Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 30.862-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la nulidad y prescripción opuestas por la actora, con costas.
2Declarar condonada la multa impuesta en la Resolución Nro. 274/10 (AD CORR) por la comisión de la infracción prevista en el art. 985 del CA., con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-129867660-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 1 de Diciembre de 2022 En el día de la fecha, se reúnen los señores Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Cora M. Musso y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia de la Vocal nombrada en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “CORREA ESTELA ERADIA c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, Expte. Nº 30.862-A;
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 10/18 y vta. la recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra el Fallo nº 274/10 (AD CORR) dictado por el administrador de la aduana de Corrientes en la actuación n° 12336-1833-2007, en cuanto condena a ESTELA ERADIA CORREA, solidariamente con Hugo Orlando Lohidoy, Nélida Ester Cirarlo y Miriam Elisabet Lohidoy, al pago de una multa y al comiso irredimible de la mercadería secuestrada por la infracción del art. 985 del C.A. En primer lugar, opone la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado en sede aduanera. Manifiesta que desde el 11.02.08 su domicilio se encuentra en la calle San Juan 2377 de la ciudad de Santa Fe y con anterioridad se encontraba en la misma calle, número 1160 de dicha ciudad.
Relata que se anoticia por primera vez de las actuaciones mediante cédula de notificación dirigida a su domicilio fiscal, en razón de encontrarse inscripta como trabajadora de servicio doméstico entre principios de 2008 y 2009 y que se encuentra absolutamente desactualizado. Sostiene que debió ser notificada en el domicilio real y que la aduana tendría que haber librado oficio al Tribunal Electoral de la Nación. Agrega que mediante la resolución apelada, tomó conocimiento de la causa penal nº 473/03 por la presunta comisión del delito de encubrimiento de contrabando en trámite por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Corrientes y señala que nunca fue citada por dicho órgano jurisdiccional.
Manifiesta que por carecer de recursos económicos, no pudo enfrentar los gastos de designar un letrado en la ciudad de Corrientes y que se le informó telefónicamente que su vinculación con la causa penal radica en el hecho de que es titular registral del automotor Renault 12, dominio WLI 696. Desconoce a las demás personas imputadas en el sumario aduanero y el acta que se les labró con motivo del allanamiento en el domicilio. Agrega que nunca estuvo en la provincia de Corrientes y ofrece un testigo para acreditar esta circunstancia. Explica que la mercadería secuestrada fue encontrada dentro de tres automotores, uno de los cuales era de su propiedad, pero que fue vendido a fines del año 2002, a un tercero que se dedicaba a la compraventa de automotores usados.
Señala que la documental correspondiente se perdió con motivo de la inundación que afectó a su domicilio y que, no obstante, haber firmado el formulario 08 correspondiente, advierte que el comprador no lo presentó en el Registro Automotor. Transcribe párrafos de la resolución apelada y reitera que a la fecha de la infracción, ya no se encontraba en posesión del automóvil a la fecha de su comisión y que nunca estuvo en la provincia de Corrientes. Opone la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y cita los arts. 934 y 937 del C.A. Señala que según la resolución apelada, la fecha de constatación es el 4.06.03, por lo que el plazo de prescripción se computa a partir del 01.01.04.
Agrega que al no figurar la fecha de la apertura del sumario, se ve obligada a oponer la excepción, máxime si se tiene en cuenta que la resolución condenatoria se notificó más de un año y cinco meses después de dictada. Cita abundante jurisprudencia referida a la obligación de notificar los actos administrativos y a la aplicación supletoria de la L.P.A. en materia aduanera, no obstante su especialidad. Plantea la nulidad de todo lo actuado por cuanto se opone a la notificación practicada en el domicilio fiscal, por cuanto se trata de un domicilio de antigua data. Ofrece prueba documental, testimonial e informativa, hace reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso, con costas.
II. Que corrido el pertinente traslado, previo emplazamiento de fs. 30, la representación fiscal lo contesta a fs. 33ref./41ref. y vta. y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de una reseña de los hechos y de la negativa genérica de rigor, se refiere, en primer lugar al planteo de nulidad de la notificación. Sostiene que la corrida de vista se notificó en el domicilio registrado en la AFIP tal como lo dispone el art. 1003 del C.A. y que la actora no acreditó ningún cambio de domicilio fiscal. Agrega que el administrador procedió a notificar por edictos la vista conferida en los términos del art. 1013, inc. h) del C.A. Señala que ante la incomparecencia de la actora se declaró su rebeldía y se tuvo por constituido el domicilio en los estrados de la oficina aduanera.
Manifiesta que la recurrente no demuestra ninguna causal de nulidad de la notificación y que solo pretende plantear la nulidad por la nulidad misma, lo cual resulta -a su criterioimprocedente. Agrega que no sufrió menoscabo del derecho defensa por cuanto interpuso el recurso de apelación ante este Tribunal y cita jurisprudencia. Con relación a la nulidad de la resolución condenatoria, sostiene que los agravios de la actora resultan improcedentes atento a que la investigación por el presunto encubrimiento de contrabando por la Justicia Federal no modifica lo resuelto por el servicio aduanero respecto de la infracción prevista en el art. 985 del C.A. Explica que la existencia de una causa penal por encubrimiento de contrabando o por cualquier otro delito, no excluye la figura infraccional del art. 985 del C.A. en tanto resultan independientes y cita doctrina y jurisprudencia.
Transcribe el art. 1051 del C.A. y sostiene que el plazo allí establecido, se encuentra vencido, por lo que entiende que la resolución apelada es plenamente válida. Respecto de la excepción de prescripción opuesta por la actora, sostiene que la infracción se produjo el 4.06.03, el plazo para computar la prescripción se comienza a computar el 01.01.04 y su curso se interrumpió con la apertura del sumario de fecha 26.03.08, antes de que transcurrieran los cinco años. Agrega que tampoco transcurrieron los cinco años de la prescripción computados desde el auto de apertura del sumario hasta el dictado de la resolución condenatoria con fecha 7.09.10. Sostiene que la interrupción de la prescripción se produce por el dictado de esos actos y no la de su notificación y cita los precedentes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Hughes Tool S.A.” y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Wonderland SRL”.
En cuanto a la cuestión de fondo, afirma que en autos se produjo la infracción del art. 985 del C.A. que sanciona la tenencia de mercadería de origen extranjero con fines comerciales e industriales, sujeta al pago de impuestos internos y que no presenta el respectivo instrumento fiscal. Manifiesta que dicha infracción sanciona la mera tenencia, lo cual se encontraría acreditado en autos atento a que la mercadería se hallaba en el automóvil de propiedad de la actora y que por su cantidad, variedad y valor tendría una finalidad comercial. Cita jurisprudencia. Señala que el art. 985 del C.A. reprime los medios de comercialización de la mercadería ingresada mediante el contrabando. Agrega que el carácter objetivo de la figura infraccional implica la inversión de la carga de la prueba, de modo que el tenedor es quien debe demostrar la introducción legítima de la mercadería.
Explica que la actora no probó que el vehículo era conducido por otra personal ni que se le hubiera sustraído; tampoco demostró que no fuera la titular registral del automotor, dado que reconoce que omitió formular oportunamente la denuncia de venta. Cita doctrina y jurisprudencia.
Se refiere al esquema de responsabilidad adoptado por el Código Aduanero y cita la Exposición de Motivos y doctrina. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que la actuación nº 12336-1833-2007 se inicia con la denuncia DN18-03-327 que detalla la mercadería secuestrada en el allanamiento efectuado por la Prefectura Naval Argentina con fecha 4.06.03, en el campo situado a la altura del kilómetro 1108 de la Ruta Nacional nº 12, paraje La Palmira, Departamento de Itatí, provincia de Corrientes (km 1300 margen izquierda del Río Paraná). A fs. 1 obra el parte de novedades respecto de las tareas investigativas efectuadas en la zona por la Prefectura Naval Argentina de fecha 3.06.03 y a la espera de la orden de allanamiento por la presunta infracción a la ley 22.415. Dicha situación se puso en conocimiento del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Corrientes, mediante los oficios nº 379 y 380/03 ITAT, RW.H de fs. 3/5.
A fs. 6 se agrega el fax correspondiente a la orden de allanamiento, el cual se realiza conforme se deja constancia en el Acta nº 202/03 de fs. 8/9. A fs. 10/11 obra el Acta de Inspección Ocular nº 204/03. A fs. 12, mediante Disposición ITAT, RW.H nº 88/03 la Prefectura Naval dispone la instrucción del sumario judicial. A fs. 13/15 obran las declaraciones de los testigos. A fs. 16 se acompaña el informe socio ambiental. A fs. 18 se solicita informes de los rodados secuestrados, cuya respuesta obra a fs. 19. A fs. 20 se practica el aforo de los cigarrillos secuestrados. A fs. 21/23 se agregan copias de los DNI y cédulas verdes encontradas en los vehículos. A fs. 27/28 obran las impresiones de pantalla del padrón de contribuyentes de la AFIP.
A fs. 32, con fecha 26.03.08, se instruye el sumario por la comisión del delito de encubrimiento de contrabando de importación (art. 874, inc. d) del C.A.) en concurso real con la infraccón del art. 985 del C.A. respecto de los imputados Nilda Cirarlo, Hugo O. Lohidoy, Miriam Lohidoy y Estela Eradia Correa y se les corre vista de lo actuado. A fs. 33/34 obra la cédula de notificación dirigida a la actora Estela Eradia Correa al domicilio fiscal sito en J. Del Campillo 3321, Sección 6ta. B, de Santa Fe, la que figura devuelta por “dirección inexistente”. Atento a la devolución de las cédulas sin notificar de los otros imputados, a fs. 41/43 obran las copias del Registro Electoral de la Nación, correspondientes a la provincia de Corrientes en las cuales se informan los domicilios de Miriam Lohidoy, Hugo Lohidoy y Nélida Cirarlo.
A fs. 44 se agregan los edictos publicados en el Boletín Oficial nº 31.432 de fecha 24.06.08 mediante los cuales se cita a los mencionados imputados y a la actora Estela Eradia Correa. A fs. 45 se declara la rebeldía, la cual se notifica en forma automática en los términos del art. 1013, inc. g del C.A. A fs. 46/51 se agregan las impresiones de pantalla correspondientes al Registro de Infractores. A fs. 54 se emite el dictamen jurídico nº 454/10 y a fs. 53/54 se dicta el Fallo nº 274/10 (AD CORR), que se apela en autos. A fs. 61 obra el acuse de recibo de la notificación dirigida al domicilio fiscal de la actora. A fs. 73 la actora interpone recurso de apelación ante este Tribunal. A fs. 76 se la intima a presentar el F4 de apelación y a constituir domicilio en el radio del Tribunal, lo que se da por cumplido a fs. 81 mediante la Nota nº 495/2012 (AD CORR).
IV. Que a fs. 43ref. se hace saber que las excepciones serán tratadas con la cuestión de fondo y se abre la causa a prueba, la que obra parcialmente producida a fs. 48/49. Con respecto al oficio acompañado a fs. 46, a fs. 50 se intima a la actora a presentar nuevo oficio al confronte y tramitar el mismo, bajo apercibimiento de tenerla por desinteresada de dicha prueba. A fs. 54 se cierra el período probatorio. A fs. 57 se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 58 se ponen los autos para alegar y a fs. 62 pasan a sentencia.
V. Que, en primer lugar, corresponde referirse al planteo de nulidad opuesta por la actora en su escrito de apelación. Que la actora solicita que se declare la nulidad de lo actuado en el procedimiento aduanero, por cuanto no pudo tomar conocimiento del mismo dado que la notificación de la instrucción del sumario y la corrida de vista se practicó en un domicilio fiscal desactualizado. Sostiene que debió ser notificada en su domicilio real que la aduana tendría que haber librado oficio al Tribunal Electoral de la Nación para averiguar el mismo, a fin de asegurar su derecho de defensa en juicio.
VI. Que en lo que se refiere al domicilio, el Código Aduanero en la Sección XIV, Título I, Capítulo Primero establece las disposiciones relativas al mismo y que resultan aplicables a todos los procedimientos que se llevan a cabo ante el servicio aduanero.
Que, al respecto, el artículo 1001 dispone que: “Toda persona que compareciere ante el servicio aduanero deberá, en su primera presentación, constituir domicilio dentro del radio urbano en que la oficina aduanera respectiva tuviere su asiento o bien mediante alguno de los medios electrónicos que estableciere la reglamentación”.
Que, asimismo, el art. 1003 del citado cuerpo normativo establece que: “Siempre que el interesado no hubiere constituido domicilio, el registrado ante el servicio aduanero, que estuviere ubicado fuera del radio urbano de la oficina aduanera en que tramitare la actuación, será considerado como domicilio constituido al solo efecto de practicar la primera notificación. En ella, se le advertirá que debe constituir domicilio en la forma prescripta en el art. 1001 dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de lo previsto en el art. 1004.” Este apercibimiento implica que si el interesado - debidamente notificado- no constituyere o no tuviere registrado domicilio en el radio urbano de la oficina aduanera respectiva, se considerará que ha constituido domicilio en la oficina aduanera en que tramitare la actuación, en donde quedarán notificadas de pleno derecho todas las providencias o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g).
Que, de acuerdo a lo previsto en el art. 1001 del C.A. y atento a que la actora no tenía un domicilio constituido en la actuación administrativa, la aduana de Corrientes libró cédula de notificación de la apertura del sumario y la corrida de vista, al domicilio registrado obrante en el Padrón Único de Contribuyentes y Responsables de la AFIP de fs. 29 de dichas actuaciones.
Que al ser devuelta la notificación por parte del Correo con la constancia de “domicilio inexistente” (fs. 34 de las act. adm.), la aduana de Corrientes notificó la apertura del sumario y la corrida de vista mediante edictos (fs. 44 de las act. adm.) y, ante la falta de comparecencia, declaró la rebeldía de la actora (fs. 45 de las act. adm.), a quien se notificó en forma automática en los términos del art. 1013, inc. g) del C.A.
VII. Que lo actuado por la aduana luego de la devolución de la notificación del auto de apertura de sumario y de corrida de vista, resulta violatorio de lo dispuesto por los arts. 1001 y 1003 del C.A. en tanto que la notificación automática prevista en el art. 1004 procede solo cuando el imputado se notificó en forma fehaciente y a pesar de ello no constituye el domicilio en el radio urbano de la oficina aduanera, lo cual no aconteció en la especie.
Que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1012 inciso b) del CA, la DGA tiene la carga de notificar todos aquellos actos administrativos de alcance particular que afectaren “derechos subjetivos o intereses legítimos” y el inciso c) “los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados”, carácter que -sin duda- reviste el auto de apertura del sumario de fecha 26.03.08, y la consecuente corrida de vista ordenada en el mismo proveído. Que, a su vez, el art. 1013 del C.A. enumera en sus incisos a) a i) los modos de notificación por los cuales se deben notificar los actos, que por afectar un derecho subjetivo del administrado, requieren una notificación fehaciente a efectos de asegurar su derecho de defensa (v. “Navarro T. c/DGA”, Sala V de la CNACF, sent. del 12.7.00 y “Rodríguez, Silvia Alejandra”, Sala E, sent. del 20.8.03, expdte. TFN Nº 13.609-A, entre muchos otros).
Que, ante la devolución de la cédula, la DGA, en lugar de intentar una nueva notificación al domicilio real de la actora sito en San Juan 1160, de la ciudad de Santa Fe (informado por la Prefectura Naval Argentina a fs. 19 de las act. adm.), procedió a notificar mediante edictos el auto de apertura de sumario y corrida de vista. Cabe destacar que, la aduana de Corrientes agregó a fs. 41/43 de las actuaciones administrativas, los informes del domicilio registrado en el padrón electoral respecto de los otros imputados, excepto el de la recurrente, por lo que el único domicilio informado es el obrante a fs. 19 de las act. adm.
Que ante la falta de comparecencia de la actora, a fs. 45 la DGA declara su rebeldía y, asimismo, tiene por constituido el domicilio en el estrado de la oficina aduanera, todo lo cual notifica en forma automática con fecha 29.08.08 en los términos del art. 1013, inc. g del C.A.
Que la notificación automática de la declaración de rebeldía, contradice lo dispuesto por el art. 1037 del C.A. según el cual: “Deberán ser notificados por alguno de los medios previstos en el artículo 1013 los siguientes actos: … g) Los que declaren la rebeldía; la posterior declaración de rebeldía”. La falta de notificación fehaciente de la declaración de rebeldía afecta gravemente el derecho de defensa de la recurrente, puesto que no sólo no se le notifícó el auto de apertura del sumario y la corrida de vista sino que tampoco tomó conocimiento de la declaración de rebeldía dispuesta en el proceso.
Que los vicios en los que incurrió la DGA en la notificación de los autos mencionados, coloca a la actora en un estado de indefensión en el sumario aduanero, ello así, por cuanto se vio gravemente impedida de ejercer en forma adecuada su derecho de defensa, por lo que corresponde declarar la nulidad insanable de los actos dictados con posterioridad a la instrucción del sumario y la corrida de vista de fs. 32 de las act. adm., en particular, del Fallo n° 274/10 (AD CORR) apelado en autos.
VIII. Que sin perjuicio de lo que antecede y en el caso de que se considere configurada la infracción y, por ende, procedente la multa y el comiso, cabe destacar que correspondería declarar respecto de la primera, la condonación de pleno derecho en los términos del art. 56 de la ley 27.260 y 4° de Resolución General AFIP 4007-E/2017.
IX. Que, por ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad insanable del Fallo nº 274/10 (AD CORR) respecto de la actora Estela Eradia CORREA, en cuanto se la condena en los términos del art. 985 del CA, conforme los fundamentos expuestos en este pronunciamiento.
2. Costas a la demandada vencida (art. 1163 del CA).
La Dra Cora M. Musso y el Dr. Héctor Hugo Juárez dijeron:
I. Que en relación al planteo de nulidad efectuado por la actora, corresponde tener presente que conforme surge de las constancias agregadas en las Actuaciones Administrativas 12336-1833-2007, la imputada Estela Eradia Correa fue debidamente notificada de la vista conferida en los términos del art. 1101 del C.A., al domicilio que la misma tenía registrado en la AFIP (fs. 29 de las actuaciones administrativas), tal como expresamente lo dispone el art. 1003 del C.A.. Cumplido ello, el servicio aduanero procedió a notificar por edictos la vista conferida en los términos del art. 1101 del C.A., tal como indica para estos casos el art. 1013 inc. h) del C.A. (conf. fs. 44 de las actuaciones administrativas). Posteriormente, y ante la incomparecencia de la actora, en los términos del art. 1105 del C.A. se la declaró rebelde, y a partir de ese momento, y atento la no constitución de domicilio en la forma prevista por el art. 1004 del C.A., se tuvo por constituido su domicilio en la oficina aduanera donde tramitaba el sumario, debiendo aclararse que la resolución dictada en el sumario fue notificada en el domicilio consignado a fs. 29, posibilitando ello la interposición del recurso que motivara la presente causa.
En virtud de lo expuesto, y atento que el servicio aduanero siguió en todo momento los pasos procesales indicados en la legislación de rito, esta instancia no observa motivos para declarar la nulidad del procedimiento ni de la Resolución Fallo Nro. 274/2010 (AD CORR), por lo que correspondería rechazar la nulidad planteada por la parte actora. Con Costas.
II. Que en relación al planteo de prescripción opuesto por la actora, corresponde su rechazo toda vez que el hecho infraccional se produjo con fecha 04/06/03, por lo que el plazo para el computo de la prescripción comenzó 01/01/04, interrumpiéndose su curso con la apertura del sumario en fecha 26/03/08, y antes de que transcurrieran los cinco años se dictó la resolución condenatoria con fecha 07/09/10 (cfme arts 934 y sgtes del CA), con costas a la actora.
III. Que respecto a la cuestión de fondo traída a conocimiento de este tribunal, se encuentra debidamente probado en autos que el día 04/06/03, la fuerza de seguridad Prefectura Naval Argentina, detectó en el campo situado a la altura del kilómetro 1108 de la Ruta Nacional nº 12, paraje La Palmira, Departamento de Itatí, provincia de Corrientes (km 1300 margen izquierda del Río Paraná) vehículos recientemente abandonados con mercadería de origen extranjero, sin el instrumento fiscal obligatorio y en cantidad suficiente para presumir su finalidad comercial.
Que uno de dichos vehículos era el automotor Renault 12, dominio WLI 696 cuyo titular registral es la Sra. Estela Eradia Correa, quien ha reconocido expresamente su titularidad dominial (“… habiendo omitido formular la correspondiente denuncia de venta, registralmente el auto continúa estando a mi nombre” fjs 12 de autos), circunstancia que se encuentra respaldada por la documental probatoria incorporada en el Sumario Administrativo (ver en particular informes de los rodados secuestrados obrante a fs. 19 y copia de cédula verde encontrada en el vehículo obrante a fjs. 23). Que la mercadería en infracción, detallada en el Acta de Allanamiento obrante a fjs. 8 vta. del Sumario Administrativo, se encontraba en su interior.
Que el artículo 985 del Código Aduanero dispone: “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, sujeta al pago de impuesto internos, que no presentare aplicado el respectivo instrumento fiscal, conforme lo exigieren las disposiciones en vigencia, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza.”
Esta infracción de naturaleza formal ha sido establecida con el propósito de poner una segunda barrera de control a las mercaderías sujetas a impuestos internos (tales como perfumes, bebidas alcohólicas, cigarrillos, etc.) que habitualmente ingresan a territorio nacional vulnerando los controles aduaneros primarios en frontera.
Los instrumentos fiscales previstos a tal fin cumplen un doble objetivo: acreditan el pago de los impuestos internos y, a los fines aduaneros, la legítima introducción al país de las mercaderías a las que se aplican.
El tipo infraccional en trato sanciona la simple tenencia (con fines comerciales e industriales) por el hecho de no llevar aplicados los elementos de identificación de las mercaderías sujetas a impuestos internos.
Respecto de la finalidad comercial de la mercadería en cuestión entiendo que la naturaleza, cantidad y valor de los efectos secuestrados -20 cajas de cigarrillos, de 50 cartones cada una, marca 51 King Size, con inscripción “CLASIC AMERICAN CIGARETTES”- resultan indicativos de su destino comercial por no resultar compatible con el uso o consumo propio o personal normal.
Comprobado el hecho objetivo tipificado en la norma o infracción se genera una presunción de culpabilidad, produciéndose la inversión de la carga de la prueba, quedando a cargo del imputado la acreditación de los extremos que lo eximan de responsabilidad penal (“Wortman, Jorge Alberto y Otros”. Fallos 198:310).
Que en virtud de ello, resulta jurídicamente irrelevante lo manifestado por la imputada en relación a la presunta transferencia del automotor por boleto de compra venta privado, mediante la firma del Formulario 08 (el cual se habría convenientemente extraviado en una inundación), toda vez que dichas manifestaciones no se encuentran probadas en autos. Tampoco la Sra. Correa ha realizado la denuncia de venta del automotor conforme exige la normativa. Lo que sí se encuentra debidamente acreditado en autos es que en su vehículo se encontró mercadería en infracción, por lo correspondería confirmar la Resolución Fallo Nro. 274/2010 (AD CORR).
Que cabe señalar que la Ley 27.260 "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", en el art. 56 del Título II Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras " del Libro II, en lo que importa, establece que: "...Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha... ". Que la Resolución 3920/2016 en el art. 2, en lo que aquí interesa, establece que: "Podrán incluirse en el presente régimen, las obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas al día 31 de mayo de 2016, inclusive, así como las infracciones cometidas relacionadas con esas obligaciones" "Se considerarán comprendidas en lo dispuesto en el párrafo precedente las obligaciones que se indican a continuación: (..)" "a) Los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación cuyo hecho imponible hubiera sido perfeccionado hasta el día 31 de mayo de 2016, inclusive, y las liquidaciones de los aludidos tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como las multas por infracciones cometidas hasta la citada fecha, todo ello conforme a lo previsto por la Ley N° 22.415 y sus modificaciones " (cfme Res 4007/2017).
Que la Resolución 4007/2017. en el art. 3 establece que: "El beneficio de condonación de sanciones en materia tributaria aduanera respecto del régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, establecido en el Título II del Libro II de la Ley N'27.260 y reglamentada por la Resolución General N°3.920 y sus modificatorias, se ajustará a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 55 y en los Artículos 56, 57 y 62 de la ley citada, así como a lo indicado en los artículos siguientes de la presente. El juez administrativo interviniente será responsable de evaluar y aplicar las pautas de liberación en cada caso concreto" y en el art. 4 dispone: "Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones - formales o sustanciales/materiales cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas" y en el art. 6 establece que: "Cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha... ". ". . . Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a), 965, inciso b), 966 -cuando el beneficio sea una excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N°22.415 y sus modificaciones ".
Que en la causa se imputa a la actora la comisión de la infracción prevista en el art. 985 del CA y siendo ello así, encontrándose reunidas las condiciones previstas en las normas antes aludidas y siendo que la sanción impuesta no se encuentra firme y que es susceptible de condonación en los términos del art. 6 de la resolución 4007/2017, corresponde condonar la multa impuesta en la resolución apelada, con costas por su orden (cfme. art. 14 de la Res 3920/2016).
IV. Que cabe señalar que la pena de comiso dispuesta en la resolución en trato no ha sido discutida por la recurrente (ver F 4 y apelación) y que conforme el art. 7 de la Resolución 4007/2017: "Las penas de comiso no están alcanzadas por el beneficio de condonación por cuanto la autorización del libramiento de las mercaderías puede afectar, entre otros bienes jurídicos tutelados, la seguridad y la salud pública, la política industrial, la política alimentaria, la sanidad animal o vegetal, la protección del patrimonio artístico y la preservación del medioambiente ".
Por ello, se resuelve:
1. Rechazar la nulidad y prescripción opuestas por la actora, con costas.
2. Declarar condonada la multa impuesta en la Resolución Nro. 274/10 (AD CORR) por la comisión de la infracción prevista en el art. 985 del CA., con costas por su orden.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar la nulidad y prescripción opuestas por la actora, con costas.
2. Declarar condonada la multa impuesta en la Resolución Nro. 274/10 (AD CORR) por la comisión de la infracción prevista en el art. 985 del CA., con costas por su orden.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2022.12.01 12:20:37 -03:00 Date: 2022.12.01 12:23:49 -03:00 Cora Marcela Musso Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.01 12:55:28 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.01 12:55:29 -03:00
Fin de la sentencia