Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 48.829-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-25319834-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 11 de Marzo de 2026 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7ma Nominación) y Claudio Luis (Vocal de la 8va Nominación) a fin de sentenciar en el expediente N° 48.829-I caratulado “COOPERATIVA DE TRABAJO LA CARPA LTDA. s/recurso de apelación”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 41/59 vta. la Cooperativa de Trabajo La Carpa Ltda. interpone recurso de apelación contra la resolución Nº 48/2018, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Córdoba de la AFIP-DGI, por la que se determina de oficio el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2013 a 2015, con más intereses resarcitorios. Asimismo se aplica una multa con sustento en los artículos 46 y 47 incs. a) y c) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones).
Manifiesta la recurrente que el acto controvertido otorga a los requisitos formales que deben cumplir los contribuyentes, una importancia que se proyecta más allá de la clara letra e intención de la ley, al pretender sancionar sin tener el más mínimo sustento para hacerlo.
Señala que habida cuenta de la inexistencia de lucro en el desarrollo de su actividad -hecho que no está en discusión en estos actuados- y de la consecuente exención prevista en la ley del impuesto a las ganancias desde la vigencia de la RG (AFIP) 2681, impetró ante el Fisco en un todo de acuerdo con las formalidades exigidas por la mentada resolución general, los siguientes pedidos de reconocimiento de exención con números de trámite 115470, 115471, 446271, 446273, 544174, 544194, 556774, 682296, 687924, 734836, 734837, 734839, 736827 y 736828, con fecha 16/12/10, 16/12/10, 29/04/13, 29/07/13, 11/12/13, 11/12/13, 30/12/13, 30/03/15, 20/04/15, 21/12/15, 21/12/15, 21/12/15, 05/01/16 y 01/05/16, respectivamente.
Manifiesta que excepto en el último de los pedidos, en los que se concedió el correspondiente certificado de exención reconociendo así lo que la ley prevé para el tipo de sujeto tributario que representa, el resto de las solicitudes nunca prosperaron en base a meras formalidades.
Indica que la Cooperativa de Trabajo es una entidad que se encuentra inscripta como tal en todos los organismos de contralor tanto nacionales como provinciales, que desarrolla sus actividades en la ciudad de Córdoba y, asimismo, en el Registro Nacional de Efectores Sociales desde el año 2007, en razón de la condición de vulnerabilidad de sus integrantes y cuenta con matrícula a nivel nacional (INAES) y provincial (Córdoba). Se agravia que ante la persistencia del Fisco en denegar liminarmente los pedidos de certificados de exención con sustento en que se adeuda la declaración jurada del mismo impuesto a las ganancias por períodos anteriores a las solicitudes, no le quedó otra alternativa que “aggionarse” a lo exigido y presentar las declaraciones juradas sin impuesto a ingresar, para lo cual, sólo resulta procedente ajustar el resultado del ejercicio a los fines de evitar la presentación de una declaración jurada con impuesto a pagar. Afirma que el organismo fiscal debe comprender que el objetivo de la ley se encuentra por encima de cualquier rigor formal a cumplir y que el otorgamiento del certificado de exención por parte del mismo, no hace más que reconocer lo que la ley manda. En tal sentido, agrega que no está en discusión en estos actuados que es una Cooperativa de Trabajo, reconocida como tal e inscripta en el Registro Permanente de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Industria Comercio y Minería bajo el número 2733, e inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) bajo la matrícula N° 29187, desde años muy anteriores a los períodos objeto de la presente determinación de oficio y así lo reconoce no sólo la resolución recurrida, sino también el certificado emitido por Fisco Nacional actualmente vigente que obra en los actuados administrativos.
Destaca que es en razón de la inexistencia de un fin de lucro, que la ley del impuesto a las ganancias, en el artículo 20 el inciso d), se ocupa de consagrar una exención de tipo subjetiva para este tipo de entes y por lo tanto no es incorrecto que se anule el resultado impositivo contable en la declaración jurada impositiva.
A continuación, argumenta que hasta el año 2016 los pedidos de reconocimiento no prosperaron por cuestiones meramente formales, nunca en base a irregularidades e incumplimientos por temas de fondo o de sustancia, o relacionados con el tipo de ente y/o por la falta de observación de las normas legales que rigen en la materia.
Agrega que si eventualmente existieron requisitos formales no cumplidos en las peticiones de certificados anteriormente formuladas, y que luego fueron subsanadas a tal punto que en función de ello se concedió el reconocimiento de la exención, el cumplimiento posterior de tales exigencias formales habilita a dicho reconocimiento desde el primer pedido realizado por su parte, esto es desde el año 2010 y hasta la fecha inclusive. Ello así, resalta que ni la ley ni su decreto reglamentario, prevén que el reconocimiento sólo tenga efectos hacia adelante.
Advierte que la aplicación del extremo rigorismo formal es perniciosa también para la administración, justamente porque afecta la búsqueda de la verdad material, que no es otra que lograr que la exención en el gravamen en cuestión rija plenamente sin limitación alguna, pues es absurdo que la cooperativa deba tributar por el gravamen de los períodos 2013 a 2015 por el incumplimiento de los requisitos formales, que no cambian en nada su esencia tributaria.
Considera que la tesitura fiscal respecto de acordarle al certificado de exención una importancia tan grande a punto tal de proyectarlo por encima de la ley y del reglamento, tampoco se ajusta a derecho. En tal entendimiento, manifiesta que la cooperativa se encuentra inscripta como tal ante todas las autoridades del organismo contralor competentes, que no determina ganancias sino un mero excedente operativo y que de acuerdo al tipo de ente que es, no persigue fines de lucro -hechos reconocidos abiertamente por el Fisco-, luego la circunstancia de contar o no con el certificado de reconocimiento de exención por parte del organismo pasa a segundo plano y resulta ser meramente anecdótico.
Seguidamente, efectúa una reseña de distinta jurisprudencia en sustento de su postura y concluye que la resolución que emite la AFIP respecto del pedido de la contribuyente, no es constitutiva de su derecho, sino es meramente declarativa de la franquicia, y que ha sido la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ha definido sobre la base de vastos antecedentes jurisprudenciales que el reconocimiento como sujeto exento es declarativo y por lo tanto la exención debe surtir efectos desde el inicio de actividades en tanto y en cuanto se cumpla con los requisitos que la ley exige.
Respecto de la multa aplicada, afirma que independientemente de la procedencia o no de la obligación tributaria, la conducta desplegada no puede ser objeto de sanción alguna. Entiende que nada expone el organismo recaudador, en relación con los hechos puntuales, actitudes o conductas de la Cooperativa que demuestren la comisión de una infracción que se caracteriza por el fraude, la maquinación, el ocultamiento y el engaño.
Asimismo, refiere que si pretende utilizar las figuras contempladas en los incisos a) y c) del artículo 47, debería, por lo menos, precisarse que los hechos probados, que permiten efectuar tal encuadramiento presuncional. En ese sentido, expone que la realidad es otra, puesto que de las constancias obrantes, se deduce que la Administración no ha probado el dolo (art. 46) ni los hechos reveladores que permiten presumirlo (art. 47, inc. “a” y “c”).
Agrega que de los antecedentes obrantes en esos actuados, se demuestra que el único elemento acreditado en este caso es la presentación de declaraciones juradas originales con la anulación del resultado contable, sin ningún otro aditamento y/o elemento que permita al menos presumir una conducta que merezca acreditar los extremos necesarios para ser sancionada.
Supletoriamente se agravia de la falta de proporcionalidad de la sanción, en tanto sostiene que la aplicación de una multa graduada en 3 veces el impuesto presuntamente omitido, sin exponer las razones por las cuales se lo ha cuantificado en ese orden, es una decisión no solo inmotivada, sino también irrazonable a tenor de la total desproporción existente entre la supuesta falta y la pena aplicable. Ello así en razón que ni siquiera posee antecedentes sumariales por los cuales haya sido objeto sanción.
Asimismo, rechaza un eventual reencuadre sancionatorio toda vez que considera que al presentar las declaraciones juradas de los años 2013 a 2015 sin impuesto determinado, sólo lo hizo para exponer su condición de exenta contenida en la ley, pues un obrar contrario, esto es, presentar las DDJJ con impuesto determinado y adeudado, hubiera significado no haber sido consecuente con su propio proceder, en el sentido de solicitar el reconocimiento de la exención.
Finalmente, cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura, y peticiona se revoque la determinación de oficio practicada por el Fisco, con costas, o en su caso, independientemente de la decisión adoptada respecto de la deuda fiscal, solicita la eximición de la sanción aplicada, también con costas.
II. Que a fs. 66/81 vta. la representante fiscal contesta el recurso interpuesto.
Afirma que el reconocimiento de la exención por parte del Fisco es indudablemente necesario para tornar viable la aplicación de la norma dado el carácter excepcional que ostentan las exenciones. Sumado a ello, considera que de acuerdo con lo que establece la ley, si el otorgamiento de este beneficio se encuentra sometido a condiciones específicas, sólo el ente fiscal puede dar fe del cumplimiento de dichas condiciones. Controvierte el criterio de la contraria en el sentido que la exención sea jurídica “per se”, esto es, su existencia se da por disposición de la norma y desde el mismo momento de su sanción. Ello así, entiende que tal sostén jurídico resulta inexistente, toda vez que la norma no otorga derechos “per se” cuando los mismos claramente se encuentran supeditados al cumplimiento de las condiciones resolutorias para la procedencia del beneficios de que se trate.
Refiere que la disputa está centrada en la equívoca pretensión de la recurrente en el sentido de pretender que el efecto del certificado de exención sea de aplicación retroactiva. En tal sentido, considera que ello resulta contradictorio, por cuanto por una parte descalifica a dicho acto como reconocedor de derechos más allá de su efecto puramente declarativo, pero al mismo tiempo cumple con las formalidades que la normativa reglamentaria exige, sabedora que ello es indispensable para la procedencia de la exención desde el punto de vista práctico, más allá del mero enunciado impuesto por la ley. Concluye que toda la argumentación de la demandante se sostiene en precedentes que -reiteraresultan inaplicables al caso de autos y por eso afirma que la pretensión de dicha parte se encuentra huérfana de argumento, correspondiendo su rechazo, lo que así solicita con expresa imposición de costas.
En lo que se refiere a los intereses resarcitorios determinados, indica que no se ha formulado agravio al respecto, por lo que sólo cabe su confirmación.
Respecto de la sanción impuesta, argumenta que el juez ha efectuado una correcta ponderación de los hechos y remite a los argumentos vertidos por el mismo en la resolución controvertida.
Respecto de la sanción impuesta, argumenta que el juez ha efectuado una correcta ponderación de los hechos y remite a los argumentos vertidos por él mismo en la resolución controvertida.
Señala que las presunciones establecidas en el artículo 47 admiten prueba en contrario y en tal sentido es resorte del contribuyente proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el organismo recaudador.
Asimismo, explica que las normas aplicables son absolutamente claras, por lo tanto no hay oscuridad en las mismas, ni éstas generan dudas razonables que puedan exonerar de sanción por error excusable. Finalmente, cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura, solicita se rechace el recurso interpuesto confirmando la resolución apelada, con costas a la actora y plantea el caso federal.
III. Que a fs. 99/107 la recurrente informa sobre la existencia de un hecho nuevo y, en consecuencia, solicita la declaración de condonación de deuda. Explica que se trata de la denegatoria por parte de AFIP de la condonación prevista en la ley 27.653, sancionada con posterioridad a la interposición del recurso de apelación.
Relata que al considerar que cumplía todos los requisitos previstos en el régimen (Título I Ley 27.653) para obtener la condonación de la deuda determinada, presentó vía “servicios de presentaciones digitales” del Fisco Nacional, la solicitud cuya copia se adjunta (fs. 96/97), siendo rechazada por la administración con fecha 26/01/2022 (fs. 97 vta.).
A fs. 98 acompaña copia de una nueva presentación en sede administrativa, efectuada el día 01/02/2022, en la que manifiesta disconformidad ante el rechazo del beneficio de la condonación. Contestando el traslado conferido el ente fiscal le informa que la deuda susceptible de condonación tuvo que haber sido considerada al 31/08/2021 como líquida y exigible (art. 2° RG 5101/2021) caso contrario no se encuentra alcanzada por el beneficio del Título I. No obstante, se le recuerda que se encuentra disponible el plan de Facilidades de Pago -Ley 27.653- Título II que prevé el beneficio de la condonación de intereses, que en su caso, corresponderá tener en cuenta las condiciones establecidas en la RG 5101/2021 referente a las deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.
Seguidamente, analiza y expone las razones por las que corresponde la aplicación del beneficio solicitado, y aclara que dicha petición no implica en absoluto un menoscabo de los argumentos de defensa expuestos en las presentes actuaciones, ni implica convalidar o allanarse a parte o la totalidad a la determinación de oficio apelada, siendo que la misma se solicita se trate en forma subsidiaria al fondo de la cuestión debatida en autos.
IV. Que a fs. 119/122 vta. la representación fiscal contesta el traslado conferido, afirmando que el objetivo de la norma es facilitar la situación de aquellos sujetos que en condiciones puntuales -que no son las que la actora pretende aplicar a su caso- obtengan este beneficio específico y exclusivo por su propia situación frente al Fisco; en tanto que si la actora no reúne estas condiciones, no le caben sus consecuencias. Además tampoco se ve afectada su situación porque como bien lo exponen los términos de los rechazos expuestos, el no cumplir con este requisito de exigibilidad no le impide acogerse al plan de facilidades de pago dispuesto en el Título II de la ley, en función a los términos establecidos por el art. 57 de la normativa reglamentaria. Agrega que es este título especial el que permite a quienes tengan sus deudas en discusión en sede administrativa o judicial -incluso en el marco de ejecución fiscal- regularizar las mismas y proceder al desistimiento de las acciones incoadas en forma consecuente. Allí es donde específicamente la norma prevé la situación de contribuyentes que reúnen las condiciones que aplican a la aquí recurrente.
En virtud de lo expuesto, solicita se rechace el planteo de la actora por improcedente, con expresa imposición de costas.
V. Que a fs. 134 se eleva la causa a consideración de la Sala “C” y a fs. 139 se ponen los autos para dictar sentencia.
VI. Que por una cuestión de lógica precedencia, no obstante el carácter subsidiario otorgado por la apelante a su petición, corresponde en primer lugar pronunciarse acerca del beneficio de condonación de deudas previsto por la ley 27.653. (B. O. 11/11/21).
Dicha norma en su Título I, Capítulo único, establece la condonación de deudas para entidades sin fines de lucro, micro y pequeñas empresas y personas humanas consideradas pequeños contribuyentes con deudas inferiores a cien mil pesos ($100.000). La condonación abarca a las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social, líquidas y exigibles vencidas hasta el 31/08/2021 correspondientes a los sujetos enumerados en los incisos a) y b) del artículo 1° (el subrayado es propio). Ello, teniendo en cuenta las excepciones previstas en el artículo 2°.
En uso de las facultades otorgadas en su artículo 12, la Administración Federal de Ingresos Públicos dictó la R.G. 5101/2021 que la reglamenta y en cuyo artículo 4° enumera los requisitos y condiciones a efectos de solicitar la mentada adhesión al régimen. Así, en su artículo 5° se prevé el procedimiento para su solicitud, en tanto que en el 6° se indican los pasos a seguir en el caso que de los controles sistémicos surjan inconsistencias, diferencias y/o falta de cumplimiento de los requisitos y el contribuyente decida manifestar su disconformidad.
Teniendo en consideración lo antedicho, toda vez que el beneficio previsto en el Título I de la ley 27.653 no se refiere a deudas que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, cabe rechazar el planteo de la recurrente.
VII. Que sentado lo que antecede, procede el tratamiento de la cuestión de fondo.
Conforme se desprende de fs. 69/74 de los antecedentes administrativos -cuerpo principal ganancias- la recurrente, cuya actividad principal declarada es “Servicios de asociaciones NCP”, se encuentra inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social desde el 15/6/2005, en la Dirección del Registro y Fomento de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba desde el 18/6/2005 y en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social por resolución MDS 2212/07.
La actividad de la Cooperativa es la prestación de servicios de mantenimiento y limpieza de edificios y desmalezado, en la actualidad posee 48 asociados aproximadamente, siendo sus principales clientes la Municipalidad de Córdoba, Dirección de Migraciones, Griensu S.A., La Virginia Café S.A. y Crece Sociedad del Estado.
Del informe final de inspección obrante a fs. 140/142 de los referidos antecedentes se desprende que:
.- se detectaron inconsistencias en las ddjj presentadas por los ejercicios fiscales 2013 y 2014, fechas en las que la Cooperativa no contaba con exención otorgada por la AFIP en dicho impuesto, quedando esas inconsistencias pendientes de análisis hasta tanto la Agencia se expida sobre el beneficio solicitado. .- se observó en los ejercicios analizados, montos consignados en el Rubro Dos “R2 - Det.
Resultado Neto” apartado “b - Ajustes”, por $ 97.485,87 en el ejercicio 2013 y $ 261.122,42 en el ejercicio 2014. De esta forma se neutraliza la utilidad del ejercicio, determinándose un Resultado Impositivo en cero, por lo que se requirió a la misma que justifique estos ajustes negativos. Al respecto la verificada contestó que “tales ajustes han sido ingresados en el aplicativo... en el campo “rentas exentas o no gravadas” en virtud de la exención prevista en el art. 20 inc. d) de la ley 20.628 ... condición de exenta que aún no le ha sido otorgada a la Cooperativa a pesar de las múltiples y sistemáticas solicitudes de reconocimiento de la exención en cumplimiento del artículo 34 del decreto reglamentario de dicha ley; por tal motivo y a efectos de no generar resultado impositivo positivo que determine impuesto a favor del Fisco es que al resultado contable obtenido en los períodos fiscales requeridos se lo informa como “rentas exentas o no gravadas” tal cual es su naturaleza, y de este modo determinar un resultado impositivo de valor 0 (cero) ya que el aplicativo no deja otra opción”. Todo esto hasta tanto la AFIP se expida sobre la exención solicitada.
Sobre lo manifestado, la fiscalización considera pertinente no proceder a determinar ajustes en este impuesto hasta tanto el área competente (Sección Trámites de la Agencia Sede Córdoba N° 2) se expida respecto al trámite en curso y de corresponder a la retroactividad de la exención argumentada.
A fs. 140/142 vta. de los a.a. luce el Informe Final con Diferencias no Conformadas, en el que el organismo fiscal deja asentado que se otorgó a la rubrada el beneficio exentivo con vigencia a partir del 05/01/2016, esto es, ejercicio fiscal 2016. Por tanto se impugnan los ajustes que disminuyen el resultado contable a los efectos de la determinación del resultado impositivo y que se exponen como “rentas exentas o no gravadas” en los períodos 2013 a 2015, ya que la recurrente no contaba en esos períodos con exención en el tributo bajo análisis. Ello así, se genera saldo a ingresar en todos los períodos.
VIII. Que la cuestión a dilucidar en autos consiste en determinar la procedencia de la exención en el impuesto a las ganancias para los períodos 2013 a 2015, en los que la recurrente no contaba con el certificado expedido por el Fisco Nacional.
Que el inciso d) del artículo 20 de la ley del impuesto a las ganancias (texto vigente al momento de los hechos) dispone que están exentos del gravamen “Las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etc.), distribuyen las cooperativas de consumo entre sus socios”.
En primer lugar, cabe destacar que la apelante cuenta con la resolución N° 1994 emitida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que con fecha 15/06/2005 aprobó el estatuto y autorizó a funcionar como cooperativa a la misma, ordenando su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas (folio 132 del libro 17) y otorgando la matrícula N° 29.187, acta N° 16132 (fs. 69/71 del Cpo. Ppal. Ganancias). Asimismo, la Dirección del Registro y Fomento de Cooperativas y Mutuales de la Secretaría de Justicia del Gobierno de Córdoba, resolvió su inscripción en el Registro Permanente de Cooperativas de esa Dirección el 18/07/2005, en virtud de la inscripción en el INAES y por haber cumplimentado con toda la documentación exigida (fs. 72). También obra copia de la resolución del Ministerio de Desarrollo Social N° 2212/14, por la que se aprueba la inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social de la Cooperativa y de sus asociados (fs. 74 del citado cuerpo de a.a.).
Resulta claro entonces que desde su constitución la recurrente cuenta con la autorización y control de los organismos nacionales y provinciales designados para su supervisión y/o promoción que regulan la actividad de las cooperativas, no surgiendo de las constancias de la causa, o de los dichos del organismo fiscal, elemento alguno que indique que ha sido encuadrada bajo una forma jurídica errónea.
Ahora bien, sin perjuicio de que en el artículo 34 del decreto reglamentario de la ley del gravamen se indica que “La exención que establece el artículo 20, incisos b), d), e), f), g), m) y r) de la ley, se otorgará a pedido de los interesados, quienes con tal fin presentarán los estatutos o normas que rijan su funcionamiento y todo otro elemento de juicio que exija la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS...”, nuestro Tribunal Cimero se ha expedido en diversas oportunidades en relación a cuestiones análogas a la aquí planteada, estableciendo que “...el carácter de sujeto exento estará dado por el encuadramiento de la entidad actora en las previsiones de dichas normas y no por la circunstancia de que cuente o deje de contar con una resolución del ente recaudador que declare explícitamente que reviste esa calidad. Ello sin perjuicio de la función que pueda cumplir una declaración de esa clase en lo relativo a clarificar lo atinente a deberes formales y obligaciones derivadas de pagos o cobros a terceros...” (CSJN, Mutual de Socios Credivico c/ AFIP-DGI, 02/03/2011 y sus citas, Fallos 322:2173 y 325:3092).
También ha expresado “...del mismo modo que el principio de legalidad que rige en la materia (...) impide que se exija un tributo en supuestos que no estén contemplados por la ley, también veda la posibilidad de que se excluyan de la norma que concede una exención situaciones que tiene cabida en ella con arreglo a los términos del respectivo precepto. Corresponde añadir al respecto que las posiciones que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse con el alcance más restringido que el texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, lo que equivale admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia”. (CSJN, “Multicambio S.A. s/ recurso de apelación”, 01/06/1993).
En el mismo sentido se ha pronunciado en la causa “Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. c. Provincia de Tucumán” (CSJN, 09/05/2006) en la que destaca “...el principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes. En tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones.”.
IX. Que tal como se desprende de las constancias de la causa, a partir del año 2010 la recurrente ha iniciado varias solicitudes tendientes a obtener el certificado de exención, el que obtuvo el 05/01/2016. Ahora bien, aún cuando se hubiere incurrido en incumplimientos de forma en cuanto a la tramitación del mentado certificado (de acuerdo a las especificaciones previstas en la RG (AFIP) 2681/2009, cabe concluir que tal circunstancia en modo alguno habilita al Fisco Nacional a desconocer unilateralmente la calidad de sujeto exento otorgada por la ley, sin más elementos que dichos incumplimientos, ello de acuerdo a la normativa que rige la materia y la reiterada doctrina precedentemente analizada.
Que en este sentido, esta Sala en oportunidad de sentenciar la causa “Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina” (10/10/2024), la que se encuentra firme, ha sostenido que “las formalidades que el Fisco entendió incumplidas no son causales válidas para negar la operatividad de un beneficio fiscal que surge directamente de la ley y su reglamentación”.
Como consecuencia de lo expuesto precedentemente, corresponde revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto que antecede.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9a. Nominación (cfr. art. 184, 2do. párrafo, ley 11.683 -t.o. vigente- y art. 52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2026.03.11 11:26:44 -03:00 Date: 2026.03.11 15:00:10 -03:00 Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.11 15:00:11 -03:00
Fin de la sentencia