Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 33636-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional; revocar la resolución apelada obrante a fs. 87/91 y confirmar la resolución Nº 16/2010 (DV RRTU). Las costas de ambas instancias se distribuyen por su orden, en atención a lo novedoso del asunto. (art. 68 segundo párrafo del CPCCN).
27617/2013; CORDOBA JORGE RAUL (TF 33636-I) c/ DGI s/ Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014.- IBP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 87/91, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución de fecha 22/02/2010 –emitida por el Jefe de Sección Determinación de Oficio a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la AFIP-DGI-, por la que se determinó de oficio con carácter parcial y en forma cierta la obligación tributaria del contribuyente frente al impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria por los períodos fiscales enero del año 2006 a abril del 2008, con más sus intereses resarcitorios y la imposición de una multa equivalente a tres veces el impuesto presuntamente omitido por el período enero a abril del año 2008, aplicada con sustento en lo dispuesto en los arts. 46 y 47 inc. a) y b) de la ley 11.683 y dejando en suspenso la aplicación de la sanción por el período fiscal 01/2006 a 12/2007 por la aplicación de la ley 24.769. Para así decidir, comenzó describiendo la situación fáctica del contribuyente -dedicado a la actividad de supermercadista- indicando que tiene pocos proveedores de relevancia y sus clientes le pagan generalmente en efectivo, mientras que él efectúa depósitos, también en efectivo, en las cuentas bancarias de sus proveedores, según surge del informe final de inspección del 08/09/09 (ver fs. 54/62 del legajo “Impuesto a los Débitos y Céditos en ctas/ctes bancarias”), conformando así, en el entendimiento de los fiscalizadores, un “sistema organizado de pagos”.
En virtud de ello, indicó que el organismo recaudador encuadró a la modalidad adoptada por Jorge Raúl Córdoba en el inciso c) del art. 1 de la Ley 25.413, reglamentada por el art. 2 inc. b) del Decreto Nº 380/01 y sus modificatorios, como así también en lo dispuesto por el art. 43 de la Resolución General Nº 1135 de la AFIP, en tanto ésta última establece que los movimientos o entregas de fondos comprendidos en el inc. b) del decreto antes mencionado, “son aquellos que se efectúan a través de sistemas de pago organizados (…) 27617/2013; CORDOBA JORGE RAUL (TF 33636-I) c/ DGI s/ remplazando el uso de las cuentas previstas en el art. 1 inc. a) de la ley 25.413 y su modificatoria”.
Sostuvo “que efectuando una razonable interpretación de la ley y su reglamentación, solamente quienes hayan tenido o tengan un Sistema de Pago Organizado, tendiente a impedir la ‘bancarización’ de las operaciones, estarán obligados de manera directa a percibir y pagar este impuesto”.
En ese sentido, puntualizó que de las planillas de cobranzas realizadas por la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Ltda. (Fecovita) y Cervecería y Maltería Quilmes SAICAYG (ver fs. 1/49 legajo prev. citado) se puede apreciar que los pagos efectuados en efectivo son aquellos que cumplimentan la obligación dispuesta por el art. 1 inc. 1º de la ley 25345, y que éste tampoco es el único medio de cancelación de las compras efectuadas por el contribuyente. Lo cual, lo lleva a colegir que “esta circunstancia no puede catalogarse como pagos efectuados en un ‘sistema organizado’ que tenga por finalidad reemplazar el uso de la cuenta corriente bancaria, sino, por el contrario, que se efectúe el pago en una cuenta de titularidad del proveedor tiene todo el efecto de ‘bancarizar’ la operación, que es precisamente lo que persigue la ley antievasión.” (conf. sentencia de fs. 87/91, específ. consid. V) (el destacado le pertenece al a quo) Por lo expuesto, el Tribunal resolvió revocar la resolución apelada, con costas.
II. Que contra esa decisión, el Fisco Nacional interpuso el recurso de apelación que obra a fs. 94, el cual fue fundado a fs. 97/105.
Se agravió por entender que el pronunciamiento del Tribunal Fiscal adolece de una errónea interpretación jurídica de la normativa aplicable respecto al cumplimiento de los requisitos estipulados en la Ley de Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras operatorias. En tal sentido, agregó que es la aplicación de dicha ley la que se encuentra en discusión en el caso de autos, y no así la ley 25345 (antievasión). 27617/2013; CORDOBA JORGE RAUL (TF 33636-I) c/ DGI s/ Afirmó que de los antecedentes administrativos se desprende con total claridad que, mediante las circularizaciones efectuadas a los proveedores Fecovita Ltda y Cervecería y Matería Quilmes SAICAYG, se verificó que el contribuyente realizó pagos mediante depósitos en efectivo en la cuenta bancaria de los mencionados proveedores por los meses de enero de 2006 a abril del 2008. (ver fs. 2/49 legajo citado)
Luego, reprodujo el contenido del artículo 1 de la Ley 25.413, modificada por la Ley 25.453, los artículos 2 y 5 del Anexo del Decreto Reglamentario Nº 380/01, el artículo 43 de la Resolución General AFIP Nº 1135/01, y al enfrentar estas disposiciones con los hechos descriptos juzgó que los mismos se encuentran subsumidos en las conductas detalladas por el hecho imponible del gravamen en cuestión y, en consecuencia, dan origen a la obligación tributaria.
En refuerzo de sus argumentos citó el Dictamen N° 15/2004 de la Dirección de Asesoría Técnica del Fisco Nacional (AFIP), las Actuaciones N° 769/07 y 1047/09 DI ALIR (AFIP) y la Actuación Nº 291/12 DI ATEC (AFIP). Así también, citó jurisprudencia de ésta Cámara en igual sentido.
Por todo ello, solicitó que se revoque la sentencia apelada e impongan las costas al contribuyente.
III. Que con carácter previo a dar tratamiento a los agravios de la recurrente, conviene dejar claramente expuesto que, atento a los términos en que ha quedado circunscripta la materia de conocimiento sometida a esta Alzada, no se encuentran en discusión los extremos de hecho relevantes y conducentes para emitir la decisión.
Ha quedado debidamente demostrado en autos que la actora se dedica a la actividad supermercadista y, durante el período comprendido entre enero del año 2006 y abril del 2008, como un medio más de cancelación de compras, ha efectuado pagos mediante depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de los proveedores 27617/2013; CORDOBA JORGE RAUL (TF 33636-I) c/ DGI s/ Fecovita Ltda. y Cervecería y Maltería Quilmes SAICAYG. (cf. fs. 2/49 legajo citado)
IV. Que así descripto el contexto fáctico de la causa, corresponde recordar que el art. 1° de la Ley 25.413, en lo que aquí importa establece un impuesto “(…)cuya alícuota será fijada que se aplicará sobre: a) los créditos y débitos efectuados en cuentas -cualquiera sea su naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, b) las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue a la operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo -incluso a través de movimiento de efectivo- y su instrumentación jurídica, c) todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito. En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, se entenderá que dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos aludidos en el inciso a) del presente artículo, por lo que a tal fin corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto de los mismos”.
A su turno el artículo 2°) del Decreto n° 380/01 reglamentario de la ley citada, establece: “a los efectos de determinar el alcance definitivo de los hechos comprendidos en los incisos b) y c), del primer párrafo del artículo 1° de la ley, se consideran gravados: (…) b) todos los movimientos o entregas de fondos, propios o de terceros -aún en efectivo-, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se 27617/2013; CORDOBA JORGE RAUL (TF 33636-I) c/ DGI s/ les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o débito”.
En relación al supuesto mencionado en el párrafo que antecede el artículo 43 de la Resolución General AFIP N° 1135/2001 (vigente en un primer momento y luego abrogada por la Resolución General N. 2111/2006) establece: “los movimientos o entrega de fondos comprendidos en el inciso b) del artículo 2° del Anexo del Decreto N° 380/01 y sus modificaciones, son aquéllos que se efectúan a través de sistemas de pago organizado -existentes o no a la vigencia del impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias-, reemplazando el uso de las cuentas previstas en el artículo 1°, inciso a) de la Ley N° 25.413 y su modificatoria. Lo dispuesto precedentemente resulta de aplicación, siempre que dichos movimientos o entrega de fondos sean efectuados, por cuenta propia y/o ajena, en el ejercicio de actividades económicas (…)”.
V. Que del régimen normativo detallado ut supra se desprende que la Administración ha ido precisando el alcance del impuesto creado por la Ley 25.413, introduciendo a partir de la Resolución General Nº 1135/01 el concepto de “sistema organizado de pagos que permita reemplazar el uso de cuentas bancarias en el ejercicio de una actividad económica”, -mantenido por la Resolución General Nº 2111/06- en el que se sustenta el criterio del Tribunal a quo para revocar la resolución impugnada.
Ello sentado, debe advertirse que en la medida en que la autoridad administrativa fue delimitando el concepto en estudio a la luz de la resolución referida, una interpretación integral y armónica de las normas involucradas, no puede omitir considerar lo expresado al respecto por la Dirección de Asesoría Técnica de la DGI en el Dictamen N° 15/2004 citado por la recurrente y que en relación a un supuesto fáctico análogo al presente, expresó que corresponde considerar la mecánica implementada (depósito en efectivo en las cuentas del proveedor) sujeta al impuesto de marras. (conf. ésta Cámara, Sala II, 27617/2013; CORDOBA JORGE RAUL (TF 33636-I) c/ DGI s/ Causa Nº 40.576/11, in re “Máxima Energía S.R.L. c/ DGI”, sentencia del 23/02/2012)
VI. Que, asimismo, la determinación del alcance de la normativa debe necesariamente considerar la finalidad de la legislación, pues tiene dicho la Corte que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973) y respecto de las leyes tributarias en particular, ha establecido el criterio de que "Las normas impositivas no deben interpretarse con el alcance más restringido que el texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, de donde resulta que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia" (Fallos:296:253, entre otros). En ese sentido, se ha dicho que las especiales circunstancias del país en el momento del dictado de la Ley N° 25.413 – sancionada en el año 2001- y las referencias contenidas en el debate parlamentario en relación al clima de total desconfianza de la población hacia las entidades financieras, de modo que uno de los propósitos más importantes de esa ley era corregir la evasión fiscal y aumentar la recaudación tributaria. Ello, con la finalidad de “recomponer la situación fiscal, preservar el crédito público y la recuperación de la competitividad de la economía (v. Antecedentes Parlamentarios, La Ley, t 2001-A, parágrafo 25 y 30, págs. 1049/1050). (conf. ésta Sala, Causa Nº 4455/2014, in re “Piantoni Hnos SACIFI y A c/ DGI”, del 11/09/2014 y Sala V, en la Causa Nº 14.247/2011, in re “La Angostura SRL (TF 31150-I) c/ DGI, del 22/11/2011)
VII. Que a la luz de los textos normativos referidos, la adopción de una interpretación hermenéutica que procure otorgar sentido a la totalidad de las disposiciones involucradas y que su vez atienda al espíritu de las normas en juego, lleva a concluir que la conducta del contribuyente que cancelaba habitualmente las obligaciones con sus proveedores por medio del depósito de dinero en efectivo en las cuentas de éstos, y por ende, omitía 27617/2013; CORDOBA JORGE RAUL (TF 33636-I) c/ DGI s/ utilizar a tales efectos sus cuentas bancarias, resulta alcanzado por el impuesto normado en el artículo 1° de la Ley N° 25.413.
A esta altura del razonamiento, debe añadirse que no resulta óbice a la conclusión expuesta en el párrafo precedente, la circunstancia de que la modalidad aludida (depósito en efectivo en la cuenta del proveedor) no fuera la única elegida por aquel para el pago de las deudas sus proveedores Fecovita Ltda y Cervecería y Maltería Quilmes SAICAYG.
Ello es así, en la medida en que la norma invocada por el contribuyente, y por el Tribunal Fiscal, para considerar improcedente el ajuste fiscal en el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, Resolución General N° 1135/2001, al referirse a la existencia de un “sistema organizado de pagos”, no define con precisión los supuestos de hecho comprendidos en esa definición legal, y por ende, no se deduce de su texto, y como se ha dicho, tampoco de la interpretación adecuada del plexo normativo aplicable, que para tener por verificado un sistema con esas características, deba acreditarse y justificar que constituya el único modo en que el contribuyente cancela las operaciones involucradas.
Debe advertirse que, tratándose de la interpretación de una norma reglamentaria referida a la verificación de un hecho imponible, su estudio debe hacerse de manera que se guarde adecuadamente el principio de legalidad que rige en materia tributaria, y que por ende impida adoptar una conclusión que importe hacer decir a la reglamentación algo que altere sustancialmente el supuesto fáctico descripto por el legislador, en este caso, en la Ley N° 25.413. (conf. ésta Sala, in re “Piantoni Hnos SACIFI y A c/ DGI” prev. cit.)
Ello sentado, habida cuenta que la noción “sistema de pagos organizados” previsto en la reglamentación referida, resulta ser de los denominados “conceptos jurídicos indeterminados”, corresponde al juzgador evaluar si a la luz de las circunstancias concretas que se someten a su conocimiento, en un caso concreto, se presentan las condiciones que permiten aplicarlo, las que, de conformidad con el supuesto fáctico descripto, aparecen configuradas en 27617/2013; CORDOBA JORGE RAUL (TF 33636-I) c/ DGI s/ autos. (Conf. ésta Cámara, Sala II, en la Causa Nº 17.827/2013, in re “Line UP SA (TF 29232-I) c/DGI” del 2/07/2013 y Sala IV, en la Causa Nº 27417/12, in re “El Tetu S.A.(TF 32.372-I) c/DGI”, del 21/02/2013)
VIII. Que en tal sentido, dado que según resulta de las comprobaciones efectuadas en sede administrativa, la firma actora lleva a cabo la cancelación de sus obligaciones mediante el empleo habitual y sistemático del mecanismo de depósitos en efectivo, y que ellos representan un volumen significativo de sus deudas, todo lo cual se vincula de manera directa e inmediata con su actividad normal y habitual, es válido concluir en el caso que se está frente a la utilización de un sistema organizado de pagos por parte del contribuyente y, de tal modo, se encuentra alcanzado por el régimen tributario aquí tratado. En atención a lo expuesto deben admitirse los agravios expuestos por el recurrente y en consecuencia, revocar la resolución apelada.
En atención al modo en que se decide, corresponde confirmar la Resolución N° 16/2010 (DV RRTU) de fecha 22/02/2010, en tanto determinó de oficio el impuesto omitido, con más intereses y multa en los términos del art. 46 de la ley 11.683. En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional; revocar la resolución apelada obrante a fs. 87/91 y confirmar la resolución Nº 16/2010 (DV RRTU). Las costas de ambas instancias se distribuyen por su orden, en atención a lo novedoso del asunto. (art. 68 segundo párrafo del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
Fin de la sentencia