Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 135.088
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular del imputado.
II. Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes por su labor en esta sede a la fijación de los mismos por la instancia de origen.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos, 40, 41, 45, 119 párr. 1, 3 y 4 inc. b, Cód. Penal y artículos 106, 210, 371, 371 bis, 375 bis, 448, 448 bis, y 530, CPP; y 16 y 31 ley 14.967.
135088 - CORREA RODRIGO EZEQUIEL S/RECURSO DE QUEJA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 1302-3684-22 C. 135.088 En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Bouchoux y Daniel Carral, a fin de dictar sentencia en la presente causa n° 135.088, caratulada “C., R. E. S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme el siguiente orden de votación: BOUCHOUX- CARRAL.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Florencio Varela -luego de dictarse veredicto de culpabilidad por unanimidad en el marco de un juicio por jurados- condenó a R.E.C. a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador.
Contra esa decisión interpusieron recurso de casación los defensores particulares, María Fernanda Regazzoni y César Guillermo Leibson. Efectuadas las vistas correspondientes y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez Bouchoux dijo:
I. Los recurrentes postularon la nulidad del veredicto por entender que el jurado se apartó de las pruebas rendidas durante el debate. De seguido, señalaron que no se acreditó la existencia del hecho ni tampoco la autoría de su asistido. Adujeron absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba.
Afirmaron que, en su opinión, se trata de un fallo arbitrario que se basó en la mera subjetividad del jurado. En tal sentido, indicaron que el veredicto no supera el estándar probatorio de duda razonable, lo cual transgrede el principio constitucional de inocencia. En aval a su postura, señalaron que la principal prueba de cargo fueron los dichos de la denunciante -R.S.B-, que no encontraron "la apoyatura probatoria necesaria" de otros elementos de cargo.
Sostuvieron que los testimonios brindados en las audiencias de debate -y a los cuales le atribuyen ciertas inconsistencias- no pudieron demostrar más allá de la duda razonable la existencia del hecho endilgado y la autoría de su asistido, y que la "solitaria denuncia" de R.S.B. y el protocolo de reconocimiento médico que indicó que tenía una lesión de larga data resultaban insuficientes para concluir que su asistido haya abusado sexualmente de R.S.B.
Fincaron su hipótesis exculpatoria en que transcurridos seis años del hecho no existía ninguna certeza sobre la realidad de lo acontecido e hicieron hincapié en cuestionar la credibilidad de los dichos de la víctima y las conclusiones de la Lic. Skarlatuc, pues entendían que los síntomas enunciados y que le permitieron concluir que eran compatible con haber sufrido abuso sexual, según la defensa, podrían tratarse de secuelas de la pandemia.
También cuestionaron la calificación legal, pues, sostuvieron que tampoco se acreditó que éste haya sido el guardador cuando los testigos F. C., C.C., V.M. y el propio imputado fueron contestes en señalar que los padres de este último "eran celosos" respecto a que personas ajenas se quedaran en la casa y que el día del hecho F.C se encontraba en su casa y no se había ido de viaje. Además sostuvieron que no se acreditó ni se indicó la existencia de violencia y/o amenazas.
Por otra parte, criticaron las instrucciones al jurado, por cuanto entendieron que las instrucciones impartidas estaban más bien dirigidas a un juez técnico profesional que a un jurado popular, por lo tanto "lo dirimido por el jurado lo ha sido en forma inducida e invariablemente proyectada hacia una resolución de CULPABILIDAD" y que de ese modo se tornaba arbitrario. Señalaron que al inicio de cada oración de las instrucciones se consignó la palabra culpable como si se tratara de un mensaje subliminal. Asimismo, postularon la falta de explicación suficiente del protocolo de delitos sexuales que concluyó sobre la existencia de una desfloración de antigua. Por todo lo expuesto, solicitaron que se revoque la sentencia y se absuelva a su asistido libre de culpa y cargo y en subsidio se morigere la pena o se declare la nulidad de todo lo actuado y se reenvíe para un nuevo juicio.
Subsidiariamente, se agraviaron del monto de la condena impuesta por cuanto entendieron que resultó excesiva.
Argumentaron, de un lado, que no se probó la existencia de su calidad de guardador y; de otro lado, que no se tuvo en cuenta la calidad de primario de su defendido, que no tenía antecedentes, que era de clase media, con familia estable arraigo, contención social y que no había un informe indicativo de patologías compatible con el delito denunciado.
En función de ello, y haciendo mención al principio de proporcionalidad solicitaron la reducción de la pena impuesta, Hicieron expresa reserva del caso federal.
II. La Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Daniela Bersi, postuló en su dictamen el íntegro rechazo del recurso.
III. El recurso no habrá de prosperar.
Ahora bien, previo a examinar los agravios denunciados por la defensa estimo necesario señalar que el Tribunal de jurados debió determinar si el Ministerio Público logró acreditar, más allá de toda duda razonable que "Durante la madrugada del día sábado 13 de noviembre de 2016, aproximadamente a las 02:00 horas, sobre la calle [...] de la localidad de Bosques, Partido de Florencio Varela, una persona de sexo masculino, identificado posteriormente como R. E. C., abusó sexualmente de -en ese momento- la niña R.S.B. de trece años de edad, accediéndola carnalmente vía vaginal con su miembro viril erecto, aprovechando que la misma quedaba bajo su guarda, por resultar la hermana de su pareja, la señora V.L.M".
a] Más allá que la vaguedad de los reclamos de la defensa fuerzan de manera oblicua a interpretar sus propios planteos, es oportuno dejar en claro que para que exista motivo que dé lugar a un agravio con sustento para poner en crisis el veredicto de culpabilidad, la defensa debe haber ejercido la facultad que se impone en estos casos y que se encuentra expresamente regulada en el art. 371 bis del CPP en cuanto establece con relación a las instrucciones definitivas -en lo que aquí importa- que: “...Las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones, exponiendo claramente sus motivos para el caso de impugnación de la sentencia”.
De este modo, los recurrentes no pueden en esta instancia establecer una crítica sobre las instrucciones que su misma actividad contribuyó a establecer sin que haya mediado disidencia u oposición de su parte respecto de las finalmente fijadas (cf. acta y registro audio visual de la audiencia en los términos del art. 371 bis del CPP- CP_0807111006299), mucho menos motivos que, por otro lado, se invocan recién en la pieza recursiva tras el veredicto de culpabilidad.
Cabe señalar que para satisfacer las exigencias de la regla procesal que ampara la potestad recursiva en materia de instrucciones al jurado [art.448 bis inc. c) del CPP], resulta necesaria una doble condición; un primer presupuesto, que está condicionado a que se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y, en segundo lugar, la acreditación de que esa instrucción puesta en crisis haya condicionado su decisión.
No obstante ello, la tarea de revisión podría abordarse aún de oficio cuando existiese un grave y manifiesto error en las instrucciones impartidas y cuando de ello haya derivado un grave perjuicio para el imputado, es decir, cuando de la constatación de esos defectos pueda estirmarse que hayan condicionado al jurado. Extremo que claramente no aconteció en el caso. Sentado ello, el planteo vinculado a que las instrucciones habrían inducido al jurado porque, en su opinión, estaban más bien dirigidas a un juez técnico profesional que a un jurado popular y que al inicio de cada oración de las instrucciones se consignó la palabra culpable, más allá de no haber efectuado la defensa ningún disenso o formulado alguna oposición a su respecto en el momento procesal oportuno, lo argüido sobre el punto resulta una postura meramente especulativa, huérfana de elementos que la sustenten y, por lo tanto, insuficiente para inferir la existencia de un condicionamiento en la decisión del jurado. Todo lo cual, impone el rechazo de este tramo de la queja.
Respecto a la argüida falta de explicación suficiente del protocolo de delitos sexuales que concluyó sobre la existencia de una desfloración de antigua data, cabe señalar que conforme surge del acta labrada respecto de la audiencia realizada el 6 de agosto, se plasmó que "Las partes no cuestionarán ni habrán de controvertir el resultado obtenido en el Reconocimiento Médico Legal y el Protocolo para delitos contra la integridad sexual realizado el 28 de febrero de 2022 sobre la personal de R.S.B." y el juez del tribunal explicó al jurado en que consistió la "estipulación probatoria acordada por las partes" y que en dicho informe médico se plasmó que "la víctima le refirió que cuando tenía 13 años de edad fue abusada por su cuñado E.C. y que sólo ocurrió una vez, Que posteriormente no tuvo relaciones sexuales y anteriormente tampoco. Del mencionado informe se concluyó lo siguiente: Desgarro de antigua data en hora 7 en región himeneal con el pasaje de elemento duro romo símil pene en erección". Así, la explicación brindada por la profesional, con relación a la evidencia física de la víctima en cuestión -desgarro de antigua data- y el protocolo aplicado al efecto quedó estipulado por las partes conforme lo normado en el artículo 342 bis. inc. 4 del CPP, el cual prevé -en lo que aquí cuenta- que "las partes podrán ofrecer, estipular o acordar un hecho o circunstancias en los términos del art. 338 inc. 6°. De aceptarlo la contraparte, no se producirá prueba sobre los mismos".
A ello cabe agregar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 371 ter del código de rito, les fue explicado al jurado las pautas de deliberación entre las que se encontraba -en lo que aquí cuenta- lo que significaba una estipulación probatoria en cuanto a que "Las partes no cuestionan ni habrán de controvertir el resultado obtenido en el reconocimiento médico legal y el Protocolo para Delitos contra la integridad sexual" y que esa fue la única estipulación acordada por las partes. Todo lo cual, impone el rechazo del reclamo a su respecto.
En este punto habré de abordar la crítica con relación a la "falta de tipicidad". Preliminarmente resulta pertinente recordar que la defensa postula que no se acreditó la existencia de violencia y/o amenazas coactivas a fin de lograr su cometido, ni se demostró que R.E.C. fuera su guardador. Ahora bien, cabe señalar que las partes no pueden ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con la asumida anteriormente, desconociendo que intervino en la confección de las instrucciones para la deliberación del jurado sin cuestionar, como se dijo, de ningún modo las mismas, constando que el jurado al ser explicado sobre la ley aplicable les fueron indicadas las circunstancias que tuvieron por acreditadas para dar su veredicto de culpabilidad entre ellas -en lo que aquí cuenta-, respecto del delito menor incluido se consignó que "abuso sexual simple requiere del contacto sexual con otra persona que no puede consentir o que no lo consintió. Esa falta de consentimiento puede deberse a violencia, amenazas, o cualquier otro tipo de circunstancia que impida a la víctima expresar su voluntad libremente, como por ejemplo tocamientos de carácter sexual en el cuerpo" y, además, en lo que aquí concierne, que "el consentimiento debe ser afirmativo: si es si. El no es no, es inválido porque implica que hasta que no se diga que no entonces es sí, lo que viola los derechos de la víctima. El ´no´ no se presume".
Y, por otro lado, que "Al hablar de las calidad de guardador la ley no contiene una definición expresa o concepto de guarda. La norma, al referirse al ´encargado de la guarda´ resulta más amplia que aquellas que mencionan al guardador, porque además de incluir a éste, abarca a cualquier persona que tuviese de hecho al menor bajo su cuidado" y de seguido instruirles que ´encargado de la guarda´ es no sólo aquel que ejerce su titularidad (o guardador) sino que además comprende a aquellos sujetos a quienes se les encomienda el cuidado del niño [...] Guarda: ocasión o circunstancia transitoria o permanente. Transitoria: escaso tiempo. Permanente: de una mayor duración. Es decir el fundamento de la agravante -circunstancia que aumenta la gravedad del comportamiento- es la especial situación de vulnerabilidad de los niños que quedan al exclusivo cuidado del adulto a quien se le confiere un especial deber de protección por esta situación de hecho, lo que justifica mayor penalidad, por el aprovechamiento del autor de esta especial situación de cuidado aunque sea ocasional, ya sea por el hecho de estar bajo su autoridad como por el respeto que debe guardarse". Así, la circunstancia de que no se haya acreditado la existencia de violencia o amenazas coactivas como lo sostiene la defensa no descarta, sin más, la configuración del delito de abuso sexual con acceso carnal -éste último extremo no viene controvertido en este punto-, conforme los propios lineamientos que le fueron explicados debidamente al jurado. Adviértase, por caso, que la víctima refirió que el imputado hizo que ella se bajara el pantalón y que se sentara arriba de él donde la penetró y además señaló que antes no había tenido relaciones sexuales y que no quería que fuese así su primera vez. Es decir, R.S.B. nunca refirió haber dado su consentimiento. Todo lo cual, deja sin sustento alguno el planteo a su respecto. Por otro lado, tampoco prospera el reclamo con relación a la agravante de encargado de la guarda, por cuanto el hecho aconteció cuando el imputado estaba sólo con la menor de 13 años caminando en la calle, lo que configuró la existencia de una guarda transitoria.
De este modo, al jurado se le explicó debidamente sobre el derecho aplicable al caso y los extremos aquí cuestionados no fueron objetados por la parte en el momento procesal oportuno (cf. registro audiovisual de la audiencia en los términos del art. 371 bis del CPP y del acta labrada al efecto).
En el caso que nos convoca, como se señaló precedentemente no se realizaron objeciones ni planteos concretos sobre las instrucciones de las que la defensa haya dejado constancia con el objeto de construir una posible impugnación posterior, más aún, cuando conforme surge del acta labrada luego de la audiencia en los términos del artículo 371 bis del CPP "las partes consintieron [...] las instrucciones finales". De allí que no sea posible afirmar en el caso el motivo contemplado en el inc. c] del art. 448 bis del CPP. b] En cuanto al agravio vinculado con la arbitrariedad del fallo y que no superó el estándar de duda razonable, tampoco se verifica en autos la presencia de los motivos previstos en el inciso d] del art. 448 bis CPP, ello así pues el casacionista no acreditó de forma clara y concreta el “apartamiento manifiesto” del veredicto respecto de la prueba producida en el debate.
Sobre este punto tiene dicho el colega que me acompaña en el acuerdo que "la revisión de la decisión del Jurado bajo este especial supuesto de procedencia (art. 448 bis d), CPP), exige de la defensa explicar que el veredicto carece de una base razonable si se lo confronta o coteja con determinada o determinadas pruebas que se practicaron en el juicio oral y ese razonamiento probatorio tiene que exponerse con precisión en el escrito y en la audiencia del recurso [...] En otras palabras, la interposición del recurso de casación contra el veredicto inmotivado del Jurado exige indicar exactamente la porción de la evidencia practicada en el debate que demuestra que la decisión es irrazonable (valiéndose del registro del juicio o de las instrucciones), y exponer claramente el proceso lógico que lleva a esa conclusión, pues solo de ese modo -desde lo metodológico- será posible, en el marco de la revisión, confirmar la veracidad de las afirmaciones que hace el recurrente, al cotejarlas con lo que dijo un testigo, un perito o con la prueba material exhibida y/o reproducida en la audiencia (cfr. Harfuch, Andrés; El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, Prov. Buenos Aires, 2013, pág. 345)". (TCPBA Causa “Schwaner, Lucas Javier s/ Recursos de Casación”, sent. 6-X-2022)".
Así, con el límite que la propia ley impone a la tarea revisora, constatar el apartamiento manifiesto entre la prueba y el veredicto emitido, exige del recurrente el señalamiento de la porción específica de la prueba que demuestre lo inconciliable de la decisión tomada por el jurado en forma manifiesta y la conclusión que era razonable inferir de ella, en la medida que demuestre que la decisión fue arbitraria o irrazonable. Con lo apuntado, pretendo señalar que no basta un criterio discrepante en la apreciación de la prueba para abastecer el requisito de recurribilidad contenido en el inciso d) del art. 448 bis del CPP.
En rigor, teniendo en miras esa acotada capacidad de revisión, se advierte que el recurso resulta insuficiente en tanto se afinca en el desarrollo de una alternativa valoración de los elementos probatorios desarrollados en el juicio que determinaron la decisión del jurado para tener por acreditada la existencia del hecho y la autoría de su asistido. La hipótesis de la defensa finca en sembrar dudas acerca del testimonio de la víctima, por el tiempo transcurrido y señalando que ésta podría haber sido influida a sindicar a R.E.C. cuando el autor, en su opinión, había sido otra persona del entorno familiar. Asimismo, cuestionaron los dichos de las profesionales que intervinieron quienes corroboraron lo expuesto por la damnificada. Ahora bien, consultado el registro audiovisual del juicio y escuchado el testimonio de la víctima se advierte la directa sindicación efectuada por ésta al imputado. Puntualmente dio cuenta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en que acaeció el hecho cuando ella tenía trece años de edad. Refirió -en lo que aquí cuenta- que esa noche se había ido a dormir a lo de su hermana V. M. y su pareja R.E.C. Que durante la cena -en el contexto de una reunión con amigos- tomaron alcohol y C. le dio una pastillas para que tomara. Luego cuando ya se habían ido a dormir el imputado la despertó y le dijo que la acompañara, egresaron de la vivienda y se fueron caminando solos, durante el trayecto él se sentó se bajo su ropa, hizo que ella se bajara el pantalón e hizo que se sentara arriba de él donde la penetró. Refirió que al otro día le dolía la parte íntima y tenía sangre. Expresó que antes no había tenido relaciones sexuales y que no quería que fuese así su primera vez (registro audiovisual CP_0805141717885).
La testigo relató que el imputado le dijo que se había enamorado de ella. En cuanto al develamiento del hecho, refirió que le contó a una amiga, precisó que a ella le daba lástima porque él le había dicho que estaba enamorado y se sentía culpable debido a que era el marido de su hermana. Señaló que en ese momento su amiga le advirtió que eso era un abuso, circunstancia que motivó que comunicara lo sucedido a su mamá. Aclaró que hicieron la denuncia cuando tenía 20 años (registro audiovisual CP_0805141717885).
También prestaron declaración testimonial ante el jurado las profesionales que asistieron a R.S.B. quienes se expidieron de modo conteste con sus dichos, puntualmente en lo que respecta al abuso sexual padecido por la víctima por parte de C.
Veamos.
La psicóloga Julieta Skarlatuc, quien asistió a la víctima, R.S.B. cuando tenía aproximadamente 19 años de edad sostuvo que ésta le refirió que había sido abusada sexualmente por parte de su cuñado y que dos meses antes había hecho la denuncia. A preguntas del fiscal la testigo señaló que los síntomas que tenía R eran postraumáticos y podían ser compatibles con un abuso. Señaló que su relato fue coherente y que no tenía signos de fabulación. La profesional también habló sobre el síndrome de acomodación y la divulgación tardía que se da especialmente en los abusos intrafamiliares y que los niños en ese momento no saben si esta bien o está mal y que recién cuando lo reconocen lo cuentan (registro audiovisual CP_0805170841298).
La psiquiatra Silvia Mirian Landaburu señaló -en lo que aquí importaque R.S.B, era su paciente. Relató que como antecedente significativo la nombrada había sido abusada por su cuñado. Que R tenía un cuadro de angustia y ansiedad por lo que le prescribió ansiolítico y antidepresivo. Que su discurso era coherente y lineal. A preguntas de la defensa la profesional dijo que la víctima no relató un hecho simulado y descartó que fuera simuladora. Señaló que los síntomas de R.S.B eran por una causa traumatica como consecuencia de una situación de abuso (registro audiovisual CP_0806102052003).
La perito psicóloga de la Fiscalía descentralizada del Gabinete de Florencio Varela, Soledad Maiztegui quien declaró en forma telemática y dio cuenta que realizó un informe victimológico luego de dos encuentros con R.S.B. a los 19 y 20 años. Refirió que la víctima le contó el hecho contra su integridad sexual denunciado en la causa. Que su relato en ambas oportunidades fue espontáneo, claro, con consistencia interna, detalles y contexto en cuanto al modo en que acaeció el hecho por parte de su cuñado -en referencia al imputado- cuando tenía trece años de edad. Dio cuenta de que la víctima padecía trastornos de ansiedad. Afirmó que al momento de las evaluaciones no observó signos o indicios de fabulación. La perito concluyó que había sintomatología que podría resultar compatible con los abusos sexuales denunciados (registro audiovisual CP_0806102052003). Por su parte, L. M., progenitora de la víctima, en su declaración durante el debate dijo -en lo que aquí importa- que R.S.B. le contó sobre el hecho contra su integridad sexual padecido por parte de E.C., cuyas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que éste acaeció resultan contestes con el relato de R. Además la testigo a preguntas de la fiscalía señaló que su hija le contó lo sucedido cuando tenía 16 años (registro audiovisual CP_0806102052003). Circunstancia que le quita entidad a la afirmación de la defensa con relación a la discordancia de los dichos de la testigo respecto a la edad de la víctima al momento de padecer el abuso. También declararon V. M. -hermana de la víctima-, F.C. -progenitor del imputado- y C. C. -hermana del imputado-. La defensa, en pos de quitarle credibilidad al relato de la víctima, postula que existieron "discordancias" entre los testimonios de dichos testigos con los dichos de R.S.B., en tal sentido sostuvo -en lo sustancial- que hicieron el croquis de la casa donde había ocurrido el hecho distinto al que dibujó R. S. B. y que dijeron con relación al día del hecho que si se había realizado una juntada la habrían escuchado. Tales circunstancias además de insuficientes para repercutir en la entidad del relato de la víctima, tampoco encuentran corroboración con el resto de las constancias.
Adviértase, por caso, que el imputado en oportunidad declarar, negó la existencia del hecho y sostuvo que nunca hacían juntadas en su domicilio e hizo hincapié en que a él no le hicieron ninguna pericia (08106160032607). No me pasa por alto, la discordancia que surge de los dichos del imputado con relación a la "juntada" en su domicilio -contexto previo al acaecimiento del hecho conforme el relato de la víctima- en cuanto éste negó rotundamente que se realizaran ese tipo de reuniones en su domicilio, mientras que su progenitor y su hermana, no lo negaron sino que dijeron que de haber ocurrido la habrían escuchado. Por otro lado, la circunstancia argüida por R.C de que no se le realizó ninguna pericia sobre su persona, resulta irrelevante para sustentar su teoría del caso negativa. Asimismo, el recurrente señaló que la víctima dijo que el portón de la vivienda era corredizo, mientras que, F.C., V.M. y el imputado dijeron que era de dos hojas y que para entrar necesitaba la llave de C.C. quien vivía en esa casa. Tal circunstancia además de resultar inconducente a los fines pretendidos, ni siquiera fue corroborada por la nombrada C.C.. La defensa también hizo hincapié en los dichos de V.M., quien refirió que ella como hermana de la víctima no habría permitido que ello ocurriera y que si en algún momento pensó que podía pasar no estaría defendiendo al imputado. Tales expresiones carecen de entidad suficiente para repercutir en el relato de la víctima, por cuanto el hecho denunciado en línea con lo relatado por R.S.B, acaeció por quien era su pareja en ese momento y a sus espaldas.
Por otra parte, los defensores hicieron mención al tiempo transcurrido desde el hecho y la denuncia; que los síntomas que padecía la víctima eran como consecuencia de la pandemia y que el autor habría sido su progenitor, hipótesis que resultan huérfana de elementos que la sustenten y contrastan en un todo con la prueba antes reseñada.
En tal sentido, la Licenciada Maiztegui, a preguntas de la defensa sostuvo que si bien los síntomas de ansiedad podían ser efecto de la pandemia al igual que todas las personas que la transitaron, dijo que tampoco descartaba que esos síntomas pudieran ser como consecuencia de haber padecido un hecho contra su integridad sexual, en línea con lo afirmado por las profesionales Landaburu y Skarlatuc.
La circunstancia de que la víctima podría haber estado influida y que el autor podría haber sido su progenitor, resulta una mera conjetura que no encontró respaldo en ninguna de las constancias de la causa.
De este modo, las discordancias postuladas por la defensa de los testimonios del entorno de la víctima antes reseñados con los dichos de ésta, además de resultar insuficientes, por sí solas, para sustentar su hipótesis exculpatoria, contrastan con el relato de R.S.B, el cual encontró corroboración en los dichos de las profesionales que intervinieron -psiquiatra y dos psicólogas- y de su progenitora.
Así, conforme surge de la prueba rendida ante el jurado R.S.B sindicó a C. como el autor del abuso cuando esta tenía 13 años de edad, y además tal sindicación, como se dijo, se mantuvo incólume ante cada uno de sus interlocutores, su progenitora L.M. y las profesionales Skarlatuc, Landaburu y Maiztegui quienes ante el jurado fueron contestes en señalar que el relato de la víctima fue espontáneo, coherente y que no fabulaba (cf, registro audiovisual), aunado al resultado del informe médico, que, como se dijo, fue integrado al proceso como estipulación probatoria.
Tales extremos además de haber dotado al persistente testimonio de verosimilitud, bien pudieron ser determinantes en la decisión final alcanzada en el proceso por el jurado popular. Con lo cual, ya se puede concluir que la queja resulta inatendible, pues no se configura el motivo casatorio previsto en el art. 448 bis inc. d) del CPP.
Es dable agregar que para cuestionar la materialidad ilícita y la autoría no sólo debe invocarse la situación de excepción contemplada en el mencionado artículo –lo cual tampoco ha ocurrido más allá de la denuncia de absurdo y arbitrariedad-, sino que además es insoslayable considerar la totalidad de la evidencia con la que contaba el jurado a la hora de decidir, para demostrar que todo ese cúmulo de probanzas, considerado integralmente, no era de ningún modo apto para arribar a la conclusión alcanzada.
En efecto, los señalamientos esgrimidos por la defensa en este punto, evidencian una discrepancia en orden al grado de convicción que se debió otorgar a determinada declaración a partir de una propia postura. En definitiva, los recurrentes no demostraron que el Jurado se haya apartado manifiestamente de la evidencia que se practicó en el debate. Ni tampoco que haya validado arbitrariamente el veredicto de culpabilidad, que, contrariamente a lo postulado, supera el test de duda razonable. Todo lo cual, a su vez, echa por tierra la pretendida sanción nulificante del veredicto argüida de manera infundada por los defensores c] Corresponde ahora abordar el genérico planteo vinculado con el monto de pena impuesto, por cuanto entienden que resulta "excesivo". Recordemos que la defensa finca su agravio en que "jamás se tomo en cuenta la calidad de primario del acusado, carente de antecedentes, su situación social de clase media, con familia estable, arraigo y contención social, sin informe que obre en autos y sea indicativo de patologías con lo denunciado".
Ahora bien conforme surge del acta labrada de la audiencia de cesura del juicio y de la sentencia se ponderó como atenuante "la carencia de antecedentes penales de la persona sometida a juicio, en definitiva su calidad de primario"; por lo tanto el agravio a su respecto deviene abstracto y merece ser descartado.
En cuanto al resto de las circunstancias señaladas en el recurso, en pos de que sean ponderadas como pautas diminuentes de la pena, conforme surge del acta mencionada ninguno de esos extremos fue solicitado en esa oportunidad y recién fueron planteados en el recurso aquí en trato, lo cual encamina el planteo hacia el fracaso, considerando que se trata de incorporar en la instancia casatoria pautas diminuentes -como las aquí alegadas- que exigen algún grado de litigación para su acreditación y procedencia, que no aconteció en el caso. Con lo cual el planteo a su respecto deviene extemporáneo.
Es dable mencionar que la sentencia, como se dijo, ponderó como atenuante, la carencia de antecedentes penales y como pautas agravantes tuvo en cuenta la extensión del daño causado a la víctima, el contexto de género y la nocturnidad; las cuales no fueron controvertidas por las parte. Cabe destacar que el magistrado de la instancia explicitó con exhaustivo detalle y razonado criterio los fundamentos del temperamento que adoptó.
Así, contrariamente a la mera opinión discrepante de la defensa sobre la sanción punitiva impuesta, estimo que en base a las pautas de mensura (artículos 40 y 41 del Cód. penal), a la vez que atendiendo –esencialmentea la magnitud del injusto y la significación jurídica del hecho, la pena decidida resulta proporcional.
En consecuencia, el agravio debe ser desechado.
Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo: I. rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas y II. Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes por su labor en esta sede a la fijación de los mismos por la instancia de origen (artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos, 40, 41, 45, 119 párr. 1, 3 y 4 inc. b, Cód. Penal y artículos 106, 210, 371, 371 bis, 375 bis, 448, 448 bis, y 530, CPP; y 16 y 31 ley 14.967). Así lo voto.
A la misma primera cuestión el señor juez juez Carral dijo:
Adhiero al voto del juez Bouchoux en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada el señor juez Bouchoux dijo:
De conformidad con el resultado de la votación de la cuestión precedente, corresponde I. rechazar con costas el recurso de casación promovido por la defensa, y II. Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes por su labor en esta sede a la fijación de los mismos por la instancia de origen (artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos, 40, 41, 45, 119 párr. 1, 3 y 4 inc. b, Cód. Penal y artículos 106, 210, 371, 371 bis, 375 bis, 448, 448 bis, y 530, CPP; y 16 y 31 ley 14.967).
A la segunda cuestión el señor juez Carral dijo:
Adhiero, en igual sentido, al voto del juez Bouchoux.
Así lo voto.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular del imputado.
II. Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes por su labor en esta sede a la fijación de los mismos por la instancia de origen.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos, 40, 41, 45, 119 párr. 1, 3 y 4 inc. b, Cód. Penal y artículos 106, 210, 371, 371 bis, 375 bis, 448, 448 bis, y 530, CPP; y 16 y 31 ley 14.967.
Regístrese, notifíquese y oportunamente radíquese en la instancia de origen.
Fin de la sentencia