Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 36.246-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución DE PRLA N° 2306/15, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 03/06/2015, en la actuación SIGEA Nº 13809-274-2009, en cuanto condena a la firma CORPORACIÓN PUNTO ALPHA S.R.L. al pago de una multa equivalente a $ 1.881.977,76 por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 991 del C.A.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-20712784-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 26 de Febrero de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “CORPORACIÓN PUNTO ALPHA S.R.L. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”; Expediente N° 36.246-A, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 2306/15, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 03/06/2015, en la actuación SIGEA Nº 13809-274-2009, en cuanto dispone condenar a la actora al pago de una multa equivalente a $ 1.881.977,76 por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 991 del C.A. en relación a la mercadería comercializada mediante las facturas acompañadas en la actuación N° 13289-25803-2009.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 9/18 se presenta por apoderado CORPORACIÓN PUNTO ALPHA S.R.L. e interpone recurso de apelación contra la resolución aduanera. Inicialmente. Analiza el tipo infraccional del art. 991 del C.A. y afirma que no se encuentran cumplidos en el caso. Puntualiza que la omisión de consignar en el documento comercial el número y año del despacho de importación reviste carácter de incumplimiento meramente formal. Agrega que cumplió debidamente con la reglamentación estatuida por la Resolución Ex ANA N° 2522/87, aplicando las estampillas a la mercadería comprendida en el régimen. Explica que la mercadería fue importada y comercializada en el mercado interno con fines legítimos. Cuestiona la liquidación de multa y solicita su readecuación. Cita jurisprudencia. Para concluir, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 30/38 se presenta la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Sustenta la imputación formulada, atento a considerar que la actora incumplió las disposiciones del Decreto 4531/65 (Art. 9). Cita jurisprudencia. Puntualiza que el incumplimiento de las disposiciones aludidas acarrea la tipificación de la conducta en el art. 991 del C.A. Se opone a las nulidades planteadas por la actora, toda vez que el procedimiento fue llevado en legal forma. Entiende que el agravio de la actora vinculado al cuestionamiento la sanción aplicada no puede prosperar. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 13809-270-2009 se inician a fs. 1/2 con la Nota Ramo 7 N° 1256/09. A fs. 39 se incluye la orden de intervención N° 09621OC07001256E. A fs. 3/1351 se adjuntan constancias vinculadas a las verificaciones realizadas por la División Control Ex post de Importación (Departamento de Fiscalización Aduanera Metropolitana) y el requerimiento efectuado a la actora de que acompañe documentación, en especial las facturas de venta en el mercado interno del período fiscal 2008 que contengan mercaderías clasificadas en las partidas 9004 y 9003. A fs. 1352/1365 obra listado que contiene las aludidas facturas, con detalle de fecha, tipo, número e importe. A fs. 1367 se encuentra el acta de denuncia N° 229/2010. A fs. 1368/1379 luce la Nota N° 542/10 (DV CODD). A fs. 1383/1397 se adunan los sobres originales de los despachos de importación a consumo Nros. 08001IC04208084R, 08001IC04216480Z, 08001IC04203922N, 08001IC04209169W, 08001IC04172712B, 08073IC04187157K, 08073IC04189532Y, 08073IC04191125A, 08073IC04197009H, 08073IC04210459C, 08001IC04207426Z, 08073IC04232090U, 08073IC04232115S, 08073IC04232138A y 08073IC04244648J. A fs. 1400, en fecha 14/06/2010, se dispone la instrucción de sumario y corrida de vista. A fs. 1401 vta. se notifica a la actora, en fecha 09/06/2010. A fs. 1426/1431 la actora contesta la vista conferida. A fs. 1452 la División Verificación (Sección Ramo A) emite la Nota N° 18/13 (SE RABA). A fs. 1453 se encuentra la Nota N° 1233/13 (DV VEEZ). A fs. 1457 la División Verificación de la Dirección Aduana de Ezeiza emite la Nota N° 304/15. A fs. 1458 se incluye el informe del Verificador Juan Costantino. A fs. 1462 se incluyen constancias del Registro de Infractores. A fs. 1463/1466 se dicta la resolución aquí apelada, notificada a fs. 1467 vta. A fs. 1468/1469 la actora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y adjunta Formulario F4. Luce acumulada a las actuaciones principales la N° 13289-25803-2009 y paquete con documental que corre por cuerda separada.
V. Que a fs. 39, en fecha 23/05/2016, se abrió la causa a prueba.
VI. Que por PV-2024-127190399-APN-VOCXXI#TFN se certificó la prueba producida. Por PV-2024- 127237038-APN-VOCXXI#TFN se declaró cerrado el período probatorio y se elevaron los autos a la Sala “G”. Por IF-2024-127717310-APN-VOCXXI#TFN se pusieron para alegar. Finalmente, en fecha 27/12/2024 pasaron a sentencia (IF-2024-142067645-APN-VOCXXI#TFN).
VII. Que ahora bien, en cuanto al fondo de la cuestión corresponde señalar que las actuaciones antecedentes de esta causa se inician a raíz de la denuncia N° 229/2010, en fecha 05/04/2010 por falta de cumplimiento de lo normado en el art. 9° del Decreto 4531/65, vinculada a la orden de intervención N° 09621OC07001256E.
Que por esa razón, el servicio aduanero consideró que en el caso la actora habría cometido la infracción tipificada en el art. 991 del C.A., atento a que la comercialización de la mercadería de industria y procedencia extranjera se efectuó expidiendo facturas que no cumplían con los requisitos establecidos para ese fin por la normativa vigente para el caso (art. 9, inc. e) del Decreto 4531/65).
En virtud de ello condenó a la actora, mediante la resolución aquí recurrida, al pago de una multa igual a una vez el valor en plaza de la mercadería en cuestión por la suma de $ 1.881.977,76, en virtud del art. 991 del C.A.
VIII. Que corresponde analizar, entonces, si la infracción prevista en el art. 991 del Código Aduanero, se ha configurado o no en la causa.
Cabe recordar que el referido art. 991 del C.A. sanciona la transferencia de mercadería de origen extranjero, de cualquier tipo, con fines comerciales o industriales, que no presentare aplicado el respectivo instrumento fiscal, que no llevare los medios de identificación respectiva y, en general, que no cumpliere con los requisitos establecidos por la reglamentación. La penalidad establecida es una multa de una a cinco veces el valor en plaza de la mercadería en infracción. A su vez, el referido art. 991 prescribe, en su último párrafo, que la sanción resulta independiente de la que pudiere corresponder al tenedor de la mercadería en infracción.
Que en cuanto a la transferencia de la mercadería de origen extranjero sin cumplir con los requisitos previstos por la reglamentación -supuesto que cobra relevancia en el caso de autos- corresponde tener especialmente en cuenta que en el Decreto 4531/1965 se ha establecido, con el objeto de determinar en cualquier momento la legítima introducción de la mercadería de origen extranjero, que toda operación comercial deberá efectuarse mediante el otorgamiento a favor de quien recibiere la mercadería por cualquier título, de una factura, recibo, remito u otro documento legalmente aceptable que contenga las siguientes especificaciones:
a) Lugar y fecha;
b) Nombre social o nombre de quien entregare la mercadería y número de documento de identidad cuando no exista comercio establecido;
c) Nombre social o nombre de quien recibiere la mercadería;
d) Cantidad, especie, calidad y origen de las mercaderías y toda otra característica tendiente a su mejor identificación, como la numeración, la serie, el modelo, el color, etcétera;
e) Número, año, y aduana que expidió el despacho o póliza por la cual se importó para consumo la mercadería o número de boleto, aduana o banco rematador , en caso de provenir de subastas de aduanas; f) Uso o utilización de la mercadería, si éstos hubieran sido determinados al efectuarse el despacho a plaza. En consecuencia, y teniendo en cuenta lo precedentemente citado, toda transmisión de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales, que no de cumplimiento a algunos de los requisitos establecidos por la reglamentación, configuraría la infracción prevista y penada por el art. 991 del C.A. Que mediante esta infracción se intenta poner una segunda barrera a las mercaderías que hubieren filtrado a través de los controles aduaneros en su ingreso al país, aunque no resulte posible detectar si existió al respecto el delito de contrabando, evitando que la evasión de las normas aduaneras posibilite la ilegal circulación en plaza de mercaderías no introducidas legítimamente. Asimismo, cabe poner de relieve que, a su vez, mediante esta infracción también se persigue proteger a terceros adquirentes.
Que como reconocida doctrina ha explicado muchas controversias se han generado en torno a la debida interpretación del tipo infraccional previsto en el art. 991, en el marco de la falta de cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la reglamentación, para la transferencia de mercadería de origen extranjero sin el pleno cumplimento de los aludidos requisitos formales. Particularmente, y en lo que aquí interesa, se ha cuestionado si la omisión de consignar alguno de los elementos que debe contener la factura de venta en el mercado interno, que se encuentran indicados en el Decreto N° 4531/1965, como podría ser el caso establecido en el art. 9, daría lugar a la aplicación de una figura tan gravosa para una omisión que podría considerarse meramente formal. Pero lo cierto es que, más allá de las discusiones vertidas sobre el particular, la jurisprudencia ha sido rigurosa en este sentido considerando que la omisión de la indicación en la factura respectiva de los datos exigidos por la reglamentación resulta punible en los términos del art. 991 del CA. (Cotter Juan Patricio, Infracciones Aduaneras, pág 317/319, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011)
Que en el caso de autos a efectos de determinar si la mercadería cuestionada ha sido legítimamente ingresada a plaza, corresponde tomar en cuenta las actuaciones administrativas antecedentes de esta causa, los informes de las áreas intervinientes y la acompañada en autos.
Que la sanción impuesta por el servicio aduanero a la firma CORPORACIÓN PUNTO ALPHA S.R.L. tiene su fundamento en que no fueron consignados en las facturas de venta en el mercado interno los números correspondientes de los despachos de importación por los cuales se habría ingresado la mercadería al país.
Que, no obstante las argumentaciones vertidas por la recurrente en cuanto al legítimo ingreso de la mercadería, cabe destacar que es evidente, pues ello surge de la simple observación de las copias de facturas de venta en plaza de los bienes importados en cuestión (detalladas a fs. 1352/1362 de las actuaciones administrativas), que no fueron consignados los números de las destinaciones por las cuales se introdujeron al país las referidas mercaderías, y por ello la actora no ha dado cumplimiento a lo establecido en el art. 9° del Decreto N° 4531/65.
Que, en consecuencia, ha quedado demostrado, respecto de la mercadería que fue considerada por el servicio aduanero como no amparada por los despachos de importación de autos, la configuración de la infracción.
Que, asimismo corresponde tener en cuenta que la prueba acompañada por la actora en sede aduanera, como en esta instancia, no logra desvirtuar las conclusiones a las que se arriba, en razón de que la obligación omitida por la actora no es susceptible de ser cumplida con posterioridad a la comisión de la infracción.
Que dada la naturaleza de la inobservancia no se advierte de que manera esta podría ser subsanada con posterioridad, debido a la evidente imposibilidad de retrotraer la operatoria comercial, por ello en el caso corresponde tener por configurada la infracción prevista en el art. 991 del C.A., respecto de la mercadería comercializada en las condiciones supra referidas.
IX. Que esta circunstancia se advierte con claridad de las conclusiones elaboradas por las áreas técnicas intervinientes a lo largo del desarrollo de las actuaciones administrativas, que-para mayor claridad expositiva-se detallan a continuación:
-Nota RAMO 7 N° 1256/09, de fecha 13/10/2009 (fs. 1/2): en ella consta que “Como consecuencia de la investigación, y luego del análisis de la documentación aportada, pudo observarse que en las mismas no consta ni el origen de la mercadería ni la indicación de importación correspondiente, que otorga legítima tenencia de la misma.”
-Informe N° 542/2010 (fs. 1368/1379): allí se desprende de la tarea desarrollada por los funcionarios actuantes que “…del análisis de las facturas de los distintos lotes que pudieron obtenerse puede observarse que las mismas no cuentan con la indicación del despacho de importación que otorga la legítima tenencia en plaza…”. Dicho informe fue avalado por la División Comprobación de Destino, mediante Nota N° 1062/10(DV CODD) (fs. 1381).
-Informe de fecha 10/07/2012 suscripto por el verificador Juan Costantino (fs. 1450) en el que manifiesta que “…el listado obrante a fs. 1352/1365 no reúne las condiciones necesarias para un correcto cruce entre las destinaciones de importación documentadas y las facturas de venta declaradas.” -Informe de fecha 31/10/2013 (Sección Ramo D, División Verificación, Dirección Aduana de Ezeiza, fs. 1453): allí consta que “En virtud de ello se procedió a analizar la documental aportada no resultando viable establecer la correspondencia entre los datos que se describen en el listado de facturas de venta, los cuales son insuficientes, con las destinaciones agregadas del registro de esta jurisdicción, compartiendo el criterio de los informes vertidos oportunamente por las áreas de verificación de la Aduana de Buenos Aires”.
-Informe de fecha 08/05/2015 (Sección Ramo D, División Verificación, Dirección Aduana de Ezeiza, fs. 1457): en dicho documento se desprende que “…del análisis de lo actuado surge que las copias de las facturas comerciales agregadas no presentan en el cuerpo de ellas inscripción alguna sobre la destinación de importación que amparó su ingreso como el origen de la misma, motivo por el cual no se puede efectuar el cotejo solicitado para establecer fehacientemente si se corresponden con las mismas.” En lo que hace a la prueba producida en esta sede, se incorporaron los despachos de importación Nros. 06001IC04040313E, 06001IC04055388W, 06001IC04158877G, 06001IC04444K, 06001IC04150857T, 04001IC04098890E, 06001IC04144742P, 07001IC04116164N, 06001103802H, 06001IC04186947I, 07001IC04165167U, 08001IC04168726C, 07001IC04038602N, 06001IC04071880R, 07001IC04156020X, 06001IC04144898E, 05001IC04135693T, 06001IC04074265R, 06001IC04096013M, 06001IC04116923P, 06001IC04107459T, 06073IC04094748L, 06073IC04163041R, 06073IC04165858M, 06073IC04146136A, 06073IC04152526A, 05073IC04084635E, 03073IC04081601P y copias autenticadas de la N° 05001IC04119872V.
X. Que, en relación a uno de los agravios sustanciales de la actora, cabe recordar que no es objeto de la actuación aquí revisada el cotejo del legal ingreso de mercadería sino el control de su comercialización en plaza y en cumplimiento de los requisitos exigidos.
Coincido con la parcialidad que interpreta la tutela normativa con la pretensión “de evitar que la transferencia realizada sin los recaudos respectivos permita al sujeto utilizar luego estos instrumentos para mercadería ingresada ilícitamente” (p. 317, Cotter, obra ya citada) y TFN Sala E 9/9/02 “Perfumes Dana”. Que al respecto, cabe señalar que quienes comercian con mercadería de origen extranjero, mantienen por ello una relación especial con el organismo aduanero y se vincula con la necesidad de adoptar medidas que posibiliten el control aduanero respecto a la comercialización de esa mercadería, y la posibilidad de demostrar su introducción legal al país. Que el carácter de comerciantes de quienes intervienen en esa actividad, implica la existencia de mayores deberes en cuanto al cumplimiento de esos requisitos. Que en ese sentido, corresponde tener en cuenta lo expresado por los Dres. Enrique Carlos Barreira y Guillermo Vidal Albarracin, en su trabajo “La responsabilidad en las infracciones aduaneras”, La Ley T. 1989-A, pág. 925.
Allí expresan esos autores respecto de quienes intervienen en operaciones vinculadas al comercio exterior, o a su control “...lo que – como hemos visto- constituye una de las particularidades que se reflejan en el régimen infraccional aduanero, debemos tener presente ese principio general del derecho, receptado en el art. 902 del Cód. Civil conforme al cual “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Dicha regla se complementa con la ubicada en el art. 512 del mismo ordenamiento legal la que, con relación al cumplimiento de obligaciones, dispone que ella se debe apreciar atendiendo a las circunstancias de la persona, del tiempo y del lugar en que ocurren los hechos. Estos deberes se determinan conforme la situación jurídica y social de cada individuo y aunque la individualización del deber de cuidado no deba hacerse tomando en cuenta la capacidad individual del agente, si se torna más exigente para los especialistas (importadores, exportadores....etc.) y mayor aún a aquellos que siendo especialistas, fueran más idóneos o expertos, ya que, por dicha razón, éstos tienen un conocimiento técnico que les otorga mayores condiciones para dominar y programar la causalidad”.
En conclusión, el especial deber de conocimiento de las reglamentaciones aduaneras y de los mecanismos operativos del comercio exterior que, como hemos visto, el ordenamiento exige a los auxiliares del servicio aduanero, a los importadores y exportadores y a los usuarios de las mercaderías importadas, hacen plenamente aplicables tales pautas. Esa cualidad, que aumenta su deber de previsibilidad, consecuentemente hace menos excusable el error en que estos agentes pudieran incurrir en el curso de sus actividades. Se les exige desplegar, en presencia de los peligros ordinarios que los rodean, la máxima tensión espiritual de que son capaces con el fin de preverlos, y una vez previstos, prevenirlos y evitarlos. Que, consecuentemente, y en atención a la naturaleza de las operaciones comerciales de la recurrente, considero que el elemento subjetivo de la infracción, que como surge además de reiterada jurisprudencia relativa a las infracciones aduaneras, se presume ante la demostración objetiva de la existencia de la infracción, se encuentra configurado y demostrado.
XI. Que en idéntico sentido se ha pronunciado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal señalando que “la ausencia de las prendas para su verificación por parte de la Aduana es prueba suficiente de la violación al art. 991 del C.A., por cuanto en el caso no importa que esa mercadería haya sido introducida legalmente al territorio aduanero nacional, en tanto su importadora lo ha colocado en el mercado interno sin haberse sujetado a las prescripciones reglamentarias establecidas” (Sala IV, 12/02/04, Dasiel S.A.). Este último concepto fue reiterado en la causa “Burello, Alejandro Adrián C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo”, de la Sala II, de fecha 29/09/15. A su vez, expresó “el conocimiento de todo importador o comerciante que negocia bienes importados respecto de las disposiciones aduaneras a la que están sujetos los objetos que son de su ramo hace que las omisiones en que pueda incurrirse en el cumplimiento de los requisitos exigidos para la negociación muestren a las claras que su autor se ha comportado con evidente imprudencia configurativa de la culpa, fundamento de la figura penal que se examina, lo que elimina cualquier posibilidad de asimilación de su conducta con la que se ha valorado en los innumerables casos del tenedor a quien se le ha exigido reiteradamente la demostración indubitable de la buena fe que invoca (Fallos :266:43; CNCAF, Sala II Klotzman, Jaime, 21/06/74 -voto del Dr. Bavio- L.L. t. 156, p. 443; CNCAF, Sala I, 17/11/79, Feldman Moisés; esta Sala, 3/9/80, L¨Interdic S.A.C. e ídem, Aguilera Pedro, 26/12/88)” C.N.A.C.A.F, Sala IV, 10/6/04, Ilguisonis Aníbal David. Asimismo, en la referida sentencia expresó “Tal como lo sostienen los redactores del código, las figuras penales contenidas en el capítulo decimotercero han sido creadas con el fin de proteger las arcas fiscales de los perjuicios ocasionados por el contrabando. Se trata de un segundo círculo disuasorio de las prácticas ilegales de introducción de mercaderías en el territorio aduanero”.
XII. Que, en cuanto al agravio esgrimido por la actora relacionado a la solicitud de graduación de la multa por debajo del mínimo legal, no puede tener favorable recepción, toda vez que se advierte que la multa que se impuso fue equivalente al mínimo previsto por el art. 991 del C.A. (que permite la aplicación de 1 a 5 veces el valor en plaza de la mercadería en infracción), a cuyos fines se consideró la falta de antecedentes infraccionales de la recurrente.
En virtud de las consideraciones expuestas, voto por:
1).- CONFIRMAR la Resolución DE PRLA N° 2306/15, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 03/06/2015, en la actuación SIGEA Nº 13809-274-2009, en cuanto condena a la firma CORPORACIÓN PUNTO ALPHA S.R.L. al pago de una multa equivalente a $ 1.881.977,76 por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 991 del C.A. 2).- Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- CONFIRMAR la Resolución DE PRLA N° 2306/15, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 03/06/2015, en la actuación SIGEA Nº 13809-274-2009, en cuanto condena a la firma CORPORACIÓN PUNTO ALPHA S.R.L. al pago de una multa equivalente a $ 1.881.977,76 por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 991 del C.A. 2).- Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.02.26 11:00:51 ART Date: 2025.02.26 11:08:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.26 11:08:38 -03:00
Fin de la sentencia