Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo de Azul · Causa 19804
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la acción promovida por Carlos Andrés Córdoba ( DNI 27.802.199 ) , en cuanto persiguiera la revisión del dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional ( SRT 152.890/25 ) y el cobro de prestaciones dinerarias, por incapacidad parcial, permanente y definitiva (ILPPD), derivada de la contingencia ocurrida el 20 de diciembre del 2024, y en su consecuencia condenar a La Segunda ART S.A ( CUIT: 30-68913348-3 ) a abonar la suma insoluta -capital- de pesos un millón ochenta y dos mil ciento cuarenta y seis con setenta y seis centavos ($ 1.082.146,76) ( arts. 1.1;
2A; 6.1; 8.2; 12; 14.2.a y cctes. Ley 24.557 y ss y el art. 3° de la Ley 26.773 y su normativa concordante (arts. 11.3; 14 y cctes. Ley 27.348 y art. 770 CCC . y 39.3 Constitución provincial ).
II. Decretar la inconstitucionalidad de la ley 14.399, en cuanto modificó la norma del 48 de la ley 11.653 ( SCBA L. 108.164; S del 13.11.2013, causa "Abraham " ); del art. 43 Res. 298/17 SRT, por afectar los arts.75 inc. 22 y 17 CN y el Convenio 95 OIT; del art. 1° del Decreto 334/96 por afectar los arts. 16; 17; 18 y 19 de la Constitución nacional y los arts. 15 y 39 de la Constitución provincial; y del Decreto 669/2019 ( SCBA L 129.800; S del 14.07.2025, causa " MUZYCHUK ").
III. CARGAR intereses - según mayoría de opiniones - de acuerdo a lo normado por el sistema de riesgos del trabajo, según la alícuota equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días …
En Azul, reunidos en acuerdo ordinario los Jueces del Tribunal para pronunciar veredicto en los autos caratulados "CORDOBA Carlos Andrés v. LA SEGUNDA ART S.A s/ ACCION de REVISION MEDICA RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15.057" ; expediente 19.804 , se procedió a practicar la desinsaculación de ley, resultando que en la votación debía observarse por los Jueces el siguiente orden: doctor Marcelo Enrique PATERNICO; doctor Martín LABORDE y doctor Bernardo FERNANDEZ de VILLEGAS. Seguidamente, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
CUESTIONES de HECHO
PRIMERA : ¿Ha sido acreditado el episodio invalidante denunciado? En su caso, ¿se trató de un episodio en ocasión del trabajo?
SEGUNDA : ¿Lucen comprobadas las remuneraciones?
TERCERA : ¿Se acreditó que el actor padeciera, a raíz de su enfermedad, una disminución en sus capacidades laborales?
CUARTA : ¿Se comprobó si la actora recibió alguna prestación dineraria con motivo de la cobertura por riesgos del trabajo?
PRIMERA CUESTION : ¿Ha sido acreditado el episodio invalidante denunciado? ¿En su caso, se trató de un episodio en ocasión del trabajo?
A la primera cuestión, el Juez MARCELO E. PATERNICO dijo :
Como dato central, puedo advertir que no es eje de controversia que el señor Carlos Andrés Córdoba ( DNI 27.802.199 ) se desempeñara como dependiente del señor Luis Emilio Arrouy ( CUIT 20-21504517-0 ) dedicado a las labores de roturación y siembra (rural).
Describe que, en la jornada del 20 de diciembre del 2024, en circunstancias de estar en su puesto de trabajo, realizando tareas de limpieza de una sembradora, sufrió una caída de altura sufriendo traumatismo del tórax. Fue trasladado al Hospital Pintos, donde le diagnosticaron fracturas de los arcos costales 9º, 10º y 11º derechos, con derrame pleural laminar.
Ahora bien, de las actuaciones ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ( SRT 152.890/25 ), la Comisión Médica Jurisdiccional (05.06.2025) dictaminó que, el trabajador NO posee incapacidad, derivada de la contingencia que nos ocupa.
El 25 de junio del 2025, en el mismo expediente se emite la Disposición de Alcance Particular ( DIAPA-2025-3891-APN-SHC12#SRT ) que aprueba el procedimiento llevado a cabo y dispone que el trabajador NO posee incapacidad derivada de la contingencia denunciada.
Ergo, damos por acreditada la existencia del primer episodio invalidante padecido por el señor Córdoba en fecha 20 de diciembre del 2024, sin perjuicio de la valoración de sus consecuencias que las diferimos para el tratamiento de la tercera cuestión del presente estamento ( art. 6.1 Ley 24.557; art. 6 decreto 717/96 ).
Así lo voto (art. 57 Ley 15.057)
A LA PRIMERA CUESTION : El doctor LABORDE, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
A LA MISMA CUESTION : El doctor FERNANDEZ de VILLEGAS, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
SEGUNDA CUESTION : ¿Lucen comprobadas las remuneraciones?
A la segunda cuestión, el Juez MARCELO E. PATERNICO dijo :
En cuanto a las remuneraciones del actor, el informe de ARCA da cuenta de los importes denunciados por la empleadora al sistema de la seguridad social durante el período anual previo a la primera manifestación invalidante (20.12.2024), a saber:
PERIODO
HABERES
JORNADAS
Diciembre 2023
603.296,70
31
Enero 2024
494.443,76
31
Febrero 2024
518.111,21
28
Marzo 2024
635.075,35
31
Abril 2024
702.086,28
30
Mayo 2024
702.086,28
31
Junio 2024
1.225.376,35
30
Julio 2024
844.009,51
31
Agosto 2024
873.549,84
31
Septiembre 2024
899.756,33
30
Octubre 2024
964.257,77
31
Noviembre 2024
970.555,57
30
A los fines de establecer luego el VIBM, se debe considerar también la incidencia del SAC por tratarse de un salario diferido, tal como lo ha definido el Superior: "el sueldo anual complementario es sabido que se trata de un salario diferido y más allá de su modalidad, constituye un ingreso de carácter remuneratorio, que como tal forma parte del sueldo para todos los efectos legales pertinentes" ( SCBA, L 59.235, S del 05.03.1996 " Cerruti Hugo v. Telefónica de Argentina S.A ."; L. 36.173, S del 03.06.1986 " Mas Roberto Rufino v. Swift Armour "; L 64.456, S del 16.02.2000 " Llaudat Luis Alberto v. Refinerías de Maíz SAIC y F "; L 83.462, S del 20.09.2006 " Berdini Oscar Horacio v. Frigorífico Paloni S.A .; LP L. 119.459, S del 06.12.2017, causa " Luna " ).
Así lo voto (art. 57 Ley 15.057)
A LA SEGUNDA CUESTION : El doctor LABORDE, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
A LA MISMA CUESTION : El doctor FERNANDEZ de VILLEGAS, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
TERCERA CUESTION : ¿Se acreditó que el actor padeciera, a raíz de su enfermedad, una disminución en sus capacidades laborales?
A la tercera cuestión, el Juez MARCELO E. PATERNICO dijo :
Ingresamos ahora al estudio del informe pericial médico, brindado por el señor perito, Dr. Enrique Oscar Damián Farina ( escrito electrónico del 06/10/2026 07:58:06 ).
Luego de examinar al señor Córdoba, advierte el galeno en su pericia que, atendiendo a ambos baremos ( decreto 659/96 y decreto 549/25 ), la persona peritada no presenta secuelas.
Luego, en su ampliatoria ( 14/10/2026 09:17:53 ), rectifica dicho concepto.
En efecto, y si bien especifica que, al momento del examen realizado y teniendo en cuenta la espirometría realizada con valores normales, el trabajador no presenta dificultad respiratoria, establece una incapacidad del 1.07 % de la escala obrera, con arreglo a las siguientes variables constatadas por las fracturas de los arcos costales 9°; 10° y 11° derechos:
Incapacidad: 1 %
Factores de ponderación: 0.7%
-Tipo de actividad: 5 (0.5)
-Recalificación: Amerita
-Edad: 2 (0.02)
Cabe concluir que, de acuerdo al baremo emergente del decreto 549/25, por las fracturas de los arcos costales individualizados, el trabajador exhibe una incapacidad del uno con cero siete por ciento (1,07%) de la escala obrera, como secuela parcial, permanente y definitiva de la contingencia ocurrida el 20 de diciembre del 2024.
No existe controversia acerca de que el señor Córdoba nació el 1 de enero de 1980 y, por ende, a la época del episodio accidental (20.12.2024) contaba con 44 años de edad.
Así lo voto (art. 57 Ley 15.057)
A LA TERCERA CUESTION : El doctor LABORDE, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
A LA MISMA CUESTION : El doctor FERNANDEZ de VILLEGAS, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
CUARTA CUESTION : ¿Se comprobó si la actora recibió alguna prestación dineraria con motivo de la cobertura por riesgos del trabajo?
A la cuarta cuestión, el Juez MARCELO E. PATERNICO dijo :
No consta pago alguno en relación con las prestaciones dinerarias en reclamo (art. 14.2.a LRT y art. 3 Ley 26.773).
Así lo voto (art. 57 Ley 15.057)
A LA CUARTA CUESTION : El doctor LABORDE, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
A LA MISMA CUESTION : El doctor FERNANDEZ de VILLEGAS, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
Terminado el acto, se procede a su firma de acuerdo a lo dispuesto por el art. 5 "II" del Anexo Único del Ac. 3975/20.
En Azul, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°, título "II" del Anexo Único del Acuerdo 3975, reunidos en acuerdo ordinario los jueces del Tribunal para dictar sentencia en los autos caratulados "CORDOBA Carlos Andrés v. LA SEGUNDA ART S.A s/ ACCION de REVISION MEDICA RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15.057" ; expediente 19.804 , se procedió a practicar la desinsaculación de ley, resultando que en la votación debía observarse por los Jueces el orden establecido en el veredicto. Acto seguido, el Tribunal resolvió plantear las siguientes
PRIMERA : ¿Es procedente la demanda instaurada?
SEGUNDA : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A).- Consta la presentación inicial en autos ( escrito electrónico del 02/07/2025 13:36:35 ) del señor Carlos Andrés Córdoba ( DNI 27.802.199 ), con el auspicio letrado de su apoderada, la doctora María Eugenia Gayani, para demandar la revisión amplia del dictamen y disposición de alcance particular dictada por la Comisión Médica de Azul (art. 2.j ley 15.057) en el expediente (SRT) 152.890/25 y el cobro de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo por las incapacidades que porta, y que estima en la suma provisoria de $ 13.721.362,51, con más sus intereses y actualizaciones y costas. Manifiesta que se desempeñó como dependiente del señor Luis Emilio Arrouy ( CUIT 20-21504517-0 ) dedicado a las labores de roturación y siembra (rural). Describe que, en la jornada del 20 de diciembre del 2024, en circunstancias de estar en su puesto de trabajo, realizando tareas de limpieza de una sembradora, sufrió una caída de altura sufriendo traumatismo del tórax. Fue trasladado al Hospital Pintos, donde le diagnosticaron fracturas de los arcos costales 9º, 10º y 11º derechos, con derrame pleural laminar. Explica que, transitó el proceso administrativo ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ( SRT 152.890/25 ), 7y en su secuela, la Comisión Médica Jurisdiccional (05.06.2025) dictaminó que, el trabajador NO posee incapacidad, derivada de la contingencia que nos ocupa. Remarca que, el 25 de junio del 2025, en el mismo expediente se emitió la Disposición de Alcance Particular ( DIAPA-2025-3891-APN-SHC12#SRT ) que aprueba el procedimiento llevado a cabo y dispone que el trabajador NO posee incapacidad derivada de la contingencia denunciada. Se agravia el trabajador de dicha resolución, y peticiona la revisión integral del dictamen y practica liquidación con el cálculo del ingreso base. Ofrece prueba. Funda en derecho. Solicita se haga lugar a la acción interpuesta, se determine el real porcentaje de incapacidad y se ordene practicar liquidación con las correspondientes actualizaciones por el índice RIPTE y la capitalización de los intereses. Plantea la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley 27.348 y del art. 277 LCT (Ley 24.432). Requiere la aplicación de la doctrina emergente de la causa "Barrios" de la SCBA, con la declaración de inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la Ley 23.928. Pide costas.
B). - Corrido el traslado de ley, se presenta ( escrito electrónico del 22/09/2025 10:24:14 ) la demandada La Segunda ART S.A (CUIT: 30-68913348-3) por medio de su apoderado, el doctor Carlos Manuel Fernández Ribet , quién acredita personería (art. 47 CPCC) con el instrumento de poder acompañado y contesta la demanda. Reconoce que el actor era empleado de Luis Emilio Arrouy ( CUIT 20-21504517-0 ); que éste celebró contrato de afiliación con LA SEGUNDA ART en los términos de la ley 24.557; que el actor sufrió el episodio accidental denunciado como ocurrido el 20 de diciembre del 2024 que dio origen a la apertura del "Siniestro" ( n° 1.287.043 ) en la compañía; que fue tratado por su instituyente y luego edictado por la Comisión Médica N° 12.4 sin incapacidad.
Sigue su derrotero defensivo expresando un desconocimiento genérico de rigor procesal y una mención desaprobada de las afirmaciones particulares de la parte actora. Declama que, de los estudios médicos practicados al trabajador, no se detectó que la afección sufrida haya importado secuelas incapacitantes en el trabajador, motivo por el cual se le otorgó en su momento el alta médica sin incapacidad. Asume la validez plena del dictamen de la Comisión Médica que no detectó minusvalía alguna en el trabajador. Destaca como pre existencia documentada el siniestro de fecha 1 de julio del 2023, a raíz del cual la Comisión Médica Jurisdiccional de Azul (expediente 4063374/23), el 18 de octubre del 2023 determinó un 2.4% de incapacidad parcial permanente y definitiva.
También hace mención al trámite de un siniestro denunciado como ocurrido el 15 de agosto del 2023 (SRT 403.869/23) que culminó con el dictamen de la Comisión Médica 12.4 de Azul concluyendo en que, que el siniestro denunciado no se trataría de un accidente laboral conf. art. 6° ap. 1° de la Ley 24.557. Advierte que el mismo dio lugar a la tramitación de los autos caratulados "CORDOBA Carlos Andrés v. LA SEGUNDA ART S.A s/ ACCION de REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL" (expediente 18.585) , donde a la fecha no se ha dictado sentencia, de trámite ante el Tribunal del Trabajo de Azul. Contesta los planteos de inconstitucionalidad referidos a las leyes 24.557, y 26.773, y puntualmente al art. 6 Ley 24.557, Decreto 1278/00 y art. 17 Ley 26.773 y la destaca la procedencia del Decreto 472/14.
Postula la inconstitucionalidad Ley 14.399 en cuanto refiere al interés aplicable por mora. También entiende inaplicable al caso la doctrina emergente del caso "Barrios" de la SCBA, insistiendo en que este fallo, fue dictado en un caso de una indemnización bajo las normas del Derecho Civil, en un juicio de daños y perjuicios derivado de un accidente de tránsito, donde no existe mecanismo de actualización y/o de resguardo del valor del dinero y/o de la indemnización fijada. Ofrece prueba, funda en derecho y solicita se rechace la acción entabla con costas. Pide la limitación de costas (art. 277 LCT). Solicita que en su caso se limiten intereses conforme art. 730 CCCN y solicita la aplicación, en su caso, del DNU 669/19.
C).- La actora solicita la apertura a prueba.
D). - Constituida de esta manera la litis , con fecha 5 de septiembre del 2025; se decreta la apertura a prueba de las actuaciones, habiéndose producida aquella conforme informa el certificado de Secretaría la finalización del período de prueba y se pusieron los autos para alegar.
E). - Se produjo prueba pericial médica a cargo del Dr. Enrique Oscar Damián Farina ( escrito electrónico del 06/10/2026 07:58:06 ).
F). - Se agregaron los alegatos de ambas partes y se dictó la providencia de autos al acuerdo.
Habiéndose pronunciado veredicto y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal decide la siguiente
CUESTION PRIMERA : ¿Es procedente la demanda instaurada?
A la primera cuestión, el Juez PATERNICO dijo :
Baremo aplicable
El nuevo baremo ( Decreto 549/2025, publicado en el B.O el 05.08.2025 ) entró en vigencia el 2 de febrero del 2026. Su artículo 3° establece que, la tabla de evaluación de incapacidades que contiene, resultará de aplicación a partir de esa fecha " a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en que se encuentre" . Un análisis literal nos llevaría a concluir que este baremo sería aplicable sin más, a las pericias aun no presentadas a la fecha de su edicto, sea en sede administrativa o judicial.
En el caso que nos ocupa, la Comisión Médica Jurisdiccional (12.4) dictaminó el 5 de junio de 2025 ( SRT 152.890/25 ), respecto de una contingencia ocurrida el 20 de diciembre del 2024, con arreglo al baremo contenido en el Decreto 659/96.
Ahora bien, la utilización (para resolver la revisión) de un baremo distinto, como sería el caso del contenido en el Decreto 549/2025, en tanto norma instrumental de aplicación inmediata, implicaría la aplicación retroactiva de una norma a una situación cuyo consumo jurídico se consolidó con anterioridad.
Así fue como resolvimos, ante el perjuicio que significaba su aplicación, en salvaguarda del debido proceso; la garantía de defensa en juicio y la tutela judicial efectiva del trabajador, edictar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del Decreto 549/2025 en el caso "Berestain" ( " BERESTAIN Alan Javier v. ASOCIART ART S.A s/ ACCION de REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15.057"; expediente 20.021). En ese caso su aplicación resultaba más perjudicial para el trabajador.
No obstante, y si bien en parte se repetiría este marco temporal en autos, en tanto que el daño se consolidó antes del dictado del nuevo baremo, puedo advertir que nos encontramos ante un escenario esencialmente distinto , que nos obliga a re interpretar todo lo atingente a la aplicación del nuevo baremo.
Cabe recordar en principio que, doctrina y jurisprudencia coinciden en que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso ( KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída en "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", Rubinzal-Culzoni editores, página 100, Santa Fe, 1° edición, 2015 ), y que la CSJN ha establecido que en materia de accidentes de trabajo, rige la ley imperante al momento en que el hecho se produjo ( CSJN, 05.02.1998, publicado en L.L. 1998-C-640 ).
Por su parte, la SCJ de Mendoza, hace una observación al criterio rector y lo condiciona a que la norma resulte más favorable para el trabajador , por lo que se aplicaría la nueva norma si así resulta (más favorable) ( SCJ Mendoza, sala II, 27.10.1989, publicado en J.A. 1990-I-19 ).
Y precisamente este es el nuevo escenario al que asistimos, habida cuenta de que el informe médico pericial, brindado por el Dr. Enrique Oscar Damián Farina ( escritos electrónicos del 06/10/2026 07:58:06 y del 14/10/2026 09:17:53 )., en relación con la secuela hallada (fractura de arcos costales: hasta 3 costillas) confronta las dos mediciones de incapacidad con el siguiente resultado:
DECRETO 696/1996
DECRETO 549/2025
0 %
1,07 %
Del simple cotejo del resultado, se infiere que -al menos en el presente caso- el nuevo baremo ( Decreto 549/2025 ) es más benigno que el viejo baremo ( Decreto 659/1996 ), con lo cual el decreto que lo promueve se erige en la norma más favorable para el trabajador.
Derivada de los principios protectorios, de indemnidad del trabajador y de progresividad, la regla de la aplicación inmediata de la norma más favorable al trabajador, con su carga de urgencia y su propósito de actuar en forma perentoria en lo que hace a la justicia social, resulta instrumental a esos principios. El valor que inspira el criterio de aceptación de la regla de la aplicación inmediata es el de la aceptación de una protección mejor, ante un estado de desposesión relativa reconocida ( CORNAGLIA, Ricardo Jesús en " La aplicación inmediata de la norma más favorable al trabajador" , publicado en Doctrina Laboral Errepar, octubre del 2015, N°362, p. 1101 y ss ).
Se impone de este modo reconocer, frente al cotejo de los decretos de idéntica envergadura, pero distintos en sus tiempos, que el primero de ellos ( Decreto 696/96 ), en el presente caso se torna regresivo y pierde la legitimidad (ante el nuevo decreto) que le otorga pertenecer al núcleo operativo de las disposiciones alineadas con el artículo 14 bis CN y su destino protectorio.
Anclados en este punto de análisis, debemos despejar todo velo que insinúe una contradicción con el voto anteriormente sellado en el caso "Berestain".
En efecto, aquí trasciende oportuno destacar -como anticipáramos- que estamos ante otro escenario, dado que la norma en crisis supone una mejora y no, una regresión en los derechos del trabajador.
Y si lo planteamos desde el rol de los derechos constitucionales que podrían aparecer en tensión, advertimos que la aplicación del baremo más beneficioso se traduce en una protección de rango constitucional hacia el trabajador, a través del derecho de propiedad ( art. 17 CN ); de la garantía alterum non leader ( art. 19 CN ) como principio de reparación integral del daño y coadyuva al sistema protectorio dado al trabajador ( art. 14 bis CN ) como sujeto de preferente tutela ( art. 15 Constitución provincial ); dando concreta tutela judicial efectiva, adecuada y eficaz contra la violación de derechos humanos ( arts. 8 y 23 Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 15 y 39 Constitución provincial y art. 14 bis CN ).
En la misma línea interpretativa, el principio pro persona o pro homine , provoca que toda cuestión atinente a derechos humanos deba ser regulada y resuelta en el sentido más favorable a la persona humana ( art. 5 PIDCP; art. 5 PIDESC; art. 29 CADH ). Se lo define como un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos ( PINTO, Mónica, " El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos ", en La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Abregú y Courtis, compiladores. Editorial CELS, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, página 163 y ss ). El mismo debe aplicarse en caso de concurrencia de normas, determinando la más favorable para la persona humana aun cuando resulte de menor jerarquía dentro del orden jurídico ( GIALDINO Rolando E., " Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Principios. Fuentes. Interpretación y Obligaciones ", Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 2013, página 125 ). Esta directriz ya fue reconocida y aplicada por la CSJN en los conocidos fallos "Aquino"; "Milone" y "Madorrán". Su límite es el orden público, el que no advierto afectado en autos
Por lo tanto, y con descanso en la regla de la norma más favorable, propicio declarar en este caso en particular, la validez del nuevo baremo del sistema de riesgos del trabajo y así decidir su aplicación ( Decreto 549/2025 ) para mensurar la incapacidad laboral del trabajador ( arts. 15; 39.1 y 3 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; arts. 14 bis; 16; 17; 18; 75 inc. 22; 99.3; 109; 121; 126 y cctes. de la Constitución Nacional; arts. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica -, ratificado por Ley 23.054; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 2, ap. 3° y art. 14, ap. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ).
Estipulaciones acreditadas
No resulta controvertido que Carlos Andrés Córdoba ( DNI 27.802.199 ) se desempeñara como dependiente del señor Luis Emilio Arrouy ( CUIT 20-21504517-0 ) y se dedicara a tareas rurales; que denunciara la ocurrencia de un episodio accidental con su primera manifestación invalidante el 20 de diciembre del 2024; que la Comisión Médica 12.4 dictaminara su NO incapacidad, y que a la época de denuncia el episodio agudo contara con 44 años de edad ( art. 354 CPCC ).
Volviendo ahora a la valoración consignada en la tercera cuestión del veredicto, asimos la estipulación de minusvalía y sus factores de ponderación, en el uno con cero siete por ciento (1,07 %) de la escala obrera ( Anexo Decreto 549/25 de la ley 24.557 ). Estimación pericial esta (ILPPD), que hace propia el Tribunal ( art. 8.3 ley 24.557 y Tabla de Evaluación de las Incapacidades Laborales Ley 24.557 en RUBINSTEIN Santiago, " Código de Tablas de Incapacidades Laborativas "; editorial Lexis Nexis; 5ta. Edición; Buenos Aires; Año 2007; pág. 394 y ss ).
El 2 de noviembre del 2023, se homologó en Comisión Médica la incapacidad fijada a raíz de la contingencia padecida el 1 de julio del 2023 ( SRT 406.374/23 ), del 2.40% (ILPPD) según dictamen del 18 de octubre del 2023. Para conformar entonces, una mensura actualizada de incapacidad, entiendo atildado acudir al sistema de Balthazar (capacidad restante):
100-2,40= 97,60 x 1,07 %=1,044
De este modo concluimos en que, de resultas de la contingencia sucedida el 20 de diciembre del 2024, el trabajador Córdoba padece una disminución de sus capacidades laborales de manera definitiva (ILPPD), valuadas en el orden del uno con cero cuarenta y cuatro por ciento (1,044 %) de la escala obrera.
Descartamos la consideración, a los mismos efectos, de la contingencia denunciada en los autos caratulados "CORDOBA Carlos Andrés v. LA SEGUNDA ART S.A s/ ACCION de REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL" (expediente 18.585) , atento a que, a la fecha no se ha dictado sentencia aún.
Tutela judicial efectiva
Al amparo de los fallos " Aquino " ( CSJN, S del 21.09.2004, "Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA", Fallos 327:3753 ) y "Llosco" ("Llosco, Raúl c/Irmi SA", S del 12.06.2007, Fallos 330:2696 ), queda derrumbado el valladar de acceso inmediato a la justicia (art. 15 Constitución provincial).
En este contexto, y a la época del primer episodio invalidante, se advierte la existencia de un "sistema" (cfme. Ley 24.557) que había logrado consagrar la posibilidad de acceso a la justicia y el reconocimiento pleno de la dimensión constitucional del deber de no dañar en el marco del derecho del trabajo, garantizando una mínima indemnización.
El art. 11 (t.o Ley 24.557) continúa vigente, y en su apartado 1° dispone que las prestaciones sistémicas son "irrenunciables" , otorgándole carácter alimentario. Tampoco puede inferirse en el trabajador accidentado un ánimo abdicativo, de al menos la tarifa legal, en la imposición de actitudes heroicas ( SCBA, S L 80.179; del 01.04.2004, causa "Vázquez" ).
Según advierte con acierto Curutchet, no puede privarse al trabajador del contenido mínimo de las prestaciones por accidentes y enfermedades del trabajo previsto en los Convenios 17; 42 y 102 OIT, todos ellos ratificados por la República Argentina ( cfme. CURUTCHET Eduardo, " Inviabilidad de la opción excluyente en el contexto normativo y jurisprudencial actual" , ponencia del V Encuentro Quilmeño y III Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Colegio de Abogados de Quilmes, Mayo de 2012 ). De este modo, los citados instrumentos (arts. 1 y 11 del 17; art. 1 del 42 y art. 31 del 102), imponen al Estado la obligación de "garantizar" a las víctimas y sus derechohabientes el pago de una indemnización frente al infortunio.
De ahí, la chance que debe acompañar a la trabajadora para demandar y percibir el importe o la diferencia de lo que el sistema de riesgos le ha otorgado.
Responsabilidad sistémica de la aseguradora
A la par de la acción de revisión tratada, advertimos que al momento de establecer sus pretensiones, la parte actora propone el cálculo indemnizatorio con arreglo a lo previsto por el art. 14.2.a de la LRT y art. 3 Ley 26.773.
Pudo determinarse que la minusvalía portada por la actora tiene sustento en un episodio ocurrido en el trayecto hacia el lugar de trabajo (cuestión inaugural del veredicto) y que por ende, la aseguradora tiene obligación sistémica de atender.
Hallada esta comprobación, en mi opinión cabe subsumir el entuerto en la normativa sistémica -por así derivar prístinamente de los hechos- e implantar la obligación al pago en cabeza de la aseguradora, de la prestación habilitada por el art. 14.2.a ley 24.557 y su normativa concordante.
Vayamos a su cálculo entonces:
Salario base
La ley aplicable al sub lite , en razón de la fecha de la contingencia, es la Ley 24.557 ( t.o 04.10.1995 y su concordante Ley 26.773 -t. o 26.10.2012- ), con las mejoras de la Ley 27.348 ( t.o 05.03.2017 ).
El art. 12 LRT ( t.o art. 11 Ley 27.348- B.O 24.02.2017 ), recordemos, expresa que a los fines del cálculo del ingreso base, se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT- por el/la trabajador/a durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor.
Luego, también viene inaplicable el art. 43 de la Res. 298/17 (SRT) que en un exceso reglamentario, pretende alterar la ley debido al excluir del valor mensual del ingreso base (VMIB) a las llamadas sumas "no remunerativas" que surgen de los arts. 103 bis y 106 LCT. Esta norma es inconstitucional e inconvencional.
El órgano administrativo en este caso, se inmiscuye en un aspecto sustancial de la ley como es la composición del ingreso base -destacado solo al poder legislativo-; altera los efectos de una norma de rango superior (Convenio 95 OIT), y contraría la jurisprudencia tejida en ésta temática (a) Pérez v. Disco (CSJN, Fallos 332:2043); b) González v. Polimat S.A (CSJN, Fallos 333:699) y c) Díaz v. Cervecería y Maltería Quilmes (CSJN, Fallo del 04.06.2013 ).
Queda así reprochado de inconstitucionalidad el art. 43 Res. 298/17 SRT, por afectar los arts.75 inc. 22 y 17 CN y el Convenio 95 OIT.
En la segunda cuestión del veredicto, se comprobó el nivel de ingresos, los que se actualizan según el índice RIPTE ( 137497,90 ) a la fecha de la primera manifestación invalidante (20 de diciembre 2024):
Valor Ingreso período previo
13.272.525,67
Valor Ingreso mensual
1.105.437,83
Valor Ingreso diario
36.363,08
PERIODO
HABERES
JORNADAS
INDICE
VIBM
Diciembre 2023 -con SAC-
603.296,70
31
2.483
1.497.985,70
Enero 2024
494.443,76
31
2.166
1.070.965,18
Febrero 2024
518.111,21
28
1.943
1.006.690,08
Marzo 2024
635.075,35
31
1.704
1.082.168,39
Abril 2024
702.086,28
30
1.467
1.029.960,57
Mayo 2024
702.086,28
31
1.367
0.959.751,94
Junio 2024 -con SAC-
1.225.376,35
30
1.289
1.579.510,11
Julio 2024
844.009,51
31
1.209
1.020.407,49
Agosto 2024
873.549,84
31
1.165
1.017.685,56
Septiembre 2024
899.756,33
30
1.118
1.005.927,57
Octubre 2024
964.257,77
31
1.049
1.011.506,40
Noviembre 2024
970.555,57
30
1.020
0.989.966,68
Suma total de haberes devengados en el período previo computable, actualizado por índice RIPTE a la fecha de la primera manifestación invalidante. FORMULA VIBM= Total haberes/214 (jornadas) x 30,4
Cálculo de las prestaciones dinerarias
Fijados los hechos bajo encuadre en la ley sistémica y establecida la interpretación precedente, la entiendo de aplicación al caso ( arts. 1.1; 2.a; 6.1; 8.2; 12; 14.2.a y cctes. Ley 24.557 y ss y el art. 3° de la Ley 26.773 y su normativa concordante (arts. 11.3; 14 y cctes. Ley 27.348 y art. 770 CCC ). Ergo, cabe liquidar las prestaciones con base a los extremos aquí comprobados:
Prestación dineraria por incapacidad (ILPPD)
Es la que se encuentra atrapada por los arts. 11.4; 14.2.b y cctes. LRT y que establecemos según las siguientes variables:
Incapacidad
1,044 %
Primera manifestación invalidante
20.12.2024
Fecha de traba de la litis
05.09.2025
Edad a la fecha de la PMI
44 años
VIBMP a la fecha de la PMI
1.105.437,83
Cálculo: (Art. 14.2 inc. a), Ley 24.557 -Arts. 11.3 y 14 Ley 27.348)
Fórmula C = Salario base * 53 * 65/edad * % incapacidad
C = 1.105.437,83 x 53 x 65/44 (1.477) x 0.01044 = 901.788,97
Prestación dineraria: $ 901.788,97
Incremento art. 3° Ley 26.773
Incremento del 20% ( Art. 3° Ley 26.773 ): $ 180.357,79
Prestaciones de recibo. Cálculo final
FECHA
CONCEPTO
IMPORTE
20.12.2024
Prestación dineraria por ILPT (art. 14.2.a LRT)
0.901.788,97
20.12.2024
Incremento art. 3° Ley 26.773
0.180.357,79
Subtotal:
1.082.146,76
Actualización por depreciación monetaria. Inconstitucionalidades
Entendemos que, el crédito laboral emergente de la reparación de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, tanto cuando se reclama al amparo de las normas de la legislación especial (prestaciones dinerarias) como cuando se funda en normas de derecho común (indemnización por daños y perjuicios), constituye una "deuda de valor" y el juez está habilitado a determinar su cuantía, actualizada al momento de la sentencia ( art. 772 CCC ).
Así lo ha entendido la doctrina judicial imperante ( SCBA L. 119.914 "Aguiar" de fecha 22.06.2020 y SCBA L 122.532 "Papalia" del 29.09.2020 )
Por otra parte, el contexto económico inflacionario de la economía argentina, recurrencia si las hay, nos impone la obligación de renovar análisis de manera casi permanente y ello es lo que ocurre con la determinación de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo.
Es así que, los jueces y juezas no podemos evadirnos de la situación en juzgamiento y del tiempo en que corresponde administrar justicia en la misma. Parapetarse en posiciones inamovibles es resignar hacer justicia en los casos particulares en los cuales hemos sido convocados al efecto, y no se garantiza en concreto -además- la tutela judicial efectiva que impone satisfacer nuestra carta magna local ( art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires ).
Recordemos que el mismo art. 14 bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional ( CSJN, Fallos: 327:3753 " Aquino " ; " Vizzoti" , Fallos: 327: 3677 -2004-; " Pérez" , Fallos: 332:2043 -2009-; " Álvarez" , Fallos: 333: 2306 -2010-, entre otros ), y no las empresas ni aseguradoras.
Arribado a estas instancias, es oportuno remarcar que, los créditos laborales tienen el reconocimiento y protección del máximo nivel normativo de derechos humanos y tal aceptación positiva mundial y regional; son universales, igualitarios y especialmente reconocidos, resultando a la vez inalienables, irrenunciables e intangibles, siendo obligación de los estados su reconocimiento, pero también su protección concreta mediante la tutela judicial adecuada y eficaz contra la violación de derechos humanos ( arts. 8 y 23 Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 15 y 39 Constitución provincial y art. 14 bis CN ).
Ahora bien, el art. 7 de la Ley 23.928, a no dudarlo, se ha erigido en un valladar infranqueable para la actualización de obligaciones dinerarias expresadas en moneda de curso legal ( arts. 7 y 10 Ley 23.928, texto según art. 4 Ley 25.561 ).
La notoriedad del desfase inflacionario, ha impulsado el replanteo de la doctrina legal de la SCBA que impedía su tacha y es así que, en la causa "Barrios" ( SCBA, C. 124.096, S del 18.04.2024 ) nuestro más alto Tribunal ha dispuesto decretar la inconstitucionalidad sobreviniente de dicha norma ( Fallos 308:2268; 316:3104; 317:756; 319:324; 321:1058 y 328:566 entre otros ), temperamento que propongo adoptar.
Entre sus argumentos, debemos destacar que, la mutación de las características estructurales que definieron el cuadro de situación previsto por la ley en su origen, hoy resulta axiomática y ante estas nuevas circunstancias el reproche constitucional es una lógica derivación. Esto es lo que ocurrió con la norma bajo examen, al instituirse el programa de convertibilidad monetaria hace más de treinta años y la realidad actual que nos atrapa ante una pérdida galopante del valor de nuestra moneda.
Añadimos que, aun cuando esta nueva doctrina judicial se estableció en un caso civil, entiendo que con mayor razón corresponde su aplicación en materia laboral, toda vez que -por imperio del principio constitucional de protección, art. 14 bis CN- la persona trabajadora es sujeto de tutela jurídica preferente ( ARGAÑARAS Nahuel v. LA SEGUNDA, causa 51.694, TT. 2 La Plata ).
De esta manera, el respeto del "valor" del objeto jurídico de protección laboral, que es derecho humano traducido en deudas de valor, relativas a remuneración o reparación, ordena preservarlo intangible, inalienable, alimentario e integral. Se logra, al menos en parte, desplazando definitivamente la Ley de Convertibilidad 23.928, evaluando el crédito según parámetros objetivos, que no es otro que el de indexar mediante algún índice habilitado, y, además, adicionándole intereses compensatorios (arts. 767 y 768 CCC) ( cfme ARESE, César en " Si el Derecho del Trabajo es parte de los derechos humanos se deben indexar los créditos laborales ", cita 207/2023, Rubinzal-Culzoni editora, Santa Fe 09.06.2023 ).
En su lineamiento general, el fallo "Barrios" da cuenta de que "la brecha entre un sistema de mantenimiento del capital adecuado por medio de su actualización más una tasa de interés puro y el sistema hasta ahora aplicado, tanto el capital nominal más intereses según la tasa pasiva BIP ( SCBA L. 118.587; S del 15.06.2016, causa " Trofe " ) o bien la alícuota del sistema de riesgos del trabajo ( Ley 27.348 -promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida del Banco de la Nación Argentina ), arroja una pérdida más que considerable en perjuicio del reclamante.
Por otro lado, sería arbitraria la sentencia que ordenó el reajuste del capital de condena mediante el índice RIPTE, limitándose a señalar el ínfimo monto que arrojaban las tarifas resarcitoria, si no explica en sus fundamentos por qué las tarifas del régimen especial de reparación de los accidentes de trabajo actualizadas por el decreto 1694/2009 no bastaban para cumplir adecuadamente con el mandato impuesto por normas de rango constitucional y supra legal de compensar la pérdida sufrida por el trabajador en virtud de un infortunio laboral ( CSJN Fallos: 343:476 ).
Por ello, y a fin de no caer en la arbitrariedad, lo explicamos a continuación:
OPCION "A"
CAPITAL
Intereses TPDIGITAL BaPro
FINAL
Intereses
1.082.146,76 (al 20.12.2024)
559.184,22 (51,67 %)
1.641.330,22
OPCION "B"
CAPITAL
Intereses TActiva BNA
FINAL
Intereses
1.082.146,76 (al 20.12.2024)
747.946,13
1.830.092,13
OPCION "C"
CAPITAL
CAP. con RIPTE
Intereses 6% ANUAL
FINAL
Ajuste
1.082.146,76
1.819.198,62 (1.681)
209.207,84 (11.5 %)
2.028.406,47
Claramente, en el caso en estudio, se configura una diferencia en perjuicio de la parte acreedora (trabajadora), que justifica sin dudas el óbice constitucional articulado.
La inflación afecta severamente a las personas de bajos ingresos fijos y dentro de este segmento a las más desprotegidas. Al erosionar el poder de compra de sus salarios, se les priva la posibilidad de acceso a bienes de significación vital para la satisfacción de las necesidades más elementales (" Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos ", Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado, el Consejo de Derechos Humanos por consenso el 27/09/2012, en la resolución 21/11 ).
Pero las actuales condiciones inflacionarias también impactan negativamente en quienes reclaman o tienen reconocido un crédito en un proceso judicial, pues el paso del tiempo puede derivar en la licuación de su acreencia. A veces, sin habérselo propuesto, el sistema ofrece incentivos disfuncionales para no cumplir o profundizar la morosidad con estrategias de obstinada litigiosidad.
De este modo, el corolario resulta inequívoco, el art. 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), en su aplicación al caso debe ser descalificado porque desconoce el principio de razonabilidad, afecta el derecho de propiedad del reclamante e impide proveer una tutela judicial efectiva ( arts. 1; 17; 18; 28 y cctes. CN y arts. 15 y 39 Constitución provincial ).
Derribado entonces el valladar que impedía la actualización monetaria, debe habilitarse un mecanismo que permita el reajuste de los créditos de los cuales fue privada la persona trabajadora y que ahora son admitidos.
En esa dirección, resulta más adecuado y realista -desde un punto de vista conceptual- actualizar el ingreso base de los trabajadores y las trabajadoras mediante un coeficiente que mide la evolución de los salarios, antes que con una tasa de interés que está sujeta a las variaciones financieras de la macroeconomía.
La misma causa "Barrios", en su considerando V.17.c, pone de relieve que el recurso a los índices debe estar relacionado con la índole del crédito y así procurar el que mejor se condiga con la realidad económica que representa el mismo crédito: " el juez o tribunal interviniente ha de establecer el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme a su estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso."
Cabe apuntar que, en función de ello, el coeficiente RIPTE es el único índice no distorsionado por variaciones normativas, metodológicas o administrativas, erigiéndose en un simple proceso de ajuste, no por inflación, sino por incremento salarial al último mes ( ROMUALDI Emilio Elías, " Ley de Riesgos del Trabajo "; 2° edición, Ediciones d&d, página 255, Buenos Aires, 2021 ).
Intereses. Alícuotas
Como anticipáramos, la ley aplicable al sub lite , en razón de la fecha de la contingencia, es la Ley 24.557 ( t.o 04.10.1995 y su concordante Ley 26.773 -t. o 26.10.2012- ), sin las mejoras de la Ley 27.348 que fue de nacimiento posterior, es decir, a partir del 05.03.2017 o por vía del decreto 669/19 que el Supremo tachó de inconstitucional.
Durante mucho tiempo, el Cimero Tribunal descartaba la aplicación de otro mecanismo de liquidación de intereses o actualización, una vez que la trama se había judicializado e imponía la consabida tasa pasiva ( SCBA, L 113.328, S del 23.04.2014, autos "M , O.E. v. Fisco de la Provincia de Buenos Aires ").
Pero conforme a nuevas circunstancias, apartarse en algún sentido de cierta doctrina judicial emanada de la Suprema Corte estadual ( arts. 161 inciso 3° a) de la Const. Prov.; 279 y 289 del CPCC ), no significa desconocerla.
En efecto, es real que, cuando se invocan razones nuevas, motivaciones no atendidas o meritadas en los precedentes dictados, su grado de vinculación se ve menguado permitiendo, con base en aquéllas, brindar una distinta solución al caso en juzgamiento. Se trata pues, de atender con nuevos fundamentos una diferente resolución al asunto actual, que posibilite a su vez una eventual nueva intervención de nuestro Máximo Tribunal estadual, evitando de ese modo se torne pétrea su especial jurisprudencia, sin desmedro de garantizar la necesaria seguridad jurídica e igualdad ante la ley, función eminentemente casatoria ( CC0202 LP 135489 RSD 298/2023 S 17/10/2023 Juez HANKOVITS (SD) causa " Zitti Romina Paola v. La Nueva Cooperativa De Seguros Limitada s/ Daños y Perjuicios " ).
Convengamos, por último, que la doctrina legal a la que nos referimos, está construida sobre la base de la ausencia de una ley nacional especial en materia de intereses, situación jurídica que, en derredor a los riesgos del trabajo, se ha visto modificada a partir de la sanción de la ley 27.348 y del Decreto 669/19.
Arribados a este punto, corresponde tratar lo atinente al decreto 669/19 que modificara el prevenido art. 12 LRT.
Más allá de que, en muchos casos el DNU 669/19 mejoraría las prestaciones y, por lo tanto, aunque resulte invalido como decreto de necesidad y urgencia, podría resultar válido y aplicable como un decreto delegado que ejerce la prerrogativa expresamente autorizada por la LRT en su artículo 11.3 ( art. 76 CN ), en el presente caso, habrá de estarse a su declaración de inconstitucionalidad , edictada por la Suprema Corte estadual ( SCBA L 129.800; S del 14.07.2025, causa " MUZYCHUK " ). Ello, sin perjuicio de que, esta norma ha sido creada para regir en el marco del procedimiento administrativo que contempla la ley 24.557 y sus sucesivas, pero de suyo, ajena en principio, al proceso judicial.
Dicho esto, a guisa de proemio, pasamos a analizar ésta temática:
Cuando la ley tarifada cuantifica una deuda que en esencia es de valor, como es la que corresponde al resarcimiento de la integridad psicofísica, no puede omitir contemplar los ajustes pertinentes, ya que de lo contrario se estaría afectando el patrimonio del dañado y la reparación que merece ( FORMARO Juan José, en " Reformas al Régimen de Riesgos del Trabajo" , 2° edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2017, paginas 188/189 ).
Es oportuno memorar que, para establecer la génesis de este sistema de valuación y servicios, recurrimos al artículo 2° (párrafo tercero) de la Ley 26.773 que establece (en línea con el art. 1748 CCC) que "[el] derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional".
Para ello, y establecido el parámetro de los valores actualizados, entiendo deviene aplicable la doctrina legal sentada por el Cimero Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real ( SCBA C. 120.536, " Vera ", S del 18.04.2018 y C. 121.134, " Nidera ", S del 03.05.2018 ), ponderando el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años. Se sostiene en el precedente citado que, cuando se fija un quantum a valor actual -en principio- debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones severas en el cálculo y determinación del crédito, dado que la aplicación de una tasa bancaria a un capital según valores actualizados, conduciría a resultados desproporcionados, sobreestimando la incidencia de ciertos factores que componen la tasa y distorsionando así la razonable conservación patrimonial. Es que no se puede dejar de ver que la tasa de interés tiene un componente de corrección por inflación, que Pizarro denomina como escorias o resacas o tasa de interés aparente, ya que la tasa de interés no se integra exclusivamente con la rentabilidad pura del capital (interés puro) ( ROMUALDI Emilio Elías, " Ley de Riesgos del Trabajo "; 2° edición, Ediciones d&d, página 298, Buenos Aires, 2021 ).
También ha de admitirse su capitalización, como prescribe el artículo 770.b del CCC comprendiendo el período que va desde la primera manifestación invalidante hasta la efectiva notificación de la demanda. Vale decir, la acumulación de los accesorios se produce "desde la notificación de la demanda", lo que también equivale a sostener que es allí -traba de la litis- que los intereses se convierten en capital ( cfme. SCBA CC0202 LP 118.744 1 RSD 37/22; S del 16.03.2022, causa " Villarreal Osvaldo Luján v. Ciganda Jorge Gregorio " ).
En su hora, el así denominado interés puro fue establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un 6% anual ( Fallos: 283:235; 295:973; 296:115, y más recientemente en Fallos: 311:1249 ); y la Suprema Corte de Justicia provincial, a partir de lo resuelto en la causa "Fernández Graffigna" ( B 48.864, sent. de 1-X-1983, Ac. y Sent. 1983-III-227 ), se plegó a la señalada alícuota del 6% anual ( SCBA causas L. 49.590, "Zuñiga", sent. de 1-VI-1993; L. 53.443, "Fernández", sent. de 6-IX-1994; L. 60.913, "Amaya", sent. de 14-X-1997; L. 73.452, "Ramírez", sent. de 19-II-2002; Ac. 85.796, "Banco de la Provincia c. Miguel", sent. de 11-VIII-2004; C. 95.723, "Quinteros", sent. de 15-IX-2010; C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011; entre otras ).
En esa inteligencia, en la causa "Oliva" , la Corte Federal reconoció que "lo atinente a los intereses aplicables a los créditos laborales es una materia ubicada en el espacio de razonable discreción de los jueces de la causa"; un criterio que, con el debido respaldo, combine la razonabilidad con la protección que debe garantizarse a los créditos laborales ( OLIVA Fabio Omar v. COMA S.A. s/ Despido; S del 29.02.2024 CSJN ).
Resuelve así el mencionado Supremo que, en estos casos, "la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda"; de modo que no puede ser invocada, para imponer capitalizaciones periódicas sucesivas durante la tramitación del juicio. A su vez, si bien el inciso "a" del artículo 770 admite la estipulación convencional de capitalizaciones periódicas, es claro que se refiere exclusivamente a capitalizaciones que fueron expresamente pactadas. Esta interpretación desplaza entonces a la acumulación con frecuencia semestral y la ubica solo a la época de notificación de la demanda.
Por último, advertimos que el actor cumplió con el pedido expreso de capitalización de intereses (art. 770.b CCC), de manera que la cuestión ha sido tempestivamente introducida por el reclamante, tal como lo exige el Supremo Tribunal Federal ( CSJN Fallos: 04.11.2025, causa " Zampelunghe ", publicado en MJ-JU-M-157648-AR|MJJ157648|MJJ157648 )
Exigibilidad del crédito. Mora. Compensación
En torno a la mora, para que ocurra la misma, debe existir una obligación exigible. Al mismo tiempo, entendemos que, "la falta de liquidez no impide la configuración de la situación jurídica de mora del deudor dado que la deuda ilíquida es igualmente apta para generar la mora del deudor, pues solo se requiere respecto de ella que llegue a liquidarse ulteriormente" ( PIZARRO, Ramón Daniel y VALLESPINOS, Carlos Gustavo, " Manual de Responsabilidad Civil "; 1° edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2019, página 166 ). Es decir, nuestro ordenamiento jurídico consagra la mora automática (art. 886 CCC) y admite la acumulación del resarcimiento del daño moratorio con el compensatorio, sin perjuicio claro está, de la facultad morigeradora del juez cuando esa acumulación resulte abusiva (art. 1747 CCC).
La obligación de pagar dinero es cierta cuando el deudor puede tener conocimiento sobre su existencia y legitimidad. Y en torno a las prestaciones dinerarias de la LRT, se sabe que existe obligación de pagar desde que se conoce que hay incapacidad definitiva aunque todavía no exista la liquidación . De acuerdo a la Res. SRT 104/98, a partir del dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional , la ART tendrá 15 días para abonar la prestación dineraria que se torna exigible, y en caso de no hacerlo, incurrirá en mora y desde entonces se aplican los efectos previstos por el art. 12.3 LRT.
Desde entonces ( Fecha dictamen + 15 días ) se deben intereses (moratorios).
Opinamos que, una interpretación que colocare al concepto de "exigibilidad" recién a la época del dictado de sentencia, resultaría claramente disfuncional, toda vez que se le estaría confiriendo -al mandato judicial- entidad constitutiva de los derechos que reconoce; y no declarativa, como acertadamente lo establece nuestra tradición jurisprudencial. En llamada de opinión, el Dr. Hitters (OP) ha dicho que " [.] los alcances declarativos de un fallo reflejan la situación tal como es, vale decir que su proyección se remonta al pasado, porque el transcurso del tiempo no debe perjudicar a quien tenía derechos, y sus efectos en cuanto al tiempo se extienden desde el instante mismo de la constitución de la situación jurídica" ( SCBA, AC- 55836, S del 13.05.1997, " García Vélez ", publicado en AyS 1997 II, 744, con cita de PALACIO, Lino E.; "Derecho Procesal Civil", tomo V, pág. 494, nº 677, a) y nota 6 ).
Ahora bien, el segmento temporal que va desde el acaecimiento de la contingencia y hasta la fecha de exigibilidad de la prestación (art. 14.2.a LRT), entendemos que también debe ser compensado con la liquidación de intereses (arg. CNAT, Sala I, S del 25.10.2022, causa "Medina Lautaro v. Provincia ART S.A. s/ Recurso Ley 27.348", publicado en Fallos MJ-JU-M-139202-AR|MJJ139202|MJJ139202 -voto del Dr. Enrique Catani y adhesión de la Dra. Gabriela Vázquez ).
Es decir, se deben intereses por todo el período que va desde el evento y hasta su exigibilidad (compensatorios) y desde allí hasta la sentencia (moratorios), los que se establecen en ambos casos al 6% anual.
Por último, y para el caso de que la accionada no dé cumplimiento oportuno y en forma íntegra con la intimación de pago que se efectuare luego de aprobada la liquidación (sentencia), se procederá de conformidad con lo normado en el artículo 770 del Código Civil y Comercial. Es decir, se acumularán los intereses al capital en la forma que prevé el decreto, hasta la efectiva cancelación del crédito, el que será actualizado hasta el momento de su cancelación por el índice RIPTE. Ello, porque una vez que el importe (actualizado en sentencia) dejara de representar "valores actuales", cobra su ámbito de actuación la doctrina legal de la SCBA que establece la insuficiencia de las tasas de interés bancarias para mantener incólume el valor del crédito ( SCBA, "Barrios", op. cit )
Acudidos a este punto, y de acuerdo a las citas legales y de doctrina judicial, podemos desbrozar la carga de accesorios (ajustes e intereses) en tres posibles segmentos, a saber:
A los salarios devengados (Convenio 95 OIT) durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de servicio si éste fuera menor (ajuste por cociente RIPTE).
Al ingreso base determinado (Convenio 95 OIT), desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha de la liquidación según índice RIPTE.
Al quantum indemnizatorio (prestación dineraria por ILPPD), desde la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación definitiva, a la tasa pura del 6% anual, con la acumulación correspondiente a la fecha de notificación de la demanda (art. 770.b CCC).
En caso de mora, desde la sentencia, se acumularán los intereses al capital, hasta la efectiva cancelación del crédito, utilizando un interés equivalente al 6% anual.
La solución del caso
Como desenlace del pleito, en prieta síntesis, propicio lo siguiente:
Edictar la inconstitucionalidad del Decreto 669/19 ( SCBA L 129.800; S del 14.07.2025, causa " MUZYCHUK " ).
Declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la Ley 23.928 (texto según Ley 25.561), del mismo modo que su inaplicabilidad al caso ( arts. 1; 17; 18; 28 y cctes. CN y arts. 15 y 39 Constitución provincial y doctrina SCBA "Barrios" - C. 124.096, S del 18.04.2024 - ).
Decidir la inaplicabilidad del art. 43 Res. 298/17 SRT, por afectar los arts.75 inc. 22 y 17 CN y el Convenio 95 OIT.
Aplicar el Convenio 95 OIT para establecer el valor del ingreso base.
Despejado entonces, el valladar del art. 7 ley 23.928 y la cortapisa del decreto 669/19 al declarar su inconstitucionalidad, se dispone la actualización por depreciación monetaria de los créditos admitidos de acuerdo al índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que fija el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En el caso de que no exista aún la publicación de los índices oficiales, dicho período será suplido por el mecanismo previsto en el Anexo EX 2017/24167089 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y Res. 332/23 ( arts. 15; 39.1 y 3 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; arts. 14 bis; 16; 17; 18; 75 inc. 22; 99.3; 109; 121; 126 y cctes. de la Constitución Nacional; arts. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica -, ratificado por Ley 23.054; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 2, ap. 3° y art. 14, ap. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ).
En materia de intereses, decretar la inconstitucionalidad de la ley 14.399, en cuanto modificó la norma del 48 de la ley 11.653 ( SCBA L. 108.164; S del 13.11.2013, causa "Abraham" )
Luego, arbitrar la aplicación de un interés puro del 6% anual desde la primera manifestación invalidante (compensatorios) y exigibilidad (mora), con su capitalización a la fecha de traba de litis ( arts. 770. b y cctes. CCC y arg. SCBA C. 120.536, " Vera ", S del 18.04.2018 y C. 121.134, " Nidera ", S del 03.05.2018 ).
Cuenta final
Abordaremos individualmente la actualización y el cálculo de intereses:
FECHA
CONCEPTO
IMPORTE
Al 20.12.2024
CAPITAL
1.082.146,76
CON AJUSTE RIPTE (1.681)
1.819.198,62
FECHA
CONCEPTO
IMPORTE
Al 05.09.2025
INTERESES 6% ANUAL -traba de Litis- (4.5 %)
081.863,93
CAPITAL + INTERESES
1.901.062,55
INTERESES (7.5 %)
0.142.579,69
CAPITAL e INTERESES
2.043.642,24
El saldo insoluto de capital e intereses capitalizados es de $ 2.043.642,24
Juzgo entonces de recibo la acción de revisión de dictamen y cobro de las prestaciones dinerarias por incapacidad parcial, permanente y definitiva (ILPPD), la que se liquida en su saldo insoluto de capital e intereses en la suma de pesos dos millones cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos con veinticuatro centavos ($ 2.043.642,24) ( arts. 1.1; 2.a; 6.1; 8.2; 12; 14.2.a y cctes. Ley 24.557 y ss y el art. 3° de la Ley 26.773 y su normativa concordante (arts. 11.3; 14 y cctes. Ley 27.348 y art. 770 CCC y art. 39.3 Constitución provincial ).
Así lo voto
A LA PRIMERA CUESTION : El doctor LABORDE dijo:
Adhiero al voto del colega que me precede, con excepción de lo que en él se propone respecto de la utilización del índice RIPTE como mecanismo de actualización.
En mi opinión, de acuerdo a lo normado por el art. 11 de la ley 27.348, que modificó el art. 12 de la ley 24.557, debe aplicarse la tasa legal establecida en el sistema especial, es decir un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 12 ap. 2 de la ley 24.557, mod. por ley 27.348).
Con el sentido y alcance expuestos, así lo voto (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Provincial y art. 57 de la ley 15.057).
A LA MISMA CUESTION : El doctor FERNANDEZ de VILLEGAS dijo:
Adhiero al voto del colega que sufragara en ´el primer turno.
Pero, a raíz del dictado de la sentencia "Galarza" ( SCBA L. 132.729; S del 30.03.2026, autos " Galarza, Daniel Alejandro v. Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente in itinere " ), he revisado los argumentos oportunamente adoptados y de acuerdo a la interpretación del prevenido fallo, adhiero en el modo de actualización y liquidación de intereses al voto del Dr. LABORDE ( conf. art. 12 ap. 2 de la ley 24.557, mod. por ley 27.348 ).
Así lo voto
CUESTION SEGUNDA : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la segunda cuestión, el Juez PATERNICO dijo :
Es oportuno recordar que, al dictar sentencia, el Tribunal debe conformar un acuerdo mayoritario que idóneamente exprese el razonamiento lógico seguido para arribar a la solución del caso, y ello constituye un deber propio de los magistrados que componen este tipo de tribunales colegiados, dirigido a cumplir con la obligación genérica de resolver en forma válida, las cuestiones sometidas a su conocimiento ( CCC 49642/2014/TO1/6/CS1 "Cañete, Carlos Eusebio y otro" del 7 de diciembre de 2021 )
En orden a los argumentos expuestos, propongo entonces el finiquito del pleito del siguiente modo:
HACER LUGAR a la acción promovida por Carlos Andrés Córdoba ( DNI 27.802.199 ), en cuanto persiguiera la revisión del dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional ( SRT 152.890/25 ) y el cobro de prestaciones dinerarias, por incapacidad parcial, permanente y definitiva (ILPPD), derivada de la contingencia ocurrida el 20 de diciembre del 2024, y en su consecuencia condenar a La Segunda ART S.A ( CUIT: 30-68913348-3 ) a abonar la suma insoluta -capital- de pesos un millón ochenta y dos mil ciento cuarenta y seis con setenta y seis centavos ($ 1.082.146,76) ( arts. 1.1; 2.a; 6.1; 8.2; 12; 14.2.a y cctes. Ley 24.557 y ss y el art. 3° de la Ley 26.773 y su normativa concordante (arts. 11.3; 14 y cctes. Ley 27.348 y art. 770 CCC . y 39.3 Constitución provincial ).
DECRETAR la inconstitucionalidad de la ley 14.399, en cuanto modificó la norma del 48 de la ley 11.653 ( SCBA L. 108.164; S del 13.11.2013, causa "Abraham " ); del art. 43 Res. 298/17 SRT, por afectar los arts.75 inc. 22 y 17 CN y el Convenio 95 OIT; del art. 1° del Decreto 334/96 por afectar los arts. 16; 17; 18 y 19 de la Constitución nacional y los arts. 15 y 39 de la Constitución provincial; y del Decreto 669/2019 ( SCBA L 129.800; S del 14.07.2025, causa " MUZYCHUK ").
CARGAR intereses - según mayoría de opiniones - de acuerdo a lo normado por el sistema de riesgos del trabajo, según la alícuota equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina ( conf. art. 12 ap. 2 de la ley 24.557, mod. por ley 27.348 ).
FECHA
CONCEPTO
IMPORTE
Al 20.12.2024
CAPITAL
1.082.146,76
Al 05.09.2025
INTERESES TActiva BNA -traba de Litis-
0.304.796,52
CAPITAL + INTERESES
1.386.942,52
INTERESES TActiva BNA
0.565.322,18
CAPITAL e INTERESES
1.952.264,18
LIQUIDAR así estos servicios desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de fijación definitiva de la indemnización ( arts.770.b; 771; 772 y 1748 CCC ), con las capitalizaciones pertinentes, que se calculan en las sumas de $ 304.796,52 (traba de Litis) y $ 565.322,18 (sentencia).
CONFORMAR - según mayoría de opiniones -, con arreglo a las pautas de intereses consignadas, la suma definitiva por capital e intereses de pesos un millón novecientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro con dieciocho centavos ($ 1.952.264,18) ( arts. 6; 8.2; 12; 11; 14.2a; y cctes. ley 24.557; art. 3 Ley 26.763; art. 770.b CCC y art. 39.3 Constitución provincial ) que deberá ser depositada en la cuenta de autos y a la orden de este Tribunal dentro de los DIEZ (10) DIAS de notificada la presente.
ESTABLECER que para el caso de que la accionada no dé cumplimiento oportuno y en forma íntegra con la presente sentencia, se acumularán los intereses al capital, hasta la efectiva cancelación del crédito, utilizando una tasa de interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina ( conf. art. 12 ap. 2 de la ley 24.557, mod. por ley 27.348 ).
IMPONER las costas a cargo de la demandada (art.24 ley 15.057).
REGULAR los honorarios profesionales de la doctora María Eugenia Gayani , apoderado de la parte actora, en la cantidad de 7 JUS ; y los del doctor Carlos Manuel Fernández Ribet (apoderado de la demandada) en la cantidad de 7 JUS , ambos con el aporte de la ley 6719 e IVA si así correspondiere ( cfme. arg. Arts. 21; 23; 24 y cctes. Ley 14.967 -publicada en el B.O 12.10.2017- con vigencia desde el 20.10.2017 y decreto ley 8.904/77 en cuanto obligare su aplicación; SCBA, I-73.016, S del 08.11.2017, causa "Morcillo "); y los del perito en medicina legal, Dr. Enrique Oscar Damián Farina en la suma de pesos noventa y siete mil seiscientos ( $ 97.600,00 ), también con su aporte legal e IVA si así correspondiere.
REGISTRAR. NOTIFICAR y practicar liquidación por Secretaría arbitrando, en su caso las limitaciones del art. 277 LCT (arts. 135 CPCC y art. 59 ley 15.057).
Así lo voto
A LA SEGUNDA CUESTION : El doctor LABORDE, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
A LA MISMA CUESTION : El doctor FERNANDEZ de VILLEGAS por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
Suscripto por la Secretaría interviniente, en Azul, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (art 5. II Anexo Único Ac. SCBA 3975/20).
Azul,
A mérito del resultado de la votación y citas legales formuladas en el Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. HACER LUGAR a la acción promovida por Carlos Andrés Córdoba ( DNI 27.802.199 ) , en cuanto persiguiera la revisión del dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional ( SRT 152.890/25 ) y el cobro de prestaciones dinerarias, por incapacidad parcial, permanente y definitiva (ILPPD), derivada de la contingencia ocurrida el 20 de diciembre del 2024, y en su consecuencia condenar a La Segunda ART S.A ( CUIT: 30-68913348-3 ) a abonar la suma insoluta -capital- de pesos un millón ochenta y dos mil ciento cuarenta y seis con setenta y seis centavos ($ 1.082.146,76) ( arts. 1.1; 2.a; 6.1; 8.2; 12; 14.2.a y cctes. Ley 24.557 y ss y el art. 3° de la Ley 26.773 y su normativa concordante (arts. 11.3; 14 y cctes. Ley 27.348 y art. 770 CCC . y 39.3 Constitución provincial ).
II. DECRETAR la inconstitucionalidad de la ley 14.399, en cuanto modificó la norma del 48 de la ley 11.653 ( SCBA L. 108.164; S del 13.11.2013, causa "Abraham " ); del art. 43 Res. 298/17 SRT, por afectar los arts.75 inc. 22 y 17 CN y el Convenio 95 OIT; del art. 1° del Decreto 334/96 por afectar los arts. 16; 17; 18 y 19 de la Constitución nacional y los arts. 15 y 39 de la Constitución provincial; y del Decreto 669/2019 ( SCBA L 129.800; S del 14.07.2025, causa " MUZYCHUK ").
III. CARGAR intereses - según mayoría de opiniones - de acuerdo a lo normado por el sistema de riesgos del trabajo, según la alícuota equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina ( conf. art. 12 ap. 2 de la ley 24.557, mod. por ley 27.348 ).
IV. LIQUIDAR así estos servicios desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de fijación definitiva de la indemnización ( arts.770.b; 771; 772 y 1748 CCC ), con las capitalizaciones pertinentes, que se calculan en las sumas de $ 304.796,52 (traba de Litis) y $ 565.322,18 (sentencia).
V. CONFORMAR - según mayoría de opiniones -, con arreglo a las pautas de intereses consignadas, la suma definitiva por capital e intereses de pesos un millón novecientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro con dieciocho centavos ($ 1.952.264,18) ( arts. 6; 8.2; 12; 11; 14.2a; y cctes. ley 24.557; art. 3 Ley 26.763; art. 770.b CCC y art. 39.3 Constitución provincial ) que deberá ser depositada en la cuenta de autos y a la orden de este Tribunal dentro de los DIEZ (10) DIAS de notificada la presente.
VI. ESTABLECER que para el caso de que la accionada no dé cumplimiento oportuno y en forma íntegra con la presente sentencia, se acumularán los intereses al capital, hasta la efectiva cancelación del crédito, utilizando una tasa de interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina ( conf. art. 12 ap. 2 de la ley 24.557, mod. por ley 27.348 ).
VII. IMPONER las costas a cargo de la demandada (art.24 ley 15.057).
VIII. REGULAR los honorarios profesionales de la doctora María Eugenia Gayani , apoderado de la parte actora, en la cantidad de 7 JUS ; y los del doctor Carlos Manuel Fernández Ribet (apoderado de la demandada) en la cantidad de 7 JUS , ambos con el aporte de la ley 6719 e IVA si así correspondiere ( cfme. arg. Arts. 21; 23; 24 y cctes. Ley 14.967 -publicada en el B.O 12.10.2017- con vigencia desde el 20.10.2017 y decreto ley 8.904/77 en cuanto obligare su aplicación; SCBA, I-73.016, S del 08.11.2017, causa "Morcillo "); y los del perito en medicina legal, Dr. Enrique Oscar Damián Farina en la suma de pesos noventa y siete mil seiscientos ( $ 97.600,00 ), también con su aporte legal e IVA si así correspondiere.
IX. REGISTRAR. NOTIFICAR y practicar liquidación por Secretaría arbitrando, en su caso las limitaciones del art. 277 LCT (arts. 135 CPCC y art. 59 ley 15.057)
X. COMUNICAR. A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 58 inc b) de la Acordada 3397 SCBA, notifíquese automáticamente a la Receptoría General de Expedientes Departamental, para que tome nota de la finalización del juicio, a sus efectos ( art.16 de la Res. SCBA 14/21 )
Az-3696-2025 [email protected]
Se deja constancia que la presente sentencia se notifica electrónicamente de manera automatizada, sin necesidad de otro instrumento ( conf. arts. 16 de la Ley 11.653 y art. 10 del Anexo Único Anexo I de la Ac. SCBA 4039/21 ) a:
Se hace saber que, "[...] en el marco del dictado de pronunciamientos suscriptos de modo digital, dable es concluir que la elaboración de una única pieza electrónica rubricada por los tres magistrados integrantes del órgano jurisdiccional laboral se ajusta a las exigencias legales y constitucionales [...]" (SCBA LP Rl 128.457; S del 10/04/2023, causa " Leguizamón "; arts. 44.f y 47, ley 11.653; y 168, Constitución local).
Como recaudo se transcribe el art. 54 de la Ley 14.967
"Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación."
Firmas
Funcionario firmante: PATERNICO Marcelo Enrique - MAGISTRADO SUPLENTE
Funcionario firmante: LABORDE Martin - JUEZ
Funcionario firmante: FERNANDEZ DE VILLEGAS Bernardo Juan Cecilio - JUEZ
Funcionario firmante: CANOSA Alberto Andres - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 742-2026
Fin de la sentencia