Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2277/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada a fs. 20/32 vta., declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 295/305 vta. de los autos principales y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 307 y vta. de dichos autos, con costas a la recurrente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2277/18-TSJ Interlocutorio N°: 3463 Actor: COPESA CIA. CONSTRUCTORA Y PETROLERA S.A.
Demandada: ESTAY ARIEL E. Y OTRO OTRO Objeto: PREPARA VIA EJECUTIVA s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA Fecha: 22-02-2019 Texto: TOMO XXX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3463 FOLIO Nº 5895/5898 PROT. ELECT. TSS1 005 I.191
Río Gallegos, 22 de febrero de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “COPESA CIA. CONSTRUCTORA Y PETROLERA S.A. c/ ESTAY ARIEL E. Y OTRO OTRO s/ PREPARA VIA EJECUTIVA s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA-”, Expte. N° C-2277/18-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de queja articulado por la parte demandada, (cfr. fs. 20/32 vta.), contra la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscrip- ción Judicial, obrante en copia a foja 17 y vta., que declaró formalmente inadmisible el recurso de casación cuya copia luce a fs. 6/16 vta.-
Este último se interpuso contra la resolución agregada en copia a fs. 3/4 vta., que confirmó la sentencia interlocutoria dictada en Primera Instancia (obrante a fs. 258/259 de los autos principales), mediante la cual se rechazó las excepciones de inhabilidad de título y de pago documentado opuestas por la demandada.-
II. Que la quejosa sostiene que: “…la sentencia recurrida, si bien no se trata de una definitiva stricto sensu, es equiparable a éstas…en virtud de resultar de difícil o imposible reparación ulterior, así como por la materia de la cual se trata, lo cual habilita la procedencia formal del presente recurso.” (cfr. foja 21).-
Asevera que: “…del juicio ejecutivo -en la forma en que se encontraba regulado en el código de rito al iniciar este proceso-, emana casi siempre cosa juzgada sustancial y por tanto fallo definitivo. A su vez, la posibilidad de una revisión ulterior y de otras vías expeditivas, no significa que se puedan replantear todos los temas ya resueltos -lo que subraya aún más la necesidad de equiparación a definitiva que debe tener esta resolución-, argumento que, sumado a que el objetivo del Estado es que los pleitos tengan fin y no que se reediten in eternum, lleva a que los Tribunales deban acoger el presente planteo sin miramientos.” (cfr. foja 22).- Mantiene reserva de la cuestión federal (cfr. fojas 31 vta./32).-
A foja 39 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que como paso previo a revisar el mérito del presente recurso, y de conformidad a lo sostenido en forma reiterada por este Alto Cuerpo en precedentes de similares características (cfr. Interlocutorios, Tomos II, Reg. 230, Folio 390; Reg. 231, Folio 391; IX, Reg. 1276, Folio 1689; XIII, Reg. 1690, Folio 2452/2453; XV, Reg. 1952, Folio 2892, entre otros), corresponde remarcar que de acuerdo a la preceptiva que regula este medio de impugnación (art. 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) se impone preliminarmente veri- ficar si la presentación efectuada reúne ciertas pautas adjetivas que la doctrina en general denomina “condiciones formales” por oposición a las sustanciales del dere- cho de impugnación (cfr. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. L.E.P., 2a. ed., Año 1998, pág. 243), toda vez que dicha técnica procesal es rigurosa y de imperativo cumplimiento, con el objeto de -con la queja bastándose a sí misma- hacer posible que el Tribunal pueda imponerse del plan- teo en forma integral.- El objeto del recurso de queja está constituido por la demostración acabada de la existencia de error en el criterio por el Tribunal denegante al declarar la inadmisibilidad del recurso. Corresponde en consecuencia, efectuar una demostración contundente del por qué de tal yerro, en defecto de lo cual el recurso de hecho deviene formalmente insuficiente, imponiéndose su rechazo (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3394, Folio 5696/5699).-
En el sub lite la parte demandada pretende lograr la apertura del recurso de casación denegado por la Cámara de Apelaciones en su resolución obrante a foja 307 y vta. de los autos principales. Para sustentar la inadmisibilidad de dicha impugnación, el Tribunal a quo sostuvo que: “…con lo resuelto […] no se da por finalizada la litis por tratarse de un proceso ejecutivo y la posibilidad que tienen las partes de promover el juicio ordinario posterior conforme lo dispuesto por el art. 532 del CPCC, por lo que se infiere que el presentante cuenta en la instancia inferior con medios y oportunidades procesales válidos que le permitirán formular defensas y excepciones que crea conveniente a sus intereses.” (cfr. foja 307 vta. de dichos autos).- En este contexto, cabe adelantar que la quejosa no logra demostrar con éxito la imposibilidad de replantear eficazmente la cuestión en un juicio ordinario posterior ni la existencia de un gravamen de insuficiente o imposible reparación ulterior. Consiguientemente, fracasa en su labor de evidenciar que la resolución de fs. 288/289 vta. de los autos principales -mediante la que se rechaza las excepciones de inhabilidad de título y de pago documentado- revista la calidad de definitiva o equiparable a tal.- Es que, para impugnar eficazmente una sentencia a través de un recurso extraordinario no se debe presentar el caso y analizarlo con criterio subjetivo, sino demostrar -con un razonamiento detallado y preciso- la incorrecta subsunción en el derecho o lo impropio de los hechos valorados y por que deben ser cambiados, los que la quejosa pretende (cfr. Interlocutorio cit.).-
En nuestra legislación adjetiva resulta imprescindible para habilitar el andarivel del recurso extraordinario provincial que la resolución atacada revista el carácter de sentencia definitiva o sea equiparable a tal. En efecto, el artículo 1 del régimen de casación prescribe en su segundo párrafo que: “Para los efectos de este recurso se entiende por sentencia definitiva la que aún cuando haya recaído sobre un incidente, termine la litis o haga imposible su continuación. No procederá el recurso de casación contra la sentencia recaída en aquellos juicios que después de terminados, no obsten a la promoción de otro sobre el mismo objeto”.- Es por ello necesario que el caso expuesto este ya acabadamente resuelto o fallado, es decir que no le queda al perdidoso ninguna oportunidad de juzgamiento. Tal lo sostenido por este Alto Tribunal en resoluciones inscriptas en ‘Interlocutorios’, Tomos III, Reg. 288, Folio 464/465; VI, Reg. 901 Folio 1063/1065; IX, Reg. 1311, Folio 1763/1765, XII, Reg. 1559, Folio 2220/2221; XIII, Reg.1698, Folio 2470/2473; entre otros.-
Específicamente en lo referido al proceso ejecutivo, se ha entendido que: “Tratándose de un juicio ejecutivo, la apertura de la instancia extraor- dinaria tiene lugar cuando la cuestión suscitada desborda la estructura formal del pro- ceso y si la misma no puede ser reeditada en una oportunidad ulterior…” (cfr. Juan Carlos Hitters, ob. cit., pág. 526).-
Si existen remedios alternativos para impugnar o lograr la reversión del resultado de la resolución (esto es, para lograr la efectiva protección de los derechos en juego), la casación no es la vía apta para lograr el resultado. Si existe la posibilidad de iniciar un proceso posterior (v.gr., como en el juicio ordinario posterior al ejecutivo) el interesado deberá recurrir a estos mecanismos legales que son los que ordinariamente ha previsto el legislador como solución adecuada (cfr. Carlos A. Molina Sandoval, “Recurso de casación: Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1ª ed., Córdoba, Advocatus, Año 2016, pág. 203).- Ante este escenario, correspondía al demandado demostrar cabalmente la razón por la cual, en el presente caso, correspondía apartarse de la regla general según la cual las decisiones recaídas en juicio ejecutivo no constituyen sentencia definitiva. Para concretar esta faena debía explicar qué cuestiones -entre las resueltas por el Tribunal de alzada- no podían ser objeto de un nuevo examen en un juicio ordinario posterior.-
Además debe tenerse presente que el interés jurídico relevante que aduce a foja 23, esto es, la posibilidad de que se remate un inmueble donde actualmente habitarían los hijos del garante fallecido no constituye una razón susceptible de modificar el razonamiento que se viene trazando, desde que -como explica Tessone- el gravamen que ocasiona la resolución recurrida debe ser personal; es decir, el pronunciamiento debe afectar al propio recurrente. Ello determina la inadmisibilidad de los recursos destinados a reparar la lesión que padece alguno de los restantes sujetos del proceso (cfr. Alberto J. Tessone, “Recursos extraordinarios en los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires”, LEP, Año 2004, Tomo II, pág. 93).- Por otro lado, cabe rememorar que este Tribunal tiene dicho que: “...la resolución que rechaza la excepción de inhabilidad de título promovida por la demandada y manda llevar adelante la ejecución, no es sentencia definitiva, toda vez que puede importar posteriores actos jurídicos procesales de la parte atinentes a la misma materia en discusión, lo que veda su agotamiento en la presente instancia…” (cfr. Interlocutorios, Tomos XIX, Reg. 2415, Folio: 3630/3634; y XXIX, Reg. 3394, Folio 5696/5699), razonamiento que resulta de aplicación al caso de autos.- Desde otro ángulo, cabe precisar que el rechazo de la excepción de pago documentado tampoco permite asimilar al decisorio objeto del recurso extraordinario como sentencia equiparable a definitiva, de acuerdo a las singularidades que exhibe la controversia actual.-
Al respecto, Tessone explica que en lo tocante a las excepciones que atacan la fundabilidad de la pretensión con efectos perentorios, no cabe duda que el decisorio resulta definitivo. Tal calificación merece el pronunciamiento que resuelve la excepción de pago. Sin embargo, cuando el órgano judicial considera -bien o mal- que estas excepciones exceden el conocimiento reservado al ejecutivo y remite a las partes a un proceso de conocimiento ulterior, la sentencia no es definitiva (cfr. Alberto J. Tessone, ob. cit., Tomo II, pág. 113).- Desde este cuadrante, es necesario traer a colación los fundamentos empleados por la Cámara para sustentar el rechazo a la excepción aludida. En esa oportunidad, los jueces de la alzada se limitaron a exponer que: “…del acta de constatación…a la que hace referencia el ejecutado no surge en forma clara e inequívoca que se haya compensado el crédito del acreedor con los bienes propiedad del deudor como así tampoco que el acreedor haya prestado su conformidad a la imputación realizada por el demandado…”. Y a partir de esta premisa sostuvieron que “…dentro del juicio ejecutivo la prueba del pago debe ajustarse a la naturaleza propia del proceso donde ella se pretenda hacer valer…”, por lo que “…la comprobación del pago debe resultar de los documentos acompañados sin necesidad de realizar ningún otro tipo de indagaciones dada la limitada actividad cognitiva típica de los procesos ejecutivos” (cfr. fs. 288/289 vta. de los autos principales).- Frente a este razonamiento -que puso el acento en el acotado campo cognoscitivo de este tipo de pleitos-, el quejoso no logra demostrar que en se- de de grado se haya ingresado en el análisis de la causa de la obligación quedando invalidado su replanteo en el juicio ordinario posterior. Por el contrario, lo que el ejecutado pretende es adelantar una discusión de fondo propia de otro proceso, conforme lo puso de resalto la Cámara.-
Ello así, puesto que los fundamentos transcriptos cristalizan un decisorio que no causa estado, puesto que sólo resuelve provisionalmente el objeto de la decisión, en tanto admite la posibilidad de deducir otro pleito que reexamine la temática controvertida.-
De tal modo, no se cumple en el caso el supuesto excepcional que determina la definitividad de las resoluciones dictadas en juicio ejecutivo, ni la consecuente posibilidad de cuestionarlas ante esta sede extraordinaria.-
Por otra parte, resulta menester advertir que no resulta de aplicación el precedente de este Tribunal citado por la quejosa y en el que se expuso que “…nos hallamos en presencia de un caso excepcional que justifica la intervención de este Alto Cuerpo, con prescindencia del requisito de sentencia definitiva, habida cuenta que es deber ineludible del Tribunal corregir la actuación de las cámaras de apelaciones cuando aparezca realizada con trasgresión de los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia…” (cfr. foja 21 vta.).- Este Tribunal Superior tiene dicho que el valor persuasivo de la jurisprudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de solución, esto es, ha de haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina y la del que se pretende hacer valer, y en su caso, la demostración de su vinculación con el problema a resolver (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192).- Teniendo presente lo antedicho, se constata que el fallo citado por la quejosa no refiere al tema basal en autos. En aquella ocasión, se puso en tela de juicio una decisión de la alzada que desestimó un incidente de nulidad promovido por el demandado, por considerar que la presentación resultaba extemporánea. En consecuencia, fácil resulta advertir que la temática difiere notablemente de la cuestión sub discussio y, por lo tanto, sus argumentos no resultan extrapolables.- En relación a la invocada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se estaría vulnerando, debe señalarse que los fallos que cita el demandado no devienen en antecedentes aplicables al presente proceso, pues las situaciones de hecho que contemplan no son las mismas que las del caso sub examine. Por lo tanto el planteo deviene inadmisible.-
A mayor abundamiento es oportuno precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “…las resoluciones dictadas en juicios ejecutivos no son, por regla, susceptibles de tratamiento por vía extraordinaria puesto que, para ello, se requiere que lo recurrido sea sentencia definitiva, entendiendo por tal la que pone fin al pleito o causa un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, requisito éste cuya concurrencia no cabe obviar aunque se invoque arbitrariedad o violación de garantías constitucionales.” (Fallos 308:62) y que: “…si bien el Tribunal ha admitido, la posibilidad de plantear en juicios de ejecución fiscal defensas sustentadas en la inexistencia de la deuda -a fin de no privilegiar un exceso de rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales- lo ha condicionado a que ella sea manifiesta y su constatación no requiera, en consecuencia, de mayores verificaciones ni presuponga el examen de cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos (Fallos 312:178, considerado 4° y sus citas; 318:1151, entre otros), condiciones cuya concurrencia el apelante dista de demostrar en su recurso extraordinario.” (Fallos 330:3045).- En cuanto a la alegada violación de las garantías constitucionales y convencionales de defensa en juicio, debido proceso y tutela judicial efectiva se advierte que el recurrente se circunscribe a invocarlas sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación.
Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales o convencionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de que manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3394, Folio 5696/5699, entre otros).- Asimismo, este Alto Tribunal tiene dicho que: “...resulta apli- cable al caso la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que, a los fines de la procedencia del recurso extraordinario federal, la au- sencia de sentencia definitiva no puede ser suplida por...la alegada existencia de un supuesto de gravedad institucional (Fallos 311:565, 312:1891, 2150 y 2348; 317: 1814; 322:2920, entre muchos otros)…” (cfr.
Interlocutorio cit.).- En suma, no siendo definitivo o asimilable a tal el pronuncia- miento cuestionado mediante el recurso de casación y no vislumbrándose la configuración de un gravamen de insuficiente o imposible reparación ulterior, debe concluir- se que la quejosa no logró rebatir las razones tenidas en cuenta por los jueces de la Cámara para declarar inadmisible la presentación obrante a fs. 295/305 vta. de los au- tos principales.-
IV. Que por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada a fs. 20/32 vta., declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 307 y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 307 y vta. de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 295/305 vta. de dichos autos; con costas a la recurrente de acuerdo a lo normado en la última parte del citado artículo, y teniéndose presente la reserva del caso federal efectuada.- Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada a fs. 20/32 vta., declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 295/305 vta. de los autos principales y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 307 y vta. de dichos autos, con costas a la recurrente.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales, separándose los mismos para su correspondiente devolución. Oportunamente, archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal Dr. Enrique Osvaldo Peretti y la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005I.191 Tomo: XXX Interlocutorio: 3463 Folio N°: 5895/5898 Secretaría: 1
Fin de la sentencia