Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 31.886-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar en todas sus partes las Resoluciones Nros. 121/08 y 122/08, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en la suma de $16.492 por la representación procesal y $25.373 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por cada uno de los profesionales intervinientes en autos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-142827926-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Noviembre de 2023 recurso de apelación”. Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’ Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente Nº 31.886-I y su acumulado N°31.887-I caratulado “Corredora de Servicios S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’ Donnell dijo:
I. Corredora de Servicios S.A. interpone el recurso de apelación previsto en el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 121/08 y 122/08 dictadas ambas el 29 de abril de 2008 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Por la primera de ellas, se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2004 y 2005, intimándole el ingreso de $33.869,20, más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683). Además, en dicho acto se le aplicó una multa de defraudación de $101.607,60 (arts. 46 y 47, incs. a) y b) ley). Por la segunda, se determinó de oficio su obligación frente al impuesto al valor agregado de los periodos fiscales 5/2004 a 3/2006 y se le intima el ingreso de $11.425,51, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). También en dicho acto, se le aplica una multa de defraudación de $34.276,53 por el mismo período fiscal (arts. 46 y 47, incs. a) y b).
Surge de sus Considerandos que Corredora de Servicios S.A. fue objeto de un procedimiento de fiscalización en el que se detectaron facturas de compra registradas y no informadas por terceros, gastos en mercaderías no afectadas a la obtención de hospedaje en diversos hoteles y operaciones con proveedores incluidos en la base eapoc..
En su presentación ante este Tribunal, se agravia del desconocimiento de las operaciones realizadas con los proveedores que le prestaron servicios de fletes: Aquilino Martínez e hijos S.A., Propato Jorge Miguel, Cerealera y Constructora del Norte S.R.L., Agropecuaria La Promisión S.A., Cereales Chiqui S.R.L., Alzogaray Ana Graciela, López Eduardo Roberto, Franzetti Jorge Alberto, Amarilla Hugo Roberto, Aguirre Carlos Lorenzo, Lezcano Omar Gregorio, Roldán José Rodolfo, Repula Francisco Anastasio, Fernández y Giménez S.A., Rostagno Electromecánica S.R.L., Vivero Quilmes de Venier Walter y Carballo Ángela Enriqueta, Montrans S.R.L., Mendieta Mirta L., Arcangioli Raúl Omar, Raspagliese Jorge Alberto, García Anita, Fábrica de Mosaico de Salas Marcelo y Salas Juan S.H., Brizuela María del Carmen, Correa Osvaldo Agustín, Casas Alberto Ramón, Galucci Natalia, Paz César José, Transporte Don Miguel S.A. y Martínez Claudia Roxana a los que la Administración Tributaria calificó de apócrifos por habérseles detectado diversas irregularidades y, en consecuencia, se le impugnaron los gastos deducidos en el impuesto a las ganancias y los créditos fiscales computados en el impuesto al valor agregado por los comprobantes fiscales que le emitieron.
Indica que en los actos recurridos, se le observaron las operaciones por entender el juez administrativo que el hecho de figurar los proveedores en la base apoc a la fecha de la verificación, constituía de por sí una causal para invalidar el cómputo del gasto y del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado. Destaca que la lista original de proveedores cuyas operaciones fueron impugnadas se fue reduciendo a medida que pudo acreditar con prueba su existencia, su capacidad económica o que ingresaron sus propios impuestos, lo que dice, pone de manifiesto que la Administración Tributaria utilizó presunciones que invierten la carga de la prueba hasta tornarla en “prueba diabólica” para el contribuyente, limitándose a impugnar la operación o, como en el caso, al cocontratante, obligando al contribuyente a producir cada vez más prueba. Agrega que en algunos casos, simplemente se constituye al fiscalizado en un “deudor por omisión en el cumplimiento de obligaciones formales”, que termina pagando dos veces el tributo con más accesorios y las sanciones impuestas, por ser incapaz de desvirtuar una presunción legal.
A continuación, dice que en su caso no existió tal presunción legal ni infracción formal, ya que las bases de datos invocadas no tienen reconocimiento legal, en parte debido a que las mismas presentan una dinámica y variabilidad tan acentuada que resulta imposible su aplicación a hechos pasados y que no existen criterios definidos ni posibilidad de verificación de los datos que contienen.
Agrega que la Administración exige la consulta previa a cualquier operación a efectos de validar el comprobante recibido por el responsable como constancia de realización de la operación y como requisito para el cómputo de la misma a los efectos impositivos y que, además de esta obligación reglamentaria, en este caso se exigen Cartas de Porte y remitos no solo visadas, sino directamente autorizados por la AFIP y la ONCCA.
Se agravia también porque se le aplicaron de manera retroactiva las calificaciones de “usina de facturas”, “prestanombre” o “sin capacidad económica”, cuando a la fecha de verificación constaban en la base de datos, por lo que dice que la Administración le exige lo que ella es incapaz de hacer: determinar a priori con quien se contrata, que no se mude, que tenga capacidad económica suficiente y que luego de prestar el servicio cumpla con sus obligaciones tributarias, todo ello bajo apercibimiento de considerar al contratante incurso en una defraudación, lo que no resiste ningún análisis lógico ni contrastación con la realidad comercial. Específicamente, respecto a los proveedores impugnados, dice que:
a) En doce de ellos se acreditó la salida de los valores correspondientes al pago de las operaciones de su cuenta corriente, en cumplimiento a las normas impositivas, y a la ley 23.345 sobre “Prevención de la evasión fiscal”. b) También en doce casos, adjuntó documentación adicional como comprobantes de gastos de combustible, remitos, titularidad e identificación del vehículo, etc.
c) Destaca que uno de los criterios invocados para la impugnación de los proveedores –y no de las operaciones-, fue la falta de titularidad de los vehículos utilizados para prestar los servicios de fletes, sin perjuicio de reconocer la vinculación de la titularidad del automotor con el proveedor, ya sea a través de sus socios o parientes. Destaca la incoherencia del juez administrativo de impugnar la operación de transporte y al mismo tiempo aceptar la venta de la mercadería transportada. Dice que no puede presumirse la inexistencia del transporte cuando la mercadería en cuestión se desplaza efectivamente de un lugar al otro y le resulta dudoso que el adquirente se encuentre dispuesto a abonar por un servicio inexistente.
Por último, indica que el juez administrativo le aplicó sendas multas de defraudación, las que pide que se dejen sin efecto porque entiende no son aplicables las presunciones legales establecidas en los arts. 46 y 47, incs. a) y b) que invierten la carga de la prueba.
Menciona que en estos casos de derecho sancionatorio, aún en materia fiscal, rige la constitucional presunción de inocencia y cita jurisprudencia al respecto.
Agrega que el dolo requerido para la defraudación fue presumido al igual que el resto de las conclusiones a las que arribó el Fisco Nacional, donde la sospecha insinuada, pero nunca expuesta con claridad de que los comprobantes de las operaciones impugnadas se “compraron”, se refleja en todo el procedimiento de determinación de oficio; aunque, dice, que a éste le consta que dichas operaciones se realizaron y que el servicio se pagó, por lo que pide que se tenga en cuenta que en ninguno de los supuestos se concluyó que las operaciones no se realizaron o que se omitieron comprobaciones reglamentarias respecto de los comprobantes cuestionados, por lo que no se configuraría dolo ni culpa o negligencia.
Acompaña prueba documental correspondiente a los fleteros o transportistas involucrados, ofrece los antecedentes administrativos que obran en poder del Fisco Nacional y solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
I. A fs. 111/116 y 187/192 la representación fiscal contesta los traslados de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
II. El 25 de agosto de 2023 mediante la PV-2023-99575827-APN-VOCXI#TFN se decide elevar los autos a consideración de la Sala y, con fecha 22 de noviembre de 2023 quedan en estado para dictar sentencia.
III. Corresponde decidir si las Resoluciones Nros. 121/08 y 122/08 se ajustan a derecho, y si la prueba ofrecida por la recurrente es suficiente para dejar sin efecto la pretensión fiscal y punitiva notificada en las mismas, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sea conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
De los Considerandos de las Resoluciones, surge que en el procedimiento de fiscalización llevado a cabo a Corredora de Servicios S.A. -cuya actividad principal declarada consiste en la venta al por mayor de cereales y como secundaria servicios de transporte de mercadería a granel-, se detectaron inconsistencias en las operaciones con los siguientes proveedores: Aquilino Martínez e hijos S.A., Propato Jorge Miguel, Cerealera y Constructora del Norte S.R.L., Agropecuaria La Promisión S.A., Cereales Chiqui S.R.L., Alzogaray Ana Graciela, López Eduardo Roberto, Franzetti Jorge Alberto, Amarilla Hugo Roberto, Aguirre Carlos Lorenzo, Lezcano Omar Gregorio, Roldán José Rodolfo, Repula Francisco Anastasio, Fernández y Giménez S.A., Rostagno Electromecánica S.R.L., Vivero Quilmes de Venier Walter y Carballo Ángela Enriqueta, Montrans S.R.L., Mendieta Mirta L., Arcangioli Raúl Omar, Raspagliese Jorge Alberto, García Anita, Fábrica de Mosaico de Salas Marcelo y Salas Juan S.H., Brizuela María del Carmen, Correa Osvaldo Agustín, Casas Alberto Ramón, Galucci Natalia, Paz César José, Transporte Don Miguel S.A. y Martínez Claudia Roxana. Por dicho motivo, se desestimaron los créditos fiscales computados en sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y los gastos deducidos en el impuesto a las ganancias.
Cabe destacar que en esta instancia, Corredora de Servicios S.A. formuló sus agravios de manera genérica y global respecto a los proveedores considerados apócrifos y que, además, de los Considerandos de los actos recurridos, surge que en la instancia administrativa previamente sustanciada se admitieron como gastos y créditos fiscales computables los de algunos proveedores que inicialmente habían sido objetados pero que la empresa pudo probar los servicios prestados - tal el caso de Repula Francisco Anastasio, Fernández y Giménez S.A., Montrans S.R.L., Transporte Don Miguel y Martínez Claudia Roxana-.
En los Considerandos de las Resoluciones se detallan también las irregularidades detectadas durante la exhaustiva tarea de fiscalización a cada uno de los proveedores, que llevaron a la fiscalización a calificarlos de apócrifos, en particular:
1. Respecto al proveedor Propato Jorge Miguel: no poseía habilitación para emitir comprobantes, no existía información en el sistema de cbu, no poseen bienes muebles ni información de cuentas con acreditaciones mayores a $8000, para ser incorporado al Registro de Operadores de Granos en julio de 2004 aportó un contrato de arrendamiento de un campo cuyo locador sería Bengio Néstor Hugo, quien no posee inmuebles según base del Fisco y cuyas últimas presentaciones fueron IVA abril de 2002 y ganancias 2001.
2. En cuanto a Cerealera y Constructora del Norte S.R.L.: El responsable de la firma no reconoció haber operado con anterioridad a marzo de 2005, los libros rubricados se tramitaron durante dicho año y se registraron operaciones a partir de esa fecha, el propio socio gerente se inscribió en el año 2005, se detectaron duplicaciones de facturas exhibidas por el mismo socio gerente, poco después de iniciada la fiscalización no se pudo localizar al responsable de la firma, se realizó un cambio de domicilio donde la sociedad no opera ni es conocida, registra operaciones de compra de cereales de marzo a junio de 2005 a proveedores incluidos en la base apoc, sin probarse la adquisición de los cereales registrados como ventas. Tampoco se probó la existencia de movimientos en la planta de acopio que declaró haber alquilado.
3. Finalmente, respecto a la Sociedad Aquilino Martínez e hijos: se la calificó como usina, toda vez que fue adquirida al sólo efecto de facturar comprobantes no legítimos, no tenía capacidad económica para realizar las prestaciones de servicios o ventas de bienes que factura, no cuenta con bienes que permitan presuponer que posea capacidad de producir y vender o prestar servicios, no se detectaron bienes inmuebles que cumplan con las características que respondan con su actividad.
De la breve reseña efectuada, surgió que ninguno de ellos era fletero, ni estaba inscripto para ejercer dicha actividad, tampoco tenían transportes para ejercerlo, de lo que cabe extraer razonablemente la inexistencia de los servicios que por dicho concepto extendieron en los comprobantes entregados a la aquí recurrente. Si bien Corredora de Servicios S.A. pudo acreditar los servicios por otros medios de prueba, no lo hizo. Frente a las objeciones formuladas, era a ésta a la que le correspondía probar la real existencia de sus operaciones con los proveedores cuestionados porque así se encuentra diseñado el proceso en la ley de procedimiento tributario, corolario del régimen de autodeclaración de la obligación tributaria que rige en el orden nacional. Ello, por aplicación del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al interpretar el art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI” del 10/3/2015, y sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "En todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.”, en la misma fecha, y en “Molinos Río de la Plata S.A.”, del 25.8.2015, entre muchas otras.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “...el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior” (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Aunque sobre decirlo, ni la sola existencia de las facturas, ni su registración, aunque sea correcta y oportuna, ni tampoco la emisión de cheques conforme a las reglamentaciones vigentes constituyen por sí solas prueba suficiente a los fines antes indicados y exigidos en la jurisprudencia del Alto Tribunal antes citada. No puede perderse de vista que era a Corredora de Servicios S.A. a la que le correspondía aportar elementos de convicción suficientes para refutar la pretensión fiscal, pero contrariamente a ello y pese a contar con amplias posibilidades para hacerlo ante este Tribunal, no ofreció prueba alguna a los fines de acreditar la veracidad de las operaciones aquí cuestionadas.
Era necesario que demostrara que los bienes y/o servicios enunciados en los comprobantes fueron efectivamente adquiridos y/o prestados, pero no por cualquier proveedor, sino por el que aparece allí identificado, y es esa la prueba que la recurrente no ha rendido, ni ha hecho esfuerzo alguno por producir, ya que en su presentación ante este Tribunal solo se ha limitado a hacer consideraciones genéricas en relación a su falta de responsabilidad en el cumplimiento fiscal de sus proveedores, que no es lo que la ley y la jurisprudencia exigen que demuestre en este tipo de ajustes.
En efecto, la única prueba ofrecida en esta instancia remite a las constancias obrantes en los antecedentes administrativos, que en nada modifican la decisión, ya que se trata de documentación que en modo alguno prueba que las compras o gastos se hicieron a los proveedores. Aunque huelga decirlo, el hecho que hayan también vendido a otras empresas en nada cambia, ni elimina la condición de apocrificidad que le imputa el organismo fiscal, al contario, puede constituir prueba de que no se trata de operaciones aisladas sino de empresas creadas como verdaderas usinas de emisión de facturación apócrifa.
Todas estas razones son por demás suficientes para confirmar las Resoluciones Nros. 121/08 y 122/08, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ellas -sobre los cuales, además, la recurrente no ha formulado agravios específicos-, con costas.
IV. Por último, respecto a las sanciones de defraudación aplicada en dichos actos con sustento en los arts. 46 y 47 de la ley 11.683, las consideraciones de hecho y de derecho ya hechas en relación a la pretensión fiscal también llevan a confirmar las sanciones también y a hacerlo tanto en su tipificación como en su graduación, desde el momento que se encuentran configurados tanto el elemento objetivo -la presentación inexacta de las declaraciones juradas con créditos fiscales y gastos improcedentes- y el subjetivo –el dolo incurrido en su confección, al haber recurrido Corredora de Servicios S.A. a compras inexistentes para disminuir su propia obligación fiscal.
Como en más de una oportunidad dijo la Excma. Cámara, “…estas conductas exceden, a todas luces, la tipificación culposa del art. 45 y trascienden al campo defraudatorio del art. 46 en tanto se sustentan en la utilización de facturas apócrifas (cfr. esta Sala, causa Nº 13.068/2010, in re "Ambulancias Privadas Argentinas SA (TF 20638-1) C / DGI", del 23/02/11; esta Cámara, Sala IV, causa Nº 7.094/2011, "Gramont SA (TF 25880-I) c/DGI", del 29/11/11). En particular, este tribunal ha dicho, en fecha reciente, que la percepción de un tercero de los pagos declarados a proveedores cuestionados configura el elemento subjetivo exigido por el art. 46 citado (esta Sala, causa Nº 39074/2014, “Álvaro Raúl Omar c/Dirección General Impositiva”, del 3/3/2015)”. Y que “…operada la presunción del art. 47, inc. a) de la Ley 11.683, ya que existieron graves contradicciones en las declaraciones de la sociedad, debe recordarse que “el art. 47 de dicha ley arbitró una serie de hechos que permiten inferir la existencia de una conducta dolosa, sin perjuicio del derecho del contribuyente de desplegar todos los medios de defensa para destruir esa presunción (…) El artículo 47 de la ley 11.683 incorpora presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. La consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Fisco ha probado que el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo (esta Sala, causa Nº 17.372/08, "Andechaga, Jorge Luis (TF 25.401-I) c/D.G.I.", del 15/04/09)” –“Cerealera Tres Arroyos”, 27/3/2015-, prueba que, ya se dijo, en el caso no fue rendida.
En cuanto al dolo exigido por dicha figura, cabe recordar que el art. 47 de la ley habilita al juez administrativo a presumir la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas. En el caso, se recurrieron a las presunciones de dolo dispuestas en los incs. a) y b) de la norma citada, en atención a que las operaciones fueron efectuadas con el empleo de prestanombres, supuesto que acredita que los documentos y registraciones de la aquí recurrente tuvieron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, que no reflejaban la realidad de las operaciones celebradas y que tuvieron la entidad suficiente para generar la grave incidencia a la que se refiere la norma.
Por otro lado, se encuentran configurados los supuestos allí previstos desde el momento que fue necesaria la intervención de la fiscalización en el análisis de la documentación de respaldo de las operaciones para detectar el fraude cometido a partir de la misma.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar en todas sus partes las Resoluciones Nros. 121/08 y 122/08, con costas.
Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en la suma de $16.492 por la representación procesal y $25.373 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por cada uno de los profesionales intervinientes en autos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar en todas sus partes las Resoluciones Nros. 121/08 y 122/08, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en la suma de $16.492 por la representación procesal y $25.373 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por cada uno de los profesionales intervinientes en autos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2023.11.30 10:07:43 -03:00 Date: 2023.11.30 10:17:45 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.30 12:55:22 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.30 12:55:23 -03:00
Fin de la sentencia