Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución Nº 38/2006, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en $45.961, por la representación procesal, y $70.709 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de Copriser S.R.L., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada en la dos etapas del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y por la ley 27.423 vigente respecto de montos mínimos.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-59536197-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 3 de Junio de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 27.364-I caratulado “Copriser S.R.L. s/ recurso de apelación”. La Dra. O’Donnell dijo:
I. Copriser S.R.L. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 38/2006 dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 03/2001 a 12/2003 y se la intimó a ingresar la suma de $56.949,51, más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683).
Asimismo, se le aplicó una multa de $170.848,53 en los términos del art. 46 ley 11.683 (t.v.).
Surge de sus Considerandos, que a las resultas de las tareas de fiscalización se le impugnaron los créditos fiscales declarados con origen en facturas respecto de las cuales Corpiser S.R.L. no pudo acreditar la efectiva correlación entre el proveedor allí mencionado y la prestación reflejada en dichos comprobantes.
También, se impugnaron las declaraciones juradas rectificativas presentadas por Copriser S.R.L. correspondientes a los períodos fiscales 11/2003 y 12/2003 en las cuales disminuyó el débito fiscal declarado originalmente con respaldo en notas de crédito originadas en multas aplicadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que en su mayoría carecían de fecha, su correlatividad numérica no se condecía con la numeración de las facturas del mes y en, en un caso, estaba mal registrada.
En su presentación ante esta instancia, Copriser S.R.L. relata que su actividad es la prestación de servicios de limpieza e higiene ambiental en organismos públicos y entes privados de la Provincia de Buenos Aires.
Manifiesta que fue afectada por la crisis económica de los años 2000 a 2003 porque era contratista del estado nacional y del provincial organismos que, en tal contexto, dejaron de pagar sus facturas en tiempo y forma y, cuando pudieron hacerlo, utilizaron pseudomonedas (Patacones, Lecops, etc.) que debió aceptar forzosamente, aun cuando sus propios proveedores, trabajadores e inclusive el propio organismo fiscal provincial, no los aceptaban como medio de pago. Sostiene que en tal contexto debió recurrir a otros proveedores para continuar con la actividad y, aclara que éstos no siempre le entregaban las facturas de los insumos y/o de las máquinas que les adquiría o bien que lo hacían en forma tardía.
Dice, entonces, que fueron esas operaciones, formalizadas en tales condiciones, por las que el Fisco Nacional impugnó el crédito fiscal.
Destaca que una parte del ajuste propuesto fue incluido en un Régimen de Asistencia Financiera pero que no conformó los ajustes relacionados con las operaciones de los proveedores Trychem S.A., Licker S.A., Folcan S.A. y la Sra. Sandra Mohamed ya que, según afirma, fueron efectivamente realizadas, tal como consta en los remitos y facturas correspondientes.
Resalta que si los proveedores le entregaron a Copriser S.R.L. facturas duplicadas o no presentaron sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado no es su responsabilidad, ya que a dicha fecha no estaba vigente el art. 8, inc. h) de la ley 11.683, modificado por la ley 25.795.
Por otra parte, con relación a las declaraciones juradas rectificativas que disminuyeron el débito fiscal declarado para los períodos fiscales 11/2003 y 12/2003 manifiesta que se debió a la aplicación de deducciones por el concepto “ineficiencias en los servicios prestados” en los hospitales Sor María Ludovica, de la ciudad de La Plata, y Dr. Estévez, de la localidad de Temperley, ambos de la Provincia de Buenos Aires, en ambos casos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003.
Describe seguidamente la operatoria con el Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires (que es donde se encuentran esos hospitales) en la cual la facturación de los servicios se realizaba cuando se terminaba de verificar el hecho imponible de la prestación mensual, es decir a mes vencido. A su vez, el pago por el servicio prestado estaba sujeto a la verificación por parte del gobierno provincial de la aplicación de las denominadas “deducciones”.
Continúa diciendo que las facturas se presentaban por su monto total el primer día hábil y a partir de esa fecha comenzaban a correr los 30 días para que el gobierno provincial las pagara, conforme a su propio Reglamento de Contrataciones, aunque, según sugiere, ese plazo raramente se cumplía.
En suma, presentada la factura, se liquidaba su monto, luego se aplicaban las deducciones que correspondieran y, por último, se pagaba.
Resalta que, si existían diferencias entre la factura presentada y la liquidación final practicada por el Gobierno provincial, no se le exigía al proveedor que presentara una nota de crédito por esa diferencia, pero ello no significa que ese descuento en el monto facturado no existiera o no revistiera dicho carácter. Por ello, afirma que esas diferencias entre lo facturado y lo finalmente liquidado encuadran en el concepto de “quita” previsto en el art. 11 de la ley del impuesto al valor agregado que permite la rectificación del débito fiscal contenido en sus declaraciones juradas de los períodos fiscales 11/2003 y 12/2003.
Expresa que esas quitas generaron un ajuste del precio de la prestación que debe ser considerado a la hora de liquidar el débito fiscal. Por ello considera excesivo e improcedente que se descarte su cómputo por la supuesta “naturaleza penal” de las multas que generaron las notas de crédito en cuestión.
Resalta que operó de buena fe y que, al momento de efectuar el descargo en la instancia previa administrativa, ofreció como prueba los antecedentes de esos trámites la que fue desestimada por el juez administrativo por irrelevante. Por último, pone en conocimiento que no recibió objeciones para continuar con la prestación de servicios como proveedor del Estado, por lo que obtuvo el Certificado Fiscal para contratar según la R.G. 135/98.
En cuanto a la multa aplicada en la Resolución recurrida, critica que no se haya graduado en su mínimo legal ya que no posee antecedentes y que la mayor parte de las diferencias detectadas, respecto del crédito fiscal impugnado, fueron incluidas en un plan de pagos. Sobre el ajuste del débito fiscal, asegura que la multa es improcedente porque no se omitió el pago del impuesto ni mucho menos se evadió, en la forma exigida en el art. 46 de la ley 11.683.
Ofrece prueba y, finalmente, solicita que se revoque la Resolución en todas sus partes, con costas.
II. A su turno, el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso. Reproduce los términos de la Resolución apelada y pide, en consecuencia, que se la confirme, también con costas.
III. El Expediente se abre a prueba a fs. 98 y se hace lugar a la prueba informativa. Sin embargo, a pesar de haberse intimado a Copriser S.R.L. para que impulsara su producción, ante su inacción, a fs. 135 se le dio por decaído el derecho a producirla.
A fs. 108 se informa el Concurso Preventivo de Copriser S.R.L. en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11 de la Plata, Provincia de Buenos Aires, por lo que a fs. 138 esta Vocalía Instructora requirió a las partes que informaran el estado del proceso. A fs. 139 la representación fiscal informa que Copriser S.R.L. no cumplió el acuerdo preventivo de acreedores, por lo que se decretó su quiebra indirecta.
Por ello, a fs. 142 se intima al Fisco Nacional a informar los datos de la sindicatura, que es cumplido a continuación, y se cursan a continuación reiteradas intimaciones para que tome intervención en el Expediente.
A fs. 171 la Síndica designada hace saber que fue removida del cargo. Por ello, se requiere nuevamente al Juzgado y al Fisco Nacional que informaran los datos del síndico/a interviniente y también el estado de la deuda. A fs. 178, la representación informa el nombre del nuevo síndico y hace saber que las obligaciones determinadas en la Resolución fueron declaradas inadmisibles en la quiebra. A fs. 178 se intima al síndico para que tome intervención pero ante la falta de cumplimiento a los requerimientos se declara a Copriser S.R.L. en rebeldía (fs. 181), ordenándose la publicación de los edictos (fs. 192/197).
A fs. 198 se clausuró el período probatorio y se elevaron las actuaciones a consideración de esta Sala, las que finalmente quedaron en estado para dictar sentencia a fs. 203.
IV. Corresponde, a continuación, analizar la legitimidad de la pretensión fiscal notificada en la Resolución recurrida a la luz de los agravios formulados y las pruebas obrantes en las actuaciones administrativas y en este Expediente.
1. De sus Considerandos surge que se impugnaron los créditos fiscales computados por Copriser S.R.L. en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado por las operaciones con los proveedores Trychem S.A., Licker S.A., Folcan S.A. y Sandra Mohamed.
Para ello se tuvieron en cuenta los indicios recolectados durante la fiscalización que daban cuenta de su inexistencia, tales como:
- Trychem S.A.: no pudo ser localizado ni en el domicilio fiscal ni en el comercial que figuraba en las facturas emitidas. En este último, la fiscalización dejó constancia que no había medidores de luz ni de gas y consultados los vecinos del lugar, manifestaron que el inmueble se encontraba desocupado. Consultadas las bases de datos del Organismo, se constató que no había presentado declaraciones juradas del impuesto al valor agregado por los períodos fiscalizados, ni se habían hecho retenciones.
- Licker S.A.: no pudo ser localizada en su domicilio fiscal, que coincidía con el comercial. De las bases de datos del Organismo, se extrajo que había presentado declaraciones juradas sin impuesto a ingresar y que no tenía retenciones informadas.
- Folcan S.A.: se constató que el domicilio fiscal era una vivienda particular y consultados sus habitantes manifestaron no conocer a la firma en cuestión. En el domicilio comercial se encontró un galpón cerrado y al ser preguntados los vecinos del lugar dijeron que tampoco la conocían. También se consultaron las bases de datos del Organismo y se constató que presentó declaraciones juradas sin impuesto a ingresar, que no se practicaron retenciones por los pagos. La actividad declarada era venta al por mayor de artículos de ferretería.
- Mohamed Sandra: tampoco fue hallada en el domicilio fiscal denunciado, donde residía otra persona. De las bases de datos del Organismo se extrajo que no había presentado las declaraciones juradas del gravamen, ni había retenciones por pagos efectuados.
Ante ello, lo que Copriser S.R.L. tenía que demostrar era que las operaciones fueron realizadas efectivamente con los proveedores que surgen de los comprobantes. Sin embargo, no existe ningún elemento que así lo pruebe ni en las actuaciones administrativas ni en el Expediente tramitado ante este Tribunal.
Ello, porque con relación al impuesto al valor agregado, el análisis debe hacerse a la luz del criterio adoptado por la Corte Suprema al fallar en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, el 10 de marzo de 2015, en la que dijo, en lo que aquí importa: “Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles…”.
Vale decir también, que similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” en la misma fecha, y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchas otras.
Lo explicó la Cámara que ejerce de Alzada de este Tribunal cuando dijo que “… el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)”, conf. “Avital S.A.”, sent. del 24 de febrero de 2022, entre otras.
Se extrae, entonces, de dichos antecedentes que el art. 12 de la ley del tributo subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado en cabeza del vendedor o prestador que, en el caso de Copriser S.R.L. es respecto de la compra de insumos para prestar los servicios de limpieza e higiene ambiental que es lo que corresponde analizar aquí, en orden a establecer si le asiste el derecho a computar los créditos fiscales.
En el caso, los proveedores no pudieron ser localizados por la fiscalización en sus domicilios, ni tampoco pudieron validarse las operaciones a través de sus propias declaraciones juradas, ni por ningún otro medio.
A ello cabe agregar que es Copriser S.R.L. la que explica que debido a la crisis económica debió recurrir a otros proveedores y que éstos no siempre le entregaban las facturas correspondientes o lo hacían tardíamente, o le entregaban facturas duplicadas, dando cuenta con sus propios dichos de las anomalías de los comprobantes fiscales originarios de los créditos fiscales. Por otro lado, es Copriser S.R.L. la que informa haber regularizado una parte de los comprobantes fiscales en dicha situación, con excepción de los extendidos por cuatro proveedores –Trychem S.A., Licker S.A., Folcan S.A. y la Sra. Sandra Mohamed, más respecto a éstos no realizó ningún esfuerzo por probar las operaciones ya que en esta instancia no aportó ni ofreció ninguna prueba con dicho propósito.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la pretensión fiscal por este ajuste.
2. Por otra parte, surge de los Considerandos de la Resolución recurrida que también se impugnaron los débitos fiscales de Copriser S.R.L., concretamente los consignados en las declaraciones juradas rectificativas presentadas en el transcurso de la fiscalización por los períodos fiscales 11/2003 y 12/2003, en las que disminuyó el débito fiscal que originalmente había declarado.
Para justificar las disminuciones, Copriser S.R.L. aportó notas de crédito por el concepto “deducciones por ineficiencias en los servicios” que sostiene que se le efectuaran en su condición de contratista del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, calificándolas como sanciones por incumplimientos contractuales relacionados con la prestación del servicio a su cargo.
Invoca que debido al atraso en los pagos la diferencia entre lo facturado y lo cobrado encuadra en el concepto de “quita” previsto en el art. 11 de la ley del tributo, aún cuando no se emitieron las notas de crédito porque ello no le era exigido. Alega que por el principio de la realidad económica existió un descuento en los montos facturados.
El juez administrativo, por su parte, sostuvo que los montos deducidos son multas aplicadas por la Provincia, consistentes en porcentajes fijos que se establecen ante determinados incumplimientos, tales como la falta de limpieza en diferentes lugares, la falta del registro de la asistencia del personal y de entrega de uniformes, botas, horas incumplidas, entre otras. Al mismo tiempo, afirmó que el precio de la locación del servicio ejecutado no resultaba afectado por dichas multas dado que el monto abonado por ese concepto constituye un “egreso” que debía asumir el contratista, en el caso Copriser S.R.L., ante determinados incumplimientos de su prestación, que no eran un “ajuste de precio” sino que su naturaleza era sancionatoria y, en consecuencia, concluyó que no correspondía la deducción del débito fiscal.
Sumado a ello, el juez administrativo señaló irregularidades en las notas de créditos, ya que, como ya se dijo, en su mayoría carecían de fecha, la correlatividad numérica no coincidía con la numeración de las facturas del mes en cuestión, la nota de crédito N° 0001-00000450 del 30/01/2004 fue registrada en el mes de noviembre de 2003. Por otro lado, la documentación fue aportada en copias simples y sin firmas ni sellos que identifique su emisor.
En su recurso de apelación, con el fin de acreditar la existencia, fundamento y naturaleza de los descuentos, así como su documentación de respaldo, Copriser S.R.L. ofreció como prueba los expedientes relacionados con las actuaciones tramitadas ante la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Salud provincial y en la Contaduría General que fue concedida por la entonces Vocal Instructora (fs. 98), pero a pesar de las reiteradas intimaciones (fs. 101, 104, 117, 121) por su propia inactividad negligencia ninguna de las medidas ofrecidas fue producida y en consecuencia se dio por decaído su derecho (fs. 135).
De ello se sigue que Copriser S.R.L. no acreditó el sustento de las disminuciones de los débitos fiscales efectuadas en las declaraciones juradas rectificativas presentadas durante la fiscalización.
De cualquier manera, cabe recordar que en el art. 11 de la ley del impuesto al valor agregado, al regular el débito fiscal, se establece, en lo que aquí interesa, que “A los importes totales de los precios netos de las ventas, locaciones, obras y prestaciones de servicios gravados a que hace referencia el artículo 10, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicarán las alícuotas fijadas para las operaciones que den lugar a la liquidación que se practica. Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar a las devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas que, respecto del precio neto, se logren en dicho período, la alícuota a la que en su momento hubieran estado sujetas las respectivas operaciones. A estos efectos se presumirá, sin admitirse prueba en contrario, que los descuentos, bonificaciones y quitas operan en forma proporcional al precio neto y al impuesto facturado. (...)”.
Por su parte, en el art. 12 se establece que “…del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior los responsables restaran: (...) b) el gravamen que resulte de aplicar a los importes de los descuentos, bonificaciones, quitas, devoluciones o rescisiones que, respecto de los precios netos, se otorguen en el periodo fiscal por las ventas, locaciones y prestaciones de servicios y obras gravadas, la alícuota a la que dichas operaciones hubieran estado sujetas, siempre que aquellos estén de acuerdo con las costumbres de plaza, se facturen o contabilicen. A tales efectos rige la presunción establecida en el segundo párrafo “in fine” del artículo anterior”.
La deducción de los importes que contempla la normativa anteriormente citada hace expresamente referencia a “devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas” no revistiendo tal carácter las multas aplicadas por el Estado Provincial a Copriser S.R.L. por diferentes incumplimientos a la prestación de sus servicios como contratista; por ende, aplicar un criterio diferente implicaría agregar un supuesto de deducción de la base imponible que la ley no contempla y que debe ser interpretada en forma estricta en atención al principio de legalidad que con especial énfasis rige en materia tributaria por mandato constitucional.
Debe tenerse en cuenta que siendo la base imponible del impuesto al valor agregado el precio neto de la venta, de la locación o de la prestación de servicios, los supuestos que puedan modificarlo y, en consecuencia, el impuesto que en definitiva deba ingresarse, deben ser aquellos expresamente previstos en la ley. La naturaleza sancionatoria de las deducciones se desprende del art. 10 del “Pedido de Precios 231/03” acompañado a fs. 714/715 de los antecedentes administrativos, en donde expresamente se establece respecto de las sanciones por incumplimiento que:
“Cuando se dejare de cumplir con la limpieza de un sector o cuando la limpieza del Establecimiento integralmente considerada, no resultare satisfactoria a solo juicio de las autoridades del Establecimiento, se descontará sobre el total de la factura correspondiente al mes en que se produzca el hecho, el UNO POR CIENTO (1%) acumulativo por cada uno de los casos comprobados, sin perjuicio de las demás penalidades que reglamentariamente pudieran corresponder. En caso de incumplimiento de alguno de los puntos que componen el presente pliego de bases y condiciones, se labrará un acta en el Libro de órdenes de Servicio, que contendrá el detalle de los incumplimientos, configurando cada uno de ellos una “OBSERVACIÓN”. El incumplimiento a concurrir a las llamadas de urgencia y a cualquier requerimiento formulado en esos términos, fuera del horario establecido, dará lugar a la aplicación de las penalidades establecidas en el presente punto, considerando cada incumplimiento como una “OBSERVACIÓN”, labrándose acta al respecto, aún sin la presencia de representante alguno de la adjudicataria. La reiteración de acta incumplimiento puede ser motivo de rescisión del contrato.
En caso de que circunstancialmente no se hallare disponible el Libro de Órdenes de Servicio, las autoridades Superiores del Personal, podrán labrar “Actas de Incumplimiento”, las que serán debidamente transcriptas en dicho libro. En el caso de ausencia de responsables, la sola presencia de dos testigos, dejará firme la sanción. Por cada “observación” registrada, se aplicará una multa equivalente al 0,05 % del importe total de la facturación mensual emergente del contrato u otras que estén al cobro o en trámite y luego a la garantía (art. 74° del Reglamento de Contrataciones)”.
En el caso, los incumplimientos de Copriser S.R.L. que motivaron la aplicación de las sanciones previstas en dicho instrumento surgen claramente de la nota dirigida al Jefe del Departamento de Contrataciones, Compras y Suministros del Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires por parte del director del Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Sup. Sor María Ludovica” de La Plata obrante a fs. 719/720 de los ant. adm.
Allí, luego de detallar cada una de las Actas de Infracción en las que se dejó constancia de los incumplimientos se señala: “… se informa al Sr. Jefe del Departamento de Contrataciones Compras y Suministros el absoluto incumplimiento de lo requerido en el Anexo V (agregado del punto 3.2.9.), respecto de la limpieza y designación de personal permanente en los baños de uso público, circunstancia que mantuvo permanentemente expuesta a un grave riesgo para la salud de la población hospitalaria y en general, por cuanto se mantuvieron en estado deplorable de manera continua (…) Que por to expuesto, lo que surge de la actas de infracción realizadas, el estado deplorable de la limpieza del hospital, las reiteradas reuniones mantenidas con los responsables de la empresa y el absoluto desinterés por parte de la misma en solucionar las deficiencias que desde el comienzo de la prestación del servicio se mantuvieron y que generaron un grave e inminente riesgo en la salud de la población hospitalaria que no es posible admitir, es que se solicita, previo riguroso examen del pliego y las sanciones solicitadas por este Hospital, sean aplicadas”.
En definitiva, en el caso, el precio percibido por Copriser S.R.L. no fue disminuido o modificado por una quita o descuento, sino por las multas por incumplimientos aplicadas de acuerdo a los términos de contratación fijados previamente por la Provincia, tal como se detalla a fs. 616/671 de los ant. adm. En toda la documentación emitida por los hospitales provinciales se hace referencia a los términos infracciones y sanciones, la única que la denomina como deducción o quita es Copriser S.R.L., mas ello en modo alguno es suficiente para justificar el menor débito fiscal, sino responde realmente a lo que el legislador pretendió contemplar en el art. 11 de la ley del gravamen. Ello, más aún, cuando Copriser S.R.L. pretendió justificar las declaraciones rectificativas que presentó durante la fiscalización en la existencia de supuestas notas de crédito, que en realidad son facturas a las que se les tachó y cambió el nombre a mano por “Nota de Crédito” (fs. 620), sobre las cuales, además, no hay certeza de la fecha en que fueron emitidas, ni registradas, ni enviadas al estado provincial, como dispone el art. 12 de la misma ley. Por lo demás, no hay en las multas una modificación en el precio pactado por las partes que deba ser descontada de la base imponible sino que, como ya se dijo y se encuentra así probado, se trata de la aplicación de sanciones de naturaleza sancionatoria por las que no resulta procedente, en consecuencia, su cómputo a fin de disminuir la base del impuesto. En consecuencia, corresponde confirmar la pretensión fiscal también en este aspecto, con costas.
En lo que se refiere a los intereses resarcitorios reclamados por el Fisco Nacional, cabe señalar que en atención a que fueron liquidados conforme a lo dispuesto por el art. 37 de la ley 11.683 y que ha quedado acreditado el incumplimiento de la obligación tributaria en el plazo acordado, también deben confirmarse.
V. Respecto de la sanción de defraudación aplicada en la Resolución N° 38/2006 con sustento en el art. 46 de la ley 11.683, no existen dudas de que se encuentra configurado el elemento objetivo que permite confirmar el encuadramiento de la conducta de Copriser S.R.L. en dicha figura infraccional, consistente en la presentación de declaraciones juradas del impuesto al valor agregado en forma inexacta desde el momento que en ellas se computaron créditos fiscales improcedentes y se redujeron los débitos fiscales sin respaldo legal ni sustento documental.
En cuanto al elemento subjetivo, configurado a partir de maniobras tendientes a disminuir las obligaciones debidas, le correspondía a la recurrente proponer y ofrecer pruebas en contrario de su culpabilidad: sin embargo, las ofrecidas no fueron producidas por lo que sus agravios son insuficientes para justificar el incumplimiento de sus obligaciones. Contrariamente a lo que sostiene Copriser S.R.L. en su recurso, su accionar produjo un concreto perjuicio fiscal al haberse ingresado un menor impuesto al realmente debido, a lo que cabe agregar que en el curso de la fiscalización si bien aceptó parcialmente la pretensión fiscal por el concepto de proveedores de dudosa existencia, también rectificó los débitos fiscales, es decir las ventas, en orden a ingresar sus obligaciones por un importe menor, lo que claramente constituye una de las maniobras dolosas a las que se refiere el art. 46 de la ley 11.683.
Por todo lo expresado, corresponde confirmar la Resolución N° 38/2006 en todas sus partes. Con costas (conf. art. 68, CPCC).
El Dr. Martín dijo:
Adhiero a la decisión que adopta la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
Adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
En atención al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución Nº 38/2006, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en $45.961, por la representación procesal, y $70.709 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de Copriser S.R.L., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada en la dos etapas del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y por la ley 27.423 vigente respecto de montos mínimos.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.06.03 11:09:54 -03:00 Date: 2025.06.03 11:51:32 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.03 13:09:19 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.03 13:09:20 -03:00
Fin de la sentencia