Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-138573755-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 7.366 (Pesos siete mil trescientos sesenta y seis) equivalente a 0,29 (29/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 18.416 (Pesos dieciocho mil cuatrocientos dieciséis) equivalente a 0,73 (73/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, art. 6 inc. b) de la ley 27.653 y la Acordada N° 30/23 (11/10/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-125360552-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 23 de Octubre de 2023 SGAI#TFN En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° EX-2022-138573755- -APN-SGAI#TFN caratulados “Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda” s/recurso de apelación.
El Dr. Martín dijo:
I. Que en el IF-2022-138573674-APN-DTD#JGM, Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda (en adelante Cooperativa obrera) interpone recurso de apelación contra la resolución N° 126/2022, dictada por la Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Bahía Blanca de la A.F.I.P., a través de la cual se determinó de oficio la materia imponible correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales junio 2018 a enero 2019, más los accesorios y se aplicó una multa equivalente al 100% del tributo omitido en los meses julio, noviembre y diciembre 2018 conforme el artículo 45 de la ley 11.683 (texto vigente). Expone que el fundamento de los actos administrativos radica en la impugnación de las operaciones respaldadas por las facturas en concepto de compra de artículos de bazar al proveedor Comercializadora Ancers S.A.S, el cual de acuerdo a la investigación llevada a cabo, fue declarado apócrifo.
Realiza un análisis pormenorizado de todas las facturas impugnadas indicando su número, cuándo se confeccionaron y cuál fue su modalidad de pago- cheques a la orden del emisor de los comprobantes-. Asimismo, señala que a la fecha de las operaciones el citado proveedor no se encontraba incluido en la Base Apoc, sino que éste fue incluido el 05/12/2019, es decir más de un año después de la última transacción concretada. Manifiesta que en el descargo de la vista ofreció suministrar el detalle de las registraciones en sus libros contables rubricados de cada una de las facturas involucradas, informando a su vez sobre el circuito físico seguido por los bienes comprados que proporciona su sistema de inventario permanente que lleva en soportes magnéticos, mostrando los pasos seguidos por las mercaderías adquiridas, partiendo de la forma en que ingresaron a sus depósitos y culminando con su salida por las cajas registradoras de los supermercados donde fueron vendidas, acompañando tal informe de una evaluación de contador público. Sin embargo, dicha prueba no fue considerada por la inspección ya que su producción fue rechazada por el juez administrativo.
Señala que el hecho de que Comercializadora Ancers S.A.S no haya presentado declaraciones juradas de IVA con posterioridad al mes de febrero de 2019 ‒fecha posterior a la de la última de las facturas involucradas‒, que en la mayoría de las declaraciones presentadas la relación débito/crédito es menor o cercana a 1, que no posee empleados en relación de dependencia, que no posee bienes registrables, son cuestiones que de ninguna manera impiden el cómputo del crédito fiscal de facturas fiscalmente válidas que documentaron ventas reales.
Respecto de la multa alega la supuesta ausencia de tipicidad y de los elementos subjetivo y objetivo de la sanción. En virtud de lo expuesto, peticiona que oportunamente se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, con costas. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba documental. Hace reserva del caso federal.
II. Que en el IF-2023-28711333-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado deducido en autos. Manifiesta que los agravios de la actora en autos consisten en criticar los indicios colectados por la fiscalización, pero no explica (ni mucho menos prueba) cómo ha hecho el proveedor cuestionado para proveer de los bienes que se encuentran expresados en la facturación tildada de apócrifa. En este sentido señala que el cumplimiento de los requisitos formales de los comprobantes no tiene entidad para demostrar que la misma responde a una operación que tuvo lugar en la realidad fáctica.
Respecto de la multa apelada menciona que los agravios de la recurrente referidos a la aplicación del máximo legal carecen de sustento, toda vez que dicha sanción fue fijada en los términos de la ley 11.683, luego del dictado de la ley 27.430. El actual artículo 45 dispone que: “Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren: a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas.”
Que a tenor de lo expuesto y ante la evidente falta de prueba de la actora acerca de su falta de culpa, solicita se confirme el acto apelado. Acompaña antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal.
III. Que teniendo en cuenta que la única prueba acompañada por la actora es documental, la cual obra en el RE- 2022-137974525-APN-SGAI#TFN, por medio de la PV-2023-112047033-APN-VOCXII#TFN se elevaron los autos a conocimiento de la Sala “D” y a través del IF-2023-124660732-APN-VOCXII#TFN se dispusieron los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que ello así cabe establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho, analizando el ajuste en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales junio 2018 a enero 2019.
Que de las presentes actuaciones se desprende que Cooperativa obrera es una entidad centenaria de la economía social, fundada en el año 1920 con el objeto de prestar servicios económicos, sociales y culturales a sus asociados, quienes además de ser sus únicos dueños, son los que democráticamente la administran. Su principal objeto estatutario es adquirir bienes y servicios de consumo y uso para luego ser distribuidos al por menor o por mayor entre sus asociados. Posee 145 sucursales instaladas en las provincias de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Fe y cierra sus ejercicios económicos el 28 de febrero de cada año.
Que en el caso de marras se realizaron tareas tendientes a verificar las operaciones efectuadas con Comercializadora Ancers S.A.S el cual de acuerdo a la investigación llevada a cabo fue declarado apócrifo atento a las irregularidades que presentaba. En consecuencia, el Fisco Nacional impugnó los créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales junio 2018 a enero 2019, sin que implique que en todos ellos impuesto a ingresar.
Que del informe de inspección del citado proveedor que obra en el IF-2023-28496138-APN-DTD#JGM se desprende que el mismo se dedica a la venta al por mayor en comisión o consignación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto artefactos sanitario. Su actividad se centra en vender a terceros, clientes de Ancers S.A., los productos que esta última fabrica, actuando de esta forma en calidad de consignatario, siendo la mencionada firma el comitente. No posee empleados, sino que contrata comisionistas, que por lo general son monotributistas que actúan en forma independiente facturando sus servicios por las comisiones cobradas. Realizó operaciones con la actora en julio, noviembre y diciembre 2018 proveyéndole productos de bazar (vasos, platos, jarrones, bouls, tasas, etcétera), conforme obran de las facturas aportadas por la recurrente en el RE-2022-137974525-APN- SGAI#TFN y de las que surgen de la inspección en el IF-2023-28496726-APN-DTD#JGM. Efectuó gastos o compras que no condicen con la actividad declarada ni con lo expuesto en sus declaraciones juradas. A su vez registra acreditaciones bancarias muy superiores a las ventas que informa. Posee SIPER categoría “E” (riesgo muy alto). No dispone de bienes registrables y fue incluido en la Base Apoc el 17/11/2017, -publicado el 05/12/2019- bajo la condición sujeto sin capacidad operativa económica y financiera., tal como obra en los IF- 2023-28495627-APN-DTD#JGM e IF-2023-28495745-APN-DTD#JGM.
Que teniendo en cuenta las irregularidades presentadas por el proveedor cuestionado y toda vez que Ancers S.A. poseía sus cuentas bancarias bloqueadas por encontrarse en estado concursal, la inspección presumió que la citada firma pretendería vender por intermedio de Comercializadora Ancers S.A.S., siendo esta última quien recibía la mercadería en consignación para posteriormente enajenarla a terceros o a clientes de Ancers S.A. (fs. 150 el IF- 2023-28496138-APN-DTD#JGM). En este sentido, es importante resaltar que el Sr. Rodolfo Jorge Alarcón es el presidente de ambas sociedades citadas y tanto él cómo las empresas declaran el mismo domicilio fiscal Que frente a esta circunstancia el Fisco Nacional impugnó los créditos fiscales computados al sostener que el proveedor observado no posee capacidad económica y financiera para realizar las operaciones cuestionadas. Considera que el mismo es un “prestanombre” al aparecer como vendedor en transacciones que en realidad efectuó otro sujeto.
Que por otra parte, si bien la recurrente sostiene en su defensa que las facturas que instrumentan las operaciones cumplen con la normativa vigente; que ninguna norma impone a su cargo el deber de constatar el cumplimiento que el proveedor dé a sus obligaciones fiscales; señalando a su vez que la empresa cuestionada no se encontraba incluido en la Base Apoc al momento de la operación, dicho argumento debe ser rechazado en virtud de que esta circunstancia no implica que posean capacidad operativa para operar; es decir, la sola inclusión por sí misma no constituye el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se le debe agregar las restantes constataciones efectuadas por el personal fiscalizador. En consecuencia, no resulta suficiente el cumplimiento de los recaudos formales, sino que también es necesario la consumación del aspecto material referido a la existencia de las operaciones. (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
A dicha conclusión es posible arribar por estricta aplicación de lo que la doctrina ha dado en llamar la “concurrencia de los elementos materiales y formales del crédito fiscal”, según la cual “para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia de los aspectos materiales (existencia de la operación que da origen al crédito) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiera por expresa disposición legal). En tal sentido, la ley del IVA condiciona la procedencia del cómputo del crédito fiscal a la discriminación formal del tributo -salvo excepciones no aplicables al caso-, es decir, si no existe facturación del impuesto, no hay derecho a dicho cómputo. Con relación al aspecto formal aludido, el texto de la ley es claro en cuanto a que el crédito fiscal debe ser facturado ‘al responsable’, correspondiendo la imputación del mismo al sujeto pasivo a quien este le hubiese sido facturado” (cfr. TFN, Sala A, “Nachon Jorge Héctor c/DGI”, sentencia del 4/02/2013, cita on line Thomson Reuters AP/JUR/775/2013).
Que respecto al circuito financiero, de acuerdo lo expuesto en el escrito recursivo, Cooperativa Obrera canceló las operaciones con Comercializadora Ancers S.A.S con un cheque del Banco Francés y tres del Banco Credicoop, todos ellos emitidos a la orden del emisor de las facturas. Del anverso y reverso de estos últimos, los cuales obran a fs. 3/8 del IF-2023-28495989-APN-DTD#JGM se desprende que los mismos fueron endosados por el Sr. Rodolfo Alarcón en su carácter de presidente de la sociedad impugnada, siendo sólo el cheque N°83180098 posteriormente depositado en Transatlántica Compañía Financiera S.A. Dicha firma fue circularizada por el Fisco Nacional, sin obtener respuesta alguna.
Durante la inspección también se envió una nota al Banco Francés a los efectos de solicitar copia del cheque emitido a Comercializadora Ancers S.A.S., quien informa que el mismo fue depositado en el Banco de la Nación Argentina. De la respuesta recibida de esta última entidad bancaria la cual luce a fs. 15 del IF-2023-28495989- APN-DTD#JGM se observa que el cheque N° 861125 con el que la recurrente abonó las compras efectuadas en julio 2018 fue endosado por el Sr. Alarcón y luego cobrado por Pago Digital S.A., empresa que fue circularizada en la inspección no respondiendo el requerimiento solicitado.
Que en virtud de lo expuesto, cabe señalar que si bien gran parte de los cheques emitidos fueron cobrados por el Sr. Alarcón, lo cierto es que dicho sujeto es el presidente de las firmas Comercializadora Ancers S.A.S y Ancers S.A., siendo esta última quien comercializaría los bienes que la recurrente compró, por lo que es posible deducir que el dinero cobrado en representación de la S.A.S pudo haber sido efectivamente utilizado por la S.A para su propia actividad. Dicha confusión de roles no fue debidamente aclarada en las presentes actuaciones Que asimismo debe mencionarse que la empresa proveedora aquí cuestionada se encuentra constituida en noviembre del 2017 bajo la figura de sociedad anónima simplificada regulada en la ley 27.349. Esta norma fue sancionada en el mismo año y tiene por objeto promover el desarrollo de capital emprendedor considerando la presencia geográfica de la actividad emprendedora en todas las provincias del país, fomentando así el desarrollo local de las distintas actividades productivas. Su forma de constitución es muy sencilla, pudiéndose hacer por medios electrónicos con firma digital ya que sólo exige poseer de una CUIT vigente y que la sociedad se encuentre inscripta en el registro que corresponda.
Que por lo tanto, considerando la novata implementación en el terreno comercial de este tipo sociedades, la recurrente debió haber tomado todos los recaudos necesarios para no colaborar ni permitir el accionar de una empresa sin sustento económico.
Que por otra parte, es importante señalar que en el caso bajo trato la actora acompañó sólo prueba documental la cual hace referencia a las facturas cuestionadas, los aspectos formales de las mismas y su modalidad de cancelación; no ofreciendo en esta instancia los elementos probatorios que fueron rechazados en la etapa administrativa, lo que evidencia la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal.
Que en este sentido, cabe mencionar que el caso de autos no se objeta la existencia de los bienes adquiridos sino si los mismos fueron vendidos por el dador del crédito, por lo que el inventario permanente que hace referencia en su escrito recursivo, no se encuentra en debate en las presentes actuaciones, ya que lo que aquí se discute es si los bienes fueron efectivamente vendidos por el mismo sujeto que emitió los comprobantes.
Que asimismo cabe advertir que dicha presentación no surge de manera detallada la relación que la recurrente tenía con el proveedor impugnado, situación que lo perjudica al no ofrecer ni en esta instancia ni durante el proceso administrativo algún contrato o elemento que brinde mayores precisiones acerca de su relación comercial.
Que por lo tanto, teniendo en cuenta que la actora no aportó elementos de convicción que permitan descalificar las objeciones realizadas por el Fisco Nacional con relación al proveedor impugnado, en particular respecto a la falta de capacidad económica y operativa constatada, así como tampoco acercó a la causa, en forma subsidiaria y que los mismos eran pertinentes. Dicha convicción conduce a sostener que el proveedor bajo análisis no resultaba hábil para ser generador de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado en manos de la cooperativa. Que por lo tanto, resulta acertado el criterio fiscal para considerar apócrifas las operaciones examinadas, toda vez que los comprobantes cuestionados no acreditan por si solos la venta de los bienes consignados, no encontrándose comprobado el circuito de pagos mediante el cual las operaciones hayan sido efectivamente realizadas o abonadas. Por consiguiente, corresponde disponer la confirmación del cargo bajo análisis.
V. Que resta referirse a la multa aplicada con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683 (texto vigente). Que el citado artículo dispone que será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas.
Que, en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos: 271:297 “Parafina del Plata S.A.”02/09/1968). En igual sentido se expresó la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el fallo de fecha 21/04/2016 caratulado “Matelec SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo” en la que sostuvo que “la mera comprobación de la situación objetiva en la que se encuentra el infractor no es suficiente para configurar la transgresión”.
Que en el presente caso ha quedado acreditada la configuración del elemento objetivo del ilícito que nos ocupa, toda vez que la omisión derivada de la inexactitud de la declaración jurada presentada originalmente se consuma al presentarse la misma, siendo éste y no otro el aspecto temporal que fija el artículo 45 de la ley, al aludir al que “...omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas...”.
Que conforme lo ha sostenido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en numerosas oportunidades “si bien la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo -por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas” (CNACF, Sala IV, “Club Atlético Rosario Central” del 23/05/2006). En este sentido se pronunció la CSJN, señalando que, si bien se ha reconocido en numerosas oportunidades que el principio de culpabilidad rige en el campo del derecho represivo tributario, “...el apelante ni siquiera ha alegado tal como lo exige la doctrina reseñada que, a pesar de haber actuado con la debida inteligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta” (CSJN “Wortman, Jorge Alberto y otros” del 08/06/1999).
Que no se advierte en autos la configuración de un error excusable, es decir, la existencia de una causal exculpatoria válida que permita al contribuyente eximirse de la responsabilidad endilgada, puesto que la recurrente no ofreció en esta instancia ni en la etapa administrativa prueba fehaciente a los fines de desvirtuar el criterio fiscal adoptado.
Que por lo tanto, al encontrarse configurados los elementos objetivo y subjetivo del tipo represivo que se le imputa y al no estar presente la figura de error excusable, cabe confirmar que la conducta incurrida por la actora debe ser sancionada.
VI. Que acerca de los intereses resarcitorios reclamados, cabe señalar que los mismos han sido liquidados en conformidad con lo prescripto en el art. 37 de la Ley de Procedimiento Tributario por lo que corresponde disponer su confirmación.
VII.-Por los motivos enunciados en los considerandos IV a VI corresponde rechazar el recurso planteado por la recurrente, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 7.366 (Pesos siete mil trescientos sesenta y seis) equivalente a 0,29 (29/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 18.416 (Pesos dieciocho mil cuatrocientos dieciséis) equivalente a 0,73 (73/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, art. 6 inc. b) de la ley 27.653 y la Acordada N° 30/23 (11/10/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA. Regístrese, notifíquese y archívese. – Date: 2023.10.23 09:04:28 -03:00 Date: 2023.10.23 09:45:54 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.23 10:32:30 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.23 10:32:31 -03:00
Fin de la sentencia