Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 34.548-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 116/2010, con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en la suma de $29.536 por la representación procesal y $45.440 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto total del litigio, el resultado obtenido, la actividad desarrollada y las etapas procesales cumplidas en el Expediente, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-52060492-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 20 de Mayo de 2024 Almafuerte de trabajo limitada”.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 34.548-I caratulado “Cooperativa de enseñanza primaria, secundaria y especial Almafuerte de trabajo limitada”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. La Cooperativa de enseñanza primaria, secundaria y especial Almafuerte de trabajo limitada (en adelante “la Cooperativa”) interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°116/2010 dictada el 14 de diciembre de 2011 por la Dirección Regional Tucumán de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la cual se le determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2003 y se la intimó a ingresar la suma de $12.483,45 más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683).
Asimismo, en dicho acto se le aplicó una multa de omisión de $6.241,73 de acuerdo con el art. 45 de la misma ley (t. v.). Surge de sus considerandos que a raíz de la pérdida del reconocimiento de la exención en el impuesto a las ganancias, los ingresos obtenidos por la Cooperativa resultaron gravados en dicho gravamen en el período fiscal 2003 por lo que se la intimó a rectificar la declaración jurada que en los términos del art. 27 de la R.G. 1815 había presentado por dicho período. Ante su incumplimiento, se inició el procedimiento de determinación de oficio reglado en los arts. 17 y ss de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif).
II. En su presentación ante este Tribunal, la Cooperativa manifestó que, en tanto el procedimiento de determinación de oficio se basó en la pérdida del reconocimiento de la exención, consideró necesario reiterar los agravios desarrollados al momento de impugnar dicho acto administrativo.
Señaló que la pérdida del reconocimiento como entidad exenta tuvo su fundamento en que la Cooperativa ocupaba personal en relación de dependencia no asociado, en incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 360/75 del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACYN), luego Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Informó que dicho acto administrativo fue recurrido conforme el procedimiento establecido en el art. 74 del decreto reglamentario 1397/79 y que la decisión fue confirmada el 12 de julio de 2010 mediante la Resolución N° 108/2010. Se agravió de que haya emitido la determinación de oficio sin que la Resolución N° 108/2010 se encontrara firme (agrega que a la fecha de su dictado estaba vigente el término para impugnarla judicialmente por los medios de la ley 19.549). Explicó que es una cooperativa de trabajo educativa de niños y adolescentes de más de 40 años de trayectoria y que, a los fines de prestar el servicio educativo, el Estado Provincial de Tucumán le otorgó un subsidio para cubrir el 100% las remuneraciones y contribuciones patronales de los docentes que, por exigencia del Estado Provincial, debían figurar registrados como empleados en relación de dependencia.
Dijo que la subvención aludida fue indispensable para la efectiva prestación del servicio educativo y el cumplimiento de su fin primordial que es prestar servicios educativos.
Hizo notar que así era la forma en que estas entidades funcionaban y que ello fue oportunamente reconocido por los organismos de contralor, es decir el INACYN, hoy INAES en la esfera nacional, y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYN) en la provincial. Aseguró que nunca tuvieron objeciones al respecto.
Destacó que las remuneraciones coincidían con las abonadas por el Estado Provincial a los docentes de los establecimientos escolares públicos de la Provincia. Recalcó —invocando el principio de la realidad económica previsto en el art. 2 de la ley 11.683— que el real empleador es el Estado Provincial, que es quien liquidaba los haberes, pagaba los sueldos y depositaba las contribuciones. No obstante, insistió en que para otorgar la subvención se le exigía que el personal se encontrara registrado en relación de dependencia con la Cooperativa.
Aseguró que esas circunstancias nunca fueron ocultadas al Fisco Nacional y fueron informadas en las declaraciones juradas presentadas al Sistema Único de Seguridad Social, en las correspondientes al impuesto a las ganancias, así como también consta en los Estados Contables de la Cooperativa. Por lo demás, hizo notar que el Fisco Nacional no acreditó ni probó que las ganancias obtenidas fueran destinadas a fines diferentes de que los que tiene la cooperativa, ni que persona alguna hubiera obtenido lucro de ningún tipo.
Planteó el error excusable como causal eximente de la sanción que se le aplica conforme lo prevé el art. 45 de la ley 11.683 al considerar que la normativa en cuestión es poco clara, “complicada” y que admite diversas interpretaciones. Ofreció prueba documental, y prueba informativa al IPACYM y al Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán. Solicitó, en consecuencia, que se deje sin efecto la Resolución, con costas.
III. A su turno, la representación fiscal contestó el traslado del recurso de apelación.
En primer lugar, pidió que se declare desierto el recurso interpuesto porque, según dijo, no tenía una crítica razonada y concreta de la Resolución N° 116/2010 que pusiera fin al procedimiento de determinación de oficio, sino que era una remisión a lo que la Cooperativa expresara en oportunidad de impugnar el acto administrativo por el cual se resolvió la pérdida de la exención en el tributo.
Reafirmó sus facultades para determinar de oficio cuando, como en el caso, se comprueba que no se cumplen los requisitos establecidos en las normas para mantener la exención impositiva. Agregó que se encontraba habilitado para hacerlo en tanto el procedimiento de apelación previsto en el art. 74 del decreto reglamentario 1397/79 no tiene efecto suspensivo. Asimismo, invocó en sustento de sus dichos el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Mutual de Socios Credivico c/ AFIP-DGI Región 1”, del 2 de marzo de 2011.
Afirmó que la Cooperativa incumplió con el objetivo establecido en su propio Estatuto, no en cuanto a la actividad a desarrollar (la enseñanza o cualquier otra actividad cooperativa), sino respecto a quiénes la llevaban a cabo y su relación con la entidad ya que “si dicha relación deja de ser por cuenta propia, para ejecutarse en relación de dependencia con la misma, se desvirtúa la finalidad misma de la forma jurídica adoptada y por ende del propósito de la norma exentiva”. Aseguró que la forma jurídica adoptada resultaba incompatible con la contratación de personal en relación de dependencia. Agregó que la entidad aceptó la objeción al regularizar su situación a partir de noviembre de 2007 lo que motivó que se le reconociera la exención a partir de ese período.
Dijo que, una vez establecido el decaimiento de la exención, se le intimó la presentación de declaraciones juradas rectificativas del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2003 y, ante su incumplimiento, fue que se inició el procedimiento de determinación de oficio a los fines de establecer la materia imponible gravada. Explicó que para ello se tuvo en cuenta la declaración jurada informativa presentada por dicho período, que fue impugnada únicamente ante el “ius variandi” producido en la condición del sujeto frente al tributo.
Aclaró que consideró que la ganancia obtenida encuadraba en las previsiones de los arts. 1 y 49, inc. a) de la ley del tributo (t. o. en 1997), resultando en consecuencia sujeto del impuesto obligado a presentar declaraciones juradas conforme lo establece el art. 2 de su decreto reglamentario.
Solicitó así que se confirme la Resolución, con costas.
IV. A fs. 84 se abrió a prueba y se hizo lugar a prueba informativa ofrecida, cuyos resultados se encuentran agregados a fs. 150/162.
Clausurado el período probatorio a fs. 163, a fs. 170 se elevó el Expediente a consideración de la Sala y a fs. 186 presentó su alegato la representación fiscal, mientras que la recurrente no hizo uso de ese derecho.
A fs. 192 el Expediente quedó en estado de dictar sentencia.
V. Corresponde resolver sobre la legitimidad de la Resolución N° 116/2010 para lo que cabe tener en cuenta lo que surge de sus Considerandos y de los antecedentes administrativos Se trata de una Cooperativa cuya actividad principal declarada es la de enseñanza inicial y primaria, con fecha de cierre de ejercicios el 31 de diciembre de cada año.
El 17 diciembre de 2009 la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán dispuso la pérdida del reconocimiento provisional de la exención prevista en el art. 20, inc. d) de la ley de impuesto a las ganancias (t. o. en 1997) por el período comprendido entre el 23 de mayo de 2005 hasta el 31 de octubre de 2007 y revocar la exención concedida el 11 de marzo 1991 desde el 1 de enero de 2003.
Ello, en tanto detectó gastos en los ejercicios 2004 y 2005 que fueron soportados por la Cooperativa pero que correspondían en parte al Instituto Mixto de Enseñanza Privada, cuya explotación estaba a su cargo.
Asimismo, se constató que más del 50% del plantel docente de la Cooperativa estaba formado por personal no asociado, en relación de dependencia con la misma, en incumplimiento con la restricción impuesta por la Resolución N° 360/75 dictada por el entonces INAC, que en su art. 1º establece que las cooperativas de producción o trabajo no pueden utilizar los servicios de trabajadores en relación de dependencia no asociados a la cooperativa, salvo en determinados supuestos entre los cuales no encuadra la recurrente o bien que se regularice dicha situación en los plazos indicados y se incorporen a la misma como asociados, lo que no aconteció en el caso hasta noviembre de 2007. Es por ello que, en el acto mencionado, se la declaró exenta en el impuesto a las ganancias pero a partir del 1° de noviembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010. (v. fs. 13/19 de los ant. adm.)
Mediante la Resolución Nº 108/2010 del 12 de julio de 2010, la Dirección Regional Tucumán de la Administración Federal de Ingresos Públicos confirmó el acto del 17 de diciembre de 2009 e intimó a la Cooperativa a que rectificara la declaración jurada presentada en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2003.
Frente al incumplimiento, se inició el procedimiento de determinación de oficio de su obligación tributaria tomando como base la declaración jurada informativa presentada en los términos del art. 27 de la R.G. 1815/2005 que, como ya se dijera, fue impugnada únicamente ante el ius variandi producido en la condición del sujeto frente al tributo.
La cuestión a resolver versa, entonces, sobre la legitimidad de la determinación de oficio del impuesto a las ganancias del período fiscal 2003 ya que la cuestión relativa a la revocación del reconocimiento de la exención ya fue examinada y decidida mediante la Resolución Nº 108/2010 la que no consta que haya sido impugnada ante la Justicia Federal. Cabe recordar que en el art. 3° de dicho acto, la Dirección Regional expresamente hizo saber que dicho acto solamente podía ser impugnado por vía judicial, conforme al art. 23 de la ley 19.549 (v. fs. 51 y 52 de los ant. adm.). Sin embargo, el recurso de apelación que la Cooperativa presentó ante este Tribunal se dirige a cuestionar la decisión adoptada en dicha Resolución y a la oportunidad en que fue emitida la Resolución N° 116/2010, mas no se formulan otros agravios específicos sobre aspectos vinculados al procedimiento de determinación de oficio y al acto administrativo dictado como resultado de su sustanciación o la liquidación de la obligación tributaria que se le notificara. En efecto, las objeciones desarrolladas así como las explicaciones dadas ante esta instancia resultan antes bien una reiteración de aquellas consideraciones expresadas al momento de apelar la Resolución N° 108/2010 en la que se revocó el beneficio de exención por no haber dado cumplimiento a los requisitos legalmente impuestos para gozar del mismo. Lo mismo sucede con la prueba ofrecida cuyos resultados redundaron en la procedencia o no de la revocación de la exención. Tampoco de la prueba producida en esta instancia puede extraerse una conclusión diferente o referida a la determinación de oficio recurrida, ya que dicho acto no es otra cosa que el reflejo de la pérdida del beneficio fiscal cuya validez la Cooperativa no logró demostrar en ningún procedimiento, ni instancia.
Por tales consideraciones, corresponde confirmar la pretensión fiscal notificada en la Resolución recurrida. En lo que se refiere a los intereses resarcitorios reclamados por el Fisco Nacional, en atención a que fueron liquidados conforme a lo dispuesto por el art. 37 de la ley 11.683 y que ha quedado acreditado el incumplimiento de la obligación tributaria en el plazo acordado, también deben confirmarse.
VI. Por último, respecto a la multa por omisión aplicada en la Resolución con sustento en el art. 45 de la ley 11.683, corresponde también su confirmación, ya que se encuentran configurados tanto el elemento objetivo como el subjetivo que la conforma (conf. Fallos 271:297).
A ello se agrega, tal como lo sostuvo esta Sala en “Giménez, Eduardo Enrique” sentencia de fecha 28 de noviembre de 2023, era a la recurrente a la que le correspondía demostrar pruebas mediante, la falta de la culpa o de la negligencia que exige el tipo del art. 45 de la ley y no lo hizo.
En dicho precedente, también se hizo notar que la omisión del ingreso del gravamen, coincidía con la tipificación prevista en el art. 45 de la ley 11.683 y que no existían razones para considerar la existencia de error excusable como causal de exculpación ya que las normas en juego no eran de difícil interpretación, ni “complicadas” o novedosas como también lo sostiene la recurrente en este Expediente.
A su vez, la Cámara que ejerce de Alzada de este Tribunal, ha dicho en “Lorenzo Annechini S.A.”, sentencia del 8 de julio de 2022, “… que la citada norma tipifica una infracción de naturaleza culposa, en la que se presume la imprudencia o negligencia del contribuyente y contempla expresamente como causal de absolución la de un error excusable, el que debe ser valorado de acuerdo a las características de cada caso, las que especialmente se aprecian por la representación de un comportamiento normal y razonable del contribuyente frente al evento en que se halló, si aquél procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión (cfr. Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C. "Procedimiento Tributario", Ed. Depalma, 5 Ed., pág. 299/300; citado por la Sala I del Fuero en una integración anterior, Expte. N° 26.261/07 "DGI (Autos Valiani Mirta) TF 21.379-I y Acum 21380-I", 20/04/10 y esta Sala, in re, Expte. N° 42.985/11, “Siat S.A. (TF22133-I) c/D.G.I.”, del 22/03/2012)”.
Finalmente, cabe destacar que el hecho de que la entidad regularizara la situación de sus empleados a partir de noviembre de 2007 y motivara que se le reconociera el beneficio exentivo a partir de ese período, como ya se dijera, resulta indiferente a la hora de evaluar su culpabilidad en períodos fiscales anteriores a esa fecha.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar íntegramente la Resolución Nº 116/2010.
Las costas se imponen a la vencida (art. 176, primer párrafo, CPPCN).
El Dr. Martin dijo:
Que adhiero al voto de la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N° 116/2010, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en la suma de $29.536 por la representación procesal y $45.440 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto total del litigio, el resultado obtenido, la actividad desarrollada y las etapas procesales cumplidas en el Expediente, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2024.05.20 12:38:41 -03:00 Date: 2024.05.20 12:43:04 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.20 12:49:24 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.20 12:49:25 -03:00
Fin de la sentencia