Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2379/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 368/373 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 378/379 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2379/19-TSJ Interlocutorio N°: 3573 Actor: CORDERO NATALIA VERÓNICA Demandada: ABREGU DEL BARCO CESAR F.
Objeto: COBRO DE PESOS Fecha: 17-11-2020 Texto: TOMO XXXI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3573 FOLIO Nº 6182/6185 PROT. ELECT. TSS1 029 I.201
Río Gallegos, 17 de noviembre de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “CORDERO NATALIA VERÓNICA c/ ABREGU DEL BARCO CESAR F. s/ COBRO DE PESOS”, Expte. Nº C-22.823/09 (C-2379/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Erica Schupbach (cfr. fs. 368/373), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que confirmó la sentencia de Primera Instancia (cfr. fs. 355/364).-
Esta última hizo lugar a la demanda instaurada por la Sra. Natalia Cordero; condenó al Sr. Cesar Fernando Abregu del Barco a abonar a la actora el cincuenta por ciento del valor del canon locativo del inmueble que habita el accionado, esto es la suma de pesos mil quinientos ($1.500) mensuales, desde el 1° de octubre de 2008 y hasta que subsista la comunidad de bienes; monto al que deberá deducírsele el cincuenta por ciento (50%) del valor de la cuota mensual correspondiente al préstamo hipotecario N° HN0701-045-00000-00000-000026 del Banco Hipotecario S.A., documentos obrantes a fs. 161/165; y se imponen las costas del proceso a la parte demandada perdidosa (cfr. fs. 187/193 vta.).-
II. La parte recurrente aduce que ha existido errónea aplica-ción de la ley, violación de la doctrina legal y arbitrariedad (cfr. foja 373).-
Plantea que la Cámara ha violado y aplicado erróneamente la ley específica al caso y en consecuencia, ha conculcado derechos reconocidos y amparados por la Constitución Nacional, como la defensa en juicio, el derecho de propiedad y derechos más básicos de toda persona (cfr. foja 368).-
Señala que su casación se vincula directamente con la normativa de fondo en el que se subsume al caso: artículo 1984 del CC y C, el que estima que no resulta aplicable (cfr. fs. 368/369).-
Afirma que: “A través de una aplicación analógica de las normas que realiza el Tribunal, la actora logra convertirse en titular de un derecho de un modo no previsto por el derecho, creando un derecho real por vía de la analogía, pero no se le establecen obligaciones, las que son impuestas solamente en el demandado, desconociendo su carácter de único poseedor del inmueble, lo que confiere derechos expresamente reconocidos, (no por vía de la analogía) en el art. 1909 ss. y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación. Tal lo expresado, la resolución afecta seriamente garantías constitucionales. El debido proceso, el derecho de propiedad e igualdad de las partes en el proceso, además de ser arbitraria por no encontrarse debidamente fundada en la doctrina legal aplicable al tratamiento de la cuestión, teniendo como fundamento errores insalvables, tales como tener como ‘coposesores’ a las partes cuando la propia actora reconoce haber vivido en esa vivienda solo 8 meses.” (cfr. foja 368 vta.).- Entiende que la aplicación de una norma que no subsume a los hechos propuestos en la causa es lo que le provoca un pronunciamiento arbitrario y perjudicial (cfr. foja 369).-
Observa que la Excma. Cámara de Apelaciones: “También asume la existencia de una ‘comunidad de bienes’, que lo convertiría en objeto de aplicación del invocado artículo 1984 del Código Civil y Comercial el cual refiere a ‘comunidad de derechos reales’, todo ello coronando el gran yerro de la sentencia atacada que requiere de este recurso que se interpone. La aplicación de una norma que no subsume a los hechos propuestos en la causa, es lo que provoca un pronunciamiento arbitrario y perjudicial irremediable al demandado. La incongruen-cia invocada y que forma parte de los agravios del accionado se observan con claridad, si se intenta contestar el interrogante, ¿cómo puede ser condenado al pago de medio alquiler a quien también carga los gastos de conservación, pago de impuestos y la cuota del crédito hipotecario, sin los cuales no existiría vivienda o pretensión alguna de derechos; máxime si quien pretende jamás ha intentado mantener viva la relación o señorío con la cosa?” (cfr. fs. 368 vta./369).- Añade que tres sentencias reconocen que no existe condominio ya que el boleto base de la acción es declarativo y no constitutivo de un derecho. Dice que tampoco advierten, que el demandado presenta un ánimo y comportamiento de dueño frente a la cosa; que no sólo la usa, sino que también paga impuestos, la cuota del crédito, gastos de conservación y hasta ha realizado mejoras en el inmueble. Sigue diciendo que la “...Cámara incurre en una violación por aplicar analógicamente una norma, otorgando a la actora a una legitimación que por ley no tiene, concediendo un derecho más extenso que el que realmente posee, e ignorando que la demandante abandono la suerte de su derecho en expectativa y este, si hoy existe, es porque el demandado pagó todo lo que había que pagar para comprar el inmueble cedido.” (cfr. 370 vta.).- Por lo antedicho, califica al fallo como erróneo, injusto y perjudicial para el demandado (cfr. foja cit.).-
Entiende que no se realizó un análisis basado en el principio de buena fe que la totalidad de los actos civiles exige; y que el decisorio esta premiando la precariedad y el obrar abusivo, generando un dañino precedente que legitimaría nocivas prácticas de convivencia ciudadana (cfr. fs. 370 vta./371).-
Dice que el demandado viene ejerciendo hace diecisiete (17) años señorío sobre la cosa, siendo un público poseedor, conforme lo describe el artículo 1909 del CC y C (cfr. foja 371).-
Agrega que es una arbitrariedad aplicarle las normas de condominio a alguien que no cuenta legalmente con el mismo, y tampoco ha tenido respecto de la cosa otro interés más que percibir alguna mínima ganancia (cfr. foja cit.).-
Señala que otra grave inconsistencia del fallo resulta del hecho de confundir la ‘comunidad de bienes’ con ‘la comunidad de derechos reales’ que nombra el artículo 1984 del CC y C. Sobre el particular recuerda que la actora no tiene dominio sobre el inmueble; y que la comunidad de bienes deriva de las relaciones de familia, en particular el régimen patrimonial del matrimonio, situación que no ha sido objeto del presente juicio de conformidad a la forma en que ha quedado trabada la litis (cfr. fs. 371 y vta.).- Aduce que la Excma. Cámara de Apelaciones no puede válidamente afirmar que la conducta de la demandante se corresponde con la de un dueño respecto de la cosa, cuando en el proceso se habría probado lo contrario (cfr. foja 371 vta.).-
Luego, se pregunta: ¿quién tiene más elementos de hecho para ser tenido como dueño del inmueble? ¿La actora con el boleto de compraventa; o el demandado con un boleto de compraventa y la posesión efectiva, pública e ininterrumpida por casi 18 años a la fecha? Aplicando las reglas de la lógica, ¿si a los fines de la percepción del 50% del canon locativo, se le aplican las normas del condominio, también estaría en condiciones de reclamar la división del bien, ello sin un título de propiedad? (cfr. fs. 371 vta./372).- Formula reserva del caso federal (cfr. foja 373).-
A fs. 378/379 vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.-
A foja 386 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que, en esta etapa, se debe efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inadmisibilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- La lectura del escrito recursivo desnuda la ausencia de una crítica concreta y razonada de la sentencia que se ataca, requisito insoslayable de la vía que se intenta. La recurrente brinda su propia interpretación del caso y como considera que debió fallarse, sin embargo omite un desarrollo argumental que ponga en evidencia errores en los fundamentos del Tribunal de grado; no bastando, al efecto, las citas de normas y principios supuestamente violados, si no se demuestra cómo es que, en el caso concreto, se ha producido esa violación.- Si bien la carencia expuesta precedentemente conlleva por sí sola la inadmisibilidad, la suerte del recurso queda negativamente sellada porque la revisión que se pretende en esta instancia extraordinaria se sustenta, en última instancia, en cuestiones de hecho y prueba. Desde esta óptica resulta palmaria la improcedencia del mismo, toda vez que no sólo remite a la consideración de las circunstancias ya apuntadas (hecho y prueba) sino que además las mismas han encontrado adecuada respuesta jurisdiccional en la instancia de grado, habiéndose efectuado una interpretación razonable de las circunstancias acreditadas en función de la normativa invocada y aplicada.- Se adelanta que la pretendida calificación de la sentencia como arbitraria carece de pertinencia, toda vez que las conclusiones de la sentencia no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia algún decisivo error de argumentación. Asimismo tampoco se vislumbran en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que configuren un supuesto de arbitra-riedad.-
Es que para descalificar una sentencia por arbitraria no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que demostrarlo. En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…‘…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…(confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788) y que debe rechazarse el absurdo o arbitrariedad denunciados en tanto no se ha logrado demostrar que el discurrir del fallo se encuentre viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento?” (cfr.
Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2648, Folio 3999/4003).- Asimismo, es tesis de este Tribunal que: “…la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025; XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984). Circunstancias éstas que de ninguna forma se vislumbran en autos.- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado se constata que la Alzada realiza una interpretación de los elementos proba-torios que no se vislumbra como arbitraria o absurda.
Allí advierte que por el contrato de compraventa suscripto por las partes como compradores, la actora es coposeedora del inmueble objeto de autos y en consecuencia, cuenta con el derecho a recibir una contraprestación por verse impedida del uso y goce del bien, ante el uso exclusivo del mismo por parte del Sr. Abregu (cfr. foja 360 vta.). Luego entiende que: “...la situación planteada se presenta como una comunidad de bienes y por analogía deben aplicarse las disposiciones relativas al condominio en virtud de lo normado por el art. 1984 del Código Civil y Comercial de la Nación [...] La norma en estudio, regula una situación no prevista en el Código derogado como lo es la aplicación de las normas que regulan el condominio a todo supuesto de estados comunitarios, ya sea que esté compuesto de bienes materiales (cosas muebles e inmuebles) o bienes inmateriales (derechos).
Pues bien, analizada la pretensión de la actora, la oposición efectuada por el Sr. Abregu y las probanzas arrimadas a la causa, se vislumbra la existencia de una comunidad de bienes consistente en un bien inmueble que pertenece en común a dos personas y que no se encuentra dividido.” (cfr. foja 361). Luego llega a la conclusión de que el demandado debe la contraprestación por el uso exclusivo del bien desde el momento en que la Sra. Natalia Cordero le manifestó su oposición a tal situación fáctica (cfr. foja 362).- Por otro lado y con relación a que el fallo de Cámara decidiera que es de aplicación el artículo 1984 del CC y C para subsumir el caso sub examine, lo cierto es que el planteo efectuado por el demandado no demuestra la transgresión que aduce habría cometido el Tribunal en este aspecto.
Sólo ofrece su parecer acerca del mismo, determinándolo según su propia interpretación, hecho que en modo alguno alcanza para suplir el apuntado déficit ni para otorgar basamento a un recurso excepcional como lo es el de casación. Menos aún cuando en la segunda instancia se brindaron las razones por las que se ubicaba la cuestión litigiosa en la órbita del referido artículo y la recurrente no ha logrado demostrar el error que ello contendría.- Conclusión de la Alzada que aunque pudiera ser opinable no merece reproche en esta instancia, en la medida que se encuentra debidamente sustentada en derecho. Es aplicable al caso lo dicho por este Alto Cuerpo: “Cuando existen distintas visiones sobre el ‘thema decidendum’, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad; máxime cuando, como en este caso, numerosa doctrina y jurisprudencia son contestes con la misma…Más allá de la discrepancia con la postura asumida que el recurrente pudiera tener, lo cierto es que ésta se encuentra debidamente fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la contienda.” (cfr.
Sentencia, Tomo XV, Reg. 523, Folio 2940/2946). En el sub lite, la Cámara ha fundado en ley su decisión, explicando por qué considera la referida normativa aplicable al caso, por lo que no se observa en el recurso, argumentos que habiliten la vía casatoria.- Sabido es que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3541, Folio 6088/6092).-
Entonces, no se advierte en la especie que la recurrente ponga en evidencia la existencia de una infracción legal que conlleve a un vicio grave en el fallo recurrido. Máxime cuando las argumentaciones vertidas por la casacionista no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos que no logran evidenciar la arbitrariedad de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3309, Folio 5509/5512).- También es inadmisible la alegada violación de la doctrina legal, ya que la recurrente ni siquiera invoca concretamente un precedente emanado de este Alto Cuerpo que contraríe lo resuelto por la Cámara y que reúna las condiciones descriptas en el artículo 3 del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Manda esta que dispone en lo que aquí interesa que: “Habrá lugar al recurso de casación por violación de la ley o doctrina legal cuando la sentencia: a) Haya violado o aplicado erróneamente la ley o la doctrina legal sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años...”.- Respecto a la denuncia de violación de la Constitución Nacional deviene aplicable, dado la manera en que ha sido expuesto el agravio, la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que dice: “…la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio…” (cfr.
Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156 y XXVII, Reg. 3200, Folio 5271/5274). Por lo tanto, es inatendible el pretenso agravio.- En síntesis, al examinar los términos del recurso interpuesto, se advierte que las conclusiones de la Cámara no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error en la sentencia en crisis. Así, la recurrente tan sólo indica su discrepancia con la sentencia atacada propiciando una interpretación distinta de los hechos y de la normativa en la que se funda, invocación que por sí sola no basta en el ámbito del recurso que nos ocupa dada la limitación extraordinaria de la instancia y en especial por la exclusión del análisis de los hechos y la prueba, materia que compete a los jueces de grado con las salvedades propias de la materia en orden al absurdo o a la arbitrariedad.-
IV. Conforme al análisis efectuado precedentemente, se concluye que el recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 368/373 no logra habilitar la presente instancia, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circuns-cripción Judicial obrante a fs. 378/379 vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 y concordantes del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 373.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 368/373 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 378/379 vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernán- dez (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1029I.201 Tomo: XXXI Interlocutorio: 3573 Folio N°: 6182/6185 Secretaría: 1
Fin de la sentencia