Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8304 FOLIO Nº 021/023 PROT. ELECT. JR101179I.231
Río Gallegos, 05 de diciembre de 2023.
La presente causa caratulada: “COPIA DE AUTOS: C.B.E.N. -DENUNCIANTE- S/ ROBO CALIFICADO” - Expte. N° C-10.828/20 - (Apelación N° 7858/22), venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 102/108 del presente incidente, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado Penal Juvenil, quien en el punto 1) del decisorio, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado L.A.A., en orden al delito de “robo calificado por el uso de armas”, (art. 166 inc. 2º del Código Penal); disponiendo en el punto 2) trabar embargo sobre sus bienes por la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000). Que a fs. 113/116, la defensa técnica oficial del imputado, apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido electrónicamente ante esta Alzada conforme surge del informe actuarial glosado a fs. 127, y no habiendo presentado la defensa el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que se agravió la defensa, por considerar que el resolutorio de autos, no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resultando a todas luces arbitrario, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendido.
Expresa que la prueba colectada e incorporada en autos resulta insuficiente a la hora de atribuir a A. la responsabilidad penal, ello atento a la ausencia de testigos presenciales, la ausencia de las presuntas armas utilizadas, siendo la única fuente de prueba que se verifica, no sólo sobre la autoría sino también sobre la materialidad del suceso, los dichos contradictorios y falaces del denunciante C. Relata que el denunciante, en una segunda oportunidad de concurrir a sede policial, se desdice de lo antes declarado, rectificando su declaración. Señala que la justificación a su cambio, resulta un argumento muy poco creible y al que se le ha otorgado fiabilidad. Esa crónica fluctuante, trae aparejada una incertidumbre propia de los relatos cargados con una alta dosis de desconfianza y sospecha. Resalta la inexistencia de prueba que acredite que el pretenso damnificado fue amedrentado con un cuchillo o con un arma similar a una 9 mm, considerando que ello reposa en el imaginario de los relatos que ha aportado el denunciante plagados de inconsistencias.
Que tampoco obran declaraciones testimoniales incorporadas en autos, refiriendo que las declaraciones falsas del damnificado, desvirtúan todo valor probatorio que pretenda otorgarse a las mismas.
Por último, se agravia del monto de embargo estipulado, por considerarlo excesivo, arbitrario y exorbitante. Se agravia porque de las constancias del auto de procesamiento, no surge que el a quo haya explicado los fundamentos de la medida ordenada.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
Que tomando atenta lectura de la resolución atacada como de los agravios articulados, en primer lugar debemos señalar que sobre la valoración de la prueba y las reglas de la sana crítica, la jurisprudencia se ha manifestado: "...Ellas suponen la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba que excluyen, por ende, la discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por un lado, de los principios de la lógica y, por otro lado, de las "máximas de experiencia", es decir, de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente, como fundamentos de posibilidad y realidad (Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, 10/06/1982, in re: "F., J. R. c. G., C. y otros", AR/JUR/1980/1982). De esta manera, el a quo, en uso de la discrecionalidad que posee, y en base a las pruebas rendidas en autos, consideró entendibles las razones del denunciante, para la rectificación de su relato sobre los hechos.
En el presente caso, y a los fines de acreditar la materialidad del hecho denunciado, tuvo en consideración, todas las declaraciones efectuadas por el damnificado de autos, en donde relata lo vivenciado; el testimonio de C. quien manifestara haber encontrado en su patio elementos que posteriormente fueran reconocidos por el denunciante; el testimonio de V. quien efectuara idéntico relato; el testimonio de T. quien habría adquirido el celular denunciado como sustraído de una tercera persona, siendo igualmente reconocido por el damnificado. Sobre la autoría del delito denunciado, el magistrado tuvo en consideración a los fines de la atribución de la autoría por el delito investigado a los imputados de autos, el reconocimiento por parte de C. de los presuntos autores a través de la red social Facebook, así también habiendo identificado a uno de los autores, lo cual consta en el acta de reconocimiento fotográfico efectuado por la preventora. De igual manera el informe de fs. 45, donde personal policial a cargo del allanamiento ordenado en autos, relata que observa a C. arrojar prendas de vestir desde la ventana de su departamento, elementos que tras su secuestro y posterior exhibición al damnificado, los reconociera como los utilizados por uno de los incusos. Asimismo el informe de la preventora donde, del análisis efectuado sobre los mensajes de la red social Facebook, se establece la posible identidad de los autores, concluye que se trataría de G.C. y L.A.
Considerando el a quo, que más allá de su parcial rectificación de su declaración inicial, existen en autos elementos que acreditan que el damnificado efectivamente se encontraba en el lugar del hecho el día y horario indicado por el mismo. Ello es corroborado por el a quo, a través de las secuencias fílmicas aportadas a la causa de comercios aledaños al lugar del hecho. En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”.
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). De esta manera, el Juez de grado fue reconstruyendo -en base al análisis integral de las pruebas-, una coherente versión de los hechos, arribando a una decisión fundada, habiendo efectuado el estudio y valoración de los elementos colectados, de acuerdo a las normas de la sana crítica racional, conforme establece el Art. 199º –tercer párrafo- del Código de rito; quedando de esta forma dirimidos los cuestionamientos sobre la ausencia de testigos presenciales del hecho y la participación de los encartados en los hechos involucrados, no observándose vulneración a las garantías de debido proceso y presunción de inocencia.
Resulta necesario recordar que en esta etapa del proceso, la decisión excluye el juicio de certeza, pero debe resultar de las actuaciones un grado de conocimiento emergente de un indicio de probabilidad. Se debe establecer si hay elementos de convicción suficientes para juzgar que se ha cometido un hecho delictuoso y que el imputado resulta responsable del mismo. No obstante lo hasta aquí expuesto, y el criterio recientemente asentado por esta Alzada sobre la provisioriedad de la calificación que se atribuye razón por la cual queda fuera de la órbita de análisis, consideramos oportuno señalar que consideramos atinado el planteo de la recurrente en lo referente al agravante impuesto por el a quo, en virtud de la carencia de piezas probatorias que respalden dicho calificante.
Entrando en el análisis de su último agravio referido al monto del embargo establecido, al efectuar una lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que el Magistrado dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma dispuesta. Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado, ello en función del Art. 499º del C.P.P. En virtud de lo desarrollado, los agravios planteados por el recurrente no prosperarán.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas. III) Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. En razón de lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 102/108, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia