Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 4 de San Isidro · Causa SI-3483-2024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561.
2Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557.
3Declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 conforme lo resuelto por la SCBA en los autos: L-129800- "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ACCIDENTE DE TRABAJO ACCIÓN ESPECIAL" .
4Declarar abstracto el tratamiento de los restantes planteos de inconstitucionalidad efectuados en la demanda y el tratamiento de las Resoluciones nros. 1039/19 y 332/23 dictadas por la SRT.
5Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por CRISTIAN RENE CORONEL contra LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. condenando a ésta última a abonar a la parte actora la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 0/100 ($3.165.489) por los conceptos detallados al tratar la primera cuestión de esta sentencia.
6Actualizar dicho monto, -desde que el crédito se hizo exigible y hasta la liquidación que se practique por Secretaría, teniendo en cuenta las pautas establecidas-, conforme índice RIPTE; adicionar al capital ajustado un interés puro al 3 % anual.-
7El importe de la condena deberá ser depositado en autos a la orden del Tribunal dentro de los diez días de notificada la presente sentencia.
CORONEL CRISTIAN RENE C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL SI-3483-2024
En la ciudad de San Isidro, reunidos el Tribunal del Trabajo Nº 4 de San Isidro, el Dr. CRISTIAN FABIAN MENA, el Dr. ALVARO GARCIA COSSOVICH y el Dr. MARIANO GABRIEL MOLLO, para dictar sentencia (arts. 54, inc. d), 57, 58, 59 y ccdtes. de la ley 15.057, Res. SCBA NRO 1840/24, de acuerdo al siguiente orden de votación: Dres. ALVARO GARCIA COSSOVICH-CRISTIAN FABIAN MENA-MARIANO GABRIEL MOLLO a los efectos de analizar las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (art. 57, inc. 4 de la ley 15.057)
1. ¿Cuáles son los hechos pertinentes que han de ser tenidos por probados en razón de no hallarse controvertidos en autos? (arts. 31, 34, y 89 de la ley 15.057, 354 inc. 1° del C.P.C.C.)
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ GARCIA COSSOVICH DIJO:
Conforme los términos vertidos en los escritos de demanda y contestación, no comprenden el área de debate los siguientes hechos:
a) Que la parte actora prestó servicios en favor y bajo la dependencia de IRAUTO SA, revistando aquél la condición de trabajador (art. 25, LCT) y ésta última la de empleadora (art. 26, LCT), desarrollando tareas de OFICIAL DE MANTENIMIENTO.
b) Que entre la empleadora de la parte actora y la accionada suscribieron un contrato de afiliación en los términos de la ley 24.557, vigente a la fecha de denuncia de la contingencia.
c) Que el día 31/05/21 la demandada recibió una denuncia de contingencia laboral en la cual se vio involucrada la parte actora en los siguientes términos: " se encontraba realizando sus tareas habituales, cuando repentinamente comenzó con síntomas tales como fiebre, dolores corporales, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, motivo por el cual decide realizarse un hisopado nasofaríngeo por COVID-19. A las 48 hs. le informaron que el mismo era POSITIVO".
d) Que la demandada LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. recibió la denuncia bajo el siniestro N°1096613 brindando prestaciones médico asistenciales hasta el otorgamiento del alta en fecha 14/06/21 sin incapacidad.
e) Que en fecha 04/03/22 la parte actora promovió el expediente N°76111/22 ante la CM Central (Zárate) por "SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL CORONAVIRUS" , allí en fecha 03/05/2022 la Comisión Médica Central emitió dictamen jurídico concluyendo: "[...] Reconocer el carácter profesional de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2".
f) Posteriormente, en fecha 03/06/22 la parte actora promovió expediente N°212383/22 ante la CCMM 392 de Pilar por "DIVERGENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE INCAPACIDAD" , allí en fecha 20/09/22 la DIAPA determinó: "[...] ARTICULO 2°.- Determínese que el trabajador Sr. CORONEL CRISTIAN RENE (C.U.I.L. N° 20289656759) NO POSEE INCAPACIDAD conforme lo dictaminado por la Comisión Medica N° 39 DELEGACION PILAR, Provincia de Buenos Aires el día 11 de Agosto del 2022, respecto de la enfermedad profesional con fecha de primera manifestación invalidante el día 31 de Mayo del 2021, mientras prestaba tareas para su empleador IRAUTO S A (C.U.I.T. N° 30688985117), afiliado a LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. al momento de la contingencia".
g) Que la parte actora nació el día 01/08/1981.
ASI LO VOTO
2. ¿Quedó acreditado que, como consecuencia de la contingencia padecida el día 31/05/21, la parte actora sea portadora de una incapacidad laborativa?
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ GARCIA COSSOVICH DIJO:
Primeramente y ante todo, surge de autos y no está controvertido que el trabajador Sr. CORONEL cumplió con el trámite administrativo obligatorio, previo y excluyente previsto en la Ley 27.348 -Complementaria sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- respecto a la contingencia que acaeció el día 03/06/22 iniciando, el expediente administrativo mencionado por ante la CCM nro. 392 de Pilar.
Considero que no se puede desatender el daño psicológico al que se alude en la demanda, toda vez que entiendo que se trataría de una secuela más derivada de la misma contingencia, incidiendo -según el caso- en el quantum de la minusvalía a resarcir (en caso de corresponder).
Así lo concluyo, frente a las motivaciones expresadas y de conformidad con el art. 18 de la Constitución Nacional que establece la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos y del art. 8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, con rango constitucional supremo de conformidad al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que garantiza la tutela judicial efectiva y arts. 15 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En consecuencia, propicio el rechazo del planteo efectuado por la parte demandada en el punto VI.3 de su contestación de demanda.
Seguidamente, obra en la causa, en formato digital, el informe pericial médico (arts. 44, 46 y ccdtes. de la ley 15.057).
El experto, luego de auscultar a la parte actora, analizar los estudios médicos complementarios y relatar los antecedentes médico legales, en fecha 27/04/25 concluye:
"[...] CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES
Las personas que presentan un cuadro leve por COVID-19, o que incluso no tienen síntomas al inicio, pueden tener consecuencias para la salud a largo plazo, como la pérdida del olfato y el gusto, fatiga o dificultad para respirar hasta por cuatro o siete meses después de la infección, de acuerdo con un estudio. Hasta ahora se ha hablado mucho sobre las secuelas que puede dejar el COVID grave en personas hospitalizadas, sin embargo poco se han abordado los problemas a la salud que puede dejar una infección leve. Por ello, diferentes investigadores (entre ellos el Hospital Universitario de Colonia en Alemania realizaron un estudio, publicado en la revista médica The Lancet, para documentar la evolución de la salud en pacientes ambulatorios.
Para la investigación se analizaron a 958 pacientes infectados por el virus SARSCoV-2 que en un principio fueron asintomáticos a la enfermedad del COVID-19 o presentaron síntomas leves como tos, pérdida del olfato (anosmia) y el gusto (ageusia), dolores corporales, cefalea y fiebre. La presencia continua de disnea, disfunción olfatoria, ageusia o fatiga como síntomas de larga duración, incluso en pacientes no hospitalizados, se observó durante un período variable de semanas a meses (hasta ahora, post pandemia) después de la infección y se resumió como síndrome post-COVID. Estos hallazgos, aseguraron los investigadores, tienen implicaciones importantes para los campos de las enfermedades infecciosas y la salud pública porque mostramos que las consecuencias para la salud a largo plazo pueden ocurrir incluso después de un COVID-19 muy leve en el entorno ambulatorio.
Dado que hasta el 81 por ciento de todos los pacientes infectados con SARS-CoV-2 presentan una enfermedad leve, se puede esperar que el síndrome post COVID afecte a un mayor número de personas de lo que se suponía inicialmente, lo que plantea importantes desafíos médicos, sociales y económicos. Alteración ventilatoria de tipo restrictivo: Se caracteriza por la alteración del volumen pulmonar. -Causas: a) enfermedades difusas del parénquima pulmonar (oncológicas, infecciosas, profesionales, etc); b) alteraciones que cursan con disminución del volumen de la caja torácica (enfermedades pleurales, neuromusculares o deformidades de la estructura ósea), y c) resecciones quirúrgicas del parénquima pulmonar o lesiones residuales por tuberculosis pulmonar. -El diagnóstico de alteración ventilatoria restrictiva se establece por la medición de los volúmenes pulmonares estáticos (CPT 80%). -La curva espiratoria de flujo-volumen presenta una convexidad característica. -Estos pacientes suelen presentar hipoxemia moderada en reposo, con normocapnia o hipocapnia. -Característica la disminución de la PaO2 durante el ejercicio. -La alteración ventilatoria de tipo restrictivo debida a procesos patológicos de la caja torácica tiende a provocar con relativa facilidad insuficiencia respiratoria crónica con hipercapnia y cor pulmonale. -Farreras, Rozman.
Tratado de medicina interna. 14ª ed, Barcelona, Mosby-Doylma, 1996. -Manejo quirúrgico de las fracturas costales en el escenario del tórax móvil. Dres. Leinicke JA; Elmore,L; Freeman BD; Colditz GA Ann Surg 2013; 258(6): 914-921 En cuanto a la reducción de función pulmonar post covid, una revisión sistemática de cinco bases de datos se utilizó para detectar patrones secuelas experimentadas por pacientes contagiados con COVID-19 en diferentes condiciones. El trabajo, realizado por investigadores e investigadoras del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile junto a un equipo del Hospital Clínic de Barcelona, identificó que hasta un 40 % del total de personas que fueron internadas tuvieron secuelas en los meses posteriores en la función de sus pulmones.
Se detectaron complicaciones de difusión en casi la mitad de las personas que fueron internadas por complicaciones asociadas al COVID-19; "eso quiere decir que el oxígeno que toman no les llega bien a la sangre, les llega en menor cantidad", explica el profesor Rodrigo Torres, autor principal de la publicación. "Esta complicación se puede convertir en algo mucho más severo con el paso de los años. Pero, además, hay otras prevalencias; por ejemplo, el 15 % de las personas internadas quedan con una alteración restrictiva, que quiere decir que tienen menos volumen en los pulmones. Este número aumenta en el caso de personas que estaban en la UCI", agrega Torres, afirmando que, en estos casos, dos de cada tres personas quedaron con secuelas asociadas a problemas de difusión.
Los síntomas más frecuentes reportados en los tres meses posteriores al alta médica son: fatiga constante en al menos un 50 % de los casos, y dificultades para respirar en una de cada tres personas. La disnea es en sí misma, además de síntoma, una de las secuelas que deja la COVID-19 en nuestro organismo, ya que el virus ataca a los pulmones. Como consecuencia, se recomienda la organización de consultas postCovid que programa citas con los pacientes que han estado ingresados por una neumonía debida a la COVID-19 y requieren una revisión neumológica. Fisioterapia y rehabilitación La neumonía es una de las principales afectaciones del SARS CoV2. Una función pulmonar que se ve mermada por el virus y que es importante ir recuperando mediante fisioterapia para mejorar el estado de salud.
Además, aquellos pacientes más graves que necesitan ventilación mecánica también ven disminuida su movilidad. La fisioterapia respiratoria es fundamental para evitar complicaciones tras la infección por COVID-19, ya que realizar estos ejercicios aumentan la fuerza y la resistencia, disminuyen la disnea (la dificultad en la respiración), previenen los defectos posturales, reducen la tensión emocional e incrementan la flexibilidad y la movilidad torácica. Además de las secuelas respiratorias, como efecto de la inmovilidad y encamamiento prolongado, también se desarrolla una atrofia muscular, con pérdida de fuerza y movilidad articular de extremidades y tronco, que también es importante recuperar.
El inicio de estos ejercicios está indicado en fase de estabilidad clínica (en la que se haya superado el riesgo vital del paciente por el proceso agudo respiratorio) y están dirigidos a facilitar el desarrollo de fuerza muscular y recuperar la movilidad. Con el objetivo de ayudar a la función pulmonar, los especialistas y fisioterapeutas recomiendan y enseñan una serie de medidas y ejercicios que le ayudarán en su recuperación (guía de fisioterapia respiratoria). El paciente, según las sugerencias dadas, irá aumentando el número de repeticiones en función de su tolerancia física y respiratoria.
Trastornos ventilatorios restrictivos y obstructivos: En primer lugar conviene remarcar la definición de insuficiencia respiratoria e incapacidad ventilatoria. La primera es humoral y el cuadro clínico solo puede establecer una aproximación diagnóstica, pero la confirmación debe dejarse a cargo del laboratorio. Es así que se entiende por insuficiencia respiratoria a la situación por la cual un sujeto en reposo respirando aire a nivel del mar presenta alteraciones de la presión parcial de gases en sangre arterial (P02 menor de 60 mm Hg y PC02 mayor de 49 mm Hg) Campbell, que fue el primero en sugerir esta definición, hizo una subdivisión, en tipo I, en la que existe hipoxemia pero con PaC02 normal o aún baja (v. gr., bronconeumonía con pulmón previamente sano), y tipo II, en la que coexisten hipoxemia e hipercapnia (v. gr., insuficiencia respiratoria subaguda en la neumopatías crónicas obstructivas). La incapacidad ventilatoria, que puede estar acompañada 0 no por insuficiencia respiratoria, por su parte puede ser inferida más fácilmente a través del cuadro clínico del paciente, vgr., polipnea en la fibrosis pulmonar, obstrucción importante en el mal asmático. Sin embargo, para cuantificar adecuadamente el deficit debe recurrirse al examen instrumental. En este sentido la espirometría forzada es la técnica básica que en proporción puede suministrar la mayor información. En efecto, al obtenerse la capacidad vital forzada y la lenta, el yo. lumen respiratorio forzado en el primer segundo, y el flujo medio forzado, antes y después del empleo de broncodilatadores, se puede tener una idea bastante acabada para fines clínicos del estado ventilatorio del sujeto examinado, si presenta incapacidad ventilatoria restrictiva, obstructiva o mixta, y si el componente obstructivo revierte total o parcialmente mediante el empleo de broncodilatadores. Aunque los espirómetros secos de baja resistencia recientemente popularizados en nuestro medio son muy útiles para estas determinaciones, no debo olvidarse que igual y aún mayor información se puede obtener mediante el empleo de los espirómetros bajo agua.
Trastornos ventilatorios obstructivos: La relación entre las alteraciones estructurales y funcionales en el trastorno obstructivo es relativamente débil. Con el paso del tiempo y la progresión, el paciente puede presentar anomalías estructurales en todo el aparato respiratorio (bronquios, parénquima pulmonar, caja torácica) y sistémicas (acidosis, hipoxia, hipercapnia, corazón pulmonar, desnutrición, fatiga muscular generalizada, etc.). Las consecuencias funcionales pueden agruparse en la evidencia de obstrucción al flujo aéreo y en la presencia de reducción en el intercambio de gases (hipoxia) y en la ventilación alveolar (hipercapnia). La hipersecreción y el engrosamiento de la pared bronquial reducen la luz de la vía aérea.
Es sin embargo la presencia de enfisema el principal factor limitante del flujo aéreo. La rotura de las paredes alveolares y sobre todo la pérdida de anclajes de los alveolos a las paredes de los bronquiolos hacen que durante la espiración, especialmente durante la espiración forzada, la luz de los bronquiolos tienda a colapsarse sin terminar la espiración. Como consecuencia, queda aire atrapado en los alveolos que no sale al exterior y por tanto en la siguiente inspiración apenas se recambia por aire fresco pues estas unidades están ya ocupadas por aire. Este aumento de volumen extrapulmonar (atrapamiento aéreo) no participa en el intercambio de gases y produce una hiperinsuflación progresiva del tórax que altera la configuración de la caja torácica y la posición de los músculos respiratorios.
La destrucción de paredes alveolares se asocia a la pérdida de capilares pulmonares y con ello la superficie para el intercambio de gases se reduce. La consecuencia inmediata es la hipoxemia y el aumento de la resistencia vascular pulmonar. A largo plazo se desarrollará hipertensión pulmonar y corazón pulmonar. La elevada resistencia al flujo aéreo aumenta el trabajo de la respiración; los cambios en la configuración de la caja torácica y la hiperinsuflación aplanan el diafragma. Ambos factores contribuyen a incrementar el consumo de oxígeno por los músculos respiratorios. Si coexiste hipoxia, desnutrición u otras alteraciones bioquímicas, la sobrecarga de trabajo muscular no puede entonces compensarse y la actividad de los músculos respiratorios puede ser ineficiente para mantener la ventilación pulmonar.
Esta situación, junto al progresivo incremento del espacio muerto pulmonar (unidades alveolares con desequilibrio de la relación ventilación-perfusión), se traduce en la aparición de hipercapnia y acidosis en fases avanzadas de la enfermedad. Finalmente, durante el sueño muchos pacientes presentan desaturación arterial de O2 y, en algunos casos, apneas. Esta situación agrava las alteraciones hemodinámicas y contribuye al desarrollo de insuficiencia cardiorrespiratoria.
Alteración ventilatoria de tipo restrictivo: Se caracteriza por la alteración del volumen pulmonar. Causas: a) enfermedades difusas del parénquima pulmonar; b) alteraciones que cursan con disminución del volumen de la caja torácica (enfermedades pleurales, neuromusculares o deformidades de la estructura ósea), y c) resecciones quirúrgicas del parénquima pulmonar o lesiones residuales por tuberculosis pulmonar. El diagnóstico de alteración ventilatoria restrictiva se establece por la medición de los volúmenes pulmonares estáticos (CPT 80%). La curva espiratoria de flujo-volumen presenta una convexidad característica. Estos pacientes suelen presentar hipoxemia moderada en reposo, con normocapnia o hipocapnia. Característica la disminución de la PaO2 durante el ejercicio. La alteración ventilatoria de tipo restrictivo debida a procesos patológicos de la caja torácica tiende a provocar con relativa facilidad insuficiencia respiratoria crónica con hipercapnia y cor pulmonale. -Farreras, Rozman. Tratado de medicina interna. 14ª ed, Barcelona, Mosby-Doylma, 1996. -Manejo quirúrgico de las fracturas costales en el escenario del tórax móvil. Dres. Leinicke JA; Elmore,L; Freeman BD; Colditz GA Ann Surg 2013; 258(6): 914-921
-RESPUESTAS A LOS PUNTOS PERICIALES:
Dado que se plantean preguntas similares de las partes actora, y La ART. Y que muchas de esas preguntas son reiterativas; este perito en el afán de simplificar y darle mayor claridad y precisión a este informe pericial para aportar y auxiliar a V.S. se describirán los datos y hallazgos positivos que fueron constatados durante el examen pericial, sumado al aporte de los elementos obrantes en autos, y objetivados con los exámenes complementarios solicitados. El actor presenta durante el examen pericial la incapacidad que se detallará según el segmento corporal, así como su posible relación de causalidad con la actividad laboral. Se cuantificará la incapacidad según el Baremo de la Ley 24557. Consta en autos comunicación a su ART. No constan en autos los exámenes preocupacional, periódicos o Historia Clínica Laboral. No consta en autos algún elemento que hiciera suponer que portaba patología alguna (neurológica, cardiovascular, metabólica, etc.) que pudiere producir transitoriamente alteraciones en su capacidad para desempeñarse eficazmente en su puesto de trabajo, o para conducir vehículos previos al accidente. En lo referente a la génesis de la patología, guardaría carácter causal. No es posible expedirse sobre el mecanismo de producción siniestral. Ver consideraciones Medicolegales
-CUANTIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD:
-INCAPACIDAD FISICA
Disfunción respiratoria: Siguiendo la tabla de valoración de incapacidad respiratoria del baremo ley, se corresponde con elementos correspondientes al Estadio II sin completar la totalidad de los mismos.
Recordando que el Estadio II (Incapacidad hasta el 30%) Y considerando que el actor presenta disnea a grandes esfuerzos, con espirometría de tipo no obstructivo moderado, con atrapamiento aereo, Volumenes espirometricos entre 65 y 80 % (71%), éste perito concluye que la correspondiente incapacidad equivale al 8 %.
Disfunción olfatoria: dentro de los trastornos olfatorios se describen la hiposmia y la anosmia. Del informe olfatométrico se desprende" hiposmia leve". Por lo que este perito concluye que le corresponde una incapacidad del 3 %.
-INCAPACIDAD PSICOLOGICA
Reacción Vivencial Anormal Neurótica con manifestación depresiva de grado Il, crónica e irreversible, correspondiéndole un porcentaje de Incapacidad Psíquica estimada del 10% de la total obrera de tipo parcial y permanente .
-Factores de Ponderación:
Dificultad para la realización de las tareas habituales: Intermedia: 8%
Recalificación: No amerita: 0%
Edad del Damnificado: De 31 y más años: Corresponde 2%
Lo que arroja un total de 23.1 % DE LA TOTAL OBRERA DE TIPO PARCIAL Y PERMANENTE QUE GUARDARIA CARÁCTER CAUSAL CON EL ACCIDENTE DENUNCIADO [...]" (la negrita y el subrayado me pertenecen).
La parte demandada mediante la presentación electrónica de fecha 14/05/25 impugna el informe del galeno respecto de los porcentajes asignados como así también que no ha tenido en cuenta la capacidad restante oportunamente denunciada.
El experto en fecha 21/05/25 brinda las explicaciones requeridas, ratificando el informe oportunamente presentado y rectificando: "[...] En cuanto al expte anterior aludido, de considerar V.S. dicha causa peritada y sentenciada, se procede a ofrecer calculo de capacidad restante: 100 - 15 = 85 , por lo que el 23,1 % de 85 = 19,63 % de incapacidad recalculada [...]". Asimismo, dicha preexistencia surge del propio expediente administrativo N°212383/22 en donde el dictamen médico de la SRT señala: "[...] N° Exp. Judicial: 0507-0000027301/11 Porcentaje Incapacidad: 15 % Traumatismo dedo indice derecho [...] -circunstancia arrimada por ambas partes al momento de acompañar su documental-.
Destaco que, si bien el informe ha sido objeto de impugnación por la demandada, juzgo que el mismo luce veraz, concordante y concluyente, dando razón científica a cada una de sus afirmaciones (art. 54 inc. d) de la ley 15.057).
Los embates formulados a la pericia médica no lograron enervar su valor científico, encontrándose la misma fundada en estudios científicos adecuados y consideraciones propias de su arte, lo que genera en mi convicción judicial el carácter de certeza, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, juzgando que el mismo luce veraz, concordante y concluyente, dando razón científica a cada una de sus afirmaciones (arts. 54 inc. d) y 57 apartados 4 y 5, 89 Ley 15.057 y 474 CPCC).
A mayor abundamiento, la SCBA ha afirmado que: "Los Tribunales del Trabajo, en ejercicio de la potestad jurisdiccional, tienen facultades para evaluar la prueba pericial médica y adecuar las conclusiones periciales a las circunstancias particulares de la causa" (L71538 SCBA S 4-4-2001 caratula "Petrocelli, Eduardo Pedro c/ Somisa s/ Indemnización") , teniendo en cuenta que juzgar el contenido y alcance de la prueba pericial es por regla, tarea privativa de los jueces de la instancia ordinaria (L 33354 SCBA S 26-03-1985 "Monfort Irene c/ Clínica y Maternidad Libertad S.A s/ cobro de dif. indemnizatorias " entre otras).
De esta manera resulta claro qué lo decisivo es que el perito médico ha constatado en el actor las secuelas denunciadas oportunamente. Habiendo expresado que el daño resulta ser una consecuencia disvaliosa sobreviniente, su evaluación deberá ser efectuada al momento de practicarse el estudio, por cuanto lo que el ordenamiento jurídico repara no son accidentes, sino sus consecuencias lesivas y/o dañosas.
Por ello, en la medida que se produjo un daño físico y psicológico en la salud del actor a causa de las dolencias objeto del reclamo de autos, encuentro adecuada la atribución de la causalidad con absoluta independencia de la labilidad o resiliencia del sujeto.
Resultando en consecuencia, estar el informe pericial médico fundado en principios técnicos y científicos correctos, respecto a las secuelas incapacitantes en el actor, de lo cual no surge otra prueba que los desvirtúe, suministrando los antecedentes y explicaciones que justifican la convicción sobre la materia en que se expide, prestando así asesoramiento al órgano jurisdiccional; resulta prudente aceptar tales conclusiones frente a la imposibilidad de la parte que lo impugna, de oponer argumentos científicos de mayor valor, que permitan advertir fehacientemente el error o el uso inadecuado que el perito hubiese hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título ha de suponérselo dotado. Lo mismo se corrobora con el reconocimiento expreso que hace la demandada del mencionado siniestro.
Tiene dicho la SCBA que: "La pericia médica resulta ser el único o al menos más idóneo medio probatorio para establecer la etiología de la dolencia que afecta al trabajador" (SCBA, LP, L. 62.544, S. 23/02/1999, "Reboredo, José c/ Empresa del Oeste S.A. s/ Enfermedad profesional") . En consecuencia, considero que la afección descripta por el perito médico se corresponde con la zona del cuerpo afectada por las dolencias sufridas por el actor -según surge de demanda y expediente administrativo-, las cuales se encuentran vinculadas causalmente con el siniestro objeto de la presente acción de revisión.
Concluyo de esta forma que el actor padece una incapacidad psicofísica parcial y permanente que asciende a 19,63% de la t.o .
Consecuentemente, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
3. ¿A cuánto asciende el valor del ingreso base mensual de la parte actora en los términos de la ley 27.348?
A LA TERCERA CUESTIÓN EL JUEZ GARCIA COSSOVICH DIJO:
He compulsado los salarios informados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, que obran en formato digital -contestación de oficio electrónicas de fecha: 05/06/25- , conforme lo disponen los artículos 11 de la ley 27.348 y Convenio 95 OIT.
El resultado del valor del ingreso base mensual, actualizado por RIPTE a la fecha de la enfermedad profesional, arrojó el siguiente resultado:
Total IBM AJUSTADO por RIPTE a la fecha de la PMI $ 152.130 MONTO que propicio considerar como I.B.M (art. 11 de la ley 27.348).
ASI LO VOTO (art. 54 inc. d) de la ley 15.057)
4. ¿Qué hechos no han quedado debidamente probados en autos?
A LA CUARTA CUESTIÓN EL JUEZ GARCIA COSSOVICH DIJO:
Apreciando la prueba rendida en autos de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art. 54 inc. d) de la ley 15.057), tengo por no acreditado:
a) Que la accionada hubiere abonado a la parte actora los rubros indemnizatorios reclamados.
b) Que el actor requiera prestaciones en especie durante toda su vida.
ASI LO VOTO.
A las mismas cuestiones el Dr. MENA y el Dr. MOLLO ; votaron en el mismo sentido por compartir los fundamentos del Sr. Juez preopinante.
En el entendimiento que, en la actualidad, el relato de los antecedentes de la causa en el pronunciamiento definitivo (art. 57 inc. 3 de la ley 15.057) ha perdido su razón de ser, habida cuenta de que los escritos constitutivos del expediente y la totalidad de los actos procesales consumados en los procesos, obran en formato digital y a ellos puede accederse públicamente merced a la implementación de la Mesa de Entradas Virtual ( https://mev.scba.gov.ar/loguin.asp); permitiendo a terceros ajenos a la litis interiorizarse de los mismos sin la necesidad de concurrir físicamente ante estos Estrados, concluyo, por estos fundamentos, que me encuentro eximido de efectuar su relato in extenso.
En función de ello, y dando cumplimiento a lo dispuesto por el art. 57 inc. 5 de la ley 15.057, se deciden votar las siguientes
1. ¿Es procedente la demanda interpuesta?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ GARCIA COSSOVICH DIJO:
I. COVID-19. ENFERMEDAD PROFESIONAL NO LISTADA. INCAPACIDAD PERMANENTE, PARCIAL Y DEFINITIVA (I.P.P.D.). INDEMNIZACION ART. 14 INC. 2 AP. A) LEY 24.557. CONFORME DECRETO 1694/09, LEY 26.773 Y 27.348.
Resulta necesario destacar que en el marco de la pandemia por Covid-19 provocada por el coronavirus Sars.CoV-2, se dictó el Decreto Nº367/2020, de fecha 13-04-2020, que en su art.1º estableció que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS.CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº24.557 respecto de los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto Nº297/2020. A su vez dicho decreto, estableció en su artículo 3º que la determinación definitiva del carácter profesional de dicha enfermedad, quedará, en cada caso, a cargo de la Comisión Médica Central, que procederá a establecer con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento especiales la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio (art. 1º del Decreto Nº367/2020). En este sentido, se dicta la Resolución SRT Nº38/2020, que estableció los requisitos y el procedimiento a seguir ante la Comisión Médica Central a fin de lograr el dictamen que en definitiva determine de carácter profesional de la enfermedad Covid-19, producida por el virus Sars.CoV-2. Finalmente, el Decreto 39/2021, de fecha 22-01-2021, dispuso que por el plazo de noventa (90) días corridos, la enfermedad COVID-19 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley 24.557, respecto de la totalidad de las trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley Nº24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que haya prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales fuera de su domicilio particular, medida que fue prorrogada hasta el 31-12-2021 por el Decreto 413/2021. De esta forma todos los trabajadores/ras expuestos/tas al agente patógeno respectivo quedan incorporados a la cobertura especial transitoria prevista en el Decreto 367/2020, siendo aplicable a su respecto las normas contenidas en los artículos 2º y 3º de dicho decreto.
Luego, para la operatividad del Decreto 39/2021, se dicta la Resolución SRT Nº10/2021, que aprueba el procedimiento especial de actuación ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo-SRT, para lograr la declaración del COVID-19 como enfermedad profesional -no listada- en los términos del citado decreto.
Quedó debidamente probado a través de los resuelto en el expte. administrativo N°76111/22 el carácter laboral de la contingencia padecida por el actor, al haber contraído covid-19 en cumplimiento de su débito laboral.
Por ello, precisado el ámbito de imputación de responsabilidad de la demandada ( sistémico ) y el porcentaje de incapacidad permanente, parcial y definitivo del actor, cabe estipular la cuantificación de la reparación en base a la fórmula prevista en el art. 14 inc. 2 ap. a) de la ley 24.557, conf. Dec. 1694/2009, leyes 26.773 y 27.348
53 x $ 152.130 x 19,63% 65/39 = $ 2.637.908
II. EL INDICADOR ECONÓMICO RIPTE Y LOS "IMPORTES" SOBRE LOS CUALES CORRESPONDE APLICARLO.
Uno de los objetivos de la ley 26.773 es la mejora de las prestaciones dinerarias. A tal efecto, implementó tres mejoras básicas y generales en lo que respecta a las prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo. Ellas son: i. el principio de pago único para todo tipo de prestaciones dinerarias; ii. el ajuste por RIPTE de las prestaciones dinerarias por incapacidades permanentes (arts. 8 y 17.6) y iii. el incremento del 20% para dar cobertura a otros daños "extrapatrimoniales" (art. 3°).
Normativamente, los artículos 8° y 17.6 de la ley 26.773 hablan de que los importes y/o las prestaciones en dinero "se ajustarán" semestralmente y de modo general. Según la exposición de motivos de la reforma, con el RIPTE se prescribe un ajuste general de los importes por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación (Exposición de motivos de la ley 26.773 obrante en el proyecto enviado por el PEN al Congreso de la Nación el día 19/10/2012).
De acuerdo a lo sentado por el art. 8 de la ley 26.773 o mediante remisión (art. 2.2 del Dec. 472/2014), se impone que el ajuste que debe realizarse, conforme RIPTE, será exclusivamente sobre los pisos mínimos que integran el régimen de reparación y las compensaciones adicionales de pago único.
Por ello no puedo sino concluir que tanto el Decreto 472/2014 y las Resoluciones dictadas por la Secretaría de Seguridad Social de la Nación entienden el texto de los artículos 8° y 17, apartado 6 de la ley 26.773 como dirigido exclusivamente a ajustar semestralmente -conforme RIPTE- las prestaciones adicionales del artículo 11 L.R.T. y los mínimos derivados de la acción del Decreto 1694/09 para la fijación de ciertas indemnizaciones: las de los artículos 14 para incapacidades parciales, y 15 para la incapacidad absoluta.
Por último, el considerando 8° del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Espósito" y el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en el precedente "Godón" se inscriben en orden al razonamiento efectuado.
A los fines de realizar la correspondiente comparación entre el resultado nominal que arrojó la fórmula polinómica y el correspondiente piso actualizado por RIPTE a la fecha de la contingencia, he de considerar los importes establecidos en la Res. SRT vigente a la fecha de la PMI.
Pues bien, a la fecha de la enfermedad profesional padecida por el actor el índice RIPTE sobre el piso indemnizatorio del art. 14 inc. 2) ap. a) de la ley 24.557 (conf. Res. SRT 7/21) ascendió a la suma de pesos $ 3.991.300 x 19,63% = $ 783.492.
Siendo este importe menor, habré de considerar el que arrojó la fórmula polinómica a los fines del art. 3 de la ley 26.773.
III. INDEMNIZACIÓN ADICIONAL DE PAGO ÚNICO EN COMPENSACIÓN POR CUALQUIER OTRO DAÑO NO REPARADO POR LAS FÓRMULAS PREVISTAS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL.
La ley 26.773, que pregona como uno de sus objetivos mejorar las prestaciones dinerarias de la L.R.T., creó una "indemnización adicional de pago único", que se suma a las ya existentes (art. 3°), equivalente al 20% de las indemnizaciones y prestaciones dinerarias previstas en el régimen.
La citada norma menciona: "Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento de esa suma. Es caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización nunca será inferior a pesos setenta mil" .
CAPITAL: $ 2.637.908
20% ART. 3 LEY 26.773: $ 527.581
TOTAL: $ 3.165.489
IV. DNU N° 669/19 INCONSTITUCIONALIDAD. NUEVA DOCTRINA LEGAL DE LA S.C.B.A. VIGENCIA Y APLICACIÓN AL CASO DE AUTOS. ALCANCES. INCONSTITUCIONALIDAD ART. 11 LEY 27.348 EN CUANTO MODIFICA EL ART. 12 INC. 2 DE LA LEY 24.557 Y LA DEL ART. 7 DE LA LEY 23.928 TEXTO SEGÚN LEY 25.561 .
A partir del reciente fallo L-129800- "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ACCIDENTE DE TRABAJO ACCIÓN ESPECIAL" en el que ratificó la declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/19 realizada por el tribunal de origen, y encontrándose vigente a la fecha del infortunio la ley 27.348, modificatoria de la Ley de Riesgos del Trabajo; se genera la contradicción a dilucidar en la presente cuestión. Es decir, que, sin perjuicio de acatar la Doctrina de la SCBA, y consecuentemente declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19, no obstaculiza la posibilidad de generar algún mecanismo que pulverice el crédito del actor.
De tal modo en casos excepcionales, es decir, en aquéllos supuestos en los que el tiempo que insumió el proceso judicial lo amerite y en el marco de un grave y persistente proceso inflacionario que aqueja a nuestra economía y altera sustancialmente el valor del crédito controvertido, aún con prescindencia del DNU 669/19, interpreto que a partir de la nueva doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que emana del precedente C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otro C/Lascano, Sandra Beatríz y otra S/Daños y Perjuicios", sent. del 17.04.2024 , exige por parte de la judicatura sopesar el impacto de la inflación sobre el valor económico de la prestación debida a efectos de evitar la pulverización real del crédito indemnizatorio reclamado.
En dicho precedente, el Superior Tribunal puso de manifiesto las distorsiones económicas que, durante los últimos años, han experimentado las tasas de interés bancarias (y, entre ellas, la tasa activa), llevando a descartar su aplicación como una opción adecuada para salvaguardar el contenido patrimonial de los créditos. En los nombrados actuados, el Máximo Tribunal Provincial practica una comparación entre métodos de indexación y formas de cálculo de los intereses, concluyendo que las últimas arrojan un resultado apreciablemente menor que el de la evolución de la tasa inflación. Importando ello un disvalor económico del crédito reconocido, incumpliendo el criterio de razonabilidad que impone la justa decisión de un caso por afectar el equilibrio económico de las prestaciones entre acreedor y deudor con la correspondiente afectación del Derecho de Propiedad (art. 17 CN).
Teniendo en contexto el alto porcentaje de inflación habido en los últimos años que afectó a la República Argentina, y como eje central la protección del crédito de un trabajador - sujeto de preferente tutela constitucional - afectado en su salud, analizaré si el mecanismo de actualización fijado por el art. 12 de la ley 24.557 resulta ser constitucional o no.
En lo que aquí interesa forzoso resulta concluir que aún partiendo de la base que las previsiones del apartado segundo del artículo 12 de la ley 27.348, en donde se establece que "Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina." . Refiriéndose a un "mecanismo de actualización", por todo lo expuesto, con sustento en la referida doctrina del caso "Barrios", -y con absoluta prescindencia del DNU 669/19-, considero que el mismo deviene notoriamente insuficiente en relación a las circunstancias económicas vigentes en este país, por lo que técnicamente corresponde descalificarlo por inconstitucional.
En palabras de la SCJBA "El control judicial difuso, adoptado por nuestro país, faculta a todos los magistrados del territorio a ejercer el control de constitucionalidad, sin hacer diferencias entre jueces nacionales y provinciales." (SCBA LP L 117573 S 28/09/2016, del voto de la Dra. KOGAN en mayoría, correspondiente a los autos "Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. s/Apelación de resolución administrativa." )
Asimismo en dicho precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires revisó su doctrina legal en materia de actualización de créditos, señalando que la aplicación de tasas nominales que no reflejan adecuadamente la depreciación monetaria provoca una licuación del crédito , afectando el derecho de propiedad del acreedor y frustrando la garantía de reparación plena.
Adentrándome ya en el análisis sobre la constitucionalidad del mecanismo de actualización impuesto por el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557 (texto modificado por art. 11 ley 27.348), como así también de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, en la búsqueda de preservar el valor real de la obligación frente al proceso inflacionario, al menos, acompasado a la evolución de los salarios, ello desde la lógica de que éstos son precisamente los que marcan también el incremento de las alícuotas que perciben las aseguradoras, las que crecen en la medida que lo hagan las remuneraciones de los dependientes de sus asegurados.
El art. 11, inc. 3º de la ley 24.557 expresamente otorga al Poder Ejecutivo nacional la facultad de "mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en [tal]. ley cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan", encomienda que constituye una auténtica delegación de una facultad destinada a mejorar el contenido económico de las reparaciones, en un todo de acuerdo con el principio de progresividad que debe imperar en la disciplina (art. 26 Convención Americana sobre Derecho Humanos - Pacto San José de Costa Rica).
Desde este punto de vista, y pese a la inconstitucionalidad del DNU 669/19 decretada por nuestro Superior Tribunal, nada impediría emplear una hermenéutica que permita resguardar las mejoras que sus preceptos consagran para los trabajadores afectados por una minusvalía derivada de una contingencia laboral.
Por ello, la Suprema Corte ha resuelto que el juez o tribunal interviniente "debe realizar adecuaciones en las relaciones jurídicas concernidas, en cuanto fuere necesario para observar la incolumidad del crédito". Incolumidad, significa "sano, sin lesión ni menoscabo". Se impone la indemnidad. Principio que, no es vano recordarlo, en la Provincia de Buenos Aires rige explícitamente por mandato constitucional (art. 39, ap. 3°, Const. Provincial), y que es obligación de los Jueces resguardar mas aún, cuando se trata de créditos alimentarios pertenecientes a sujetos de especial tutela y, en casos como este, cuando se encuentra afectada su integridad psicofísica.
A efectos de ilustrar la postura que propicio, resulta útil graficar la evolución de la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina que se establece en el inc. 2) del art. 12 de la ley 24.557 en su redacción modificada por el art. 11 de la ley 27.348 en diferentes períodos hasta la fecha:
Periodo
Tasa Activa Banco Nación acumulada
Variación indice RIPTE
2017 - 2025
482%
7296,26%
2018 - 2025
457%
5718,31%
2019 - 2025
417%
4356,36%
2020 - 2025
358%
2986,87%
2021 - 2025
321%
2188,47%
2022 - 2025
281%
1391,66%
2023 - 2025
218%
688,10%
2024 - 2025
105%
215,98%
Consecuentemente, alojada la inconstitucionalidad del artículo 12 inciso 2° de la ley 24.557 exclusivamente en el método empleado para la actualización de los ingresos obtenidos de la manera que indica el artículo 12 inc. 1° de ese mismo cuerpo legal, es preciso adoptar un mecanismo razonable.
Creo conveniente recalcar que la evolución mensual de las RIPTE, se mide en porcentajes acumulativos y no aritméticos ; por lo que el porcentaje de aumento salarial reflejado en un mes, está calculado en base al mes anterior, que ya tenía acumulado el incremento porcentual del mes precedente. Es decir que el método propiciado se va capitalizando mensualmente. Justamente es debido a ello que, en la publicación de los índices, en la columna de los porcentajes se consigna la leyenda: "variación % respecto del mes anterior".
Esto implica que la regla para medir esa evolución, sin alterar esa 'capitalización mensual', será dividir el coeficiente último (fecha de la liquidación) por el de la fecha de PMI, obteniéndose un coeficiente multiplicador que se debe aplicar al resultado de la fórmula respectiva (o el piso actualizado por RIPTE a la fecha de la PMI, lo que resulte mayor), para traerlo al momento pretendido a valor 'actual salarial'.
Con este mecanismo, se evita la pulverización del crédito, considerando el más idóneo, justo y equitativo. Y entiendo que ello es así ya que la reforma de la ley de riesgos a través de la ley 27.348, buscó actualizar el cálculo del ingreso base a través de dicho índice, reservando la tasa activa para el cálculo de la indemnización, que debía ser en un plazo razonable.
Por lo expuesto, propongo declarar la inconstitucionalidad del art. 11 ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 y la del art. 7 de la ley 23.928 - texto según ley 25.561 -
En suma, por todo lo expuesto, considero que el capital histórico de condena deberá actualizarse desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento en que se practique la liquidación según el coeficiente que surja de dividir el índice RIPTE a la fecha de la PMI y el último índice RIPTE publicado hasta el momento en que se practique la liquidación correspondiente.
Ahora bien, si la aplicación del RIPTE que prevé el segundo inciso del artículo 12 de la ley 24.557 (según decreto 669/2019) está prevista a los efectos de actualizar una de las variables de la fórmula, está claro que no cumple el propósito de compensar al acreedor o acreedora laboral por la privación del capital. Como la indemnización se calcula a valores actuales, parece correcto liquidar los intereses compensatorios devengados aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro (art. 767 CCCN); es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes (entre otros, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, producto del fenómeno inflacionario) a fin de evitar distorsiones en el cálculo. Estimo razonable, manteniendo la regla utilizada en los reclamos por siniestros y enfermedades cuya primera manifestación invalidante resulte de fecha anterior al 5/03/2017 y en aquellos derivados de relaciones individuales de trabajo, conforme doctrina 'Barrios' -, utilizar una tasa de interés puro del 3% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio en cuestión desde que el crédito se hizo exigible hasta la actualidad (arts. 772 y 1748 Código Civil y Comercial). Por todo lo expuesto, considero que el capital de condena deberá calcularse desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento en que se practique la liquidación según la variación del índice RIPTE y, sobre dicho resultado, corresponde añadir un interés puro del 3% desde la fecha de la PMI y hasta el momento en que se practique la liquidación correspondiente.
Por último, declarada la inconstitucionalidad del DNU 669/19, deviene abstracto el tratamiento de las Resoluciones nros. 1039/19 y 332/23 , dictadas en su consecuencia por la SRT, por carecer de sustento normativo válido.
V. PAUTAS PARA LA LIQUIDACIÓN.
En razón de lo expuesto, entiendo acertado clarificar las pautas para el cálculo; teniendo en cuenta que he propuesto actualizar el crédito para el período comprendido desde la primera manifestación invalidante y hasta el momento en que se practique la liquidación por Secretaría, deviene acertado tomar como referencia la información suministrada por la Secretaría de Seguridad Social a través de la página web https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte, y con los datos brindados por la misma, corresponde en primera instancia establecer el índice RIPTE de origen, -fecha en que el crédito se hizo exigible-, y el de destino, -último publicado- hasta el momento en que se practique la liquidación correspondiente, a continuación dividir éste último por el primero, operación que arrojará como resultado el valor de ajuste, el cual se deber multiplicar por el monto de capital nominal; al monto actualizado se le adicionará el interés del 3 % anual.
No corresponde la aplicación al caso de autos de lo dispuesto por el art. 770 inc. b) del CCCN toda vez que el interés puro determinado en un 3% anual no refiere a uno de los supuestos contemplados por el art. 768 CCCN, único supuesto habilitado para la capitalización.
VI. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.
En caso de mora deberá estarse a lo dispuesto por el art. 12 apartado c) de la ley 24.557 (conforme el art. 11 de la ley 27.348) : "3°. A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación" .
De acuerdo a la forma en la cual ha quedado resuelta la cuestión, el tratamiento de los restantes planteos de inconstitucionalidad deviene abstracto.
VII. DECRETO 549/25. En este apartado me permito señalar, por último, que el artículo 3 del Decreto 549/2025 establece que: "La TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES, sustituida por el artículo 1° del presente decreto, entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, esto es, a partir del 2 de febrero de 2026, y desde esa fecha resultará de aplicación a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre".
Sin perjuicio de ello, en el caso de autos, la incapacidad laboral del actor fue oportunamente determinada a través de la pericia médica producida en la causa -la cual este voto hace propia-, dictamen que fue elaborado conforme el baremo vigente al momento de su confección, esto es, el previsto por el Decreto 659/96 y sus modificatorios.
En tales condiciones, no corresponde la aplicación del nuevo baremo al presente supuesto, no sólo porque el mismo no se encontraba vigente al momento del siniestro ni de la evaluación pericial, sino además porque se trata de una norma de naturaleza sustancial que integra uno de los elementos centrales de la fórmula indemnizatoria del sistema de riesgos del trabajo. Su aplicación retroactiva importaría una alteración de los parámetros legales utilizados para la determinación de la incapacidad laboral, con afectación del principio de irretroactividad de la ley, de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad del trabajador.
En consecuencia, la valoración de la incapacidad efectuada en autos debe fundarse en las previsiones del baremo establecido por el Decreto 659/96 y sus modificatorios.
VIII. APLICABILIDAD DE LA LEY 24.432.
La doctrina legal del Alto Tribunal Provincial determinada en el precedente "Ghibaudi, Ana María c/ Municipalidad de Pinamar y otros s/ Demanda originaria" (L 75.597, sentencia 22-10-2003) , ha dispuesto la aplicabilidad del tope que establece tanto el art. 505 del Código Civil como el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La Ley 24.432 en el tramo que modifica las normas sustanciales citadas tiene operatividad en toda la Nación , en virtud de que la Legislatura actuó en esa oportunidad conforme a las facultades que emanan del art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional. Es decir que se aplica en la Provincia sin que ello implique vulnerar, en modo alguno, la autonomía local.
La Corte Nacional ha dispuesto en el precedente "Fox Hector c/ Siderca" (sentencia del 28-VII-2005) que la aplicación del art. 277 LCT modificado por la Ley 24.432 no importa "... un desplazamiento del régimen arancelario provincial, toda vez que dicha legislación no avanza sobre el modo regulatorio imponiendo pautas a las provincias, sino que establece límite de responsabilidad para el pago de las obligaciones que se devenguen de las costas, materia básicamente común, legislada por la Nación en el marco de las facultades conferidas por el art. 67 inciso 11, hoy 75 inciso 12 de la Constitución Nacional...".
La ley otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas, sea ésta la actora o demandada, trabajador o empresario, con el objetivo de disminuir los gastos procesales.
El art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o Ley 24.432) en su parte pertinente expresa que: " ... la responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados...no excederán del veinticinco porciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todos los profesionales y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios...". Conforme a los precedentes jurisprudenciales y normativa detallados, propicio la aplicación a autos de los parámetros dispuestos por la Ley 24.432 en cuanto a la limitación de la responsabilidad por costas incorporada por el art. 730 del Código Civil y Comercial de La Nación.
IX. PRESTACIONES EN ESPECIE. RECHAZO.
La actora solicita en su escrito constitutivo (punto V.3 anteúltimo párrafo), se le otorguen las prestaciones en especie conforme el art. 20 de la ley 24.557 en los siguientes términos: "[...] En consideración al accidente laboral sufrido por el actor solicito a V.E. que se le brinden dichas prestaciones durante toda su vida , como así también las correspondientes a los gastos de traslado al médico/nosocomio para consultas médicas [...]" (el subrayado me pertenece).
En atención a lo que se desprende de la SEGUNDA CUESTION introducida (daño físico y psicológico), propongo rechazar el pedido de prestaciones en especie por cuanto el galeno no determinó que el actor las necesite, como así también que en la presente se ventila una "enfermedad profesional" y no un accidente de trabajo como se señaló, sumado a que las mismas no se encuentran especificadas en debida forma (art. 31 ley 15.057).
X. TEMERIDAD Y MALICIA. RECHAZO.
El accionante al momento de contestar el traslado del art. 34 de la ley 15.057 en el punto IX de su presentación electrónica de fecha 13/08/24 solicita su aplicación.
Cabe recordar que el artículo 275 de la L.C.T. regulaba la sanción que debe pagar el empleador -en este caso la ART- en los casos en que su conducta sea declarada maliciosa o temeraria.
Se configuraba el proceder malicioso cuando se han realizado maniobras dilatorias o se han interpuesto remedios improcedentes y es temerario cuando se incurre en abuso desaprensivo de la jurisdicción.
En ambos supuestos debe tratarse de conductas asumidas durante el proceso.
Así lo ha entendido el Superior Tribunal : "Al respecto, ha dicho el Superior Tribunal que "Debe entenderse que asume una conducta maliciosa o temeraria quien afirma hechos o se conduce sin fundamentos o motivos con conciencia de su propia sinrazón, concepto éste que define el alcance de la aplicación del art.275 de la Ley de Contrato de Trabajo" (SCBA, L 32690 S 8-6-1984 , Juez SALAS (SD) "Cárdenas, Julián Carlos c/ Santiago, Aníbal s/ Cobro de salarios PUBLICACIONES: DJBA 127, 130 - DT 1984-B, 1433 - TSS 1984, 968 - AyS 1984-I, 177, entre muchos otros).
En el caso de autos no advierto que la conducta atribuida a la demandada encuadre en la caracterización aludida. La línea de defensa de la accionada no puede ser calificada como temeraria, ni ha cometido irregularidades procesales que la tornen maliciosa.
En el contexto de una cuestión controvertida, cada una de las partes seleccionó y privilegió los datos que la favorecían, conductas que, son propias de la dinámica del proceso judicial.
Recuérdese que para la aplicación de esta sanción es imprescindible proceder con suma prudencia para su determinación y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al sólo hecho de que las acciones o defensas han sido finalmente desestimadas, ni siquiera que las pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio.
No ha quedado probado que la accionada haya incurrido en graves inconductas procesales, en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe; es decir, la actuación malintencionada grave y manifiesta.
En consecuencia, no existiendo en nuestro ordenamiento jurídico obligación sin causa, propicio desestimar este reclamo (art. 726 C. C.C)
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión, los Dres. MENA y MOLLO por compartir los fundamentos expuestos, votan en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ GARCIA COSSOVICH DIJO:
Conforme el resultado recaído al votarse la primera cuestión, propicio:
1. Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561.
2. Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557.
3. Declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 conforme lo resuelto por la SCBA en los autos: L-129800- "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ACCIDENTE DE TRABAJO ACCIÓN ESPECIAL" .
4. Declarar abstracto el tratamiento de los restantes planteos de inconstitucionalidad efectuados en la demanda y el tratamiento de las Resoluciones nros. 1039/19 y 332/23 dictadas por la SRT.
5. Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por CRISTIAN RENE CORONEL contra LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. condenando a ésta última a abonar a la parte actora la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 0/100 ($3.165.489) por los conceptos detallados al tratar la primera cuestión de esta sentencia.
6. Actualizar dicho monto, -desde que el crédito se hizo exigible y hasta la liquidación que se practique por Secretaría, teniendo en cuenta las pautas establecidas-, conforme índice RIPTE; adicionar al capital ajustado un interés puro al 3 % anual.-
7. El importe de la condena deberá ser depositado en autos a la orden del Tribunal dentro de los diez días de notificada la presente sentencia.
HAGASE SABER a las partes la modalidad a los efectos del pago de las obligaciones inherentes y reconocidas en autos de conformidad con lo dispuesto por el art. 17 Ley 27.348..
Sobre el Capital Indemnizatorio a favor de la Parte Actora (Trabajador) reconocido en autos. La demandada deberá depositar el Capital en la cuenta sueldo del trabajador (actora) siempre que aquella se encuentre disponible y habilitada. A tal fin, hágase saber a la parte actora que deberá dentro de dos (2) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos titularidad y datos de la cuenta sueldo respectiva (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° DE DNI Y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, a fin de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos. En el caso de que la parte actora (parte trabajadora) no cuente con cuenta sueldo y posea cuenta bancaria de su titularidad, deberá dentro de dos (2) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos dicha titularidad y datos de la referida cuenta (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° de DNI y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, bajo su exclusiva responsabilidad personal y patrimonial; a efectos de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos, haciendo saber que hasta tanto se encuentre acreditada debidamente en autos la cuenta a nombre del actor el plazo para el pago a cargo de la demandada se encuentra SUSPENDIDO.
Cumplido ello, en orden al principio de economía procesal y en uso de las facultades ordenatorias previstas por el artículo 12 de la Ley 15.057, autorícese a la condenada a efectivizar el pago mediante depósitos en la cuenta cuya titularidad exclusiva denuncie y acredite la parte actora en autos (conf. art. 17 Ley 27.348).
Quedan excluidos todos los sistemas de pago dispuestos en plataformas virtuales no bancarias. Supuesto de ausencia de cuenta sueldo o cuenta bancaria de titularidad de la parte actora (trabajadora).
8. En caso de mora deberá estarse a lo dispuesto por el art. 12 apartado c) de la ley 24.557 (conforme el art. 11 de la ley 27.348) : "3°. A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación" .
9. Propicio se impongan las costas a la demandada por haber sido vencida (art. 24 de la ley 15.057).
10. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes de la siguiente manera:
Por la parte actora: Dra. GRISELDA MARISEL FRANCO en 18% y Dr. JUAN EDUARDO GONZALEZ ACOSTA en 1 JUS.
Por la parte demandada: Dr. JERONIMO CRACOGNA en 14%.
Se deja constancia que la presente regulación resulta omnicomprensiva de las tareas desplegadas en la tramitación de la presente causa.
Hácese saber a los letrados que deberán acreditar en autos el pago de los aportes en los términos del art. 21 de la ley 6716, bajo apercibimiento de dar intervención a la Caja para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Para el perito:
Perito MEDICO: EDUARDO ANDRES FIORE en 4% con más el 10% de aportes de ley conforme art. 35 inc. q del Dto. Ley 8.999/62 mod. por Ley 6.742/60.
A los honorarios regulados deberá adicionarse el 21% en concepto de I.V.A. en los casos que corresponda y que se encuentren debidamente acreditados en autos.
Los honorarios han sido regulados considerando el valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, complejidad y novedad de la cuestión planteada, resultado obtenido, y trascendencia de la resolución (conf. SCBA I 73016 en autos "MORCILLO HUGO HECTOR C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. DECR.-LEY 9020" sentencia del 08-11-2017 y arts. 1, 2, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 51, 54 y ccdtes. ley 14967 y SCBA Resolución de Presidencia 873/26) .
11. Corresponde hacer saber a la parte demandada que deberá al momento de efectuar el deposito en el Banco Provincia Sucursal Tribunales de San Isidro consignar en la boleta de deposito correspondiente que lo realiza a la orden del Tribunal del Trabajo Nº 4 de San Isidro perteneciente a los autos: " CORONEL CRISTIAN RENE C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL " Expte. N° SI-3483-2024
Consecuentemente, procédase por Secretaría a la apertura de cuenta judicial automática en la forma prevista en el Ac. 4233/26.
Hágase saber a las partes que la cuenta bancaria judicial y/o consulta de saldo en linea de la misma podrán ser visualizadas desde el "Portal de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas" de los profesionales intervinientes (Res. SC N° 1204/25 SCBA).
A sus efectos, podrán acceder a dicha herramienta de la siguiente manera:
3. Botón "Ver Cuentas Bancarias" en cada causa.
En caso de que la parte actora (trabajadora) no hubiese denunciado en los plazos indicados precedentemente cuenta alguna, o para el caso en que hubiese manifestado que no posee cuenta personal bajo su titularidad, se hace saber a la parte demandada (y obligada al pago) que deberá proceder a depositar el monto adeudado en la cuenta de autos.
12. Una vez practicada la liquidación por Secretaria, intimar a la demandada para que dentro del término de diez días, deposite los montos correspondientes a la tasa y sobre tasa de Justicia -5% conforme ley 15.563-, mediante el formulario 9555 R- 516 V 2, conforme lo dispone la S.C.B.A en la página web: www.scba.gov.ar., bajo apercibimiento de comunicación a la SECRETARIA DE SERVICIOS JURISDICCIONALES departamental, (arts. 280 y 295 del Código Fiscal - Ley 10.397 t.o. y art. 5 Ley 11.594, Acuerdos SCBA: nros 3500/10, 3536, 3894).
13. Rechazar el planteo formulado por la demandada en el punto VI.3 de su contestación de demanda (art. 726 CCyCN).
14. Rechazar los reclamos por "prestaciones en especie" (punto V.3 anteúltimo párrafo de la demanda) y "temeridad y malicia" (punto IX de la contestación de traslado art. 34 ley 15.057) formulados por el accionante (art. 726 CCyCN).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión los Sres. Jueces Dres. MENA y MOLLO , votan en igual sentido por compartir los fundamentos del Sr. Juez preopinante.
Por ello el TRIBUNAL FALLA:
1. Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561.
2. Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557.
3. Declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 conforme lo resuelto por la SCBA en los autos: L-129800- "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ACCIDENTE DE TRABAJO ACCIÓN ESPECIAL" .
4. Declarar abstracto el tratamiento de los restantes planteos de inconstitucionalidad efectuados en la demanda y el tratamiento de las Resoluciones nros. 1039/19 y 332/23 dictadas por la SRT.
5. Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por CRISTIAN RENE CORONEL contra LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. condenando a ésta última a abonar a la parte actora la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 0/100 ($3.165.489) por los conceptos detallados al tratar la primera cuestión de esta sentencia.
6. Actualizar dicho monto, -desde que el crédito se hizo exigible y hasta la liquidación que se practique por Secretaría, teniendo en cuenta las pautas establecidas-, conforme índice RIPTE; adicionar al capital ajustado un interés puro al 3 % anual.-
7. El importe de la condena deberá ser depositado en autos a la orden del Tribunal dentro de los diez días de notificada la presente sentencia.
HAGASE SABER a las partes la modalidad a los efectos del pago de las obligaciones inherentes y reconocidas en autos de conformidad con lo dispuesto por el art. 17 Ley 27.348..
Sobre el Capital Indemnizatorio a favor de la Parte Actora (Trabajador) reconocido en autos. La demandada deberá depositar el Capital en la cuenta sueldo del trabajador (actora) siempre que aquella se encuentre disponible y habilitada. A tal fin, hágase saber a la parte actora que deberá dentro de dos (2) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos titularidad y datos de la cuenta sueldo respectiva (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° DE DNI Y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, a fin de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos. En el caso de que la parte actora (parte trabajadora) no cuente con cuenta sueldo y posea cuenta bancaria de su titularidad, deberá dentro de dos (2) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos dicha titularidad y datos de la referida cuenta (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° de DNI y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, bajo su exclusiva responsabilidad personal y patrimonial; a efectos de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos, haciendo saber que hasta tanto se encuentre acreditada debidamente en autos la cuenta a nombre del actor el plazo para el pago a cargo de la demandada se encuentra SUSPENDIDO.
Cumplido ello, en orden al principio de economía procesal y en uso de las facultades ordenatorias previstas por el artículo 12 de la Ley 15.057, autorícese a la condenada a efectivizar el pago mediante depósitos en la cuenta cuya titularidad exclusiva denuncie y acredite la parte actora en autos (conf. art. 17 Ley 27.348).
Quedan excluidos todos los sistemas de pago dispuestos en plataformas virtuales no bancarias. Supuesto de ausencia de cuenta sueldo o cuenta bancaria de titularidad de la parte actora (trabajadora).
8. En caso de mora deberá estarse a lo dispuesto por el art. 12 apartado c) de la ley 24.557 (conforme el art. 11 de la ley 27.348) : "3°. A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación" .
9. Imponer las costas a la demandada por haber sido vencida (art. 24 de la ley 15.057).
10. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes de la siguiente manera:
Por la parte actora: Dra. GRISELDA MARISEL FRANCO en 18% y Dr. JUAN EDUARDO GONZALEZ ACOSTA en 1 JUS.
Por la parte demandada: Dr. JERONIMO CRACOGNA en 14%.
Se deja constancia que la presente regulación resulta omnicomprensiva de las tareas desplegadas en la tramitación de la presente causa.
Hácese saber a los letrados que deberán acreditar en autos el pago de los aportes en los términos del art. 21 de la ley 6716, bajo apercibimiento de dar intervención a la Caja para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Para el perito:
Perito MEDICO: EDUARDO ANDRES FIORE en 4% con más el 10% de aportes de ley conforme art. 35 inc. q del Dto. Ley 8.999/62 mod. por Ley 6.742/60.
A los honorarios regulados deberá adicionarse el 21% en concepto de I.V.A. en los casos que corresponda y que se encuentren debidamente acreditados en autos.
Los honorarios han sido regulados considerando el valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, complejidad y novedad de la cuestión planteada, resultado obtenido, y trascendencia de la resolución (conf. SCBA I 73016 en autos "MORCILLO HUGO HECTOR C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. DECR.-LEY 9020" sentencia del 08-11-2017 y arts. 1, 2, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 51, 54 y ccdtes. ley 14967 y SCBA Resolución de Presidencia 873/26) .
11. Corresponde hacer saber a la parte demandada que deberá al momento de efectuar el deposito en el Banco Provincia Sucursal Tribunales de San Isidro consignar en la boleta de deposito correspondiente que lo realiza a la orden del Tribunal del Trabajo Nº 4 de San Isidro perteneciente a los autos: " CORONEL CRISTIAN RENE C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL " Expte. N° SI-3483-2024
Consecuentemente, procédase por Secretaría a la apertura de cuenta judicial automática en la forma prevista en el Ac. 4233/26.
Hágase saber a las partes que la cuenta bancaria judicial y/o consulta de saldo en linea de la misma podrán ser visualizadas desde el "Portal de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas" de los profesionales intervinientes (Res. SC N° 1204/25 SCBA).
A sus efectos, podrán acceder a dicha herramienta de la siguiente manera:
3. Botón "Ver Cuentas Bancarias" en cada causa.
En caso de que la parte actora (trabajadora) no hubiese denunciado en los plazos indicados precedentemente cuenta alguna, o para el caso en que hubiese manifestado que no posee cuenta personal bajo su titularidad, se hace saber a la parte demandada (y obligada al pago) que deberá proceder a depositar el monto adeudado en la cuenta de autos.
12. Una vez practicada la liquidación por Secretaria, intimar a la demandada para que dentro del término de diez días, deposite los montos correspondientes a la tasa y sobre tasa de Justicia -5% conforme ley 15.563-, mediante el formulario 9555 R- 516 V 2, conforme lo dispone la S.C.B.A en la página web: www.scba.gov.ar., bajo apercibimiento de comunicación a la SECRETARIA DE SERVICIOS JURISDICCIONALES departamental, (arts. 280 y 295 del Código Fiscal - Ley 10.397 t.o. y art. 5 Ley 11.594, Acuerdos SCBA: nros 3500/10, 3536, 3894).
13. Rechazar el planteo formulado por la demandada en el punto VI.3 de su contestación de demanda (art. 726 CCyCN).
14. Rechazar los reclamos por "prestaciones en especie" (punto V.3 anteúltimo párrafo de la demanda) y "temeridad y malicia" (punto IX de la contestación de traslado art. 34 ley 15.057) formulados por el accionante (art. 726 CCyCN).
15. Hágase saber a las partes que se encuentra publicado en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (www.scba.gov.ar) el texto completo de la sentencia y de los fundamentos del presente fallo.
16. REGÍSTRESE, LIQUÍDESE por Secretaría a cargo de la Actuaria, NOTIFIQUESE conforme Ac. 4013 y 4040/21 SCBA, y oportunamente ARCHÍVESE.
Firmas
Funcionario firmante: MENA Cristian Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: MOLLO Mariano Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA COSSOVICH Alvaro - JUEZ
Funcionario firmante: MAZZIOTTI Veronica - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 339-2026
Fin de la sentencia