Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 48.608-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sanción apelada salvo en lo que hace a los períodos posteriores al 16/02/2010 respecto de los cuales se confirma la misma.
2Las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
3Ordenar al Fisco Nacional para que en el término de 30 (treinta) días practique la liquidación respectiva, conforme las pautas señalas en el punto 1).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-61758571-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Junio de 2026 INTEGRAL PORTEROS LTDA.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “C”, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7a. Nominación), Claudio E. Luis (Vocal titular de la 8a. Nominación) y Daniel A. Martín (Vocal subrogante de la 9a. Nominación), para resolver el expediente Nº 48.608-I caratulado: “COOPERATIVA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PORTEROS LTDA. s/Recurso de Apelación”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 5/17 Cooperativa de Trabajo de Manteniendo Integral de Porteros Ltda., por medio de apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución N°01/2018 (DV SRR1) suscripta por el Jefe (int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la Dirección General Impositiva de la entonces AFIP-DGI, de fecha 14 de febrero de 2018, por la cual se le aplica una multa por el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 01/09 a 05/2012, en los términos del art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), equivalente al 50% del impuesto presuntamente omitido.
Que manifiesta que la resolución aquí apelada se vincula con la N° 8/2014 dictada por la misma División el 17 de febrero de 2014, mediante la cual el organismo fiscal confirmó los cargos imputados en la Resolución N° 303/2013 (DV SRR 1) por considerar gravados por el IVA los servicios facturados por la Cooperativa a terceros, en oposición al criterio por ella seguido, que los consideraba exentos en los términos del art. 7 inc. h) punto 19 de la citada ley del gravamen y en consecuencia, determinó un ajuste con un saldo a favor del organismo fiscal por dicho impuesto y mismos períodos fiscales, con más los intereses resarcitorios, y además se difirió la aplicación de sanciones conforme lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 24.769.
Que señala que interpuso un recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución 8/2014, que dio origen al expediente N° 39.376-I, en el que se dictó sentencia con fecha 12/09/2017, confirmando la resolución apelada. Que se agravia de la multa impuesta porque considera extraño y contradictorio el razonamiento por el cual se encuadra su conducta en la figura culposa sin corroborar que se verifique la culpa exigida por la norma. Afirma que, en dicho contexto, frente a la jurisprudencia contradictoria, tanto en el Tribunal Fiscal de la Nación, como en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo sobre el tema de fondo, se justifica la existencia de un error excusable como causal de exculpación y de exclusión de cualquier factor de atribución subjetiva.
Que destaca que esa excusabilidad del error está dada por la complejidad de la cuestión de fondo, admitida en la resolución atacada y por la existencia de jurisprudencia a favor del razonamiento que esgrime. En tal sentido cita jurisprudencia en apoyo a su postura. Argumenta que la jurisprudencia vigente durante los períodos 01/2009 a 05/2012 avalaban el criterio sostenido por la cooperativa, con lo cual, entiende, no puede reprochársele la omisión de abonar el impuesto —aspecto objetivo— y mucho menos culpa en su accionar —aspecto subjetivo— de la infracción que se le atribuye.
Que asimismo, hace referencia al fallo de la Corte de fecha 30/08/2011, que se menciona en la resolución aquí apelada, a través del cual se revocó la sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (expte. N° 23.587-I, de la misma cooperativa, en el que la Alzada se pronunció en contra de lo resuelto por el TFN y consecuentemente dejó sin efecto la resolución determinativa de oficio de IVA por los períodos 11 y 12/1999 y 01/2000 a 12/2002), razón por la cual hasta ese fallo la cooperativa contaba con sentencia de Cámara favorable, por lo tanto, alejó la posibilidad de calificar su conducta bajo la figura culposa.
Que arguye que ha sido siempre una real cooperativa de trabajo, lo que la excluye de toda posibilidad de subsunción de su actividad como intermediación de la oferta y demanda laboral. Expresa que a diferencia de la Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero (a la que alude el fallo citado anteriormente), la firma es el medio a través del cual sus asociados brindan servicios en forma directa a los consumidores finales (consorcios de Copropietarios), por lo tanto el servicio se consume y consuma en su propia acción ante el cliente; resultando imposible establecer relación adicional o distingo alguno entre dicho servicio con el precio que por el mismo factura la cooperativa, por el contrario, en aquellas cooperativas como la que alude la Corte, se verifica la utilización de los servicios de personas para el cultivo o recolección de productos de campo, por ejemplo, con el objeto de proceder a la venta de tales bienes posteriormente. En el mismo orden de ideas, cita diversos fallos que avalan su posición.
Que, destaca que la postura esgrimida por la AFIP en la resolución recurrida, bajo el tamiz de una interpretación literal de la normativa, parte de un desconocimiento, no solo de la naturaleza del acto cooperativo, sino también, de una asimilación indebida de la cooperativa como un ente de fraude de la ley laboral.
Que finalmente, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs.67/77 vta. la representación fiscal contesta el traslado oportunamente conferido, solicitando por las razones de hecho y de derecho que expone, se desestime la apelación intentada y se confirme la multa aplicada, con costas. Describe los fundamentos de la sanción aquí apelada, cita textualmente el fallo la Corte al que alude la resolución administrativa y rebate los argumentos de la actora en el sentido que, al no haber presentado las declaraciones juradas respectivas y no haber ingresado el impuesto al vencimiento de las obligaciones, son prueba clara de la existencia de la conducta sancionada por el art. 45 de la Ley 11.683 (t.o.1998). En igual sentido, hace referencia a jurisprudencia y doctrina en favor de sus argumentos.
III. Que a fs. 139 se intima a las partes para que informen a este Tribunal si la recurrente ha dado cumplimiento a la obligación sustancial que diera origen a la multa aquí apelada, relativa al Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 01/2009 a 05/2012 y, en caso afirmativo, indiquen si le corresponden a la misma los beneficios de la ley 27.541. Del mismo modo, se realiza otra intimación similar a fs. 159 a efectos de que se informe si la actora ha ingresado espontáneamente o por vía ejecutiva las sumas correspondientes a la determinación del gravamen en cuestión, respondiendo las partes en ambas ocasiones que la recurrente no ha cancelado la obligación que dio origen a la sanción discutida en estas actuaciones.
IV. Que a fs. 174 se elevan los autos a consideración de la sala C y luego pasan a sentencia.
V. Que en virtud de lo expuesto precedentemente corresponde a este Tribunal expedirse respecto de la multa apelada en autos por la presunta comisión de la infracción prevista por el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) y si la misma resulta ajustada a derecho.
Que la multa tiene su origen en la resolución N° 8/2014 (DV RR1), por la cual se le determinó de oficio a la recurrente, la materia imponible y la obligación tributaria respecto al Impuesto al Valor Agregado por los citados períodos y se liquidaron intereses resarcitorios.
Que cabe destacar, que dicho acto fue apelado ante este Tribunal (expte. 39.376-I, Sala A), el que resolvió confirmarlo al igual que la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo (Sala II).
En efecto, en el fallo del 18 de octubre de 2018 se confirmó la sentencia de este organismo jurisdiccional (de fecha 2 de septiembre de 2017), es decir, considerando gravados los servicios prestados por la cooperativa de trabajo a terceros, y así concluir que no están alcanzados por la exención dispuesta por el art. 7, inc. h), apartado19 de la ley de IVA. Para así decidir, se tuvo en consideración que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en este tema y fijó doctrina a través de la causa “Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Ltda. (TF 20.241-I) c/D.G.I.”, mediante la sentencia dictada el 16 de febrero de 2010 (Fallos:336:16) la que se remitió a los fundamentos brindados en el dictamen de la Sra. Procuradora de la Nación, quien ha sostenido que “contrariamente a lo pretendido por la actora de la letra de la ley no se sigue que la exención pueda comprender los servicios que las cooperativas prestan a terceros, sea por medio de sus asociados o de otra forma” , ello así, la exención prevista en el entonces art.7° inc. h), apartado 19 de la ley del gravamen, se limita a los servicios prestados por los asociados a las cooperativas, adoptando para ello una interpretación literal de la norma según la cual entonces, los servicios prestados por la cooperativa a terceros no quedaban amparados en dicho beneficio. Asimismo, trae a colación la controversia suscitada anteriormente entre las mismas partes con relación a períodos fiscales anteriores a los discutidos en autos -causa C.527.XLVI, R.O., “Cooperativa de Trabajo Mantenimiento IP (TF 23.587-I) c/D.G.I.”, fallo del 30 de agosto de 2011. La Alzada agregó que más allá de las variaciones jurisprudenciales alegadas por la recurrente, los aludidos fallos del Alto Tribunal fueron dictados en fechas ampliamente anteriores al dictado de la resolución correspondiente a la obligación sustancial (que luego dio origen a la multa aquí reclamada), por lo cual no existió motivo para eximirla de las costas. Ante esta sentencia la actora interpuso recurso extraordinario ante la Corte, el cual fue denegado, con costas (conf. Sistema de consultas Web PJN, expte. 38.020/2007).
VI. Que el art. 45 de la ley 11.683 de la aludida norma tipifica el ilícito material culposo de omisión de impuestos, para cuya configuración requiere de la concurrencia de dos elementos: el objetivo, constituido por una omisión de pago de impuestos por los medios comisivos que regula la norma, como son la falta de presentación de declaración jurada y, el subjetivo, que importa la necesaria atribución de la conducta al responsable con arreglo al principio de culpabilidad, requisito imprescindible para su validez.
Que consecuentemente, a efectos de dar solución a la presente causa corresponde indagar si en el caso convergen los dos aludidos aspectos, esto es, si se infringieron los deberes de cuidado mínimo requeridos provocando el resultado dañoso previsto por la norma, como circunstancias demostrativas de la presencia del hecho culposo que se imputa. Que en autos no se encuentra controvertido el hecho que la contribuyente había facturado sus ingresos como exentos en el Impuesto al Valor Agregado, conforme lo contemplado en el art. 7, inc. h), punto 19 de la ley del IVA y que no había efectuado la presentación de las declaraciones juradas en dicho tributo ni ingresado el impuesto. La apelante entendió que la norma al establecer la dispensa para los “servicios personales prestados por sus socios a las cooperativas de trabajo” sólo puede referirse al trabajo personal ejecutado por los socios inherente a la naturaleza de la especie de la prestación por la cual se ha reunido en un proyecto en común; contrariamente a lo sostenido por el Fisco, en cuanto considera que los servicios de limpieza y mantenimiento de edificios a terceros se encuentra alcanzado por el gravamen, según lo prescrito por el art. 3, inc. e), punto 21, inc. f), en tanto la cooperativa actúa en nombre propio y no goza de una exención subjetiva. Que en efecto, es dicha conducta la que se erige, indubitablemente, como aquélla constitutiva del aspecto objetivo de la contravención imputada, toda vez que entraña un claro y explícito reconocimiento de una real falta de ingreso (omisión), perpetrada por el medio que contempla la norma como idóneo para su configuración: la falta de la declaración del impuesto.
Que de este modo ante la comprobación de la conducta objetiva constitutiva del ilícito, el infractor sólo puede impedir que le sea atribuido demostrando la configuración del error excusable (según el mismo artículo 45) o de algún otro eximente del elemento culposo, pues su falta provoca la irreprochabilidad de la acción.
Que en cuanto a la figura del “error excusable” planteada por la actora, como causal de exculpación y de exclusión de cualquier factor de atribución subjetiva basada en el contexto de la jurisprudencia contradictoria sobre el tema de fondo, cabe destacar que es de aplicación en los supuestos donde la norma por su complejidad, oscuridad o novedad admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aunque actuara con la debida diligencia, comprender su verdadero significado.
Que en el caso que nos ocupa se advierte que en la norma bajo análisis no hay razones para apartarse de la literalidad de ésta, dado que en forma clara expresa que lo que se encuentra exento son los servicios personales prestados por los socios a las cooperativas de trabajo (art. 7, inc. h), ap. 19 LIVA) y no aquellos prestados por esta a terceros, por lo tanto, dicho precepto de la ley del gravamen en cuestión no brinda margen a distintas interpretaciones.
En efecto, la Corte Suprema, con fecha 16 de febrero de 2010 (Fallos: 333:16), haciendo suyos los fundamentos dados por la Procuradora de la Nación, expresó que de la letra de la ley no se sigue que la exención pueda comprender los servicios que las cooperativas presten a terceros, sea por medio de sus asociados o de otra forma. También lo ha dicho de la Excma. Cámara el 18 de octubre de 2018 al confirmar el fallo de este Tribunal Fiscal en relación a la obligación principal que dio origen a la sanción aquí apelada.
Además, cabe poner de resalto que la recurrente aclara que como consecuencia del criterio adoptado por la Corte sobre el tema en una causa suya anterior (fallo del 30/08/2011), en cuanto ha asumido como gravadas por dicho impuesto las prestaciones efectuadas por la cooperativa, recién a partir de junio de 2012 comenzó a liquidar y pagar el IVA, es decir, casi un año después del mencionado precedente.
Todo ello lleva a que se de en los presentes autos, la concurrencia del elemento subjetivo de la culpa como ineludible para su atribución, constituyéndose entonces como una infracción derivada de un actuar negligente por parte del contribuyente en el cumplimiento de sus deberes fiscales.
Que la imposibilidad de atribuir una infracción sin culpa ha sido sostenida reiteradamente por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando al referirse a los ilícitos tributarios, expresó que “en materia tributaria es también aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquél a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente” (fallos “Parafina del Plata SACI s/recurso de apelación - impuesto a los réditos (multa)" del 02/09/1968 y ccdantes.).
De este modo ante la comprobación de la conducta objetiva constitutiva del ilícito, el infractor sólo puede impedir que le sea atribuido demostrando la configuración del error excusable (según el mismo artículo 45) o de algún otro eximente del elemento culposo (pues su falta provoca la irreprochabilidad de la acción).
Que sin perjuicio de ello, es al contribuyente que alega ese eximente al que le corresponde demostrar precisa y acabadamente la concurrencia a su respecto de aquella conducta diligente, normal, razonable y ajustada a derecho que, conforme el imperativo legal, “excusa” ese error que provoca la inexactitud en una declaración tributaria, el cual -se agrega- requiere a efectos de su viabilidad que sea esencial, decisivo e inculpable, o en su caso lo despoje de responsabilidad por la conducta.
Que en el caso de autos, la actora plantea su defensa como una mera invocación puramente dogmática ausente del debido respaldo fáctico que le otorgue sustento, sólo se limita a expresar que la sanción aplicada debe ser dejada sin efecto sin demostrar que haya incurrido en un error excusable. Es por ello que debe confirmarse la sanción impuesta al recurrente con sustento en el art. 45 de la ley de procedimental, con costas.
VII. En atención a lo resuelto en el punto precedente, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en el presente expediente en la suma de $ 562.182 (Pesos quinientos sesenta y dos mil ciento ochenta y uno) por el patrocinio letrado equivalente a 5.73 UMA –Unidad de Medida Arancelaria- y por la representación procesal la suma de $ 224.676 (Pesos doscientos veinticuatro mil seiscientos setenta y seis) equivalente a 2,29 UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por el mismo en la etapa cumplida, el resultado obtenido conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 30/23 (11/10/23) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Resolución SGA 1352/26 (09/06/2026). Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos efectuado precedentemente.
II. Teniendo en consideración que el organismo recaudador encuadra la multa apelada en el art. 45 de la ley 11.683 (vigente al momento de los hechos) y que las infracciones tributarias poseen una indiscutida naturaleza penal, debe analizarse si en el caso de autos se han configurado los elementos del tipo penal y el proceder culposo. El ilícito de omisión de impuesto tipificado en el citado artículo dispone: “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el 50% (cincuenta por ciento) y el 100% (ciento por ciento) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del art. 46 y en tanto no exista error excusable”. Respecto de la obligación principal que diera origen a la aplicación de la sanción, con fecha 17/02/2014 el Fisco Nacional determinó de oficio el impuesto al valor agregado por los periodos 1/2009 a 05/2012 y dispuso el diferimiento previsto por el art. 20 de la ley 24.769.
Dicha resolución fue apelada ante la Sala A, la que por sentencia del 12/09/2017 –confirmada por la Sala II el 18/10/2018 y firme- resolvió la procedencia del ajuste llevado a cabo por el organismo recaudador. Ello así ha quedado acreditada la configuración del elemento objetivo del ilícito que nos ocupa.
III. Que a fin de realizar un adecuado análisis del elemento subjetivo, debe tenerse presente que la controversia acerca de la cuestión de fondo que diera sustento a la multa aquí controvertida, ha quedado definitivamente zanjada por nuestro Máximo Tribunal el 16/02/2010 (Fallos 333:16), al decidir, haciendo suyo el dictamen de la Procuradora Fiscal, que la vinculación que liga a la cooperativa con los terceros no queda amparada en la exención del artículo 7° inc h), apartado 19 de la ley de IVA.
Ahora bien, con anterioridad a dicha sentencia, la materia en litigio fue objeto de pronunciamientos divergentes entre las distintas instancias (conf. TFN Cóndor Arquitectura e Ingeniería Coop. De Trabajo, Sala “D”, del 27/09/2011 y Cooperativa de Trabajo de Mantenimiento Integral de Porteros, Sala “C” 28/11/2006, ambos revocados por la Alzada parcial y totalmente, respectivamente, en fechas 2/3/2010 y 4/4/2013, entre varios otros.
Precisamente, en ese contexto, la suscripta entiende que respecto de los períodos fiscales anteriores al fallo de la CSJN referido “ut supra”, la multa debe ser revocada por haberse configurado una causal excluyente de responsabilidad, como lo es el “error excusable”, que torna inaplicable la misma.
Cabe recordar que nuestro Tribunal Cimero ha sostenido que siendo inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, la multa del art. 45 de la ley 11.683 no debe aplicarse cuando existe “error excusable con origen en la complejidad y dificultades propias de la cuestión debatida (Fallos 319:1524 "Morixe SAIC"), lo que quedó demostrado por el dispar tratamiento y las encontradas soluciones a las que llegaron los tribunales de las anteriores instancias (Fallos 334-53 “Astra CAPSA”).
Por otra parte, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en relación con los períodos fiscales enero 2000 a diciembre 2002, determinados a la recurrente por idéntica cuestión a la debatida en autos, sostuvo: IV. Los agravios ofrecidos por la AFIP-DGI no pueden prosperar pues es evidente que la actora incurrió en un error excusable. Ciertamente, como sostuvo el Tribunal Fiscal existieron fallos contradictorios sobre la materia y la cuestión fue definida por la Corte Suprema en la causa “Coop. de Trabajo Agrícola Barranquera Ltda.”, con posterioridad a los períodos que se encuentran aquí discutidos” (conf. Coop de Tjo Mantenimiento Integral Porteros 7/2/2023). El destacado es propio.
IV. Que en cambio, en relación con los períodos fiscales posteriores al pronunciamiento de fallos 333:16 (16/02/2010), habiéndose dilucidado la cuestión en el sentido de rechazar la exención pretendida, cabe considerar configurado el elemento subjetivo de la sanción y por lo tanto proceder a la confirmación de la sanción aplicada.
V. Por ello, procede revocar parcialmente la multa impuesta de la forma de que dan cuenta los considerandos III y IV, debiendo el organismo recaudador proceder a reliquidar la misma en función de tales pautas.
En atención a la forma en que se resuelve, las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos. El Dr. Luis dijo:
I. Que comparto el relato de los hechos efectuados por el vocal preopinante.
II. Que en lo que respecta a la multa por los períodos anteriores al 16/02/2010 adhiero al Considerando III del voto de la Dra. Marmillon.
A mayor abundamiento, corresponde observar que la causa del citado precedentemente de la CSJN “Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero LTDA (TF 20.240-I) c/ DGI” (Fallos 333:16), también citado en el voto preopinante, tuvo su origen en este Tribunal (Sala “D”) que sentenció a favor de la exención, lo que –sumado a los precedentes citados por la Dra. Marmillon- invalida afirmar que el precepto de la ley del gravamen en cuestión no brinda margen a distintas interpretaciones.
III. Que, a contrario sensu, respecto de la porción de la multa correspondiente a los períodos posteriores al 16/02/2010, corresponde su confirmación.
IV. Que ello así, voto por: 1) revocar parcialmente la multa impuesta, 2) ordenar al fisco nacional proceda a reliquidar la misma, 3) imponer las costas según los respectivos vencimientos y 4) diferir la regulación de honorarios hasta la aprobación de la liquidación que se ordena.
En atención a la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Revocar la sanción apelada salvo en lo que hace a los períodos posteriores al 16/02/2010 respecto de los cuales se confirma la misma.
2. Las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
3. Ordenar al Fisco Nacional para que en el término de 30 (treinta) días practique la liquidación respectiva, conforme las pautas señalas en el punto 1).
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.06.22 12:53:32 -03:00 Date: 2026.06.22 16:49:22 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.23 12:04:19 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.23 12:04:20 -03:00
Fin de la sentencia