Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2525/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a en PE524217-2022, RCA00000045.pdf, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE557027-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2525/22-TSJ Interlocutorio N°: 3802 Actor: COPESA COMPAÑÍA PETROLERA Y CONSTRUCTORA S.A.
Demandada: OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Objeto: REIVINDICACIÓN - DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 7 de mayo de 2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 3802 FOLIO Nº 6909/6914 PROT. ELECT. TSS1 016 I.241
Río Gallegos, 7 de mayo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “COPESA COMPAÑÍA PETROLERA Y CONSTRUCTORA S.A. c/ OTAMENDI Y CIA. S.R.L. s/ REIVINDICACIÓN - DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº C-16.460/13 (C-2525/22-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de sus letrados apoderados, Dra. María Laura De Santis y Gabriel Damián Ruiz (cfr. PE524217-2022, RCA00000045.pdf, págs. 5/35), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial. Este pronunciamiento rechazó un planteo de nulidad insinuado por la demandada; no obstante lo cual, admitió otros agravios que la llevaron a revocar la sentencia de Primera Instancia, que había rechazado las excepciones de prescripción adquisitiva y liberatoria y se había hecho lugar a la demanda de reivindicación respecto a la fracción C y lote 14 de la manzana 109 del Barrio Altos del Golfo y a la acción de daños y perjuicios planteada en forma subsidiaria.- Consecuentemente, la Cámara admitió parcialmente una excepción de prescripción adquisitiva contra la pretensión de reivindicación relativa a la fracción 11 perteneciente al ejido urbano de la localidad de Caleta Olivia, Departamento Deseado, Provincia de Santa Cruz y en su totalidad la excepción de prescripción liberatoria contra los daños y perjuicios reclamados por la actora. Además, rechazó la reivindicación respecto de la invocada invasión de las fracciones 18 y 10 e impuso las costas de ambas instancias a la actora en un 80% y a la demandada en un 20% (cfr. PE496045-2022).-
II. El Tribunal de Alzada no acogió favorablemente la nulidad que la demandada le enrostraba a la sentencia emitida en la instancia de origen, por cuanto los argumentos esgrimidos no configuraban errores de procedimiento o formales. Empero, advirtió que la existencia o no de fallas en el razonamiento del conjuez que pudieren reflejar un resultado injusto serían analizadas en una cuestión aparte (cfr. PE cit., págs. 7/8).-
Con antelación a examinar los agravios relativos al fondo de la cuestión, enunció diversos yerros en los que incurrió el magistrado que dificultaban -a su criterio- resolver adecuadamente la litis, poniendo particularmente el acento en diversas discrepancias suscitadas en torno a las fracciones 10 y 18 (cfr. PE cit., págs. 18/22).-
A continuación, evaluó el agravio de la accionada dirigido a revertir el rechazo de la excepción de prescripción adquisitiva. Dice, en este punto, que la presunción del artículo 4003 del Código Civil vigente al momento de los hechos ha de complementarse con el instituto de la “sucesión de posesiones”, normado en los artículos 2475 y 2476 del mismo régimen. Recuerda que la presunta invasión denunciada por la actora se ubicaría en su mayoría sobre la fracción 11, una pequeña superficie por la fracción 18 y una más pequeña en la fracción 10 (1001) (cfr. PE cit., pág. 23).- Puso de resalto que la fracción 11 fue adquirida en el año 1969 por Otamendi y Ossa S.R.L. (antecesora de Otamendi y Cía. S.R.L.) a la Municipalidad de Caleta Olivia y que a esta última le correspondía por transferencia que le hiciera la Provincia de Santa Cruz de todo el ejido municipal, por escritura del año 1963.
Sigue diciendo que: “Por la actora tenemos que ella compra en subasta judicial a Salas y del Rio SRL operación instrumentada en escritura del 4 de noviembre de 1997. Y Salas y del Rio SRL adquirió el lote 27 de la legua ‘d’ Zona de Cabo Blanco, departamento Deseado VI a la Provincia de Santa Cruz quien la vende por instrumento del 14/9/82…” (cfr. PE cit., pág. 24).- Con apoyo en las normas legales anteriormente enunciadas, postuló que: “…la demandada puede unir la posesión de su transmitente (la Municipalidad de Caleta Olivia)…” y que: “En atención de contar la parte demandada con una posesión, conforme al título de la fracción 11 desde el 11/11/69 (a la que puede unir la posesión de su transmitente conforme la (sic) con la presunción del art. 4003 del Código Civil) al 4/11/97 fecha de la escritura de (sic) protocolización de la subasta judicial contaba con casi 36 años suficientes, en principio, para la procedencia de la excepción de prescripción en toda la superficie de la antigua superficie de la fracción 11 que pudiera haber llegado a invadir el lote 27 d”.
Igualmente, expresó que: “Transmitió la provincia todo el ejido a la Municipalidad por escritura del 2 de mayo de 1963…y ésta vendió las fracciones 10, 11, 12 y 18 a la aquí demandada en distintas fechas por lo que ésta podría unir la posesión de la Municipalidad. La actora…une la posesión de Salas y del Rio SRL y la de su transmitente. Ergo las presunciones emergentes del instituto de la sucesión de posesiones emergentes del art. 2476 del Código Civil, que pueden invocar cada parte, en principio se anularían entre sí, al poder llegar ambas partes a un antecesor común: la provincia de Santa Cruz. Y por ello quien quiere reivindicar debe probar…” (cfr. PE cit., pág. 26).- En base a ello, concluyó que: “La demandada contaba con títulos no objetados y planos aprobados…por que (sic) no corresponde hacer aplicación de la presunción del art. 4003 del Código Civil a favor de la actora…” (cfr.
PE cit., pág. 27).-
De manera ulterior, se avocó a indagar la existencia o no de actos posesorios respecto a la fracción “d” del lote 27 de parte de la actora o sus anteriores dueños. Sostuvo, en esta senda, que era equivocada la referencia del magistrado de Primera Instancia respecto al destino rural de las tierras, dado que no se lo probó o invocó en esa fracción, destacando a su vez que mal podría ejercerse este tipo de actividad al no estar alambrado en el frente a la ruta. En contraposición, sostuvo que la demandada corroboró (especialmente mediante el testimonio del agrimensor Martínez) que había alambrado la fracción 11 (cfr. PE y págs. 28/29).- Sobre la base de lo dispuesto por el artículo 2401 del código velezano, advirtió que no pudieron existir dos posesiones concurriendo sobre la fracción que se dijo invadida. Como corolario de ello, resaltó que la demandada había acreditado una posesión desde el año 1969 en relación a la fracción 11, por lo que al momento de la subasta de la fracción de Salas y del Rio SRL ya se había operado la prescripción y, por lo tanto, no se pudo transmitir (cfr. PE cit., págs. 31/32).- Con respecto a las otras dos fracciones objeto de reclamo, reputó acertada la decisión exhibida por la sentencia de Primera Instancia, consistente en otorgarle efecto interruptivo a las actuaciones de prueba anticipada (cfr. PE cit., págs. 32/33.-
En otro orden de ideas, consideró que la excepción de prescripción liberatoria contra la acción de daños y perjuicios era admisible. Calificó de contradictorios a los argumentos empleados por el conjuez: “…toda vez, que si la acción de daños y perjuicios no habría nacido, por qué se condena a indemnizar…”, aclarando que: “Si el razonamiento del magistrado lo que quiere decir es que la actora tuvo la certeza de la invasión recién con la presentación del croquis preparatorio de la mensura, ese conocimiento ya lo tenía al promover la prueba anticipada y pudo directamente demandar pidiendo prueba dentro del juicio de reivindicación y daños y perjuicios…”. A continuación dijo: “Y tanto es así que el 19 de diciembre de 2003 remite una propuesta de arreglo y se hace referencia a una carta documento del 4 de enero de 2001 y a una reunión anterior…Es decir que en esa fecha se encontraba en condiciones de iniciar la acción de daños y perjuicios”. Por tal motivo, concluyó que a la fecha de la promoción de la demanda, ésta se encontraba prescripta, por el transcurso del plazo del artículo 4037 del Código Civil (cfr. PE cit., págs. 33/34).- En relación a dos porciones de las fracciones 10 y 18 precisó que quedaban afuera de la prescripción adquisitiva. Sin embargo, indicó que la actora no había logrado acreditar una invasión, esbozando diversos argumentos demostrativos de la insuficiencia de la actividad probatoria concretada por esa parte (cfr. PE cit., pág. 34).-
III. Frente a esta forma de decidir, la actora interpone recurso de casación, en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. PE524217-2022, RCA00000045.pdf, págs. 5/6).-
En su agravio inaugural, sostiene que la apelación de la contraria pretendía obtener la nulidad de la sentencia de Primera Instancia y que si bien la Excma. Cámara de Apelaciones rechazó ese planteo, en un “…movimiento procesal extraño y contradictorio…”, igualmente terminó revocándolo. De esta manera, a su juicio, incurrió en un supuesto de incongruencia “extra petita”, lo cual representa una ruptura del debido proceso y perjudica su derecho de defensa en juicio (cfr. PE cit., págs. 13/14).- En segundo lugar, aduce que los jueces del Tribunal de Alzada estaban incómodos resolviendo cuestiones de mensuras y planos, premisa que infiere a partir de la expresión: “…nos aleja de nuestra zona de confort…” empleada en la sentencia. Por tal motivo, expresa que el fallo contiene un vicio de la voluntad que amerita su revocación. En este mismo contexto, indica que los magistrados debieron solicitar pruebas para mejor proveer (cfr. PE cit., págs. 16/18).-
En tercer término, refiere que la cuestión de fondo fue indebidamente tratada. Asevera que la acción no estaba prescripta, los inmuebles eran en sus antecedentes rurales y que a medida que pasaban los años hubo una invasión de un predio sobre otro, no obstante lo cual, se pudieron inscribir las escrituras y el propietario del terreno invasor obtuvo un rédito comercial, al parcelar y vender los terrenos (cfr. PE cit., págs. 20/22).-
A continuación, se agravia por la falta de reconocimiento de la prueba anticipada. Crítica las inconsistencias que la Excma. Cámara de Apelaciones señaló respecto a la memoria descriptiva realizada por el agrimensor Camperi a fs. 289 del expediente de prueba anticipada. Sostiene que este informe se llevó adelante garantizando la defensa en juicio, puesto que la contraria tuvo la oportunidad de atacarla o presentarse con consultor técnico propio. Cuestiona, igualmente, que se haya desvalorizado ese informe por no haber sido presentado para su visado ante el organismo municipal o provincial pertinente (cfr. PE cit., págs. 22/28).- Por otro lado, critica que la alzada haya sostenido que la accionada contaba con títulos no objetados y planos aprobados correspondientes a las tierras del actual Barrio Altos del Golfo. Manifiesta que la contrario no adjuntó los planos sino solamente sus carátulas y que el plano de unificación glosado a fs. 438 no debió ser aprobado (cfr. PE cit., págs. 29/30).-
Dice que la sentencia en crisis sobrevalora el testimonio del agrimensor Martínez (quien confeccionó el plano de unificación). En este punto, señala que se trata de un profesional contratado por la demandada y que sus dichos debieron ser interpretados bajo ese marco de parcialidad (cfr. PE cit., pág. 31).-
En otro orden, cuestiona que la Excma. Cámara de Apelaciones haya admitido la excepción de prescripción liberatoria. Aduce que la sentencia en crisis confunde la acción autónoma de daños y perjuicios con la acción de reivindicación donde se la sustituye por una indemnización, lo que refleja una aplicación errónea del artículo 2779 del Código Civil (cfr. PE cit., págs. 31/32).-
Finalmente, pone en tela de juicio la imposición de costas dispuesta por el Tribunal de Alzada, calificándola de contraria al principio de justicia. Solicita que sean impuestas a la demandada o, en su caso, distribuidas en el orden causado (cfr. PE cit., pág. 32/33).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto en PE557027-2022.-
Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE412462-2022.-
IV. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
V. A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva anexada en PE524217-2022, RCA00000045.pdf, no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
VI. En su primer cuestionamiento, la recurrente expresa que la apelación de la contraria pretendía obtener la nulidad de la sentencia dictada en la instancia de origen y que si bien la Excma. Cámara de Apelaciones rechazó ese planteo, en un “…movimiento procesal extraño y contradictorio…”, igualmente terminó revocándolo. Con ello, a su criterio, el órgano judicial habría quebrantado el principio de congruencia, emitiendo un fallo “extrapetita” (cfr. PE y pdf cits., pág. 14).- La casacionista invoca exclusivamente la causal de violación de la ley para sustentar su recurso extraordinario. No obstante, la base argumental reseñada remite a un típico supuesto de quebrantamiento de forma, previsto por el legislador provincial para aquellos casos en los que: “…se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia, siempre que la nulidad no haya sido consentida por las partes.” (art. 2º del régimen de casación). Por lo tanto, este embate debió ser encausado bajo la senda prevista en el artículo precitado.- Precisamente, el artículo 4º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- pone en cabeza de la recurrente la carga de expresar el alcance de su impugnación y lo que desea que se anule, indicando concretamente las formas quebrantadas. A su vez, dispone que cada motivo debe ser expresado separadamente.-
Sin perjuicio de ello, se advierte que el embate bajo estudio trasluce un endeble cuestionamiento carente de la solidez necesaria para atribuirle el carácter de una crítica concreta, directa, visceral y eficaz y, por lo tanto, insuficiente para patentizar una vulneración al debido proceso y a su derecho de defensa, tal como alega de forma apodíctica.-
Consiguientemente, la articulación así deducida por la recurrente no tiene cabida en esta instancia excepcional, por cuanto no alcanza a afectar la sentencia atacada, cuya ponderación refleja un desenvolvimiento sistemático, objetivo y serio de la relación entre la decisión del caso y sus constancias concretas, con la ley aplicable y las garantías constitucionales en juego.-
Por otra parte, es menester poner de resalto que de la atenta lectura de la pieza recursiva surge evidente el ayuno de fundamentación suficiente, por cuanto los planteos formulados tienen como núcleo principal cuestionar la valoración de las pruebas llevada a cabo por la Cámara; es decir, remiten directamente a circunstancias de hecho y prueba, las que configuran cuestiones privativas de los jueces de grado, salvo la invocación y demostración de absurdo. En efecto, bajo el ropaje de una pretendida violación o errónea aplicación de la ley, la impugnante procura incursionar en cuestiones de orden probatorio, sin refutar todas y cada una de las razones desplegadas en el pronunciamiento impugnado.- En el terreno de las cuestiones de hecho, la recurrente debe alegar y demostrar eficazmente que las conclusiones del Tribunal Inferior son absurdas. En tal sentido, este Alto Cuerpo ha dicho inveteradamente que el absurdo en la valoración de la prueba se produce cuando nos encontramos ante: “…‘...un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial...’...” (cfr. Interlocutorios, Tomos XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984; XXIX, Reg. 3405, Folio 5733/5736, entre otros).- Vale resaltar que en el marco de una causa en la cual los accionantes pretendían la reivindicación de un bien inmueble del cual eran titulares dominiales, este Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: “…la impugnación está estructurada en torno a cuestiones de hecho y prueba y circunstancias de contenido procesal, en principio, extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial…los agravios remiten a materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia casatoria…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2940, Folio 4704/4708).- Cabe tener presente que la revocación de una sentencia por absurdo o arbitrariedad es un remedio excepcional para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3783, Folio 6843/6849).-
En tal inteligencia, este Tribunal Superior de Justicia ha entendido que para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3404, Folio 5726/5732, entre otros).- Se observa, entonces, que la recurrente intenta discurrir libremente sobre su particular visión de los hechos, sin hacerse cargo en absoluto de las fundadas conclusiones sentenciales, pretendiendo -equivocadamente- recrear la meritación y valoración jurisdiccional, como si tratara de una tercera instancia común u ordinaria, lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
Bajo este orden de ideas, cabe destacar que la Cámara ha concretado un acabado análisis de las constancias probatorias de la causa, arribando a conclusiones razonablemente fundadas, desde que aporta argumentos suficientes para justificar su derrotero intelectual.-
Carecen de entidad como agravio las manifestaciones de la recurrente mediante las cuales denuncia que los jueces del Tribunal de mérito estaban incómodos resolviendo cuestiones de mensuras y planos y que por tal motivo su pronunciamiento contiene un vicio de la voluntad.-
La primera tarea que debe emprender la recurrente cuando se propone emplear esta vía extraordinaria: “…es la recta interpretación del pronuncia- miento que se dispone a impugnar; si defecciona en esta labor, es decir, si des-interpreta el fallo, dirigiendo la crítica a premisas o conclusiones que no constituyen la verdadera motivación de la sentencia, el recurso será insuficiente.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3392, Folio 5690/5693, entre otros).- Cabe recordar que el Juez Monelos consideró apropiado desplegar una serie de precisiones liminares dirigidas a poner de relieve diversos errores en la construcción sentencial erigida por el magistrado de primera instancia. Fue justamente en ese contexto que señaló: “Reconozco que el tema de mensuras y planos nos aleja de nuestra zona de confort y el esfuerzo del magistrado de adecuarse a la dificultad…” (cfr.
PE496045-2022, pág. 19). Al acompañar este razonamiento la Jueza Bard se limitó a referir que: “…resulta compleja la cuestión propuesta al sacarnos de nuestra zona de confort, como señala el preopinante, por falta una pericia (sic) de agrimensor y estudio de títulos que obligó al primer votante a extenderse en demasía para contestar los agravios. Comparto con él el largo camino que debió recorrer para llegar a un resultado que se corresponda con las pretensiones de las partes respetando el principio de congruencia…” (cfr. PE cit., pág. 36).- En relación al pretendido cuestionamiento que la casacionista arguye en torno a la admisión de la excepción de la prescripción liberatoria adoptada en la instancia anterior y la supuesta infracción del artículo 2779 del Código Civil es pertinente rememorar que: “…Determinar el inicio de la prescripción, su interrupción o el cómputo de la misma, son típicas cuestiones de hecho, ajenas a la casación… salvo que medie absurdo en la apreciación por parte del Tribunal de grado…” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XIV, Reg. 1786, Folio 2603/2604).- En cuanto a la alegada infracción del artículo citado del régimen civil imperante al momento de los hechos, se advierte que la casacionista omite realizar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta el decisorio en crisis.- Adicionalmente, resulta dable puntualizar que la recurrente no esgrime crítica alguna en torno a la aplicación de la regla contenida en el artículo 4037 del Código Velezano llevada a cabo por los jueces de la Cámara, lo que refleja otro aspecto más que trasluce la insuficiencia del escrito recursivo.-
Ha sostenido anteriormente este Alto Cuerpo -con cita de Alberto J. Tessone- que: “…La carga que nos ocupa debe estar enderezada en primer término a alegar la violación o errónea aplicación de la norma o de la totalidad de las normas actuadas en la sentencia; obviamente, nos referimos a los preceptos citados por el a-quo que le dan sustento bastante al fallo y, en caso de impugnación de parte de la sentencia, de los que guarden relación con el agravio. Este imperativo es ineludible aun cuando el impugnante sostenga que el conflicto debe ser solucionado a la luz de disposiciones sustanciales o de forma que el tribunal de grado no citó en el pronunciamiento. Significa que el RIL [en nuestro ámbito provincial, el recurso de casación] es insuficiente si se omite citar como infringidos los preceptos que otorgan fundamento al pronunciamiento, aunque se aduzca violación de otros que el juzgador no aplicó...” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3392, Folio 5690/5693).- Frente al último de los cuestionamientos vertidos por la accionada, es dable rememorar que este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que el cuestionamiento relativo a la imposición y distribución de costas resulta, en principio, ajeno a esta instancia extraordinaria. Así lo ha sostenido uniformemente al expresar que: “…‘‘…se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución’…’…” (cfr.
Interlocutorio, Tomos XXIX, Reg. 3423, Folio 5778/5781; XXX, Reg. 3504, Folio 5999/6002 y Reg. 3502, Folio 5959/5995, entre otros), sin que se avizore en el presente caso ninguno de los supuestos excepcionales que habilitan el conocimiento en esta instancia extraordinaria.- Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente sólo traducen diferencias de criterio con la Alzada y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional inválido.-
VII. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE524217-2022, RCA00000045.pdf no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE557027-2022, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a en PE524217-2022, RCA00000045.pdf, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE557027-2022.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. María Florencia González.-
Protocolización: TSS1016I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3802 Folio N°: 6909/6914 Secretaría: 1
Fin de la sentencia