Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 167.804
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante contra la sentencia dictada a fs. 11/12 (punto II).
II. Las costas se imponen en el orden causado, teniendo en cuenta la ausencia de controversia (art. 68 segundo párrafo del CPCC);
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
REGISTRADA BAJO EL Nº 194-S Fº 1024/9
Expediente nº 167804 – Juzgado nº13 // En la ciudad de Mar del Plata a los 22 días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, reunida la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO PEDRO BENOIT LTDA c. RODRIGUEZ, Elsa Antonia s.
COBRO EJECUTIVO”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada de fs.11/12?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau dijo:
I: En la resolución dictada a fs. 11/12 el Señor Juez de Primera Instancia desestimó la medida cautelar pretendida por la ejecutante, consistente en el embargo sobre los haberes que percibe la accionada de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Para así decidir, consideró que el crédito que se reclama no constituye un supuesto de excepción que admita el embargo pretendido, sino que se encuentra alcanzado por el beneficio de inembargabilidad absoluta legal (punto II) de fs. 11 vta.).
II: Apeló el letrado de la ejecutante y presentó sus agravios a través del escrito electrónico de fecha 23-04-2019, con el cual pretende que se admita la medida cautelar.
Afirmó que el Juez interpretó y aplicó erróneamente el art. 14 inc. c) de la ley 24.241, provocando una flagrante violación a garantías y derechos constitucionales, en tanto la ley 13.236 y su decreto 2382/05 no establecen la mentada inembargabilidad.
Sostuvo que regla general determina que el patrimonio del deudor constituye la llamada garantía común de los acreedores, siendo la inembargabilidad la excepción a dicho principio que debe surgir expresamente de la ley. En forma subsidiaria, pidió la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.241 al considerar que afecta el derecho de propiedad de su mandante. Afirmó que la condición de jubilado o pensionado del emisor del título no puede transformarlo en incobrable.
Argumentó que la norma viola el principio de igualdad ante la ley al conferir un trato diferenciado, privilegiando – sin motivo constitucional o infraconstitucional valedero y legítimo- a los jubilados o pensionados.
Por último, fundó en la garantía de defensa en juicio otro motivo para sostener el pedido, al entender que el art. 14 inc. c) de la ley 24.241 implica la prohibición de peticionar embargo preventivo.
III: El recurso no prospera.
La cuestión a resolver está lejos de ser pacífica en la jurisprudencia. Justamente en esta Sala - con otra integración- se resolvió que era embargable el haber que percibe el jubilado de la Policía Provincial (causas nro. 143.427, sentencia del 28/05/09 Rº 439 fº 795/797 y 146.930, sentencia del 18/03/2011 Rº 17 fº83/86)
Para llegar a tal conclusión, mis colegas consideraron que debía aplicarse la regulación específica de la caja previsional de los agentes policiales (ley 13.236), que no prevé la inembargabilidad, no pudiendo aplicarse la norma general por analogía, por tratarse de una excepción que, como tal, debe ser expresa y de interpretación restrictiva.
Discrepo respetuosamente con esa solución y propongo la aplicación del ordenamiento general de la Provincia, establecido por la ley 9650, cuyo art. 57 prevé un sistema tuitivo del haber jubilatorio.
III.1: En el ordenamiento jurídico vigente las normas que tratan la cuestión son:
1. La ley nacional nº 24.241, modificada por las leyes 26.425 y 26.417 del año 2008, que incluye en sus disposiciones al personal civil de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad y policiales (art. 2 inc. 2), y decreta la inembargabilidad de las jubilaciones y pensiones, salvo que sea por una deuda de alimentos o litis expensas (art. 14 inc c).
2. El decreto ley nº 9650, que estatuye el Régimen las prestaciones previsionales que otorga el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), aplicable al “personal que en forma permanente o temporaria preste servicios remunerados y en relación de dependencia en cualquiera de los Poderes del Estado Provincial o Municipalidades” (art. 2, texto según ley 10.427).
En su art. 57 inc. b) establece que las prestaciones “no pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno, salvo en los casos previstos en los inc. c) y d) de este artículo e inc. h) del artículo 4 de la presente Ley” (correspondiente al régimen de financiamiento y obligatoriedad del aporte).
Por ello, “podrán reducirse en el monto necesario para atender el servicio de los préstamos personales y/o hipotecarios que acuerda el Estado, o por Mandato Judicial” (inc. c), o “ser afectadas, previa conformidad formal y expresa de los beneficiarios, a favor de Obras Sociales, Cooperativas y Mutualidades con las cuales convengan los descuentos pertinentes” (inc. d), o para cubrir los aportes a cargo del personal artístico que se desempeña en cuerpo de baile (art. 4 inc. h).
El art. 57 concluye estableciendo que “Todo acto o hecho jurídico que tienda a desvirtuar lo dispuesto en los incisos precedentes serán nulos y sin valor alguno”.
Este régimen general excluye de su ámbito a “las personas comprendidas en el régimen de Retiros, Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires” (art. 3).
3. La ley 13.236 que organiza el régimen especial y el funcionamiento de la caja particular de Retiros, Jubilaciones y Pensiones para la policía provincial.
No contiene ninguna norma sobre inembargabilidad o prohibición de afectación del haber jubilatorio de sus beneficiarios.
No obstante, incluye una norma general sobre interpretación e integración en su art. 54: “Si un asunto no puede resolverse ni por la letra ni por el espíritu de esta Ley, se aplicará supletoriamente el régimen previsional vigente en la provincia en cuanto fuera compatible con la esencia y naturaleza de la institución policial. En caso de duda sobre la aplicación de esta Ley, se estará por la norma legal que resulte más beneficiosa para el afiliado” (el subrayado es propio).
III.2: Claramente se nos presenta un problema de interpretación de la ley a fin de armonizarla con el ordenamiento jurídico vigente (art. 2 del CCCN).
¿Es aplicable al caso la ley especial 13.236 como se ha decidido en los antecedentes citados? ¿O ante la ausencia de previsión expresa debe aplicarse la pauta interpretativa de su art. 54? Las normas previsionales en juego constituyen un sistema normativo, tal como lo ha definido Tarski, es decir, comprensivo de un sistema deductivo en general –conjunto de enunciados que contiene todas sus consecuencias-, y de un sistema axiomático en particular –totalidad de consecuencias de un conjunto finito de enunciados-. La función del sistema normativo consiste en establecer correlaciones entre casos y soluciones, es decir, consecuencias normativas (Tarski Alfred, “Lógica, semántica, metamatemática”, Oxford, 1956, citado por Alchourrón Carlos E., Bulygin Eugenio, “Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales”, Ed. Astrea, Bs. As. 2006, pág. 92).
Como sistema normativo tiene, en principio, los caracteres de completitud – sobre las denominadas lagunas normativas, ver Vigo Rodolfo L., “Integración de la ley”, Ed. Astrea, Bs. As. 1978, pág. 44 y sgtes.; Guibourg Ricardo, “La interpretación”, en Colección de análisis jurisprudencial. Teoría general del derecho”, Ed. La Ley, Bs. As. 2003, punto III.3 “Lagunas”, pág. 136.-, independencia –descarta la redundancia entre las normas del sistema-, y coherencia –no hay soluciones contradictorias en el sistema- (Alchourrón-Bulygin, ob. cit., pág. 101).
Cuando se trata de resolver una controversia normativa, el juez tiene que dar una solución, pero como lo que tiene que solucionar es un caso individual, la solución que figura en la conclusión –parte dispositiva- de una sentencia normativa tiene que ser individual, por lo que la justificación de tal solución individual consiste en mostrar que ella deriva de una solución genérica, establecida en un sistema normativo –sistema que correlaciona casos genéricos con soluciones genéricas-, a través de la subsunción del caso individual en algún caso genérico, la determinación que el sistema normativo correlaciona al caso genérico, y la derivación de la solución mediante las reglas de inferencia del sistema (Bulygin Eugenio, “Sentencia judicial y creación del derecho”, en “Revista Internacional de Filosofía del derecho”, año XLIV, Fasc. II, 1967, citado en nota 16, por Alchourrón- Bulygin, ob. cit., pág. 213; Guibourg Ricardo, “Sistemas jurídicos: su fundamento”, en “Colección de análisis jurisprudencial… “, ob. cit., pág. 108, con cita en nota 3 de Hart H.L.A., “El concepto de derecho”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1968, pág. 125 y sgtes., cuando habla de los criterios de validez en la aplicación del sistema). Entre los criterios para superar las incompatibilidades entre normas que afectan la coherencia –o consistencia- de un sistema normativo, se encuentran el criterio jerárquico (ley superior), el temporal (ley posterior) y el material (ley especial). “El primero prevalece sobre los otros dos, el material sobre el temporal y cede ante el jerárquico y el temporal adquiere relevancia cuando es el único criterio de preferencia” (Guibourg Ricardo, “La interpretación”, en ob. cit., pág. 134 y 135).
En el caso de autos, estamos ante normas –las generales y la especial- que tienen un campo de aplicación en el que no hay incompatibilidad (jubilación de personal en relación de dependencia con el Estado) y otro en el que se superponen o excluyen (inembargabilidad o embargabilidad del haber jubilatorio de los policías de la Provincia de Buenos Aires). Se trata de una inconsistencia que Ross denomina como “total-parcial” o “inconsistencia entre la regla general y la particular”, aclarando que “una regla es particular en relación a otra si su hecho condicionante es un caso particular del hecho condicionante de la otra regla” (Ross Alf, “Sobre el Derecho y la Justicia”, ed. Eudeba, Bs. As. 2006, pág. 165).
III.3: Si bien la lógica que inspira el establecimiento de un microsistema especial indicaría aplicar el criterio material con preferencia a los establecidos en regímenes generales, ello no puede conducirnos a derogar estándares mínimos de garantías contenidos en ellos, máxime cuando están en juego derechos subjetivos de naturaleza previsional expresamente tutelados en la Constitución Nacional (art. 14 bis; art. XVI de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre; art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 9 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales) y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (arts. 39 inc. 3) y 40).
Los principios jurídicos positivos particulares, como regla, tienen prioridad sobre los sistemáticos, pero “cuando se da entre ellos una oposición manifiesta e irreconciliable, y no contándose con argumentos convincentes y armonizadores derivados de los principios teleológicos, no queda otra alternativa jurídica que resolver en favor de los sistemáticos” (Vigo Rodolfo, ob. cit., pág. 111).
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que “… procede utilizar los preceptos de las leyes generales para determinar el alcance de conceptos empleados en las normas de previsión social, si las conclusiones a que lleva tal criterio interpretativo son razonables y compatibles con los principios propios de la ley especial (Fallos: 256: 169). 7°)… la solución a que se arriba es la que mejor se aviene con reiterada jurisprudencia del Tribunal que ha establecido que las leyes previsionales deben interpretarse conforme a la finalidad que con ellas se persigue, por lo que no debe llegarse al desconocimiento de derechos sino con extrema cautela (Fallos: 266: 202, 299, sus citas y otros)” (CSJN, “Simón Altamirano s. Sucesión. Pensión solicitada por Damiana Miranda V. de e hija”, sent. del 13.12.1968, en Fallos: 272: 258, voto de los Sres. Ministros Chute, Risolía, Cabral y Bidau; en igual sentido, “Haynes Ltda. SA Empresa Editorial s. Plantea cuestión s/ afiliación de colaboradores s/ relación de dependencia y circunstanciales”, sent. del 16.3.1963, en Fallos: 256:169, citado en el fallo anterior).
La Suprema Corte provincial, en igual sentido, ha considerado que “Ante la particular imprevisión del legislador (se trataba de la pensión para la hija mayor de 50 años de un policía jubilado fallecido que no estaba expresamente incluida entre los causahabientes enumerados en el decreto 9538 entonces vigente), cobra especial vigor el llamado método sistemático, dogmático o constructivo de interpretación jurídica, que tiene por fundamento que los textos jurídicos forman siempre totalidades sistemáticas, partes a su vez de otras más generales… la hija mayor de 50 años de un afiliado a la Caja de Policía tiene derecho a obtener una pensión… porque esta norma incluye entre éstos –los causahabientes- a las hermanas mayores de esa edad –lo que resulta a todas luces injusto- y prevé también que cuando un asunto no pueda resolverse ni por su letra ni por su espíritu debe aplicarse supletoriamente el régimen previsional vigente en la Provincia, que sí contempla a las hijas mayores” (SCBA, causa B 50.915, “Sucaret Irma Delia c. Caja de Retiros, Jubilaciones y pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s. Pensión. Demanda contencioso administrativa”, sent. del 2.10.1990, en AyS-1990-III-617).
Considero que en el caso, y en virtud de la expresa remisión del art. 54 de la ley 13.236, la norma aplicable supletoriamente es el decreto ley 9650, vigente en la provincia de Buenos Aires para todos los jubilados dependientes de la Administración Pública, que cumple además con el requisito de ser más beneficiosa para los afiliados a la caja de la policía de la provincia. La exclusión prevista en su art. 3 concierne, a mi modo de ver, al régimen de financiamiento y funcionamiento de la caja previsional particular y a los privilegios de que pueden gozar exclusivamente los agentes policiales retirados, dada la peculiar naturaleza de sus funciones, sin que ello suponga la absoluta exclusión o inaplicabilidad, sino solo de aquellas que sean incompatibles (ver los arts. 4 del decreto 9650 y art. 18 de la ley 13.236).
De este modo se deben aplicar los dispositivos legales del régimen particular y aquellos del régimen general en la medida que no contravengan a los primeros, sea porque se refieran a cuestiones no previstas o porque las complementen sin modificarlas ni variar su contenido. Esta es la solución que brinda el mentado art. 54 de la ley especial con su remisión al “régimen previsional vigente en la provincia en cuanto fuera compatible con la esencia y naturaleza de la institución policial”, que, ante la duda, ordena estar “a la norma legal que resulte más beneficiosa para el afiliado”.
III.4: Considero que una interpretación diferente sería violatoria de la garantía de igualdad prevista en el art. 16 de la Constitución Nacional y art. 11 de la Constitución Provincial, reforzados por el principio de tratamiento igualitario y la exclusión de discriminaciones ilegítimas vigente en el derecho convencional internacional (art. II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sostener la embargabilidad de la jubilación de los policías de la Provincia de Buenos Aires por la sola omisión de la ley especial implicaría imponerles una diferencia de trato injustificada respecto a los restantes jubilados y pensionados del sistema público provincial. “Bajo la idea de mandato de trato igual, Robert Alexy toma una clásica jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán que dice que “cuando para la diferenciación legal no es ´posible encontrar (…) una razón razonable, que surja de la naturaleza de las cosa o que, de alguna forma, sea concretamente comprensible, existe una diferenciación arbitraria”. Dice Alexy, con acertado criterio, que una diferenciación es arbitraria, y por ello está prohibida, cuando no es posible encontrar una razón suficiente que la justifique. Y no existe ninguna razón suficiente para permitir una diferenciación si todas las razones que hay que tener en cuenta tienen que considerarse como insuficientes. Esto es justo lo que ocurre cuando no se consigue una fundamentación para permitir la diferenciación. El principio general establece así la carga de la argumentación para los tratos desiguales (Alexy Robert, Teoría de los derechos fundamentales”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, pág. 361)” (de la sentencia del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 13 de Mar del Plata, en autos “González Norma s. Insania”, expte. n°2932, sent. del 16.8.2013, considerando 4 apartado b), al resolver un planteo de inconstitucionalidad).
La Suprema Corte provincial así lo ha establecido, con cita de fallos del Máximo Tribunal nacional. “Si bien la Corte Suprema tiene resuelto que, en principio, la igualdad ante la ley no resulta afectada por la existencia de regímenes diferentes en las distintas Cajas en orden a los beneficios que ellas acuerdan (Fallos: 250.652; 269:279, entre otros), “ha hecho excepción a tal regla c uando, a través de una norma contenida en un determinado régimen, se conculcan principios esenciales instituidos con carácter general en el sistema previsional argentino (Fallos 266: 299, 269:177)…” ( SCBA, causa I 1440, "Boese, Irene s/ Inconstitucionalidad ley 5920”, sent. del 3.5.1995, en AyS-1995-II-270).
En igual sentido se ha decidido que “si bien las garantías constitucionales relativas a la igualdad ante la ley y a la inviolabilidad de la propiedad privada no son eficaces para extender el reconocimiento de derechos consagrados en otros sistemas previsionales al que pertenece el reclamante, sí pueden alegarse para invalidar aquellas normas que, en forma irrazonable, desconocen los principios básicos sobre los cuales se estructura el régimen previsional de nuestro país. Ello así pues en este último caso, nos encontramos frente a preceptos legales que, por la índole especial de la restricción que consagran, resultan encuadrables en la categoría de normas hostiles o persecutorias, de acuerdo con la terminología utilizada tradicionalmente por la Corte Suprema de Justicia nacional y, por tal razón, entran en conflicto con aquellas garantías constitucionales” (SCBA, causa I 2291, “Rugani Elsa Silvia s. Inconstitucionalidad art. 48 de la ley 5920”, sent. del 5.4.2006).
También, que “Se afecta el principio constitucional de igualdad cuando a través de una norma contenida en el régimen especial, se conculcan principios esenciales instituidos con carácter general en el sistema previsional argentino" (SCBA, causa I 2124, "Gómez de Rolando Carmen Isabel s/ Inconstitucionalidad art. 48, Ley 5920", sent. del 3.8.1999; causa I 68.942, “Rango Blanca N. c. Provincia de Buenos Aires s. Inc. ley 5920. Tecero. Caja de Previsión Social Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Prov. de Buenos Aires”, sent. del 4.9.2013).
III.5: Al interpretar que el régimen de afectación de la jubilación que percibiría la ejecutada se encuentra regulado por el art. 57 del decreto ley 9650, es preciso determinar el alcance de esa norma.
En varios precedentes de esta Sala (e xptes. nro. 167.163, RSD 59 del 19.3.2019; nro. 159.629, RSI 444 del 25.08.2015 y, recientemente, en la causa nro. 167.604 promovida por el mismo ejecutante de autos, sentencia dictada el 15.5.2019, RSD 110, entre otros), se ha establecido que el principio es la inembargabilidad de los salarios, jubilaciones y pensiones percibidas del I.P.S., y que las limitadas excepciones están dadas por la naturaleza jurídica de la persona del acreedor y el crédito en cuestión.
Así, en el inciso "c" se alude a los créditos cuya causa fuente obedezca a préstamos personales y/o hipotecarios que deban abonarse al propio Estado provincial, sea de manera voluntaria o bien a través de medidas cautelares dispuestas por el órgano jurisdiccional competente en caso que la deuda resulte impaga y la controversia se judicialice; y en el inc. “d”, a créditos donde el acreedor sea una obra social, cooperativa o mutualidades, “previa conformidad formal y expresa de los beneficiarios con los cuales “convengan los descuentos pertinentes”. No es el caso del crédito que se reclama en autos, donde si bien el acreedor es una cooperativa, su objeto principal es “servicios de financiación y actividades financieras NPG” y el secundario, “servicios de asociaciones NPG” (fs. 3), y no encuentro entre la documentación agregada la conformidad formal y expresa que la norma exige para efectuar los descuentos, por lo que no está incluido entre los supuestos de excepción al principio general de inembargabilidad.
Similar exigencia contiene el decreto ley 6754/43 ratificado por la ley 13.894, que dispone la inembargabilidad relativa de sueldos, pensiones, salarios y jubilaciones de los empleados y obreros de la Administración Nacional Provincial o Municipal, tratándose de obligaciones emergentes de préstamos de dinero o compra de mercaderías cuando no se ha cumplido con las exigencias previstas en el ordenamiento (certificación a la que alude el art. 2 ap. b) y no media sentencia de condena firme dictada en un juicio sumario.
IV: El planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.241 efectuado en forma subsidiaria, queda desplazado en virtud de la remisión a la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires que dispone el art. 54 de la ley especial 13.236 (art. 125 de la Constitución Nacional; arg. art. 163 inc. 6 del CPCC).
Por los fundamentos expuestos, propondré al acuerdo que se rechace el recurso de apelación de la actora, y se confirme el fallo apelado.
VOTO POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Si bien anteriormente me he expresado a favor de la postura contraria a la de mi colega, en el sentido de considerar que es embargable el haber jubilatorio de un agente policial al no estar prevista la inembargabilidad en la regulación específica -ley 13.236- (sentencias dictadas en las causas nº 143.427 y 146.930 ya mencionadas), un nuevo estudio de la cuestión me lleva a cambiar el criterio mantenido hasta el momento y acompañar el voto del Dr. Loustaunau. Por este motivo, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante. II) Imponer las costas en el orden causado, teniendo en cuenta la ausencia de controversia (art. 68 segundo párrafo del CPCC). III) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Por los fundamentos dados en el acuerdo que antecede se dicta la siguiente sentencia: I) Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante contra la sentencia dictada a fs. 11/12 (punto II). II) Las costas se imponen en el orden causado, teniendo en cuenta la ausencia de controversia (art. 68 segundo párrafo del CPCC); III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967). Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del CPCC). Devuélvase. Siguen/// ///las firmas 167.804.
Roberto J. Loustaunau Ricardo D. Monterisi Alexis A. Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia