Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-17620-MP1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación articulado por el Fisco provincial, y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto fuera materia de agravios. Costas de segunda instancia a la parte demandada por su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1 del CPCA -t. según ley 14.337- y 274 del CPCC).
2Rechazar el recurso de apelación articulado por la parte demandada respecto de la regulación de honorarios profesionales del doctor Marcos Rubén Jaureguiberry.
3Estese a la regulación de honorarios profesionales que se practica en la fecha mediante auto dictado por separado.
L a Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-17620-MP1E "COOPERATIVA DE TRABAJO DEL NORTE LIMITADA c. AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA) s. PRETENSIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Ucín y Mora.
I. Con fecha 10-6-2026, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata hizo lugar a la demanda deducida por la Cooperativa de Trabajo Del Norte Limitada, declaró la inaplicabilidad del art. 182 del Código Fiscal y, consecuentemente, determinó que la actora no se encontraba alcanzada por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades que desarrollaba a título oneroso en el marco del cumplimiento de su objeto social. Asimismo, impuso las costas a la demandada y practicó regulación de honorarios por separado.
II. Recibidas las actuaciones en este Tribunal con fecha 12-8-2026, y puestos los autos al Acuerdo para examen de la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la demandada con fecha 12-6-2026 y, en su caso, para dictar sentencia (cfr. res. del 2-10-2026), corresponde plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es fundado el recurso de apelación?
Resuelto ello,
2. ¿Lo es el planteado respecto de la regulación de honorarios practicada en la instancia de grado a favor del letrado de la parte actora?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I.1. El juez de grado dictó sentencia con el alcance indicado en los Antecedentes de este pronunciamiento.
1.1. Para decidir de ese modo, luego de relevar los planteos formulados por las partes en sus escritos liminares, se expidió sobre la presencia de la situación de incerteza alegada por la parte actora.
En esa labor, indicó que, de acuerdo con la postura fiscal, no se verificaba en la especie una situación de incertidumbre que justifique la vía utilizada. Asimismo, que la parte actora conocía el régimen tributario involucrado en el caso y la normativa aplicable, al punto que realizó reiterados actos de cumplimiento.
Seguidamente, hizo referencia a los recaudos de procedencia de la pretensión declarativa de certeza. En lo concerniente al estado de incertidumbre, luego de citar la opinión de doctrina especializada en la materia, afirmó que ese concepto ".puede apreciarse con flexibilidad a la luz de cada cuestión planteada por esta vía, y siempre que el mismo no se invoque con un sentido meramente especulativo o para tramitar una consulta." . Afirmó que la actora planteó una controversia actual y concreta que mantenía con la parte demandada, respecto del alcance de su situación, derivada de la relación jurídica de carácter fiscal como contribuyente. Así, concluyó que la acción articulada resultaba útil para definir la situación de la actora respecto de la normativa llamada a regir en el caso. Citó doctrina de la Corte Suprema de Justicia nacional en sustento de su postura.
Por otro lado, sostuvo que -en su parecer- la incertidumbre se verifica cuando el otro sujeto de la relación jurídica no desplegó un comportamiento que requiera la interposición de una pretensión de condena, resultando suficiente una sentencia meramente declarativa. Señaló que, a contrario, cuando la parte contraria haya puesto de manifiesto su obrar, no existiría incertidumbre en torno a su comportamiento, resultando necesaria una condena excluyente de la pretensión declarativa.
Con tales pautas en consideración, recordó que la parte actora manifestó su falta de certeza respecto al deber de tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos previsto en el art. 182 y ccdtes. del CF, a tenor de lo normado en el art. 9° inc. "b" pto. I de la Ley 23.548, y concluyó que, en caso de hacer lugar a la demanda, la declaración procurada resultará suficiente para satisfacer la pretensión deducida.
1.2. Resuelto lo anterior, puntualizó que, por fuera del cuestionamiento de la actora respecto de la invalidez del art. 182 del Código Fiscal, el correcto abordaje del tema requería considerar el modo en el que fueron delineados los supuestos de exención en el art. 207 del citado cuerpo normativo. En ese orden, afirmó que la definición del hecho imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se mantuvo inalterada desde la sanción de la ley 10.397, y que la problemática involucrada en las presentes actuaciones derivaba de las sucesivas modificaciones que sufrió el régimen de exenciones.
Puntualizó que la regulación de las exenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia fue objeto de numerosas adiciones y supresiones que se sucedieron con ajuste a diferentes criterios de política legislativa, y que determinaron exenciones de tipo subjetivo u objetivo, durante tres etapas históricas que identificó. En cuanto a las Cooperativas de Trabajo, destacó que la ley 15.007 (B.O. 16-1-2018) introdujo cambios en el art. 207 inc. "ñ" del C.F. Aseveró que, mientras el régimen anterior era más general y escueto, la redacción actual de la norma establece que la exención se aplicará a los ingresos provenientes de actividades que realicen las Cooperativas de Trabajo exclusivamente respecto de aquellas expresamente previstas en sus estatutos y resulten conducentes a la realización de su objeto social. Señaló que, como consecuencia de ese cambio normativo, algunos ingresos generados por actividades que realizaba la Cooperativa actora no quedaron exentos del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y resultaron comprendidos en el régimen general del art. 182 del C.F.
Aclarado lo anterior, señaló que ello puso en evidencia el conflicto entre el art. 182 del Código Fiscal y el art. 9 inc. "b" ap. 1° de la Ley de Coparticipación Federal en relación a la actora.
Seguidamente, citó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno al régimen de coparticipación, su jerarquía normativa, interpretación y alcance. La cual -aclaró- no fue denunciada por la Provincia de Buenos Aires.
Con apego a ello, consignó que las provincias adherentes aceptaron ajustarse a una serie de características básicas para la regulación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, previstas en el art. 9 inc. "b", pto. 1 de la ley, entre las que destacó la finalidad de lucro de las actividades alcanzadas por el tributo. Luego, transcribió el texto del art. 182 del Código Fiscal provincial y remarcó que el régimen provincial incorporó entre los ingresos alcanzados por el Impuesto, a los provenientes de actividades sin fines de lucro. Recordó que la actora cuestionó la validez de esa disposición, por considerarla opuesta a la norma intrafederal.
Consideró que la Ley Convenio estableció un mecanismo de reparto que promueve la cooperación fiscal y la solidaridad interjurisdiccional, considerando el objetivo de garantizar una relación armoniosa entre los distintos niveles de gobierno y contribuir al equilibrio fiscal en el país. Afirmó que, en materia de Ingresos Brutos, la ley estableció pautas para lograr una política homogénea en cuanto a la base y el hecho imponible, y concordancia normativa. Así, sostuvo que lo dispuesto en el art. 9° de la Ley 23.548 constituía una directriz de coordinación tributaria federal orientada a la consolidación de una estructura fiscal razonablemente homogénea. Agregó que resultaba menester ponderar el carácter expansivo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, su incidencia en las actividades interjurisdiccionales y el comercio interior.
Afirmó que, habida cuenta la adhesión sin reservas de la Provincia de Buenos Aires al régimen de Coparticipación Federal, resultaba susceptible de reproche constitucional toda disposición local que desnaturalice el principio de gravabilidad limitada a actividades lucrativas, o que configure distorsiones estructurales en la aplicación del tributo. Citó doctrina de la Corte Nacional en sustento de su postura (cfr. Fallos 347:237).
Con todo, concluyó que el art. 182 del Código Fiscal provincial contradijo las previsiones de la Ley 23.548 al expandir el universo de actividades alcanzadas por el Impuesto sobre los IIBB a todas aquellas desarrolladas "a título oneroso", incluyendo las realizadas "sin fines de lucro" y, con ello, infringió el principio de supremacía que surge del art. 31 de la Constitución Nacional. En sustento de su parecer, tuvo presente la postura de esta Cámara que dimana de las causas C-11945-MP2E "Cooperativa de Trabajo Punto Carne Limitada" , sent. del 12-07-2022; C-11847-MP2E "Yacht Club Argentino" , sent. del 04-06-2024 y C-15755-MP2E "Cooperativa de Trabajo para Actividades de Estibaje Limitada" , sent. del 09-09-2025.
1.3. Finalmente, y siguiendo las pautas establecidas por este Tribunal en la causa C-11847-MP2E "Yacht Club Argentino" (cit.), determinó que las actividades desarrolladas por la Cooperativa accionante no persiguieron fines de lucro. En tal sentido, citó los arts. 5° y 31° del estatuto social de la actora, relativos al objeto de la Entidad y la distribución de los excedentes repartibles, respectivamente, que consideró concordantes con las previsiones de la Ley 20.337 (cfr. art. 42 inc. 5°, ap. "b").
Recordó la doctrina de esta Cámara según la cual: (i) podía sostenerse que las cooperativas de trabajo realizan una actividad sin finalidad de lucro (lo que no obsta, claro está, a la posibilidad de obtener "excedentes" a ser luego repartidos conforme la metodología establecida por la legislación y el propio estatuto); (ii) el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), encargado de la implementación, aplicación e interpretación de la ley 20.337, reafirmó que las cooperativas y mutuales son entidades sin fin de lucro (cfr. art. 1°, resolución n° 477 de fecha 07-08-2020); y (iii) que correspondía a la demandada demostrar que el producto de la actividad de la actora no se haya afectado al cumplimiento de sus fines o se aparte de la finalidad no lucrativa respecto de los excedentes que consideró alcanzados por el gravamen (cfr. esta Cämara, causas C-11945-MP2E "Cooperativa de Trabajo Punto Carne Limitada" y C-15755-MP2E "Cooperativa de Trabajo para Actividades de Estibaje Limitada" , cit.).
1.4. A mayor abundamiento, señaló que, aun cuando la cuestión no había sido planteada por las partes, el diferimiento de la determinación de la base imponible hasta el momento en que se establecieran los retornos gravados generaba una distorsión en ese elemento esencial del impuesto y podía implicar, incluso, un desplazamiento del sujeto alcanzado.
2. Disconforme, la parte demandada recurso de apelación fundado (cfr. presentación del 12-6-2026).
2.1. De modo inicial, afirmó que el juez de grado incurrió en un error al considerar que, en la especie, se verificaba una situación de incertidumbre. En tal sentido, reiteró que la parte actora admitió la existencia, términos y condiciones de la relación jurídica tributaria que la vinculaba con el Fisco, en tanto presentó las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos ante la Agencia de Recaudación Provincial (ARBA) y cumplió con su pago. Agregó que un mero planteo de invalidez de una norma provincial no resultaba suficiente para declarar la existencia de una situación de incertidumbre.
Hizo mención de los requisitos de admisibilidad de la pretensión declarativa de certeza prevista en el art. 12 inc. 4 del C.C.A, citó jurisprudencia y opiniones de doctrina en sustento de su postura y solicitó la revocación del pronunciamiento.
2.2. Luego, postuló que la sentencia resultó dogmática y abstracta, en tanto se limitó a remitir a la naturaleza de los entes cooperativas y sus actividades, con referencia a lo establecido en ordenamientos nacionales no aplicables en el caso sub examine, para concluir que no existió finalidad de lucro.
Indicó que, al resolver de ese modo, el juez de grado omitió tratar cuestiones esenciales, a la vez que pasó por alto las diferencias existentes entre el caso sub examine y el precedente de la Corte Nacional que citó (cfr. CSJN, Fallos 347:237), las cuales -en su visión- eran notorias. Aseveró, en tal sentido, que, de acuerdo con el art. 207 inc. "ñ" del Código Fiscal provincial, las actividades sin fines de lucro desarrolladas por las cooperativas de trabajo se encontraban exentas del Impuesto. Y ello -explicó-, pues el ordenamiento fiscal distinguió aquellos ingresos de los entes cooperativos vinculados a su objeto social, de las prestaciones provistas a terceros ajenos a la cooperativa. Puntualizó que solo los ingresos provenientes de esa última categoría, distinta al objeto social, no se encontraban alcanzados por la ausencia de lucro. Concluyó que las circunstancias apuntadas tornaban inaplicable el precedente del Máximo Tribunal federal invocado por el juez de grado como único fundamento de su decisión, motivo por el cual la sentencia en crisis devino dogmática y abstracta.
2.3. Por otro lado, sostuvo que el a quo omitió examinar el planteo formulado en su presentación liminar, según el cual, la exención de gravamen prevista en la Ley 23.548 se refirió a las "actividades sin fines de lucro", por lo que no correspondía la exclusión de gravabilidad respecto de las actividades lucrativas desarrolladas por "sujetos sin fines de lucro".
2.4. Posteriormente, afirmó que, de la comparación de los términos del art. 182 del C.F. (t.o. 2011) y el art. 9 inc. b, primer párrafo de la Ley 23.548, no surgía la incompatibilidad a la cual se refirió la sentencia.
Postuló que el juez de grado interpretó de manera errónea lo dispuesto en el art. 9 de la Ley de Coparticipación, en lo concerniente a las actividades potencialmente alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Sostuvo que el gravamen operaba en base objetiva, pues gravaba la realidad económica material, al establecer como hecho imponible la realización de actividades onerosas en forma habitual, sin consideración de elementos subjetivos. Con ello en cuenta, concluyó que, de acuerdo con los términos del art. 9 inc. "b", sub inciso 1°, de la Ley 23.548, la finalidad de lucro debía verificarse, objetivamente, respecto de la actividad desarrollada para producir un beneficio económico, sin considerar el ánimo de lucro que pudiera existir, o no, en cabeza de la persona que la ejecutaba. Para más, señaló que la norma nacional se refiere al "fin" de lucro, en tanto elemento de los actos jurídicos, y no al "animo" de lucro que solo puede encontrarse en la persona.
Añadió, a su vez, que, en la especie, se verificaba que una persona, independientemente de su investidura formal, realizó en forma habitual una actividad empresarial por la cual obtuvo un beneficio económico por intermedio de actos comerciales idóneos a tal fin. Destacó que, en el caso de la actora, el excedente resultante de esa actividad se distribuyó entre los asociados conforme sus aportes realizados. Consecuentemente, concluyó que la declaración de inconstitucionalidad resultó infundada, por cuanto el art. 182 del C.F. (t.o. 2011) no contradijo lo normado en la Ley 23.548.
2.5. Finalmente, recordó el criterio restrictivo que regía en materia de interpretación de exenciones tributarias, de conformidad con opiniones de doctrina, y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional y la Suprema Corte de Justicia provincial que citó.
Con todo, solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto y que se impongan las costas de ambas instancias a la actora.
3. Mediante presentación electrónica del 3-8-2026, la parte actora replicó los agravios de su contraria y solicitó su rechazo.
II. El recurso no prospera.
1.1. En forma preliminar, corresponde rechazar el agravio planteado por el Fisco en punto a la improcedencia de la acción intentada por la Cooperativa de Trabajo Del Norte Limitada. Y ello, por cuanto la pretensión consagrada en el art. 12 inc. 4° del C.C.A. radica en obtener un pronunciamiento jurisdiccional que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidad o alcance de una relación jurídica, en aquellos casos en los que su falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor (argto. doct. S.C.B.A. causa B. 69.418 "Marenda", res. del 14-5-2008; esta Cámara causas C-6932-MP2 "Rocma S.R.L.", sent. de 6-12-2016; C-9634-MP1 "Franchris S.R.L." , sent. 22-03-2022; C-12537-BB1E "Asociación Civil de Propietarios de Monte Hermoso" , sent. del 11-7-2023, por mayoría; C-15755-MP2E "Cooperativa de Trabajo para Actividades del Estibaje" , sent. del 9-9-2025; C-17425 "Cooperativa de Trabajo para Actividades del Estibaje" , sent. del 3-11-2026).
Así concebida, la pretensión declarativa de certeza no persigue propiamente la condena del demandado, sino el esclarecimiento de una determinada situación que luce incierta o carente de certeza. La existencia de una duda acerca de alguno de los extremos antes referidos constituye, pues, un requisito indispensable para la procedencia de este resorte de tutela judicial (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas B. 64.445 "Cámara Argentina de Agencias de Turf", res. de 2-4-2003; B. 65.546 "Bingo King S.A.", res. de 20-8-2003; B. 64.101 "Van Riel", res. de 27-10-2004; B. 69.418 "Marenda", cit.; esta Cámara causas C-7036-MP1 "Asociación Mutual Once de Febrero -A.M.O.F.-", sent. de 16-5-2017; C-11256-MP1E "Latuf" , sent. de 16-12-2021; C-13132-MP1E "Suarez", sent. del 22-8-2024, por mayoría).
Se trata de un carril que goza de suficiente autonomía dentro del catálogo de pretensiones que es posible articular ante el fuero contencioso administrativo; el digesto adjetivo moldea los principales rasgos de esta pretensión al definirla como aquella cuyo objeto inmediato es obtener una ". declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo." (cfr. art. 12 inc. 4° C.C.A; cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 70.005 "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", res. del 18-2-2009; esta Cámara causa C-10540-MP1E "Pescasol S.A." ; sent. de 11-05-2021).
Así, a más del innegable componente de derecho público que la define y caracteriza -consecuencia lógica de la naturaleza de la materia controvertible en el proceso administrativo (arg. art. 1 inc. 2°, 4, 12 inc. 4° y ccds. del C.C.A.)- la pretensión declarativa se perfila en nuestro régimen como una vía procesal de carácter independiente y principal, que iguala a las demás en rango y posibilidades de utilización (cfr. arg. doct. esta Cámara causas C-4228-MP1 "Giorno S.A.", sent. de 7-11-2013; C-4811-DO1 "Napoli" , sent. del 17-6-2014; C-9637-MP1 "Pino Hue SRL" , sent. de 30-04-2020; C-10921-BB1E "Ionni" , sent. de 13-07-2021; C-13132-MP1E "Suarez" , cit.).
Esta conceptualización, que difiere de aquel contorno residual o subsidiario con que ha sido concebida -por regla- la acción declarativa en la esfera civil (cfr. art. 322 del C.P.C.C; argto. doct. C.S.J.N. Fallos 305:1715), da muestras de la amplitud que ha ofrecido el legislador a quien desee valerse de este sendero para canalizar la tutela de sus derechos en el marco del proceso contencioso administrativo (cfr. arg. doct. esta Cámara en las causas G-1111-DO1 "Calmejane", sent. de 23-6-2009; C-4152-MP1 "Luis Solimeno e Hijos S.C.A." , sent. del 13-3-2014; C-9590-DO1 "Microgauss" , sent. de 21-07-2020; C-10950-BB1E "Schwab" , sent. de 31-08-2021), sobre todo cuando la problemática gira en torno a alguna cuestión de índole tributario, ámbito en el que la pretensión de marras ha tenido una interesante proyección, siendo jurisprudencialmente concebida como una herramienta potencialmente apta para canalizar este tipo de asuntos (cfr. arg. doct. esta Cámara causas C-3726-MP2 "Elena" , sent. del 13-6-2013; C-3816-BB1 "Comper Argentina S.A.", sent. del 3-9-2013 -y sus citas-; C-3335-BB1 "Purriños Bayol" , sent. del 8-10-2013; C-7036-MP1 "Asociación Mutual Once de Febrero", sent. de 16-05-2017).
1.2. Ahora bien, lo anterior no importa sostener que la pretensión en estudio constituya un resorte procesal omnicomprensivo y extremadamente versátil que pueda utilizarse en la generalidad de los casos sin observar recaudos o previsiones de ningún tipo. La acción declarativa -huelga aclarar- goza de autonomía en la medida que no invada el ámbito de conocimiento que el legislador ha reservado para otras pretensiones (art. 12 del C.C.A), en función del tipo de comportamiento administrativo que se pretenda llevar ante los tribunales y las propias particularidades del caso sometido a la jurisdicción. La controversia debe poder encuadrarse en la hipótesis de incidencia fáctica del precepto en comentario (art. 12 inc. 4° del C.C.A); no será posible, pues, invocar la flexibilidad que brinda este carril para sortear los obstáculos jurídicos y/o temporales que puedan presentar las vías específicamente diseñadas (arg. doct. S.C.B.A. en la causa B. 66.737 "Spicer Ejes Pesados S.A.", res. del 6-7-2005), cuando la cuestión en debate solo admita -por sus características- postulación exclusiva por alguna de aquéllas.
Así, verbigracia, la acción declarativa de certeza -por regla- no sería admisible en aquellos casos en los que existiese un acto administrativo expreso de la autoridad que delimite -con precisión y sin dejar margen para la duda- la situación jurídica planteada por el particular. No mediaría aquí estado de incertidumbre alguno que disipar por vía de una sentencia meramente declarativa, toda vez que la cuestión habría sido inequívocamente resuelta por la Administración, al fijar los efectos, alcances, modalidad o eventualmente la extinción de aquella relación jurídica que la vincula con el particular (arg. doct. S.C.B.A. causa B. 66.031 "Shell Compañía Argentina de Petróleo", sent. de 13-4-2011), decisión que podrá resultar favorable al administrado, o bien reportarle un agravio susceptible de ser remediado por la jurisdicción.
En estos casos, los contornos de la acción declarativa de certeza aparecerían claramente desbordados, en tanto el pronunciamiento requerido presupondría la realización de un examen sobre la validez de lo resuelto por la Administración en relación a la materia controversial, campo de acción ajeno a este proceso y para cuya elucidación el digesto adjetivo previó una pretensión específica, sujeta a puntuales recaudos de admisibilidad (art. 12 inc. 1° y ccds. del C.C.A). Es que, como lo señaló el Supremo Tribunal provincial, la expedición de actos administrativos, que operan per se la creación, alteración o extinción de situaciones jurídicas motoriza cargas impugnativas que han de traducirse necesariamente en una pretensión de contenido anulatorio (cfr. doct. S.C.B.A. en causas B. 63.793 "Galasso de Solari" y B. 63.811 "Monteagudo Folgar", ambas sent. del 4-8-2016).
No se trata de establecer de antemano, y en abstracto, si una pretensión goza de preeminencia jerárquica sobre otra (máxime cuando en el esquema del Código las pretensiones del art. 12 se encuentran, a priori, en un pie de igualdad), sino de indagar -en cada caso- cuál es la herramienta procesal que mejor se amolda a las particularidades o exigencias de la contienda de que se pretende llevar ante la justicia contencioso administrativa.
Por lo demás, mal no viene recordar que la pretensión en estudio no sería admitida formalmente cuando a través de ella se procure obtener un pronunciamiento meramente consultivo o de tipo especulativo -ajeno a la configuración de un caso o controversia, elemento basal de la jurisdicción- (arg. art. 1 inc. 1° del C.C.A; art. 166 de la Constitución provincial; arg. doct. esta Cámara causa G-615-BB1 "Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda" , sent. del 15-04-2010), o bien cuando su objeto procesal apunte, no a la delimitación de los alcances de una relación jurídica, sino a la averiguación de un dato de contenido netamente fáctico, para cuya obtención la regulación adjetiva ha previsto otros caminos (arg. art. 323 y ss. del C.P.C.C; arg. doct. esta Cámara causa C-6705-MP2 "Tulsa" , sent. del 18-10-2016). Y en líneas generales, tampoco podrá ser aceptada cuando el reclamo del justiciable solo pueda encontrar satisfacción a través del dictado de una sentencia de condena y no de mera declaración (arg. doct. S.C.B.A. causa C. 103.427 "Iturreta", sent. del 22-5-2013).
1.3. Examinados los antecedentes del caso a la luz de los parámetros sentados, se advierte que la pretensión judicial promovida por la accionante presenta las aristas propias de un caso susceptible de ser enjuiciado por la vía del art. 12 inciso 4° del C.C.A, por cuanto procura disipar un genuino estado de duda o perplejidad, respecto de los alcances de una situación concreta, en el marco de la relación jurídica que -como contribuyente- la vincula con el Fisco de la Provincia de Buenos Aires.
En concreto, la demandante puso en crisis el esquema normativo fijado por el art. 182 del CF (que define el hecho imponible configurativo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos) al plantear que importa el apartamiento de la Provincia de Buenos Aires respecto de las obligaciones asumidas en ocasión de suscribir el Régimen de Coparticipación de Recursos Fiscales (Ley 23.548), sistema al que adhirió expresamente y sin reservas mediante la ley local 10.650.
El propósito de la accionante no ha sido otro que obtener un pronunciamiento que -a la luz del principio sentado en el art. 31 de la C.N.- dirima en forma definitiva: (i) si -con apego a la posición asumida por la demandada- debe tributar el IIBB en los términos y con el alcance fijado por el art. 182 y cdtes del C.F. (t.o. 2011), o (ii) si nada adeuda en tal concepto -como lo sostiene la accionante- por cuanto la Provincia de Buenos Aires, al gravar el ejercicio habitual y a título oneroso de la actividad (lucrativa o no) de las cooperativas, ha quebrantado el orden jerárquico constitucional al desconocer la previsión que, contenida en el art 9 inc. b) pto. I de la Ley 23.548, circunscribe la aplicación del IIBB al ejercicio de actividades "con fines de lucro". Tal resulta ser la duda, suscitada en torno a los alcances de la relación jurídica tributaria que vincula a las partes, cuya elucidación pretende la parte actora y partir de la cual, dada la incidencia que sobre su situación patrimonial tendría la adopción de una u otra posición, autoriza el tránsito por este cauce procesal.
Corresponde tener presente, entonces, que la actora no puso en crisis los actos de la accionada que disponen sujetar a tributación la actividad de la cooperativa nomenclada bajo el n° 102.001 (" Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos "), sino tan solo un pronunciamiento de mera declaración que esclarezca la situación descripta en el párrafo anterior, la que básicamente gira en torno a la interpretación y delimitación de los alcances del art. 182 del CF y el modo como se engarza, desde la previsión del art. 31 de la Constitución Nacional) con la Ley 23.548.
Tal reclamo de la accionante no resulta teórico ni especulativo; la vigencia del precepto local (art. 182 del C.F.) constituye un obstáculo que, en el parecer de la actora, afecta su esfera de intereses, en particular el derecho de propiedad. Este cuadro fáctico no hace más que evidenciar, en el sub lite, la existencia del "caso" o "controversia", recaudo de fuente constitucional que, más allá de su carácter eminentemente preventivo, no puede faltar en este tipo de procesos (argto. doct. C.S.J.N. Fallos 311:2104).
De esa forma, los hechos descriptos dotan de sentido al carácter eminentemente preventivo de la pretensión intentada, apta para satisfacer, en el caso, el interés jurídico de quien la ha postulado, máxime cuando se trata de un conflicto con vocación de reiterarse en el tiempo, al vencimiento de cada nuevo período fiscal.
La acción declarativa de certeza constituye, en razón de las particularidades señaladas, el cauce de tutela judicial apropiado para brindar satisfacción a las necesidades procesales del actor (art. 15 de la Constitución provincial; art. 12 inc. 4° y ccds. del C.C.A). Por lo expuesto, el cuestionamiento que la Provincia de Buenos Aires ensayado sobre la improcedencia formal de la vía, tanto en ocasión de contestar la demanda como el exponer sus agravios, debe ser desestimado.
2. Descartada, entonces, la improcedencia formal de la pretensión corresponde abordar los restantes agravios vertidos por la demandada. En tal tarea, cabe poner de resalto que la cuestión aquí debatida ya ha sido analizada por este Tribunal en las causas C-11945-MP2E "Cooperativa de Trabajo Punto Carne Limitada" cit. y C-15755-MP2E "Cooperativa de Trabajo para Actividades del Estibaje" cit. y C-17346-MP1E "Coopertiva de Trabajo para Actividades de Estibajes Pezmar Limitada" , sent. del 8-09-2026 y C-17425 "Cooperativa de Trabajo para Actividades del Estibaje" , cit; en las cuales se dirimió una controversia que, con sus matices, resulta sustancialmente análoga a la que aquí es objeto de decisión. Lo propio hizo, aunque con algunas particularidades, en sus similares C-11847-MP2E "Yacht Club Argentino" , sent. del 4-6-2024 y C-15268-MP2E "Fundación Médica Mar del Plata" , sent. del 17-7-2025. De allí que, en lo que sigue, se seguirán las principales líneas argumentativas de esos fallos, en cuanto resulten aplicables a la presente litis, y con las modulaciones que, en razón de las especificidades de cada caso, sea menester efectuar.
Máxime, por cierto, considerando lo resuelto, en forma reciente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 345:237, y, en forma más reciente, por nuestra Suprema Corte provincial en la causa A.76.668 "Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados pertenecientes a la Fraternidad Seccional Pergamino F.C. Mitre", sent. del 1-9-2026.
2.1. En su líbelo inicial la accionante construyó su reclamo con sustento en que: (i) el art. 9 inc. b) pto. I de la Ley 23.548 circunscribe la aplicación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al ejercicio de actividades "con fines de lucro", por lo cual el art. 182 del C.F. al extender el tributo a otras actividades (onerosas -con o sin fines de lucro-) que no reúnen dicha característica, considerando el alcance de las exenciones establecidas en los arts. 207 inc. "f" y "ñ" a favor de las cooperativas constituidas conforme la Ley 20.337, resulta inconstitucional; (ii) la cooperativa actora realiza actividades sin finalidad lucrativa y no comercial (cfr. art. 4° Ley 20.337), de lo cual se desprende que no obtiene ni persigue ganancias. Prueba de ello -destacó- era que la Ley de Impuesto a las Ganancias no contempla dentro del hecho imponible a las utilidades o excedentes repartibles (cfr. art. 20 inc. "d"); (iii) el art. 9 inc. "b" ap. 1° de la Ley 23.548, a la cual la Provincia de Buenos Aires adhirió a través de la ley 10.650, sin reservas, impide al Fisco provincial "gravar actividades sin fin de lucro"; (iv) el art. 182 del C.F, al tipificar el hecho imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con prescindencia de que las actividades sean o no lucrativas, infringió lo dispuesto en la Ley 23.548 y, en consecuencia, el orden jerárquico establecido en el art. 31 de la Constitución Nacional, de conformidad con la doctrina de la Suprema Corte provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación que citó; (v) consideró aplicable lo resuelto por esta Cámara en la causa C-15755-MP2E "Cooperativa de Trabajo para Actividades de Estibaje", cit, que transcribió íntegramente.
2.2. En ocasión de contestar la demanda, la accionada postuló que: (i) no era admisible la vía procesal elegida, en tanto no existía situación de incertidumbre respecto de la relación jurídico tributaria existente entre la parte actora y el Fisco provincial; (ii) de la documentación aportada por la actora en el escrito de inicio surgía que, con fecha 10-04-2006, fue dada de alta como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y presentó las pertinentes declaraciones juradas anuales y de anticipos mensuales, con declaración de ingresos gravados y pago de los montos resultantes; (iii) el art. 207 inc. "ñ" del C.F. (t.o. 2011) eximía de la tributación a las cooperativas de trabajo "... exclusivamente respecto de las (actividades) expresamente previstas en el estatuto y que resulten conducentes a la realización del objeto social..." .
En ese orden, subrayó que las declaraciones juradas que presentó la Cooperativa accionante hicieron uso de esa exención; (iii) la declaración de inconstitucionalidad resulta improcedente, atento que la parte actora no gestionó el reconocimiento de los derechos invocados ante la Comisión Federal de Impuestos, de conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte provincial en la causa B. 57.479 "ESSO S.A.P.A." (sent. del 5-4-2000); (iv) la interpretación de la Ley 23.548 propuesta por la parte actora acerca de la finalidad lucrativa de su actividad fue errada, toda vez que, al igual que el art. 182 del C.F. (t.o. 2011), el art. 9 inc. "b" primer párrafo de la citada norma considera como base imponible la habitualidad y el carácter oneroso de la actividad.
De ello se sigue - afirmó- la ausencia de la denunciada incompatibilidad entre ambos regímenes; (v) reiteró que, conforme surge de las declaraciones juradas presentadas como prueba documental de la actora, la Cooperativa actora goza de la exención prevista en el art. 207 inc. "ñ" del C.F. (t.o. 2011, según ley 15.007) "...exclusivamente respecto de las expresamente previstas en el estatuto y resulten conducentes a la realización del objeto social...". En ese orden, explicó que la exención recaía ".sólo los ingresos obtenidos por las cooperativas de trabajo necesarios para cubrir la retribución asignada al trabajo personal de los asociados, siempre claro está que además sea en cumplimiento del objeto estatutario de la cooperativa de que se trate." , siendo el propósito de la ley 15.007 contribuir a una mayor transparencia y equidad fiscal, y evitar la competencia desleal por el uso indebido del vehículo cooperativo; (vi) la resolución n° 477/2020 del INAES carece de valor normativo y "... no puede ser invocada para descalificar una ley aprobada por el poder legislativo provincial y promulgadas por el ejecutivo en pleno ejercicio de sus facultades ..." ; (vii) recordó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma reviste suma gravedad institucional y solo debe recurrirse a ella como ultima ratio y; (viii) finalmente, puntualizó que en materia de exenciones tributarias rige un criterio de interpretación restrictivo, de conformidad con jurisprudencia y doctrina especializada que citó.
3. De conformidad con lo expuesto, corresponderá confirmar el pronunciamiento de grado, en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 182 del C.F. (t.o. 2011), por considerarlo incompatible con las previsiones contenidas en el art. 9 inc. b) pto 1. de la Ley 23.548.
3.1. La Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales comporta por su alcance y contenido la manifestación positiva del llamado federalismo de concertación, cuya finalidad no es otra que la de establecer, mediante la participación concurrente del Estado Nacional y las provincias, un programa destinado a adoptar una política uniforme que armonice y posibilite ".la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales." (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 322:1781).
Esta fórmula -sostuvo la Corte Suprema de Justicia Federal en el precedente de Fallos 178:9- recoge la vocación de la Constitución Nacional creadora de "... una unidad no por supresión de las provincias . sino por conciliación de la extrema diversidad de situación, riqueza, población y destino de los estados y la creación de un órgano para esa conciliación, para la protección y estímulo de los intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la Nación misma ..." . Semejante aspiración importa plasmar en los hechos el principio de ". hacer un solo país para un solo pueblo ." (cfr. C.S.J.N. Fallos 324:4226).
La citada ley, así como las demás creaciones del federalismo de concertación, conforman el derecho intrafederal (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 314:862), el cual, una vez ratificado por las legislaturas locales (cfr. ley 10.650), se incorporan al derecho público interno de cada Estado provincial, aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional: Nación y provincias (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 318:2551; in re C.1781.XXXI "Cámara Argentina de Supermercados y otros c. Provincia de Buenos Aires s. acción declarativa", sent. de 8-08-1996; 327:1789). Esta gestación institucional ubica a los tratados o leyes convenios celebrados entre las provincias y el gobierno nacional con un rango normativo específico, cuya categoría singular traduce la imposibilidad de su derogación, modificación o alteración en cuanto a su contenido por parte de cualquiera de los signatarios, salvo -claro está- que alguno de los Estados materializara el procedimiento de denuncia del Convenio (argto. doct. C.S.J.N. Fallos 324:4226).
La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes convenio y los pactos que lo componen no se encuentran en una esfera de disponibilidad individual de las partes y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes (cfr. doct. CSJN Fallos 539/2009 (45-S)/CS1 "Provincia de Santa Fe c. Estado Nacional s. acción declarativa de inconstitucionalidad", sent. de 24-11-2015).
3.2. Establecidas de tal modo las características del régimen constitucional vigente que atañen a la cuestión objeto del presente proceso, corresponde recordar que el art. 9 inc. b) pto. 1 de la Ley 23.548 establece -en lo que aquí interesa- que "... En lo que respecta a los impuestos sobre los ingresos brutos, los mismos deberán ajustarse a las siguientes características básicas: Recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias (incluso unipersonales) civiles o comerciales con fines de lucro, de profesiones, oficios, intermediaciones y de toda otra actividad habitual excluidas las actividades realizadas en relación de dependencia y el desempeño de cargos públicos ..." .
Esta norma intrafederal ha sido exhaustivamente analizada en el dictamen suscripto el 11-05-2021 por la Procuradora Fiscal Dra. Laura Monti en la causa CSJ 190/2019/RH1 "Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Ltda c. Provincia del Chaco" (en el cual la Cooperativa allí accionante planteó la inconstitucionalidad del art. 116 del CF de la Provincia del Chaco -de similar redacción al art. 182 del CF de la Provincia de Buenos Aires- al reputarlo contrario al art. 9 inc. b) pto. 1 de la Ley 23.548) -ver www.mpf.gob.ar/dictamenes/2021/LMonti/mayo/Cooperativa_Farmaceutica_CSJ_1490_2019_RH1.pdf. Allí se consignó:
". En este punto es prudente recordar que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, y cuando la ley emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos (Fallos: 200:176; 307:928, entre otros)..."
"La indicación "ejercicio de actividades empresarias (incluso unipersonales), civiles o comerciales" seguida de los términos "con fines de lucro" no puede ser entendida como una redacción descuidada o desafortunada del legislador, sino que la sucesión entre ambos indica que lo decisivo es la "finalidad" perseguida al desarrollar la actividad, siendo irrelevante si ella es lucrativa o no, o si luego, en su efectivo desenvolvimiento, se obtiene un beneficio o un detrimento económico" .
"En otras palabras, carece de toda trascendencia el lucro o el quebranto, la ganancia o la pérdida, el beneficio o el perjuicio económico derivado del desarrollo de la actividad pues lo dirimente es el "propósito" perseguido por el sujeto al ejercerla."
"Una postura contraria, que margine el "fin de lucro" perseguido al desempeñar la actividad, implicaría prescindir del requisito fijado en el art. 9°, inc. b), pto. I), de la ley 23.548 sin previo debate y declaración de su inconstitucionalidad o ilegalidad (confr. Fallos: 285:353; 301:958; 307:2153)."
"Cierto es que en ley de coparticipación se podría haber pactado la sujeción al tributo de toda actividad lucrativa o de la cual se derive un beneficio, prescindiendo del "fin" perseguido en su desarrollo pero, sin embargo, no se hizo. Y no puede atribuirse tal conducta -a fin de realizar una adecuada hermenéutica de los preceptos sub examine- a la imprevisión o impericia del legislador (Fallos: 321:2453; 322:2189 y 2701; 323:1787, entre muchos otros)."
"Finalmente, cabe señalar, una vez más, que no corresponde a los jueces sustituir al legislador en su tarea, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos:300:700) y el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de la solución legislativa así adoptada no es materia sobre la cual el Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos: 313:410).".
3.3. Compartiendo el criterio sobre cómo debe ser leída la cláusula contenida en el art. 9 inc. b) pto 1. de la Ley 23.548, se impone confirmar la decisión del magistrado de la instancia de grado respecto del descalce que porta el art. 182 del Código Fiscal provincial
El citado precepto local establece que el "...ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativo o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas, y el lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo otro de similar naturaleza), estará alcanzada con el impuesto sobre los Ingresos Brutos en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes ..." .
De su lectura se colige que dicha norma extiende el tributo provincial a todas las actividades desarrolladas "a título oneroso" (esto es, cuando las ventajas que se procura a una de las partes les son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra -cfr. art. 1.139 del Código Civil (t.a.); art. 967 del Código Civil y Comercial-), con prescindencia del "fin de lucro" que resulta -tal como estableció el dictamen transcripto en el punto precedente- dirimente para la aplicación del tributo según la ley convenio.
Habida cuenta de la finalidad unificadora que trasunta la Ley 23.548, es oportuno señalar que, desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia Federal ha definido el criterio interpretativo que debe presidir la consideración de las leyes que rigen un sistema politributario. Así, en Fallos: 184:5 señaló que "... debe tender al equilibrio y perfección del mismo; no puede interpretarse cada ley aisladamente, sino como parte de un conjunto armónico, y cada impuesto debe ser examinado o juzgado, no solamente por sí mismo, sino con relación a los otros impuestos que forman parte del conjunto impositivo. ". De tal manera -decía ese precedente- aquella interpretación ".debe tender a que todos los impuestos se armonicen y llenen el fin para el que han sido creados...".
En ese marco conceptual se inscriben los propósitos enunciados en la citada Ley 23.548, que une a los Estados que la suscribieron en un plexo jurídico de derechos y obligaciones, las cuales están enunciadas, en lo que respecta a las provincias, en el art. 9º. Tal situación se configura en el caso respecto de la Provincia de Buenos Aires, que al adherirse por medio de su ley local 10.650 sin limitaciones ni reservas aceptó la definición de actividad gravada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos contenida en esa ley-convenio, que quedó así incorporada a su derecho público local y a la que no puede unilateralmente modificar o derogar (Fallos: 322:1781; 327:1051).
Lo antedicho pone de relieve el defecto que porta el art. 182 del CF, y expone su contraposición, en el caso de marras, con la pauta sentada en el art. 9 inc. b) pto. 1 de la Ley 23.548.
3.4. Por otro lado, y allende la mencionada deficiencia del art. 182 del CF (en cuanto desconoce la pauta rectora de la Ley 23.548 que solo permite de gravar con el IIBB aquellas actividades que se realicen con fin de lucro), tampoco merecen auspicio los cuestionamientos de la recurrente acerca de la escisión que cabría realizar entre la parcela de la actividad de la Cooperativa actora orientada al cumplimiento de su objeto social, y aquellas ganancias excedentes a aquel fin que -en su parecer- deben quedar alcanzadas por el tributo. Y ello, en tanto la actividad desplegada por la accionante sería de aquellas que, por principio, cabría calificar como "sin fines de lucro" y por tanto ajenas (en tanto así lo prescribe la Ley 23.548) a la posibilidad de ser alcanzadas por el IIBB.
La ley 20.337 define a las cooperativas como "... entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios ..." a sus asociados (art. 2º, primer párrafo). Ese amplio concepto complementado por los caracteres que enuncia el citado artículo y de los que se desprende que " son asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada " (v. art. 5 del reglamento dictado por la Alianza Cooperativa Internacional). Las cooperativas, tal lo dispuesto en el art. 6 de la referida norma " no pueden transformarse en sociedades comerciales o asociaciones civiles ", de allí que el art. 148, inc. g), del Cód. Civ. Com, las incluye entre las personas jurídicas privadas en forma diferenciada de las sociedades y de las asociaciones.
Vale agregar que los actos que realizan esas entidades con sus asociados tienen una conceptualización propia y distinta: son " actos cooperativos " (art. 4º de la Ley 20.337), de naturaleza diversa a los actos comerciales en tanto constituyen la representación de un servicio social en función del fin cooperativo y de los principios que nutren a la persona jurídica, quedando sujetos a un régimen legal propio y a los estatutos y reglamentos de la respectiva cooperativa y solo en forma subsidiaria al régimen de los institutos jurídicos con los que guardan semejanza.
La Ley 20.337 rige a toda clase de cooperativas, cualquiera sea su objeto social específico, incluidas las cooperativas de trabajo como la de autos, los cuales, por su objeto, tienen como finalidad prestar servicios a sus asociados al costo, de manera que los resultados positivos que pudieran existir sean retomados a los asociados que los generaron con su operatoria. Puntualmente, la Ley de Cooperativas establece el modo como habrán de distribuirse los "excedentes repartibles " (esto es, aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados) y que deberá efectuarse " en las cooperativas de producción o trabajo, en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno " (art. 42, inc. 5º, ap. b) de la ley citada).
De lo expuesto se desprende que las cooperativas de trabajo no obtienen ni persiguen ganancias; tal es así que la Ley de Impuesto a las Ganancias no incluye dentro del hecho imponible de ese tributo a las utilidades o excedentes repartibles [v. art. 20 inc. d)].
Entonces, bien puede sostenerse, como principio, que las cooperativas de trabajo realizan una actividad sin finalidad de lucro (lo que no obsta, claro está, a la posibilidad de obtener "excedentes" a ser luego repartidos conforme la metodología establecida por la legislación y el propio estatuto).
Tal resulta ser la postura que sostuvo el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía al dictar la resolución n° 477 de fecha 07-08-2020 y en la que reafirma que las cooperativas y mutuales son entidades sin fin de lucro (v. art. 1) y que, al menos en ese punto (esto es, dejando de lado cualquier apreciación que el mentado Instituto pudo hacer respecto de la interpretación de la Ley de Coparticipación y las normativas locales, y lo resuelto por la Comisión Federal de Impuestos sobre el particular) no pudo ser soslayado por la recurrente.
Es que, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (continuador del entonces Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, creado por el Decreto Nº 420 del 15 de abril de 1996) tiene por objeto la implementación, aplicación e interpretación de la ley 20.337 y, por tanto, mal podría desconocerse el sentido y el alcance con el cual el Organismo con competencia específica en la materia define a las cooperativas.
Así, la especificidad técnica que cabe predicar respecto del Organismo administrativo con competencias expresamente atribuidas para interpretar y aplicar -entre otras- la Ley de Cooperativas (cfr. decretos n° 420/96 y n° 721/2000), autoriza válidamente -en razón de la especial deferencia que cabe en tales casos tener para con el criterio del Ente que emitió la pauta interpretativa de la norma que están llamados a aplicar (arg. doct. Corte Suprema de Justicia de EE.UU. in re "Gonzales v. Oregon", sent. de 5-10-2005; a contrario in re "United States v. Eurodif", sent. de 26-01-2009; esta Cámara causas G-1163-BB1 "Scorolli" , sent. de 25-08-2009; C-2580-MP2 "E.D.E.A. S.A.", sent. de 27-10-2012; C-4811-DO1 "Napoli" , sent. de 16-04-2014; C-5586-MP2 "Fiat Auto S.A. de Ahorro para Fines Determinados", sent. de 14-04-2015)- a acompañar la lectura postulada por la accionante y el juez de grado, en cuanto a que las actividades desplegadas por las cooperativas, por principio, carecen de fin de lucro.
Lo expuesto no importa desconocer la resolución sintetizada n° 911/20 de la Comisión Federal de Impuestos (B.O. 27-8-2020) en cuanto dispone que la competencia para interpretar la Ley 23.548 le corresponde en forma exclusiva y excluyente. Por el contrario, la deferencia que aquí se propugna solo lo es con relación a la pauta interpretativa expuesta por el INAES en la res. n° 477/20 que define y delimita el alcance con el que, por principio, deben ser leídas las actividades que desarrollan las cooperativas (esto es, sin fines de lucro) y no con respecto a alguna u otra posible pauta interpretativa que del régimen de coparticipación hubiera podido emitir el referido Instituto.
Por otro lado, correspondía al Fisco acreditar y probar, en los términos del art. 7 del C.F-, que la realidad económica de la actividad de la cooperativa se apartó de esa finalidad no lucrativa que por principio ostenta, respecto de los excedentes que consideró alcanzados por el gravamen.
En suma, ya sea por considerar el defecto que porta el art. 182 del C.F. en cuanto autoriza gravar con el IIBB las actividades habituales onerosas efectuadas, incluso, sin fin de lucro [desconociendo la pauta rectora fijada en el art. 9 inc. b) pto. 1 de la Ley 23.548 que solo permite a las Provincias gravar con el IIBB aquellas actividades que se realicen con fin de lucro] o, en su caso, porque corresponde postular que la totalidad de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo deben ser, por principio, consideras como " sin fin de lucro " (y por lo tanto ajenas a tributación tal lo dispuesto por el referido art. 9 de la Ley de Coparticipación) corresponde confirmar el pronunciamiento de grado.
4. Tampoco asiste razón la quejosa, en cuanto sostuvo que las circunstancias valoradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 347:237, invocado por el a quo en sustento de su decisión, no resultan aplicables al caso sub examine .
En cuanto aquí interesa, el Superior Tribunal Federal descalificó el art. 116 del Código Tributario de la Provincia de Chaco (decreto ley 2444/62), según el cual "...por el ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la Provincia del Chaco de comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, inversión de capital o cualquier otra actividad, civil o comercial, lucrativa o no cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas y las asociaciones mutualistas, y el lugar donde se realice (incluso en zonas portuarias, aeropuertos, espacios ferroviarios, aeródromos y terminales de transporte y en general edificios y lugares de dominio público y privado), se pagará un impuesto conforme a las normas que se establecen en el presente título ... ".
De la norma transcripta se advierte una coincidencia sustancial con lo dispuesto en el art. 182 del C.F. (t.o. 2011). En ese orden, a los efectos del gravamen, ambas disposiciones prescindieron de la finalidad lucrativa perseguida por el contribuyente, en contradicción con lo previsto en el art. 9 inc. "b" pto. 1° de la Ley 23.548. De ese modo, la doctrina que dimana del más reciente pronunciamiento del Máximo Tribunal en la materia resulta de plena aplicación en el presente.
Cabe recordar que allí se estableció que el requisito del propósito de lucro resultaba una de las características básicas a las cuales debían ajustarse las respectivas leyes provinciales respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el marco de las obligaciones asumidas por las provincias en oportunidad de su adhesión voluntaria al régimen de Coparticipación Federal (cfr. cons. 7° y 8°). Consecuentemente, la Corte Suprema nacional concluyó que "...la interpretación de la sentencia recurrida que permite gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos a toda otra actividad habitual onerosa, aunque sea realizada sin propósito de lucro, torna superflua y carente de toda operatividad a la expresión "con fines de lucro" empleada por el art. 9 º, inc. b), pto. I, de la ley 23.548. En efecto, al atribuir a la expresión "ejercicio de toda otra actividad habitual", empleada en la parte final de la norma citada, el carácter de una cláusula residual que habilitaría a gravar con el impuesto a cualquier actividad habitual onerosa, aunque carezca de propósito de lucro, el tribunal a quo ha desvirtuado y vuelto inoperante el texto expreso que exige la finalidad de lucro, contrariando el canon interpretativo recordado en el primer párrafo del presente considerando. La sentencia apelada resulta así arbitraria también en este punto y debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido (Fallos: 308 :1796; 311:2548; 319:2676; 326:4515; 331:964; 337:567; 339:459; 340:2021; 341:961; entre muchos otros) ..." (cfr. cons. 10°).
Doctrina que, por cierto, de modo reciente hizo suya la Suprema Corte provincial al dictar sentencia en la causa A.76.668, "Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados pertenecientes a la Fraternidad Seccional Pergamino F.C. Mitre", sent. del 1°-9-2026, mediante la cual declaró improcedente el cobro del impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de las operaciones desarrolladas por la asociación mutual actora, por considerar que, de acuerdo con su naturaleza y definición legal, sus actividades no perseguían fines de lucro y, por tanto, no se encontraban comprendidas en la definición del hecho imponible del tributo.
A partir de los antecedentes relevados, no merece reproche la decisión del magistrado de la instancia de grado que ajustó su pronunciamiento a la más reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de su similar provincial en supuestos sustancialmente análogos, en tanto versaron sobre una materia que involucró la contraposición entre una norma de derecho tributario local y el derecho intrafederal (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 314:862).
De ese modo, en el caso, el seguimiento de la decisión de la Corte Federal que se propicia, tiene su quicio en la necesidad de preservar la coherencia del sistema y asegurar que los compromisos federales en torno al régimen de coparticipación se cumplan con la homogeneidad que reclama la supremacía constitucional.
III. Si lo expuesto es compartido, se propone al Acuerdo rechazar el recurso de apelación articulado por el Fisco provincial, y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto fuera materia de agravios. Las costas por trabajos de alzada deberían imponer a la parte demandada por su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1 del CPCA -t. según ley 14.337- y 274 del CPCC).
A la primera cuestión planteada, doy mi voto por la negativa .
El señor Juez doctor Mora , por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, vota a la cuestión planteada también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, dijo el señor Juez doctor Ucín:
I.1. Mediante resolución de fecha 10-6-2026, el juez de grado calificó la cuestión debatida como no susceptible de apreciación pecuniaria y, consecuentemente, reguló los honorarios del doctor Marcos Jaureguiberry por las tareas desarrolladas en el proceso principal en la suma de cuarenta y cinco (45) Jus con más los correspondientes aportes de ley.
2. Disconforme, y a todo evento, la parte demandada los impugnó por considerarlos elevados (cfr. art. 57 ley 14.967).
II. No se encuentra controvertido que el presente proceso resulta insusceptible de apreciación económica, así como tampoco que el régimen arancelario de aplicación es el establecido por la ley 14.967, en atención a la fecha de promoción de la demanda.
Corresponderá, asimismo, considerar que la pauta regulatoria de los honorarios en procesos judiciales de sustancia contencioso administrativa no susceptibles de apreciación económica, viene dada por el art. 44 último párrafo de la ley 14.967 que establece, para estos casos, una regulación mínima de treinta (30) Jus arancelarios.
En ese contexto, y respecto de los honorarios del letrado que asistió a la parte actora, doctor Marcos Rubén Jaureguiberry -fijados en 45 JUS por su actuación en el principal que tramitara por las normas del proceso sumarísimo del CCA- tomando en consideración que la tarea profesional desarrollada lo fue en una sola etapa, resolviéndose únicamente con la documental adjunta (cfr. res. del 12-5-2026), y ponderando: (a) que se desempeñó como patrocinante de la parte actora; (b) que se hizo lugar a la demanda con costas a la demandada; (c) las labores desplegadas en la etapa referida; (d) la complejidad y novedad de la cuestión en debate, valorada frente a la existencia de precedentes de esta Alzada en los que fue ya abordada y resuelta la cuestión constitucional en debate; (e) la situación económica de las partes; y (f) las restantes pautas que manda valorar el art. 16 del estatuto arancelario, la valoración de sus trabajos efectuada por el juez de grado y el consecuente monto de los honorarios que regulados en la cantidad total de cuarenta y cinco (45) Jus arancelarios, apelados por altos, resulta ajustada a derecho (cfr. esta Cámara, causa C-15957-MP1E "Centro Médico Mar del Plata" , sent. del 12-2-2026).
A la segunda cuestión planteada, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Mora , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, vota a la segunda cuestión planteada por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata dicta la siguiente
1. Rechazar el recurso de apelación articulado por el Fisco provincial, y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto fuera materia de agravios. Costas de segunda instancia a la parte demandada por su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1 del CPCA -t. según ley 14.337- y 274 del CPCC).
2. Rechazar el recurso de apelación articulado por la parte demandada respecto de la regulación de honorarios profesionales del doctor Marcos Rubén Jaureguiberry.
3. Estese a la regulación de honorarios profesionales que se practica en la fecha mediante auto dictado por separado.
Regístrese, notifíquese electrónicamente conf. art. 10 del Anexo I del Ac. SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. SCBA N° 4039/21- y devuélvanse por Secretaría las actuaciones al órgano de origen.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1028-2026
Fin de la sentencia