo lo cual torna debidamente justificados los procesos determinación llevados adelante por el ente recaudador (respecto del IVA e Impuesto a las Ganancias, por los períodos objetados), la distinción que se efectúa en la sentencia apelada a los efectos de sustentar su legitimidad, y en definitiva, la improcedencia de la argumentación en que se sustenta el agravio bajo tratamiento, que conduce a su desestimación.”
Asimismo, la Sala IV de la Excma. Cámara al sentenciar con fecha 7/9/2010 la causa "Telesport SA (TF 21178-I c/ DGI" señaló que “De lo expuesto se advierte que el Fisco al extender la fiscalización a los períodos anteriores al base violó el régimen de fiscalización previsto en los artículos 117 y concordantes de la ley 11.683 en tanto debió primero determinar el período base, y una vez firme ese acto, determinar los períodos anteriores. Lo expuesto no se ve enervado por la presentación de tres declaraciones rectificativas, las cuales no produjeron el desbloqueo en tanto estaban comprendidas dentro del período base que resultó en definitiva objeto de determinación.”
Que, por todas las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar a la defensa opuesta por la actora con sustento en la violación del régimen de bloqueo fiscal, revocando las determinaciones apeladas en cuanto al Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 06/1999 a 02/2001. Las costas se imponen por su orden en atención a las particularidades de la cuestión y la existencia de criterios divergentes en el propio Tribunal.
IV. En cuanto a los restantes períodos del Impuesto al Valor Agregado no alcanzados por el bloqueo fiscal, adhiero a la solución propuesta por el Dr. Porporatto en el Considerando X de su voto, como así también respecto de los intereses resarcitorios y la multa aplicada respecto de los referidos períodos comparto los fundamentos expuestos en los considerandos XI y XII de su voto.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Revocar las resoluciones apeladas, salvo en la parte en que se confirman las determinaciones del Impuesto al Valor Agregado, en los términos analizados en el Considerando X, con costas conforme los respectivos vencimientos.
2. Confirmar la multa aplicada con relación al Impuesto al Valor Agregado en atención a lo resuelto en el primer punto, reduciendo la misma al mínimo legal previsto en el artículo 46 de la Ley N° 11.683 (conforme lo indicado en el Considerando XII). Con costas, salvo en la parte en que se reduce que se imponen por su orden.
3. Ordenar a la AFIP-DGI que, en el plazo de treinta (30) días, practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto, deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la presente causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal, dentro del quinto (5to) día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta (30) días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados, y archívese. Date: 2022.06.01 15:15:56 ART Date: 2022.06.01 15:25:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.01 15:27:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.01 15:29:44 -03:00
Fin de la sentencia