Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 38005-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia apelada y disponer que se remitan nuevamente las presentes actuaciones al Tribunal de origen a los fines indicados en el Considerando X. Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado atento las diversas interpretaciones que ha suscitado el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. arts. 68, segundo párrafo y 279 del C.P.C.C.N.).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5132/2023 COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE
CARGA DE URUGUAYANA (TF 38005-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2024.- TAR
El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 98 y vta. contra el pronunciamiento de fs. 86/88. La apelante fundó su recurso por el memorial de fs. 105/110, el cual fue replicado por la contraria a fs. 113/126 vta.; y,
I. El Tribunal Fiscal de la Nación por la sentencia apelada resolvió: 1) admitir el planeo de nulidad formulado por la actora y tener por presentado en término su recurso, sin costas y 2) revocar la Resolución N° 1284/2016 (AD MEND), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 12437-612-2005 y, en consecuencia, dejar sin efecto el cargo 184/06, con costas.
Para así resolver, en primer lugar, sostuvo que resultaba procedente la nulidad de la notificación de la resolución impugnada que había sido alegada por la parte actora. De ese modo, el Tribunal indicó que el recurso de autos había sido presentado temporáneamente.
En segundo lugar, advirtió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Tevelam SRL”, consideró aplicable al robo de la mercadería amparada en una destinación de tránsito de importación, la eximición del pago de tributos que gravasen la importación para consumo prevista en la primera parte del art. 315 del Código Aduanero (en adelante CA).
En tercer lugar, manifestó que no surge de las constancias obrantes en los antecedentes administrativos que el itinerario del tránsito determinado por la Aduana se hubiera desvirtuado, ni que se haya incumplido el deber de custodia sobre la mercadería por parte de la recurrente, el robo fue debidamente denunciado en la Seccional Primera de Mercedes -Pcia. de Corrientes- e informado a la Aduana en virtud de los deberes a cargo de los responsables de la carga, de acuerdo con lo establecido por el art. 308 del CA.
II. Para comenzar, en su expresión de agravios la accionante señala que, considerando los presupuestos tenidos en cuenta en el precedente “Tevelam”, en el caso de autos no se corrobora la existencia del cumplimiento del deber de custodia. Advierte que, si bien en el pronunciamiento se considera que ha quedado verificado el actuar diligente de la actora, no surge de las constancias de autos que la misma haya contratado un servicio de custodia o tomado alguna otra precaución respecto al cuidado de la carga. En este sentido, indica que debe interpretarse a contrario sensu el precedente mencionado, en tanto en el caso no existió custodia alguna de la mercadería.
Entiende que no parece justo que se considere que, quien ilícitamente se apropió de lo que no era suyo, ponga en cabeza de quien sufrió el ilícito la responsabilidad tributaria. Por lo que pondera que no resulta razonable que sea la comunidad la que deba soportar la falta de ingreso de los tributos dispensados en forma suspensiva. Asimismo, indica que la mercadería objeto de un robo no puede reputarse como irremediablemente perdida como lo prevé el artículo 315 del CA, por el contrario, podría ser utilizada por un tercero, lo que impide la dispensa del pago de los tributos a los responsables de la obligación tributaria.
Por último, considera que quien está en posición de probar su diligencia es el interesado y no la Aduana a quien le resulta imposible afectar personal a la constatación de la falta de custodia en cada operación.
III. De las constancias de la causa surge que la firma transportista Cooperativa Cootranscau LTDA ingresó por la aduana de Mendoza la mercadería documentada bajo la destinación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5132/2023 COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DE URUGUAYANA (TF 38005-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO suspensiva de tránsito 056038TRAS013692F, mediante el camión - dominio IFA 7899- y semirremolque -dominio ICO 4710-, proveniente de Chile y con destino final en Brasil. Posteriormente, conforme lo manifestó el Sr. Jefe de la Aduana de Mendoza en la Resolución que se cuestiona en este proceso, no se controvierte el acaecimiento del robo de la mercadería transportada (según surge de la denuncia policial cuya copia obra a fs. 3 de la actuación administrativa y el relato de la parte actora, este se produjo cuando dos sujetos, uno portando un arma de fuego, redujeron al chofer del mencionado medio de transporte, apropiándose del camión y la carga correspondiente a la mencionada destinación, en las inmediaciones de la ruta nacional 14 y a la altura de la localidad de Cuatro Bocas, en la Provincia de Mendoza, el día 5/6/2005). En consecuencia, la aduana formuló el cargo aprobado por Planilla de Aforo 184/06, lo que fue confirmado por la Resolución N° 1284/2016 (AD MEND).
IV. Tal como ha quedado reseñada la cuestión no cabe duda alguna que se configuró el hecho imponible conforme lo dispuesto por el art. 636 del código aduanero, al no haber arribado la mercadería a la aduana de destino a fin de efectuar la desconsolidación pertinente.
En definitiva, lo que se discute en autos es la determinación de la responsabilidad que por la deuda resultante puede caber a quien, en su oportunidad, comprometió la operación del ingreso de la mercadería procedente de la Región de Valparaíso, Chile -con destino final a la Ciudad de Curitiba, Brasil- al territorio aduanero argentino. Al respecto, cabe poner de relieve que no se encuentra acreditado que la sustracción de la mercadería involucrada en dicha operación tuvo como consecuencia su posterior destrucción o inutilización total. Por el contrario, no existe ninguna constancia de que la mercadería haya sido encontrada, lo cual evidencia que aquella, pese a no poder ser recuperada por la actora, pudo haber sido consumida o comercializada por un tercero.
En torno a la cuestión estrictamente tributaria (no penal, la cual es ajena a estos actuados) es pertinente recordar que la finalidad de la exigencia de pago al agente de transporte aduanero y al transportista de los tributos aduaneros correspondientes a la mercadería perdida como consecuencia del robo (del mismo modo que lo exige el art. 360 del código aduanero para los casos de mercadería totalmente destruida o irremediablemente perdida por caso fortuito o fuerza mayor, durante su permanencia bajo el régimen de exportación temporaria), es la de proteger la renta aduanera, previendo los perjuicios del erario público por su posible utilización en razón de un ingreso que ha resultado ilegítimo (conf. en materia de mercadería faltante a la descarga, CSJN Fallos: 300:713; en el mismo sentido, esta Cámara, Sala IV, “Renault Argentina”, del 1/3/2007 y esta Sala, Causa N° 63.161/19, “Servimex SACI 25619-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 18/8/2021).
V. A esta altura, se impone analizar las circunstancias fácticas y probatorias del caso, a la luz de las pautas que emanan del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 11 de diciembre de 2012, en la causa “Tevelam SA (TF 22427-A) c/DGA”, en cuyo Considerando 11 se expresó que: “…una interpretación prudente y respetuosa de los principios precedentemente referidos - acorde, por lo demás, con el criterio fijado por el Tribunal en materia de presunciones iuris et de iure (Fallos: 333:993)-, aconseja distinguir la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta del itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción, en cuyo caso no podría alegar una razón eximente de su responsabilidad tributaria fundada en un hecho imprevisible e irresistible, de la de quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5132/2023 COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DE URUGUAYANA (TF 38005-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO padece un robo agravado por el uso de armas como el denunciado en estas actuaciones”.
En consecuencia, la posibilidad de responsabilizar tributariamente -o no- a la parte actora de dicha obligación estará sujeta a la verificación fáctica del hecho delictivo, y a la acreditación del cumplimiento de las exigencias previstas en el art. 308 del CA, como así también de los deberes de custodia por parte del responsable (v. considerando 12 del fallo cit.).
VI. Por lo pronto, cabe observar, que no es dudoso que habiendo la actora invocado un hecho fortuito, apto para excepcionar la presunción establecida por los artículos 310 o 311 del CA, a ella correspondía comprobar tal circunstancia.
Es de advertir que, en el caso, tal como lo plantea la demandada en su expresión de agravios, no se presentan las especiales circunstancias que llevaron al Alto Tribunal en el citado precedente a morigerar los efectos de la presunción legal contenida en el art. 315 del código de la materia y eximir el pago de tributos a los sujetos allí involucrados. Obsérvese que en aquellas actuaciones no se encontraba controvertido que junto al camión que fue robado, lo acompañaba en calidad de custodia otro vehículo –contratado por la allí actora- que también fue objeto de un robo con armas, que no se había apartado del itinerario establecido ante la autoridad aduanera y que de ningún modo su conducta autorizaba a sospechar grado alguno de connivencia con el delito, habiendo sido todo esto demostrado acabadamente por la interesada en obtener la dispensa tributaria. Mientras que en estos actuados, resulta capital ponderar que la custodia del camión reposaba exclusivamente en su chofer y que el actor no se ha referido, en pos de su defensa, al itinerario del medio de transporte sino sólo al lugar en el que fue robado (en la ruta nacional 14, a la altura de la localidad de Cuatro Bocas, en la Provincia de Corrientes), impidiendo ambas circunstancias considerar cumplimentado el especial deber de custodia que se contempló en el precedente del Supremo Tribunal.
En consecuencia, correspondía a la parte actora aportar prueba conducente para acreditar que se cumplieron con los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario (como podría ser el contratar un servicio de seguridad de custodia o de control satelital o personal, como recaudo demostrativo de un actuar previsor en resguardo de la integridad de la mercadería). De manera que, ante tal omisión, se impone concluir que no se encuentran reunidos a este respecto los recaudos básicos de admisibilidad de su reclamo.
VII. Por lo demás, las cuestiones planteadas en autos resultan de similares ribetes fácticos y jurídicos a los que ya analizó esta sala al dictar pronunciamiento en las Causas N° 156/07 “Blancanuez SA 8TF 19691-A) c/DGA” y N° 31081/07 “Varcent SA (TF 19634-A) y acum c/DGA”, ambas del 6/6/2013 y Nº 22078/18; “Galeano Gladis TF 30456-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 11/9/2018. De tal modo, devienen de aplicación -en lo pertinente- los fundamentos allí vertidos y la decisión allí adoptada, a los cuales cabe remitirse en mérito a la brevedad.
VIII. En virtud de que los fundamentos hasta aquí desarrollados conllevan la revocación de la sentencia apelada en cuanto al fondo de lo allí decidido, se impone el tratamiento de las demás cuestiones introducidas en el recurso que originalmente había interpuesto la firma encartada ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Los cuales no fueron tratados por éste, en atención a la solución que se dispuso y que en cumplimiento del principio de eventualidad, sostuvo la parte al responder el memorial de su contraria. Estos son la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5132/2023 COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DE URUGUAYANA (TF 38005-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO prescripción de la acción para el reclamo de los tributos adeudados y la improcedencia de la inclusión, en el cargo efectuado, de conceptos respecto de los cuales la mercadería involucrada se encontraría exenta por ser intrazona.
IX. Respecto al primer tópico mencionado, expresa la actora que el plazo de prescripción aplicable, según las previsiones del art. 803 del CA, había comenzado a transitar desde el ingreso de la mercadería al territorio aduanero y se vio interrumpido mediante la notificación de la liquidación tributaria aduanera, el día 28/9/2006. Sin embargo, aun así el mencionado período útil para perseguir el cobro de los tributos reclamados habría fenecido finalmente el 29/9/2011 y el fallo administrativo, que aquí se cuestiona, se produjo recién el día 30/12/2016 (v. fs. 123).
Ahora bien, cabe destacar que no se encuentra configurada la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, en tanto a fs. 39/41 de las actuaciones administrativas obra la presentación mediante la cual la empresa impugnó la liquidación tributaria que le había sido notificada, presentación que motivó el dictado del acto administrativo que culminó recurriendo en la presente litis. Por lo tanto y atento lo establecido por el art. 803 del CA el computo de la prescripción cuya declaración pretende la contribuyente se vió suspendido, en los términos del art. 805, inc. c, de dicho cuerpo normativo. Por consiguiente, sólo cabe el rechazo de los agravios introducidos en cuanto a este punto.
X. Sentado lo anterior, resta abordar la objeción que se dedujo contra la liquidación tributaria. Así pues, en primer término, la transportista cuestiona el reclamo formulado en concepto de derechos de importación y solicita la aplicación del régimen arancelario preferencial del MERCOSUR, toda vez que la mercadería involucrada era originaria de Chile.
En su oportunidad, al dictar la Resolución Nº 1284/16, la Aduana desconoció la posibilidad de aplicar tal preferencia arancelaria con sustento en que: (i) tales beneficios no pueden reclamarse en el marco de una importación irregular, (ii) la falta de intervención del servicio aduanero en el control de la mercadería hace imposible comprobar la correspondencia de aquélla con los certificados de origen y tener certeza sobre su verdadero origen; (iii) los certificados agregados a las actuaciones no amparan la totalidad de la mercadería; (iv) se encuentra vencido el plazo de validez de 180 días conferido por el acuerdo respectivo; y (v) son documentos emitidos por autoridad extranjera que no cuentan con la legalización ante el consulado argentino a fin de corroborar su autenticidad (v. fs. 107/108, act. adm.).
Así reseñada la cuestión, corresponde aclarar que, en lo que respecta al tratamiento arancelario preferencial acordado a mercaderías originarias de países miembros del MERCOSUR con los que se hubieren suscripto Acuerdos de Complementación Económica, su reconocimiento depende de la acreditación fehaciente del origen y procedencia de la mercadería de conformidad con las previsiones que establecen dichos acuerdos.
Es decir que, en concreto, en consideración al momento imponible, las importaciones en cuestión se rigen por el “Reglamento de Origen del Mercosur”, incluido como anexo I del VIII Protocolo Adicional al ACE 18, suscripto el 30/12/94.
En particular, el artículo 14 de dicho protocolo establece que el documento que permite la comprobación del origen de las mercaderías es el certificado de origen, que deberá ser emitido por entidades certificantes habilitadas, identificar la mercadería a que se refiere e indicar inequívocamente que aquélla es originaria del Estado CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5132/2023 COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DE URUGUAYANA (TF 38005-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Parte de que se trate en los términos que dispone el reglamento. Por otra parte, el artículo 16 establece que los certificados de origen tendrán un plazo de validez de 180 días a contar desde la fecha de su expedición; plazo que tiene relación con el tiempo que transcurre entre la fecha de emisión del certificado y la de importación a consumo de la mercadería consignada en el instrumento. Es decir que, en la medida en que el hecho imponible se configure -como en el caso- dentro del referido plazo, a la operación le sería aplicable el régimen arancelario preferencial correspondiente al origen de la mercadería (en sentido concordante, conf. esta Cámara, Sala IV, Causas Nº 5366/15 “Compañía Regional de Aceros Forjados Mercedes SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 6/8/2015 y 2544/18 “Vesuvio SACIFI y otros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 5/2/2019).
Asimismo, en lo que aquí resulta relevante, el apartado d, punto 5, del anexo I “Régimen de Origen Mercosur. Instructivo para el Control de Certificados de Origen del Mercosur por parte de las Administraciones Aduaneras” de la directiva CCM 12/96 dispone que el certificado de origen debe presentarse en original y “[e]l mismo no se aceptará, entre otras versiones, en fotocopias o transmitidos por fax”.
No puede a esta altura soslayarse que los mencionados certificados no han sido presentados ni en el expediente administrativo, ni ante esta instancia. Sin embargo, tampoco debe pasarse por alto que en el punto 3.-, del apartado H.- del recurso interpuesto ante el Tribunal Fiscal de la Nación la parte accionante ofreció como prueba informativa que se requiriera a la firma embarcadora indicada en la documentación aduanera la remisión de copia legalizada de los certificados de origen correspondientes, además de otras medidas también orientadas a acreditar que dichos bienes fueron producidos en Chile (cfr. fs. 37).
Por su parte, a fs. 72, el a quo decidió no hacer lugar a la prueba informativa ofrecida por la actora, por considerarla inconducente.
Como puede advertirse, merced a lo aquí indicado, la prueba en cuestión resulta necesaria a efectos de elucidar el punto en debate. Por tal razón, corresponde disponer que se remitan nuevamente las presentes actuaciones al Tribunal de origen a efectos de que se dispongan las medidas pertinentes y se expida sobre este aspecto de la controversia.
Por ello, el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia apelada y disponer que se remitan nuevamente las presentes actuaciones al Tribunal de origen a los fines indicados en el Considerando X. Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado atento las diversas interpretaciones que ha suscitado el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. arts. 68, segundo párrafo y 279 del C.P.C.C.N.).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
Fin de la sentencia