Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2259/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 851/870 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a foja 872 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2259/18-TSJ Interlocutorio N°: 3443 Actor: COOPERATIVA DE TRABAJO DE TELECOMUNICACIONES LTDA.
Demandada: FERNÁNDEZ ARGÜELLES S.R.L. Y OTRO Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 10-12-2018 Texto: TOMO XXX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3443 FOLIO Nº 5835/5838 PROT. ELECT. TSS1 104 I.181
Río Gallegos, 10 de diciembre de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “COOPERATIVA DE TRABAJO DE TELECOMUNICACIONES LTDA. C/ FERNÁNDEZ ARGÜELLES S.R.L. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº C-14.677/10 (C-2259/18-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de casación interpuesto por la actora, por intermedio de su representante legal, Sr. Héctor Agustín Victoriano Gordillo (cfr. fs. 851/870), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 829/845. Esta última revocó la sentencia de Primera Instancia, e hizo lugar a la demanda promovida, condenando a los demandados a abonar la suma de $50.425, como consecuencia de los daños producidos en un vehículo propiedad de la actora.-
La actora expresa: “La impugnación de la sentencia emitida en autos, por la Excma. Cámara de Apelaciones a fs. 829/845, se sustenta en la violación del juego armónico de los artículos 519, 1068, 1069 del Código Civil, y de los artículos 166 y 364 del CPC y C, violentando por añadidura expresas garantías y derechos constitucionales tales como el derecho a la propiedad, de adecuado servicio de administración de justicia, de debida fundabilidad de los pronunciamientos judiciales y el principio de legalidad, todos ellos de raigambre constitucional (arts. 14, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional) que justifican sobradamente la casación en un todo de acuerdo a lo establecido por el art. 3 inc. a) de la Ley 1687.” (cfr. foja 852).- Asevera que: “…el Dr.
Monelos prescinde parcialmente de prueba vital y medular, a la hora de rechazar la procedencia de la indemnización por pérdida de valor venal, toda vez que si bien, en su conclusión, hace referencia a la pericia mecánica realizada por el Sr. Daniel A. Rojo, no es menos cierto que la misma es merituada y estudiada de manera segmentada y aislada del resto del plexo probatorio arrimado a esta causa, pues no puede dejarse de señalar que al momento de contestar los puntos de pericia de la citada en garantía, el referido perito, claramente deja en evidencia la existencia del daño estructural y vital que sufrió el rodado Iveco con hidroelevador, violentando de esta manera la valoración de la totalidad de prueba conforme las reglas de la sana crítica establecidas por el art. 364 del CPCC.” (cfr. foja 853).- Continúa su recurso afirmando que: “…el Juez Eduardo H.
Monelos cae en una apreciación subjetiva que se contrapone con el resto de las pruebas producidas en autos, al decir que la firma YPF S.A. hace referencia a otro vehículo en el contrato informado a fs. 410 y que, sabido es que es celosa del requerimiento de los rodados en especial, cuando la propia oficiada, claramente seña- la que para el cumplimiento del contrato, se contempla dentro de la categoría como requirente a la unidad automotor F-350 c/ hidroelevador, no identificando, en ningún momento, a un automotor en particular, sino que por el contrario se refiere a que contempla una categoría de rodados con determinadas características, por lo cual, esta parte sostiene enfáticamente, que resulta a todas luces arbitrario y voluntarista el rechazo de la indemnización peticionada, pues, tal conclusión se sostiene en la sola voluntad del sentenciante y se contrapone, con las propias constancias de la causa, de las cuales se desprende sin hesitación alguna que el rodado siniestrado era el afectado para el cumplimiento del contrato de telecomunicaciones, por encontrarse dentro de la categoría de automotores requeridos por YPF S.A., además, por generar ganancias ante su naturaleza y destino comercial.” (cfr. foja 854 vta.).- También alega que: “…la sentencia respecto a los rubros rechazados, resulta totalmente arbitraria y contradictoria, pues a la hora de estudiar la procedencia de los mismos, el primer votante, además de prescindir de prueba medular, no la valora a la misma como un todo, como así tampoco tiene en cuenta la magnitud ni la seriedad de los daños sufridos como consecuencia del vuelco, lo cual genera en sí mismo una depreciación en el valor de mercado del rodado con más la hidroelevadora, pero además, no se entiende ni se explica que no se tenga por acreditada la ganancia dejada de percibir por el rodado siniestrado, cuando de las pruebas testimoniales surge como verdad irrefutable que el rodado Iveco con hidroelevadora, se encontraba afectada al cumplimiento del contrato de telecomunicaciones para YPF S.A., al momento de sufrir el accidente ocurrido con fecha 29.09.2008, pero lo que es peor aún, en este punto desconozca el uso comercial otorgado a la misma, lo cual importa una ganancia dejada de percibir por el curso natural y normal de las cosas, y su propia naturaleza, para luego, renglones más abajo, reconocer tal circunstancia y en virtud de su naturaleza condenar a los demandados a abonar el rubro ‘Privación de Uso’, el cual es dable señalar resulta a todas luces ínfimo, atendiendo a los antecedentes del caso particular.” (cfr. foja 856 y vta.).- Por último, a foja 869 vta., hace reserva del caso federal.-
Que a foja 872 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la actora.-
II. En oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria articulada, ésta se desarrolla dentro del carril establecido por el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C- conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, fundamentalmente por denunciar violación “…del juego armónico de los artículos 519, 1068 y 1069 del Código Civil, además del art. 34 inc. 4º, 166 y 364 del CPCC…” (cfr. foja 861) y de distintos artículos de la Constitución Nacional, y arbitrariedad (cfr. foja 869 vta.).- Sin embargo, de la atenta lectura del escrito presentado, surge evidente el ayuno en la fundamentación recursiva, por cuanto el mencionado planteo tiene como núcleo fundamental cuestionar la valoración de los medios probatorios por parte de los jueces de grado, es decir, remite directamente a la consideración de circunstancias de hechos y pruebas y -desde este particular cuadrante procesal- no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en la sentencia impugnada, incumpliendo con el requisito formal de adecuada fundamentación.
De este modo, la recurrente afirma que: “…la sentencia en crisis contraviene abiertamente el artículo 166 del CPCC en tanto establece en su última parte que los jueces deben fijar el importe de los daños y perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto…” (cfr. foja 855 vta.), expresando al respecto que: “…deviene a todas luces arbitraria y autocontradictoria la sentencia a la hora de sostener el rechazo de los rubros pérdida de valor venal y lucro cesante, pues, resulta ineludible, totalmente razonable y de lógica elemental que si se encuentra probado que el bien fue dañado en una magnitud tal que le impedía su uso normal, provocando su desvalorización, como consecuencia del even- to dañoso y estaba afectado a una actividad comercial, pero además que, en el caso particular, se trata de un rodado Iveco con hidroelevador, que posee inexorablemente ese destino, va a dejar de obtenerse objetiva y razonablemente una ganancia…” (cfr. foja 856 vta.); tratando de demostrar, a lo largo de su presentación, cómo la Cámara debió valorar, a su entender, la prueba reunida en autos con relación a la indemnización por lucro cesante y pérdida de valor venal.- Que, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnativa, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.
Sin embargo, las expresiones de la recurrente constituyen una reiteración de los argumentos oportunamente expuestos en las instancias ordinarias. Por ende, los argumentos esgrimidos en el recurso de casación interpuesto, se repiten una y otra vez, remitiéndose a cuestiones que -por su indiscutible encuadramiento en circunstancias de hechos y pruebas-, resultan irrevisables por esta vía, dado el carácter extraordinario de la instancia (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos XVII, Reg. 2267, Folio 3309/3313; XVIII, Reg. 2352, Folio 3479/3482; XXIV, Reg. 2924, Folio 4668/4670).- La actora se agravia respecto de la falta de admisión de la indemnización por lucro cesante y del monto de la indemnización por pérdida de valor venal, entendiendo que debería haberse ordenado pagar la ganancia considerada por la actora como frustrada y un monto mayor por la pérdida de valor.
Sin embargo, es reiterada la postura de este Tribunal Superior de Justicia en el sentido que constituye una cuestión propia de los jueces de las instancias ordinarias y detraída del ámbito de la casación, establecer, en función de las circunstancias de cada caso, el monto indemnizatorio debido, en tanto y en cuanto tal ejercicio no resulte irrazonable. Consecuentemente con tal postura, se ha expresado que: “…el monto indemnizatorio constituye una cuestión que pertenece al ámbito de conocimiento y juzgamiento de los jueces de grado, quedando ubicada en el espacio de la razonable discreción de éstos…”, y que: “…por lo tanto resulta ajena al recurso extraordinario de casación…” (cfr. Sentencia, Tomo VI, Reg. 217, Folio 1171/1175; Interlocutorio, Tomo XXII, Reg. 2741, Folio 4234/4237).
Conforme con ello, debe agregarse que: “…El método empleado para llegar al monto indemnizatorio, constituye una cuestión de hecho irrevisable en casación, puesto que integra una facultad privativa de los magistrados ejercitada de acuerdo a los elementos de juicio puestos a su disposición, quedando reservado al ajustado arbitrio de los mismos y variando de acuerdo a las circunstancias causídicas que resultan determinantes…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo VI, Reg. 200, Folio 1069/1072), “…por ello constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en casación, salvo la existencia de absurdo…” (cfr. TSJ Santa Cruz Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 944, Folio 1125/1127). Excepción ésta respecto de la cual no logra la recurrente argumentar debidamente a los fines de habilitar el acceso a esta instancia.- Se ha expresado que: “Tanto la determinación de los distintos rubros que integran la condena, como su procedencia, constituyen típicas cuestiones de hecho, ajenas por ello al conocimiento de la Corte, salvo el supuesto de absurdo.” (cfr. sum.
SCBA, “Padula Francisco c/ Di Modugno, Norma Beatriz y otros s/ Daños y Perjuicios” Ac. 50.510-S, 29-12-92), respecto del cual, como se ha expresado, la recurrente no brinda argumentos suficientes a los fines de intentar demostrarlo, que permitan superar la valla de la admisibilidad. En este sentido, no se advierte que la impugnante se haga cargo de rebatir el razonamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones cuando sostiene, respecto del rubro lucro cesante y a fin de fijar su monto, “El lucro cesante se debe acreditar en su quantum. Es decir cual ha sido la disminución de las ganancias dejadas de percibir, es decir si YPF S.A. le disminuyó el pago de los servicios con esa unidad […] Pero no se acreditó la pérdida de ganancias, que debió surgir de prueba contable...” (cfr. fs. 838 vta./839).
Por lo que la Excma. Cámara de Apelaciones funda su decisión al desestimar el agravio de la actora, dando motivos que sustentan su fallo, advirtiéndose entonces que la crítica realizada por la recurrente deviene inoperante, ya que los fundamentos de la sentencia en crisis concluyen siendo suficientes para su mantenimiento y firmeza, careciendo de entidad los agravios que se esgrimen para desmerecerla.- La arbitrariedad que acusa la actora constituye una mera discrepancia con la valoración de los elementos probatorios aportados a la causa, efectuada por el ad quem, lo que por su propia naturaleza, más allá de su acierto o error, refiere a cuestiones de hecho y prueba, materia ésta que, como se señalara ut supra, escapa a la órbita del recurso de casación, el que no tiene por fin constituir una tercera instancia en donde este Alto Cuerpo revise el criterio adoptado por los jueces de la causa, si no ha existido violación de la ley, absurdo en la valoración de la prueba o afectación de garantías constitucionales.-
Los agravios expuestos por la recurrente sólo remiten a la consideración de circunstancias de hechos y pruebas (cuestionamiento de la falta de admisión de la indemnización por lucro cesante y monto de la indemnización por pérdida de valor venal), oportuna y adecuadamente analizadas por la instancia de grado, y ajenas por ende a la presente instancia, no exteriorizando la sentencia de marras una violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, encontrándose ajustado a derecho el resultado obtenido en la instancia de grado (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos XXII, Reg. 2800, Folio 4375/ 4379; XXIII, Reg. 2853, Folio 4494/4497, entre otros), sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, “visceral”, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo II, Reg. 183, Folio 303/305; Sentencia, Tomo III, Reg. 120, Folio 561/567, entre otros), y sin que se aprecie en la misma ausencia de fundamento, omisión de tratamiento de materia sujeta a juicio o desfiguración de los medios probatorios que la hagan aparecer ilógica en su conclusión (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo II, Reg. 207, Folio 347/349, entre otros).- Así, considerando la decisión que adoptó la Excma. Cámara de Apelaciones, la misma no resulta, en principio, revisable ante esta instancia, al haber fundado debidamente su posición, citando jurisprudencia que avala su conclusión, sin encontrarse ésta desprovista de fundamentos, más allá de la discrepancia que pudiera tener la recurrente con la postura asumida por la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Es tesis de este Tribunal Superior de Justicia que: “?la doctrina de la arbitrariedad no ha sido constituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación?” (cfr. Interlocutorios, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
III. Que, de conformidad a todo lo expuesto, el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 851/870, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por consiguiente corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 872 y vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7º Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, confor- me Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniéndose presente la reserva del caso federal.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 851/870 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a foja 872 y vta..-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1104I.181 Tomo: XXX Interlocutorio: 3443 Folio N°: 5835/5838 Secretaría: 1
Fin de la sentencia