Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2670/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos.-
2Declarar bien concedido el recurso de inconstitucionalidad articulado por la parte actora en PE1905825- 2025.-
3Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley 3453/15 -Decreto N° 2228/15- y por el término allí establecido conforme remisión del artículo 19 del citado texto legal.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2670/25-TSJ Interlocutorio N°: 3926 Actor: CORONEL TERESA CRISTINA Demandada: VARIZAT DANIEL ALBERTO Objeto: ORDINARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS)
Fecha: 30-06-2026 Texto: TOMO XXXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 3926 FOLIO Nº 7303/7310 PROT. ELECT. TSS1 017 I.261
Río Gallegos, 30 de junio de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “CORONEL TERESA CRISTINA c/ VARIZAT DANIEL ALBERTO s/ ORDINARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS)”, Expte. Nº C-13.914/10 (C-2670/25-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término, la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos en PE2107147-2025.-
La Dra. Ludueña Campos dice que: “Fundo mi petición, en el hecho de haber intervenido profesionalmente como Defensora Pública Oficial del Sr. Daniel Alberto Varizat en la causa penal vinculada a los presentes actuados, a los fines de evitar cualquier posible sospecha sobre la objetividad e imparcialidad que pudiera existir en el ánimo de las partes. Por razones de decoro y delicadeza, excúsome de intervenir en los presentes, en virtud de lo dispuesto por el 2do párrafo del art. 30 del CPCyC”. (cfr. PE cit.).- Atento los motivos que fundan la excusación de la Dra. Ludueña Campos, en razón del escrúpulo fundado en las circunstancias explicitadas, que demuestran que la inhibición responde a causales avaladas en serios fundamentos y en virtud de lo normado en el artículo 30, segundo párrafo del CPCyC, corresponde hacer lugar a dicha excusación.-
II. Asimismo, vienen las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de inconstitucionalidad articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado patrocinante, Dr. José Luis Janezak (cfr. PE1894979-2025), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que en lo que aquí interesa, admitió parcialmente la apelación de la actora, modificando el fallo de la anterior instancia y adicionando la suma de pesos un millón ($1.000.000) por daño psíquico (cfr. PE1863609-2025).-
A su turno, la sentencia de Primera Instancia había hecho lugar a la demanda interpuesta por la Sra. Teresa Cristina Coronel contra el Sr. Daniel Alberto Varizat, por la suma de pesos dos millones trescientos ocho mil quinientos trece ($2.308.513) más intereses; y rechazó la demanda promovida contra la Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales (cfr. fs. 577/588 vta.).-
III. Que la parte actora funda su recurso por estimar arbitraria la sentencia que impugna, en los términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. PE1894979-2025, ESC00485733.pdf, pág. 1).-
Expresa que: “…la parte cuestionada del fallo emitido en las presentes actuaciones debe descalificarse como acto jurisdiccional por haber omitido por completo considerar el principal planteo y argumento técnico jurídico, esencial y conducente para resolver el caso concreto, como es el argumento esgrimido para hacer extensiva la condena a la aseguradora citada en garantía, consistente en la falta de acreditación fehaciente de la debida notificación dentro del plazo legal, del rechazo de la cobertura que establece la ley de seguros (art. 56), cuya carga pesa sobre la aseguradora. En consecuencia, el decisorio se aparta así arbitrariamente de los hechos y las circunstancias concretas y particulares de la causa.” (cfr. PE y pdf cits. pág. 2).- Sostiene que: “Este control de constitucionalidad que solicito, no consiste en una mera disconformidad con el decisorio recurrido como se expresa en el fallo citado, sino que tiene que ver con el más elemental y básico deber funcional de la Justica, que es precisamente 'hacer Justicia' en el caso concreto, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares, los hechos fehacientemente acreditados y haciendo una interpretación armónica y sistemática de la totalidad del ordenamiento jurídico vigente, no solamente aplicando o haciendo valer un artículo aislado interpretado literalmente y dogmáticamente, como ocurre en este caso.” (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Aduce que la sentencia de la Alzada le produce una grave lesión a su derecho constitucional de defensa en juicio y debido proceso (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Añade que: “La sentencia recaída, al confirmar el fallo del Juez de Primera Instancia que rechaza la extensión de la responsabilidad a la compañía aseguradora 'La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales', lesiona gravemente y de una manera manifiesta, la legalidad y supremacía de los preceptos constitucionales plasmados en el art. 3° de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, arts. 18°, 28° y 31° de la Constitución Nacional. En este sentido y como se dijo al inicio, me agravio especialmente de la parte de la sentencia recurrida por resultar 'arbitraria' en los términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pacífica doctrina respecto de esta expresión, habiendo hecho la reserva del Caso Federal pertinente, que se sostiene.” (cfr. PE y pdf, págs. 4/5).-
Destaca que: “…la citada en garantía para intentar acreditar la notificación al asegurado del rechazo de cobertura en cumplimiento de la carga legal que le pesa conforme al art. 56 L.S., en su contestación a la demanda acompañó simples fotocopias de supuestas cartas documento y de una supuesta acta notarial labrada a tales fines.” (cfr. PE, pdf y pág. cit.).-
La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la demandada en PE1969210-2025.-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1193849-
2025.-
IV. Que conforme ha quedado planteado el recurso extraordinario en tratamiento, el mismo pretende encauzarse por el carril impugnativo establecido en el artículo 19 -Recurso de Inconstitucionalidad-, del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 3º -Recurso de Inconstitucionalidad- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Si bien la recurrente esgrime la inconstitucionalidad de la sentencia, el recurso peca de falta de fundamentación, al confundir constantemente la arbitrariedad de la sentencia con su inconstitucionalidad. Ello se encuentra patente en los dichos de la propia recurrente, quien afirma en el apartado del recurso de inconstitucionalidad que lo articula por ser arbitraria la sentencia (cfr. PE1894979-2025, ESC00485734.pdf, pág. 5).- Por otro lado, la recurrente se limita a invocar las garantías y derechos constitucionales que considera violados, sin que ello resulte suficiente, ya que es necesaria la fundamentación en forma suficiente e idónea de tales violaciones o repudios a la inteligencia de las normas constitucionales invocadas; lo que impone la inadmisibilidad del recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3314, Folio 5518/5522).-
Sin perjuicio de ello, en el apartado correspondiente nos referiremos a la arbitrariedad alegada.-
V. Que no obstante lo antedicho, aunque se hubiera planteado el recurso por intermedio de una casación, tampoco podría declararse admisible. El artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, por remisión del artículo 19 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 3º, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- impone efectuar un examen preliminar a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso de casación.-
No debe perderse de vista que la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.- En tal sentido, debemos adelantar que el recurso, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir “...una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada…” (cfr. Interlocutorio, Tomo II, Registro 183, Folio 303/305, entre otros); lo que también conduce a declararlo inadmisible.-
Cabe señalar que la actora sustenta su recurso en normas supuestamente conculcadas, omitiendo efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa vulneración de la ley, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. En efecto, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que los agravios de la casacionista pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta, por principio, ajeno a esta instancia; salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo.-
Sabido es que determinar el alcance y sentido de un contrato de seguro es una cuestión, como principio, privativa e irrevisable de los Jueces de Grado, salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, lo que no se vislumbra en los presentes actuados.-
Cabe tener presente, asimismo, que la revocación de una sentencia por absurdo o arbitrariedad es un remedio excepcional para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3405, Folio 5733/5736).-
Al respecto, este Tribunal Superior de Justicia ha entendido que para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3404, Folio 5726/5732, entre otros). Circunstancia que no se avizoran en el caso sometido a examen.-
Examinados los términos del recurso intentado, se observa que el mismo contiene sólo meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio en cuanto a la interpretación y valoración de la prueba -referente al alcance del contrato de seguro que unía al demandado con la tercera citada en garantía-, lo que hace inatendible a aquél. Paralelamente, se constata que la Alzada efectuó una interpretación de los elementos probatorios que no se vislumbra como arbitraria o absurda.- Se advierte, entonces, que la recurrente intenta discurrir libremente sobre su particular visión de los hechos, sin hacerse cargo en absoluto de las fundadas conclusiones sentenciales, pretendiendo -equivocadamente- recrear la meritación y valoración jurisdiccional, como si tratara de una tercera instancia común u ordinaria, lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
Bajo este orden de ideas, cabe destacar que la Cámara ha concretado un acabado análisis de las constancias probatorias de la causa, arribando a conclusiones razonablemente fundadas, desde que aporta argumentos suficientes para justificar su derrotero intelectual.-
En definitiva, nos encontramos ante la insuficiencia técnica del recurso en examen, desde que su crítica al fallo no pasa de ser una mera opinión personal que pretende sustituir el criterio de los magistrados de la anterior instancia, lo que torna inadmisible el recurso intentado.-
VI. Que de conformidad a todo lo expuesto, corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en PE1894979-2025 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1969210-2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º y concordante del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- y artículo 19 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, parágrafo 3º -Recurso de Inconstitucionalidad- del CPC y C conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
El Dr. Fernando Miguel Basanta, adhiere por los mismos fundamentos al voto de la Dra. Mercau.-
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Adhiero a la solución del Punto I) del voto que antecede por los mismos fundamentos. Comparto el relato de los antecedentes de la causa obrantes en los puntos II) y III) de dicho voto, sin embargo, disiento respetuosamente con la solución que propician los Vocales preopinantes, por los fundamentos que desarrollo a continuación.-
II. Dispone el art. 19 de la sección 6ª del CPCC que el recurso de inconstitucionalidad se interpondrá y tramitará como el de casación.-
El análisis de las condiciones de “admisibilidad” de un recurso de casación no debe ser confundido con el estudio de su “procedencia”. Si bien la falta de cualquiera de ellas produce el fracaso de la impugnación, se trata de cuestiones esencialmente diversas cuya decisión corresponde a dos órganos distintos.- En el régimen vigente de la sección 6ª del CPCC, la admisibilidad se vincula con los extremos meramente formales previstos en el código de rito y corresponde sucesivamente al Tribunal a quo y al Tribunal ad quem; así lo disponen los arts. 5 y 7 respectivamente.-
Por otro lado, el análisis de la procedencia hace a la fundabilidad del embate que involucra el juicio sobre el acierto de la pretensión recursiva; su decisión corresponde sólo y exclusivamente al Tribunal ad quem (art. 13).-
El primer juicio de admisibilidad ya fue realizado por la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial. El segundo corresponde sea efectuado por el Tribunal Superior de Justicia. Este último sólo debe alcanzar a la simple verificación de la temporalidad del recurso y de los demás recaudos formales. Es decir: existencia o no de sentencia definitiva o equiparable a ella (art. 1); plazo, constitución de domicilio y acreditación del pago del depósito previo (art. 4 incs c y d); e invocación de alguno de los motivos casatorios taxativamente enumerados (arts. 1, 2, 3, 4 incs. a y b).- Así lo señala expresamente el artículo 7º al decir:
“Examen preliminar: Dentro de los diez (10) días de recibidos los autos, el Tribunal Superior de Justicia examinará en Acuerdo - en forma preliminar - el escrito de presentación, al solo efecto de determinar si ha sido interpuesto con arreglo a las disposiciones que rigen el plazo y demás requisitos formales previstos en los Artículos anteriores para establecer si el recurso ha sido bien o mal concedido. En este último caso se devolverán los autos sin más trámite. Admitido el recurso por el Tribunal Superior de Justicia, se dictará la providencia de “autos”, la que será notificada a los interesados personalmente o por cédula…”.-
A su vez, el inciso a) del artículo 4 de la sección 6ª sólo exige “…expresar el alcance de la impugnación y lo que desea que se anule, indicando concretamente las formas quebrantadas, las disposiciones violadas, erróneas o falsamente aplicadas, manifestando cuál es la ley o doctrina que ha debido aplicarse…”. En ningún momento requiere una “adecuada fundamentación” o “suficiencia técnica”.-
La primera fuente de interpretación de las leyes es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella (Fallos: 312:2078; 321:1434; 326:4515 y 340:2021), pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu (Fallos: 307:928; 308:1873; 315:1256; 330:2286 y 338:488). De modo concorde se ha subrayado que el principio constitucional de separación de poderes no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto del caso, so color de desacierto o injusticia (Fallos: 249:425; 306:1472; 314:1849; 318:785; 329:1586; 333:866; 338:488 y 342:1376).-
Los verbos utilizados resultan claros al respecto, pues de los términos “expresar”, “indicar” y “manifestar” jamás puede concluirse la exigencia de una “adecuada fundamentación” o “suficiencia técnica”, aspectos estos últimos que son propios del examen de procedencia del recurso (y no del de admisibilidad).- En síntesis, lo que no puede ni debe realizar el Tribunal Superior de Justicia, en oportunidad de analizar y resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación, es ingresar en aspectos que involucran la “procedencia” de la vía impugnativa, tal como entiendo sucede erróneamente en el voto de mis colegas preopinantes.-
III. Así las cosas, encontrando reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, propongo declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el art. 7° del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, SEc. 6° Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N° 3453/15 -Decreto N° 2228/15- y por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el art. 8° de la ley citada y por el término allí establecido conforme remisión del artículo 19 del citado texto legal.-
Los Dres. Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio Ramón de la Vega, José Antonio González Nora y Gabriel N. Contreras Agüero, adhieren por los mismos fundamentos al voto del Dr. Mariani.-
La Dra. Reneé Guadalupe Fernández adhiere al voto por compartir los fundamentos de la Dra. Mercau y agrega:
I. Compartimos la relación de antecedentes y la solución a la que arriba el voto de la Dra. Mercau, a cuyos fundamentos adhiero. La identidad de criterio, sin embargo, no me releva de una explicación adicional: el caso no se agota en la suerte del recurso que aquí se examina, sino que compromete una definición de mayor alcance acerca de qué es lo que este Tribunal Superior de Justicia hace -y qué le está vedado hacer- cuando ejerce el examen preliminar de admisibilidad del recurso de casación, extensible al recurso de inconstitucionalidad, por imperio de lo dispuesto por el artículo 19 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 3º, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.- Durante años este Alto Cuerpo ha sostenido que, en el juicio de admisibilidad, le corresponde verificar los recaudos formales, lo que comprende -entre otras cuestiones- corroborar si el escrito contiene una crítica concreta y razonada del fallo recurrido y si la materia que el recurso propone es revisable en sede casatoria, quedando excluidas, por principio, las cuestiones de hecho y prueba, salvo el supuesto excepcional de absurdo.-
Una nueva interpretación propugna un examen sensiblemente más acotado, circunscripto a los “extremos meramente formales” -temporalidad e invocación de alguno de los motivos legales-, y reserva todo lo atinente a la “adecuada fundamentación” o “suficiencia técnica” del recurso al juicio de procedencia. Adelanto que esa relectura, además de no encontrar respaldo en una interpretación sistemática y finalista del régimen, importa un apartamiento de la doctrina consolidada del Tribunal que no ha sido provisto de la carga argumentativa que un giro de tal magnitud reclama.-
II. El punto de partida no es una preferencia de política judicial, sino una exigencia inherente a la función de un Tribunal de casación, cuya razón de ser es precisamente la uniformidad y la estabilidad de la doctrina legal. La regla del seguimiento del precedente -el respeto por las propias decisiones- no es un dogma rígido ni convierte a la jurisprudencia en un texto inmodificable; pero invierte la carga de la justificación. Quien pretende mantener la línea establecida se ampara en la autoridad institucional de lo ya decidido; quien pretende apartarse asume el deber de demostrar, de manera excepcional y fundada, que el criterio anterior es erróneo o se ha tornado inconveniente. La carga argumentativa de modificar el precedente corresponde, pues, a quien pretende su abandono, y debe satisfacerse con razones cualitativamente más intensas que las que bastarían para resolver un caso común.-
El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitido en la causa “Schiffrin” (Fallos 340:257) ofrece, sobre este punto, una lección particularmente instructiva. Se trató, paradójicamente, de un pronunciamiento en el que la mayoría del Tribunal abandonó un precedente propio -la doctrina de “Fayt”- que había tenido acatamiento pacífico durante casi dos décadas. Pero, justamente porque allí se ejercía la potestad de variar la jurisprudencia, la Corte debió hacerse cargo de las condiciones que legitiman ese apartamiento: la mayoría reconoció que el Tribunal puede revisar su propia doctrina, en especial en materia constitucional, solo “ante la comprobación del error o la inconveniencia” de las decisiones anteriores, recaudo que la propia sentencia anudó a precedentes consolidados sobre la fuerza de los pronunciamientos del Tribunal (cfr. CSJN, “García de Thorndike”, Fallos 248:115; “Barreto”, Fallos 329:759; “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.”, Fallos 337:47, todos citados en “Schiffrin”). La enseñanza es doble y simétrica: el apartamiento del precedente es posible, pero solo a condición de acreditar el error o la inconveniencia del criterio que se deja atrás, con una fundamentación reforzada y proporcional a la entidad de lo que se modifica.-
La dimensión institucional del problema fue expuesta con elocuencia en la disidencia del juez Rosenkrantz, quien subrayó la necesidad de ser especialmente consistentes a lo largo del tiempo cuando se hallan en juego cuestiones que comprometen la estabilidad de las garantías, lo que -sostuvo- demanda un respeto más riguroso hacia los precedentes del Tribunal, y recordó que la doctrina que entonces se abandonaba había sido acatada de modo uniforme por todas las autoridades durante más de veinte años.- Es imperativo poner de resalto los valores que se ponen en juego cada vez que un Tribunal Superior altera su propia doctrina sin razones bastantes. Esos valores son conocidos y conviene nombrarlos: la seguridad jurídica, que reclama que los justiciables puedan prever las consecuencias de sus actos y orientar su conducta procesal conforme a criterios estables; la igualdad ante la ley, que se resiente cuando casos sustancialmente análogos reciben respuestas dispares según el momento en que son resueltos; la previsibilidad de las decisiones, que es condición de la confianza de la comunidad en sus jueces; y la coherencia sistémica del propio Tribunal, que se debilita cuando la doctrina oscila sin que medie un cambio normativo o una demostración convincente de su desacierto.-
III. Despejado lo anterior, corresponde precisar en qué consiste, exactamente, la tarea que el artículo 7 confía a este Tribunal, porque buena parte de la divergencia se disuelve apenas se delimita con rigor la naturaleza del examen preliminar. El régimen instaura un doble control de admisibilidad. Un primer filtro lo realiza la Cámara al pronunciarse sobre las condiciones de admisibilidad y conceder o denegar el recurso (art. 5). El segundo, decisivo, es el examen preliminar del artículo 7, en el que este Tribunal, ya recibidos los autos, verifica si el recurso “ha sido bien o mal concedido”. La nota estructural que conviene subrayar es que la concesión dispuesta por la Cámara no vincula a este Tribunal ni purga los defectos del remedio. El órgano de casación conserva plena potestad para revisar de oficio los presupuestos de admisibilidad y declarar mal concedido lo que el inferior admitió, porque el control sobre la apertura de su propia competencia extraordinaria es indisponible y no precluye por la decisión del tribunal que dictó la sentencia recurrida. Así lo enseña doctrina pacífica de la técnica casatoria, que distingue los requisitos formales -atinentes a la admisibilidad- de los sustanciales -propios de la procedencia-, reservando los primeros al control de los trámites adjetivos cuya ausencia hace caer el recurso por inadmisible (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, L.E.P., La Plata, 1998, 2ª edición, págs. 243/244).- Ahora bien, importa no confundir los planos. En este estadio este Alto Cuerpo no juzga si la ley o la doctrina legal fueron efectivamente violadas -ese es el cometido de la sentencia del art. 14-, sino si concurren los presupuestos que habilitan a ingresar en ese examen. Se trata, con una imagen que ilustra su función, de un control negativo, de portal: define quién pasa, no quién tiene razón.-
Esta evaluación exige ponderar los principios estructurantes del recurso extraordinario de casación. El primero es el de “formalismo”, que impone el cumplimiento riguroso de los requisitos procesales para su interposición y tramitación. El segundo es el de “trascendencia”, conforme al cual la casación no puede ser concedida por la casación misma (cfr. Molina Sandoval, Carlos A.: “Recursos de casación. Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1ª edición., Córdoba, Advocatus, 2016, págs. 36/37).- El recurso puede satisfacer todos los recaudos de admisibilidad y, no obstante, ser luego desestimado por infundado; lo que no puede es prescindir de esos recaudos y pretender, sin embargo, la apertura de la instancia. Precisamente por eso la distinción entre admisibilidad y procedencia, lejos de debilitar la posición que sostengo, la confirma: el examen del artículo 7 no invade el mérito porque opera en un nivel lógicamente anterior, el de las condiciones de acceso.-
IV. Llego así al punto que constituye el verdadero centro de la controversia: si la exigencia de crítica concreta y razonada pertenece al juicio de admisibilidad o al de procedencia. La disidencia sostiene que reclamar “adecuada fundamentación” o “suficiencia técnica” del escrito importa adentrarse en aspectos propios del examen de procedencia, porque de los verbos legales “expresar”, “indicar” y “manifestar” no podría derivarse semejante carga. El argumento es atendible en su preocupación -evitar que el filtro de admisibilidad se transforme en un adelantamiento del fondo-, pero descansa en una premisa que no comparto, porque confunde la articulación técnica de la crítica con su acierto.- La exigencia de crítica concreta y razonada no es un requisito de fundabilidad, sino un requisito de admisibilidad formal del escrito, y emana directamente del artículo 4, inciso a), que impone al recurrente “indicar concretamente las formas quebrantadas, las disposiciones violadas, erróneas o falsamente aplicadas, manifestando cuál es la ley o la doctrina que ha debido aplicarse”, expresando: “cada motivo separadamente”. Esa norma consagra las cargas de autosuficiencia, de individualización del agravio y de confrontación argumental con la ratio decidendi del fallo recurrido. Cuando el escrito se limita a discrepar genéricamente, reedita los agravios de apelación sin atacar los fundamentos autónomos de la sentencia de Cámara, o no satisface la técnica de los motivos separados, el Tribunal puede -y debe- declarar mal concedido el recurso por defecto de admisibilidad. La distinción decisiva, que permite responder con exactitud la objeción, es esta: en admisibilidad el Tribunal examina si la crítica está técnicamente articulada -si existe, si es concreta, si confronta los fundamentos decisivos del fallo-, no si la crítica es acertada. Lo primero es presupuesto formal; lo segundo es mérito. Verificar la existencia y la articulación técnica del embate no implica anticipar su éxito: son operaciones de naturaleza distinta y se realizan en momentos distintos del proceso recursivo.-
De ahí que el control de la crítica concreta y razonada se aloje, sin violencia conceptual, dentro del artículo 7. Cuando esa norma circunscribe el examen al plazo y a los “demás requisitos formales”, incluye necesariamente la suficiencia técnica del escrito, porque tal suficiencia es, precisamente, uno de los requisitos formales que el artículo 4 impone.-
V. Más delicado, y por ello merecedor de un deslinde cuidadoso, es lo relativo a las cuestiones de hecho y prueba. Aquí conviene separar dos operaciones que suelen presentarse fundidas y cuya distinción es la clave de bóveda de una doctrina prudente.-
La primera es la verificación de la materia casable.
El recurso procede únicamente por quebrantamiento de forma o por violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal (arts. 1, 2 y 3). La determinación de los hechos y la valoración de la prueba quedan, por principio, fuera de ese ámbito: pertenecen a las facultades privativas de los jueces de grado. De modo que, cuando el recurrente, bajo el ropaje de una “violación de ley”, solo persigue un tercer juzgamiento de los hechos o una revisión de la apreciación probatoria, propone una materia ajena al objeto del recurso. Como el objeto recurrible y la pertenencia de la materia al ámbito casable son presupuestos objetivos de admisibilidad, el Tribunal está habilitado a advertir, ya en el examen preliminar, que el remedio no propone una verdadera cuestión de derecho, y a declararlo mal concedido. Esto no es anticipar el mérito: es constatar que el recurso no abre la jurisdicción casatoria.-
La segunda operación -y aquí está el límite que recomiendo trazar con firmeza- es el juicio sobre si el absurdo efectivamente se configura. La excepción del absurdo permite excepcionalmente revisar lo fáctico; pero verificar si realmente media absurdo exige adentrarse en el razonamiento probatorio del fallo y confrontarlo con las constancias de la causa, y eso es, por su naturaleza, un juicio de fundabilidad, propio de la sentencia del artículo 14. La distinción que postulo es, por ello, la siguiente: en admisibilidad el Tribunal puede legítimamente comprobar si el recurrente invocó el absurdo y si lo articuló con la técnica exigible -esto es, si individualizó la prueba mal valorada, si explicó el vicio lógico grave y decisivo, y no se limitó a contraponer su propia lectura de los hechos-; lo que no puede es resolver, en ese estadio, si el absurdo existe. Si el recurso ni siquiera invoca absurdo y se reduce a discrepar con la valoración probatoria, su rechazo por inadmisible es claro y no merece reparo. Pero si el absurdo fue invocado y técnicamente desarrollado, decidir si realmente concurre pertenece al juicio de procedencia, y resolverlo en el examen preliminar entraña el riesgo de adelantar el fondo bajo la apariencia de un control de admisibilidad.-
En suma, el Tribunal Superior de Justicia verifica que el absurdo haya sido articulado; no decide, en admisibilidad, que el absurdo exista.-
VI. Las consideraciones anteriores se asientan en un método interpretativo que conviene explicitar, porque allí anida buena parte del desacuerdo. La disidencia se apoya en una lectura literal del artículo 7, que acotaría el examen preliminar al “plazo y demás requisitos formales” entendidos en su sentido más estrecho, y reclama, en apoyo de esa exégesis, que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra. El principio es correcto, pero incompleto. La letra es el punto de partida de la interpretación, no su punto de llegada; y una hermenéutica fiel no es la que se detiene en el significado aislado de un vocablo, sino la que reconstruye el sentido de la norma en el conjunto del sistema al que pertenece y a la luz de la finalidad que la anima. Leído el artículo 7 en conexión con los artículos 1, 2, 3, 4 y 14 del régimen, se advierte que la idoneidad del objeto y la pertenencia de la materia al ámbito casable son presupuestos objetivos de admisibilidad -no cuestiones de fondoy que, por ello, integran el examen formal entendido en sentido amplio. La interpretación sistemática y teleológica no fuerza el texto: lo completa, devolviéndole la coherencia que la lectura fragmentaria le sustrae.-
A esta razón de método se suma una consideración de consecuencias que ningún Tribunal puede desatender, porque la interpretación de una norma procesal no es indiferente a sus efectos sobre el sistema de justicia. La tesis restrictiva, que obliga a abrir la instancia siempre que se satisfagan los recaudos temporales y la mera invocación nominal de un motivo, produce resultados disvaliosos previsibles.-
En primer lugar, prolonga innecesariamente los pleitos, pues recursos que no proponen una verdadera cuestión casable -o que carecen de crítica idónea- deben, no obstante, tramitar íntegramente hasta la sentencia del artículo 14 para recién entonces ser desestimados, difiriendo por años una conclusión que podía y debía alcanzarse en el umbral.-
En segundo lugar, sobrecarga el trabajo del Tribunal, que debe sustanciar y resolver sobre el fondo impugnaciones manifiestamente inhábiles, en detrimento del tiempo y la atención que reclaman las causas que sí plantean genuinas cuestiones de derecho.-
En tercer lugar, traslada al estadio de mérito debates que, por su naturaleza, deben cerrarse en la admisibilidad, desdibujando la distinción misma entre ambos planos.-
Y, en cuarto lugar -lo más grave-, erosiona la función nomofiláctica del recurso de casación: si el filtro de admisibilidad se vacía de contenido, la casación deja de operar como instrumento de depuración y unificación de la doctrina legal y se aproxima a una tercera instancia ordinaria, desnaturalizando aquello que justifica su existencia. El examen de admisibilidad robusto no es, entonces, un obstáculo al derecho, al recurso, sino la condición de que la casación cumpla la función para la que fue concebida.-
VII. Puedo, en consecuencia, articular la conclusión. En el examen de admisibilidad -y señaladamente en el examen preliminar del art. 7- este Tribunal Superior de Justicia actúa como guardián de la apertura de su propia competencia extraordinaria, con potestad autónoma respecto de la concesión dispuesta por la Cámara, que ni lo vincula ni purga los defectos del remedio. En ese marco puede y debe examinar si el recurso contiene una crítica concreta y razonada, porque la suficiencia técnica del escrito es un requisito formal de autosuficiencia impuesto por el artículo 4, inciso a); y puede advertir que el recurso propone una cuestión de hecho y prueba ajena a la materia casable, declarándolo mal concedido cuando solo persigue reeditar el debate fáctico sin invocar ni articular técnicamente el absurdo. El único límite -prudencial pero firme- consiste en no confundir la verificación de que el absurdo fue invocado y articulado, que es admisibilidad, con la decisión de si el absurdo realmente existe, que es fundabilidad y pertenece a la sentencia del artículo 14.-
Esta es la doctrina que el Tribunal ha sostenido de manera constante y la que, por las razones expuestas, corresponde reafirmar. La posición que propicia la disidencia no ha satisfecho la carga argumentativa reforzada que su abandono exigía, no se hace cargo de la propia jurisprudencia que la sustentaba, descansa en una exégesis literal que la lectura sistemática y finalista del régimen desmiente, y conduce a consecuencias institucionales que comprometen la celeridad de los procesos, la economía de los recursos del Tribunal y la función nomofiláctica de la casación. Por todo ello, reafirmando la senda tradicional con las precisiones que dejo formuladas, adhiero a la solución que propicia el voto de la Dra. Mercau.-
Los Dres. Alicia de los Ángeles Mercau y Fernando Miguel Basanta adhieren al agregado de la Dra. Fernández, por compartir sus argumentos.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede el voto unánime en relación al Punto I), el voto minoritario y concordante de las Sras. Vocales, Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta y el voto mayoritario de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio Ramón de la Vega y del Sr. Presidente, Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos.-
2. Declarar bien concedido el recurso de inconstitucionalidad articulado por la parte actora en PE1905825- 2025.-
3. Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley 3453/15 -Decreto N° 2228/15- y por el término allí establecido conforme remisión del artículo 19 del citado texto legal.-
La presente resolución se dicta con la firma de ocho miembros del Tribunal y por la existencia de mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos (art. 27, 2º párrafo, Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero -Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Dr. José Antonio González Nora –Vocal-; Dr. Sergio Edgardo Acevedo –Vocal-; Dr. Juan Lucio Ramón de la Vega –Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1017I.261 Tomo: XXXVII Interlocutorio: 3926 Folio N°: 7303/7310 Secretaría: 1
Fin de la sentencia