Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2388/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada a en PE987713-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2388/19-TSJ Interlocutorio N°: 480 Actor: CORONEL SERGIO ROBERTO Demandada: BANCO DE SANTA CRUZ S.A Objeto: LABORAL Fecha: 30-04-2024 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 480 FOLIO Nº 1819/1822 PROT. ELECT. TSS1 006 O.241
Río Gallegos, 30 de abril de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “CORONEL SERGIO ROBERTO c/ BANCO DE SANTA CRUZ S.A s/ LABORAL”, Expte. Nº C-24.296/11 (Expte. C-2388/19-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, y del Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Alejandro Ángel García (cfr. PE987713-2023), ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE965411-2023, por cuanto hace lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora y condena a la demandada Banco de Santa Cruz S.A a abonarle al actor los rubros resultantes de la liquidación a practicarse.- La parte recurrente sostiene que: “…tachamos de inválido el Fallo recurrido por haber incurrido en arbitrariedad y absurdo en la apreciación de los hechos y en violación y errónea interpretación de distintas normas legales…así como en la violación de la doctrina legal…” (cfr. PE987713-2023, pág. 3).-
Agrega que: “La sentencia de (sic) Tribunal Superior de Justicia ha incurrido en arbitrariedad en la apreciación de los hechos objeto de discusión y en la sentencia, violando la defensa en juicio y el debido proceso legal, derechos de raigambre constitucional. La arbitrariedad se magnifica al prescindir de los hechos, en no ponderar que se encuentra decidiendo una materia de orden público de raigambre constitucional.” (cfr. PE cit., pág. 4).- Afirma que, en este caso, este Alto Cuerpo se constituyó en los hechos como un tribunal de grado, decidiendo analizar las cuestiones fácticas y en concreto la existencia de injuria laboral a la luz de los hechos narrados y sus medios probatorios (cfr. PE cit., pág. 5).-
Aduce que: “…existe un primer yerro en la sentencia recurrida por cuanto el distracto del Señor Coronel no se centró en un incumplimiento en el deber de informar como se señala, por cuanto claramente mi representado probó que el despido se produjo por la ausencia de contralor y el de información…Coronel no fue despedido solamente por su aviso tardío, también quedó claro como se expresa en el Fallo de Cámara que su función de certificar el dinero físico también fue cumplida en forma tardía y ello irrogó la demora de la cual se da cuenta.” (cfr. PE cit., págs. 5/6).- Sostiene que: “La mirada de los Señores Jueces alteran la legalidad y los principios valorativos que surgen de la Ley 20744 y su doctrina laboral…” (cfr. PE cit. pág. 7).-
Que, corrido el traslado del recurso extraordinario a la parte contraria ésta lo contesta peticionando el rechazo del mismo (cfr. PE1019126-2023).-
Corrida la vista correspondiente al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, dicho funcionario dictamina, por los fundamentos que expone y a los que nos remitimos en razón de brevedad, concluyendo que: “…debe declararse inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE1042501-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE648625-2023.-
II. Que analizando la presentación de la parte recurrente y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), Nº 31/2011 y Nº 38/2011 corresponde que este Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Alto Cuerpo, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que la recurrente no dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 pues presentó la totalidad de su recurso en formato de hoja oficio.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.- En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado parcialmente los requisitos del artículo 1º, por cuanto la presentación no supera las 40 páginas y ha sido escrita con letra claramente legible, sin embargo, las páginas 1, 2, y 4 del mismo exceden notablemente los veintiséis (26) renglones exigidos por este reglamento. Igualmente se observa el incumplimiento -en su totalidad- del recaudo exigido por el artículo 2º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal en virtud que no se acompañó una carátula en hoja aparte que contenga los datos exigidos por los incisos a), b), c), d), e) f), g), h), i) y j).- No obstante dichos incumplimientos, valorado aisladamente, no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado a los fines de evitar un excesivo rigorismo formal (Fallos 334:196).-
Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida es definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, el escrito recursivo no logra poner de manifiesto las observancias de los requerimientos del inciso b), toda vez que la recurrente no realizó un breve relato de todas las circunstancias relevantes del caso, no las relacionó con la cuestión federal que invoca, no indicó el momento en el que se presentó por primera vez dicha cuestión, ni tampoco precisó cuándo y cómo introdujo el planteo respectivo y, en su caso, de cómo lo mantuvo con posterioridad.- Carlos R. Tribiño en su obra “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema” ha sostenido que: “…la formulación correcta del planteo debe reunir los siguientes caracteres: ser explícita, categórica y circunstanciada […] que resulta manifiestamente inapropiado el empleo de la expresión 'reserva del caso federal'. Es que quien utiliza esa expresión parece pensar que el punto federal sólo puede debatirse ante el Alto Tribunal y se encuentra excluido, en cambio, de la jurisdicción de los jueces ordinarios.” (cfr. autor y ob. cit., Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, págs. 122/123).- Por otra parte, también se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación (cfr. art. 3º, inc. c) de la Acordada Nº 4/2007). Es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del recurso extraordinario y del recurso de queja”, Ed. Ediar, págs. 108/109); sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber ponderado este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte debemos dedicarle a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007; y 14 de la Ley Nº 48, toda vez que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (cfr. Fallos 306:1740; 307:129, entre otros).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Fallos 310:1789) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Ello quiere decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina, cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.; ob. cit, pág. 104).- La recurrente funda el recurso extraordinario federal en el artículo 14 de la Ley Nº 48, pero sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar, adecuadamente, cuáles serían las normas incumplidas y de que forma fueron vulneradas (cfr. PE987713-2023, pág. 1).-
En este sentido, es preciso recordar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso de la Nación; no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso; ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (cfr. art. 14, incs. 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 48). Al contrario, en sentencia atacada, se resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora y revocar el decisorio de la Excma. Cámara de Apelaciones. En consecuencia, se hizo lugar a la demanda por despido incausado y por las indemnizaciones que corresponden (cfr. PE965411-2023).- Por último, y como lógica consecuencia de lo anterior, tampoco se advierte que: “...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas.” (cfr. art. 3º, inc. e) de la Acordada Nº 4/2007).-
Es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta la relación directa (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 106).- A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que, en el litigio se llegó a la conclusión, -en atención a las probanzas obrantes en autos-, que la medida rescisoria resultó desproporcionada con relación a la negligencia que se le había imputado al actor, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario.-
Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad -en principio- de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones federales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Asimismo, debemos indicar que la apertura de la instancia que se suscita también deviene improcedente en la medida en que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituyen una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. Es que, de admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. Fallos 310:2306).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado.-
III. Asimismo, el recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante no lograr efectuar una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio del recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.-
En efecto, este Tribunal Superior de Justicia ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en la sentencia se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- En consecuencia, corresponde concluir que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que, además de no existir cuestión federal alguna, y de no haber dado acabado cumplimiento con los recaudos previstos en la Acordada Nº 4/2007, aquellos carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio cuestionado y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.- Las costas deben imponerse al recurrente vencido en virtud del principio objetivo de la derrota, conforme artículo 68 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (cfr.
TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 436, Folio 1656/1658). Así lo votamos.-
Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández y Dr. Fernando Miguel Basanta.-
I. En la sentencia dictada en PE965411-2023 por este Tribunal Superior de Justicia suscribimos el voto en minoría que proponía rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la decisión emitida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera circunscripción judicial, que había rechazado la demanda promovida. Si bien esta circunstancia es puesta de relieve en el recurso extraordinario federal bajo estudio, consideramos que ello no importa óbice alguno para evaluar con plenitud en esta oportunidad los recaudos atinentes a este tipo de impugnación.- Aclarado lo anterior, y tal como lo sostiene el voto de nuestros colegas preopinantes, consideramos que los planteos efectuados en el recurso extraordinario federal interpuesto en PE987712-2023 resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, por lo que adherimos en su totalidad a los fundamentos allí vertidos. Así lo votamos.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y del Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani, y el voto por sus propios fundamentos de los Sres. Vocales Dra. Reneé Guadalupe Fernández y del Dr. Fernando Miguel Basanta, y oído que fuera el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada a en PE987713-2023.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1006O.241 Tomo: X Interlocutorio: 480 Folio N°: 1819/1822 Secretaría: 1
Fin de la sentencia