Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 29.732-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 60/2011 (AD COLO), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12459-3017-2008 el 30/06/2011, en cuanto condena a los Sres. Mario Alberto y Jorge Luis Pedro CORRENTI, al pago de una MULTA equivalente a una (1) vez el valor en aduana de la mercadería en infracción, importe que asciende a la suma de pesos ciento noventa y ocho mil novecientos treinta ($ 198.931.-), con más sus intereses y actualización (arts. 924 a 925 del C.A.), por encontrarlos responsables de la infracción tipificada en el art. 979, ap. 1ro. del Código Aduanero, con costas (art. 1163 del C.A.).
2Confirmar la Resolución N° 60/2011 (AD COLO), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12459-3017-2008 el 30/06/2011, en cuanto condena a los Sres. Mario Alberto y Jorge Luis Pedro CORRENTI a la pena de COMISO de la mercadería en infracción, esto es, dólares estadounidenses sesenta mil cien (U$S 60.100), por encontrarlos responsables de la infracción tipificada en el art. 979, ap. 2do. del Código Aduanero, con costas (art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-103022710-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 16 de Septiembre de 2025 Recurso de Apelación TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Dr. Juan Manuel Soria y Dra. Claudia B. Sarquis, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “CORRENTI, MARIO ALBERTO Y OTRO c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 29.732-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 71/87, se presentan por apoderado, los Sres. Mario Alberto CORRENTI y Jorge Luis Pedro CORRENTI e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 60/2011 (AD COLO), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12459-3017-2008 el día 30/06/2011, por la cual se lo condenó al pago de una multa equivalente a una (1) vez el valor en aduana de la mercadería en infracción que ascendía a la suma de Pesos ciento noventa y ocho mil novecientos treinta y uno ($ 198.931.-) equivalente a (U$S 60.100,-) Dólares Estadounidenses sesenta mil cien, por haberse configurado la infracción prevista y penada en el art. 979 del Código Aduanero. Asimismo, ordenó aplicar el comiso de la mercadería en trato consistente en el monto de dólares estadounidenses sesenta mil cien (U$S 60.100.-) y lo intimó al pago de dicha multa, dentro de los quince (15) días de quedar ejecutoriado el mismo, bajo apercibimiento de proceder conforme lo previsto por los arts. 1122/1123 del Código Aduanero.
Relata que en el ámbito del Resguardo Jurisdiccional del Puente Internacional General Artigas dependiente de la Aduana de Colón, el día 06/11/2008 agentes aduaneros al proceder al control de rigor del equipaje transportado por los apelantes al tiempo de intentar egresar del país conduciendo el vehículo marca Chevrolet Dominio GTE- 729, se constató mercadería en infracción, procediéndose a labrar un Acta donde se dejó constancia que, entre los asientos delanteros del rodado donde estaba la palanca de cambio, se visualizó una bolsa plástica en la que, además de prendas de vestir, se verificó la presencia de fajos de dinero (dólares billetes) por la suma total de Dólares Estadounidenses ochenta mil cien (U$S 80.100).
Refiere que acto seguido, se produce la detención de los actores por la comisión de un presunto delito de tentativa de contrabando de exportación (art. 863 y ssgts. del C.A.), dándose inicio la causa judicial N° 8723, en sede penal, Secretaría en lo Criminal y Correccional N° 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay. Paralelamente se resolvió instruir en sede de la Aduana de Colón, sumario contencioso con el objeto de proceder, en caso de recaer sentencia condenatoria en la justicia, a la eventual aplicación de las penas accesorias de competencia aduanera previstas en el art. 876 del C.A.
Expresa que el día 18/03/2009 se dictó sentencia en el expediente penal resolviendo el sobreseimiento de los actores, en los términos del art. 336 del CPPN en orden al delito que les fuera endilgado, pronunciamiento que con posterioridad fue confirmado por la Cámara de Apelaciones mediante resolución firme, continuado en adelante el sumario aduanero en su contra, en los términos de la infracción prevista y penada en el art. 979 del Código Aduanero. Y es en el marco del expediente administrativo, donde se dictó la Resolución 060/2011 (AD COLO) con fecha 30/06/2011, donde resultan condenados en función de lo previsto en el art. 979 apartado 2do. del C.A., que se cuestiona.
Invoca la nulidad de todo lo actuado en sede aduanera, con fundamento en la ilegalidad del proceder de los agentes aduaneros. Suma que, a su criterio, se incumplió el procedimiento instaurado por la RG 1176/01, vigente al tiempo del hecho que se analiza, lo cual configura, cabalmente, una nulidad por violación de las formas esenciales cuya inobservancia vicia el acto.
Se agravia asimismo, de la Resolución en crisis, porque entiende que no hubo infracción aduanera del art. 979 C.A. siendo la cuestión de fondo, en el supuesto de autos, dilucidar si los recurrentes violaron la vía de equipaje al pretender egresar del país, sin mediar ocultamiento, una suma de dólares estadounidenses, a saber U$S 80.100, en exceso del tope autorizado por el Decreto 1606/2001. Agrega que corresponde, previo a todo, considerar si el dinero portado motivo de la infracción imputada, es o no mercadería en sentido aduanero: Sostiene que no lo es, con base a fundamentaciones doctrinarias que transcribe, para concluir en que no puede razonablemente afirmarse el carácter de mercadería de dinero de curso legal –divisas en este caso- y al mismo tiempo, reconocer su verdadera y genuina esencia que no es otra que ser un medio de cambio, unidad de medida y reserva de valor.
Expresa que en el supuesto que se considere mercadería a las divisas, el encuadre infraccional, sin perjuicio de considerar a esta parte exenta de responsabilidad, en todo caso debería ser el de una declaración inexacta. Funda lo expuesto, en el hecho que la conducta objeto de reproche recae sobre mercadería admitida aduaneramente y, desde esta perspectiva considera, eventualmente, la posibilidad de imputar a los actores de no haberla declarado correctamente. Subsidiariamente, solicita se deje sin efecto el comiso por ausencia de prohibición de exportación y alega causales de atenuación, previstas en el art. 916 del C.A., para el caso de considerarlos responsables de alguna infracción, toda vez el sobreseimiento dictado a su favor en sede penal, la violación del procedimiento de la RG 1176/01, la existencia y origen de los fondos siendo estos de legítima propiedad de los actores, ya que sostiene que se acreditó que las sumas secuestradas son disponibilidades obtenidas en el ejercicio de la actividad lícita que desarrollan, en el caso, la producción de leche de ganado bovino, desde el año 1993, tiempo en el que se constituyeron como sociedad de hecho, aludiendo, a su vez, a sendas declaraciones juradas impositivas que en tal carácter realizaron ante la entonces AFIP-DGI.
Remarca, en otro párrafo de su libelo, que se trata de bienes declarados provenientes del trabajo personal y que sobre ellos se tributó en legal forma y oportunamente; agrega que el dejar sin efecto el comiso constituye también un supuesto de atenuación, como el carácter confiscatorio de la sanción conjunta –multa y comiso- que se les impusiera en sede aduanera, entre otros argumentos. Por último, se agravia de la resolución en estudio, respecto que la multa impuesta debe quedar fijada en pesos sobre la base del valor en aduana, peticiona se revoque la referencia a su “equivalente” en dólares. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se revoque las sanciones de multa y comiso, aplicadas, con costas.
II. Que a fs. 99/105 vta. se presenta la representación fiscal, por apoderado y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido.
Efectúa una reseña de los hechos obrantes tanto en el expediente labrado en sede penal federal como el que se sustanció en ámbito aduanero. Realiza una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Destaca lo establecido en el art. 979 del C.A. sobre la infracción al régimen de equipaje, para concluir que de lo actuado en sede administrativa, no queda lugar a dudas que la conducta desarrollada por los actores, reúne los extremos de la normativa citada. Alude a lo previsto en el art. 7° del Decreto 1570/2001, sustituido por el art 3° de su similar N° 1606/01, para concluir que se encuentra prohibida la exportación por cualquier vía de importes mayores a dólares estadounidenses diez mil (U$S 10.000), salvo que lo sea a través de entidades previamente autorizadas por el Banco Central de la República Argentina. Alega que, al transportarse por vía de equipaje, con destino al exterior, un monto de divisas superior al permitido por Ley, nos encontramos en presencia de una cantidad de mercadería no admitida por dicho régimen como incidencia de viaje, configurándose la infracción cuyas sanciones aplicables son la multa y el comiso. Recuerda, lo regulado en el Código Aduanero, acerca de las Prohibiciones económicas y no económicas, a la importación y exportación.
Refuta que, la circunstancia de que el dinero involucrado provendría de una actividad lícita en la que los actores se encuentran inscriptos y que habría sido declarado en el rubro “disponibilidades” en el impuesto a las ganancias del período 2008, no logra desvirtuar la infracción endilgada, por cuanto lo reprochado es la exportación de una cantidad de valores prohibida por la vía de equipaje elegida, independientemente de la situación o no que las sumas provengan de una actividad legal. Advierte, relacionado a este agravio, que las declaraciones de ganancias aludidas por la parte actora, fueron presentadas el 21 y 23 de abril de 2009, transcurridos cinco meses del labrado del Acta de Infracción N° 177/2008 y al ser el dinero un bien fungible por excelencia, resulta imposible determinar que los dólares secuestrados oportunamente, se corresponden con los declarados en el impuesto a las ganancias.
Respecto a la petición de nulidad de lo actuado, contraría las afirmaciones de la actora y trae a colación lo previsto en el art. 902 del C.A., en cuanto allí se establece que no constituye eximente de sanción, el desconocimiento o error del derecho en el que hipotéticamente se pudiese incurrir. Respecto a argumento defensivo de la actora, en cuanto alega la inexistencia de la infracción cometida, invoca que el sistema aduanero se funda en el pilar del carácter objetivo de la infracción aduanera, en virtud del cual la sola tipificación de la conducta resulta suficiente a los fines sancionatorios. Cita jurisprudencia y doctrina y remite al esquema adoptado por el Código que afirma mantiene para los delitos, la exigencia de dolo/culpa en la conducta punible y, respecto de las infracciones, el principio que con la transgresión ya se produce la tipificación.
Contrarresta lo esgrimido respecto de la solicitud de reducción de la multa, por debajo de los topes mínimos previstos, afirmando que ello queda a criterio del juzgador, como la graduación de las penas y en que en el supuesto de autos no se observa irrazonabilidad alguna en la determinación de la multa llevada a cabo, por cuanto esta se fijó dentro de los topes legales establecidos a tales efectos, siendo facultad de la autoridad judicial, cuestión atenuatoria, e indica que, en el caso de marras, lo peticionado no procede. Efectúa reserva de caso federal. Ofrece pruebe y, por último, solicita se dicte sentencia confirmando en todo el fallo aduanero, con expresa imposición de costas a la parte actora.
III. A fs. 108/108 vta., la representación fiscal acompaña las actuaciones administrativas SIGEA 12459-3017- 2008 y, a fs. 109, se abre la causa a prueba. A fs. 158 se declara clausurado el período probatorio. Con posterioridad, mediante providencia PV-2025-86571964-APN-VOCXV#TFN de fecha 07/08/2025 glosada a fs. 184, se elevan los autos a conocimiento de la Sala "F". A fs. 185, por providencia emitida el día 11 de agosto de 2025 se ponen los autos a alegar y mediante IF-2025-99581986-APN-VOCXIX#TFN del día 08/09/2025, obrante a fs. 207, se dicta llamado de autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas N° SIGEA 12459-3017-2008 se inician a fs. 1 con el Acta de Denuncia N° 3/120/2009, labrada en jurisdicción de la Aduana de Colón, Pcia. de Entre Ríos, el día 06/11/2008, como consecuencia del procedimiento realizado por personal de esa dependencia, en el área de control unificado, Puente Internacional Artigas, donde se conformó el Acta N° 177/2008 por el delito de tentativa de Contrabando de Exportación de valores- arts. 863 y 864 inc. d) del C.A. A fs. 24, se procedió a la Clasificación y Valoración de la mercadería, constando la Planilla de Aforo 094/2008. A fs. 30 se resuelve instruir el sumario contencioso. A fs. 31/32, luce constancia de recepción, emitida por el Banco de la Nación Argentina, de un sobre cerrado y firmado con detalle de los valores secuestrados a efectos de su depósito en custodia. A fs. 57/59, se agregaron las copias certificadas de la sentencia dictada el día 18/03/2009, en el marco del expediente criminal en la que se declaró el sobreseimiento de los coactores. A fs. 88/92, se acredita la entrega definitiva del rodado secuestrado. A fs. 93 se resuelve, con fecha 17/09/2009, modificar el encuadre legal de los hechos investigados por la presunta infracción tipificada en el art. 979 del C.A. A fs. 94/96 consta la corrida de vista y acuse de recibo del Correo Argentino, donde surge que los actores se notificaron, de la vista, el día 23/09/2004. A fs. 97/132, obra el descargo de los Sres. Mario Alberto y Jorge Luis Pedro Correnti, junto con pruebas documentales A fs. 135/142, se agregó resolución dictada el día 13/11/2009 y el Acta de Entrega, a los nombrados del importe de U$S 20.000. A fs. 143, se los tubo por presentados y se abrió la causa a prueba. Constan los alegatos efectuados por los apelantes y, a fs. 182, se acompaña la medida para mejor proveer realizada, dando cuenta de la existencia de cartelería en el carril Salida del país del Área de Control Integrado, donde se visualizan las normas y reglas que regulan la exportación de valores. A fs. 198/202, luce el Dictamen Jurídico N° 172/11 (AD COLO) y a fs. 203/210, obra la Resolución 60/2011 (AD COLO), constando a fs. 212, el aviso de recibo del Correo Oficial, que acredita que la parte actora se notificó del fallo aduanero con fecha 04/07/2011.
V. Narrado lo que antecede, en relación al planteo de nulidad de todo el procedimiento se corrobora del análisis del expediente administrativo, que los agentes aduaneros actuaron acorde a las previsiones de la normativa que regula su tarea, toda vez que al realizar la fiscalización de rutina al momento del egreso del país del vehículo Chevrolet dominio GTE-729, conducido por el Sr. Mario Alberto Correnti, domiciliado en la Pcia. de Santa Fé, acompañado en dicha oportunidad por el Sr. Jorge Luis Pedro Correnti, los agente aduaneros al consultarle a los nombrados si transportaban entre sus pertenencias mercaderías y/o divisas para declarar ante la Aduana, su respuesta fue negativa por lo que se procedió practicar al revisión de rutina, constatándose que los mismos portaban, en una bolsa ubicada dentro del rodado que manejaban, fajos de billetes por un importe significativamente superior al permitido para ser extraído del país bajo el régimen de viajero, siendo que los carteles informativos expuestos (ver fs. 185 a 191 de las actuaciones aduaneras) con indicaciones claras sobre normativa vigente en ese tiempo relativas a las pautas para el ingreso y salida de mercaderías etc., resulta razonable y suficiente para informar y prevenir acerca de las consecuencia de incumplir las pautas que enmarcan el régimen de equipaje.
Tampoco puede considerarse el desconocimiento de una norma como eximente de su cumplimiento, ni como eximente de sanción, toda vez que son claras las disposiciones a este respecto previstas en el art. 902 del CA., no pudiendo alegarse error en la criminalidad del acto y, en consecuencia entiendo que corresponde el rechazo de este planteo impetrado en su defensa por los actores.
Considero, asimismo, que no tienen sustento los planteos de inexistencia de la infracción aduanera impetrados por la parte actora, toda vez que claramente, en autos, se tipificó la transgresión endilgada.
Sostengo, por otra parte, que debe rechazarse la pretensión de considerar que el dinero desde la perspectiva aduanera no es mercadería, toda vez que con fundamento en la definición de mercadería prevista en el art. 10 del Código Aduanero, es mayoritaria la doctrina que concluye que la moneda nacional y/o extranjera de curso legal, presentada como billete de banco, constituye mercadería, ya que puede ser ingresada o egresada del territorio aduanero y clasificada arancelariamente.
Partiendo que la Aduana controla el tráfico internacional de mercaderías, esta tiene potestad sobre el dinero. A fin de iluminar lo antedicho, corresponde traer a colación lo resuelto por mayoría, en la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que consideró que “Los billetes de banco de curso legal nacionales o extranjeros (en el caso, dólares estadounidenses) son un objeto susceptible de ser importado o exportado” sentenciando que “En consecuencia (se trata de) mercadería en los términos del artículo 10 del CA” Cámara Federal de Casación Pena – Sala IV –“contrabando de exportación de divisas” contra Miguel Angel Ikei – De lo expuesto, y basándome en sendos pronunciamiento doctrinarios y jurisprudenciales, se puede deducir, que el dinero puede ser objeto de tráfico internacional, estando alcanzado por normas, tanto del Banco Central como de la actual Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA). En este sentido, el BCRA tiene la potestad de su control. Y, en ciertas circunstancias, el dinero pueda ser materia de control de la aduana, a saber casos como el de personas que viajan, y será entonces la aduana quien deberá ejercer el control, derivando las eventuales situaciones infracciones o penales que puedan corresponder en términos del Código Aduanero. Revistiendo en estos casos el carácter de mercadería susceptible de ser sometida a una importación o exportación, aún aquella parte de dinero que se intente ingresar o egresar infringiendo el uso de estos regímenes aduaneros. Los límites de egreso de dinero, al tiempo de comisión de la infracción en trato, se encontraban establecidos en la Resolución General AFIP 1176/2001, Artículo 1º — La prohibición a la exportación de divisas (billetes y monedas) y metales preciosos amonedados, no será de aplicación cuando su valor sea inferior a DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (U$S 10.000.-) o su equivalente en otras monedas, al tipo de cambio vendedor correspondiente al cierre del día hábil inmediato anterior comunicado por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, cualquiera sea la condición del exportador, en efectivo o en cheques de viajero.
Dicho ello, corresponde a continuación analizar el fondo de la litis, es decir resolver si se ha configurado o no, en el caso sub examine, la infracción prevista, penada, es decir tipificada en el art. 979 del C.A. El art. 979 del C.A., sanciona al viajero de cualquier categoría, que extrajere o pretendiere extraer del territorio aduanero, por vía de equipaje, mercadería que no fuere de la admitida por la reglamentación, y establece que será sancionado con una multa de una a tres veces el valor en aduana de la mercadería en infracción y, en el apartado 2, dispone que si la exportación para consumo estuviere prohibida se aplicará además su comiso. En el caso de autos, la aduana ordenó la instrucción del sumario por presunta infracción al art. 979 del Código Aduanero. Inició el procedimiento para las infracciones en ejercicio de facultades jurisdiccionales y propias de investigación, derivadas del art. 1018 y concordantes del Código Aduanero, por cuanto del cotejo de las pruebas obrantes en la causa administrativa, más las que acompañaron, al incoar el recurso de apelación, los Sres. Mario Alberto y Jorge Luis Correnti, se demostró que pretendían extraer del país, por vía del régimen de equipaje, una cantidad superior de divisas a la autorizada.
Es importante en este punto recordar lo previsto en el art. 3° del Dto. 1606/01 –texto normativo actualizado por las Leyes Nros. 25.557 (B.O. 7/1/2002) y 25.561 (B.O. 7/1/2002), a saber: “… Art. 3º — Sustitúyese el Artículo 7º del Decreto Nº 1570/01 por el siguiente: "ARTICULO 7º.- Prohíbese la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo que se realice a través de entidades sujetas a la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS y previamente autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, o sea inferior a DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas, al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA."
Siendo que la mentada fiscalización acaeció en Zona Primaria Aduanera, este constituye un espacio, en donde los agentes aduaneros se encuentran especialmente facultados para la realización de las acciones de control que fueran pertinentes, conforme los autorizan los arts. 121 y 122 del Código Aduanero: “ARTICULO 121. – 1. En la zona primaria aduanera el ingreso, permanencia, circulación y salida de personas y de mercadería deben efectuarse con la previa autorización y bajo la supervisión del servicio aduanero, el cual determinará los lugares, las horas y los demás requisitos correspondientes. ….. ARTICULO 122. – 1. En la zona primaria aduanera, sin perjuicio de sus demás funciones y facultades, el servicio aduanero, sin necesidad de autorización alguna, podrá: a) detener personas y mercadería, incluidos los medios de transporte, a fin de proceder a su identificación y registro. … c) interdictar y secuestrar mercadería, en especial libros, anotaciones, documentos, papeles u otros comprobantes, pero los documentos y papeles privados sólo podrán serlo cuando estén directa o indirectamente vinculados al tráfico internacional de mercadería. …. “ En concordancia con lo descripto supra, observo que la revisión tuvo lugar en ámbito del Resguardo Jurisdiccional del Puente Internacional General Artigas, dependiente de la Aduana de Colón, siendo este espacio Área de Control Integrado, es decir: Zona Primaria Aduanera. Y fue allí, precisamente, donde se verificó la existencia de la mercadería en trato, en este caso valores, sumas de dinero, conforme lo volcado en el acta correspondiente por el guarda actuante.
En definitiva, el control físico se ejerció en un lugar correcto, es decir ámbitos considerados zona primaria aduanera, donde la autoridad de aplicación de la normativa aduanera, el servicio aduanero, tiene amplias facultades de fiscalización.
El planteo de nulidad basado en un supuesto incumplimiento de la RG 1176/01 carece de sustento, dado que la actuación aduanera se enmarcó dentro de las amplias facultades de control conferidas por el Código Aduanero en zona primaria. No se ha demostrado un vicio esencial en el procedimiento que haya causado indefensión o perjuicio irreparable, ni que se haya desvirtuado el fin de la ley. La existencia de cartelería informativa y la previsión legal de que el desconocimiento de la norma no exime de sanción (art. 902 del C.A.) conducen a desestimar este agravio.
VI. Pasando al análisis de otro de los puntos cuestionados, del Acta de Denuncia y en particular el Acta N° 177/2008, labrada como consecuencia del control aduanero llevado a cabo más toda la documentación adjunta a la misma e incorporadas en el sumario aduanero, se desprende que las divisas que se pretendían extraer excedían ampliamente lo permitido por la normativa.
Que, en lo que aquí interesa, el régimen de equipaje constituye un procedimiento especial de importación y de exportación, que es de trámite simplificado y que tiene un tratamiento tributario propio.
Que el Dto. 1601/2001 como asimismo su norma reglamentaria Resolución General 1176/01, lo establecido en la Resolución AFIP N° 2705/09, modificada por la Resolución N° 3010/2010 y por la Resolución General N° 5566/2024, aplicables al caso que nos ocupa, establecen una restricción de carácter económico fundada en razones de política cambiaria que limita el egreso mediante los regímenes de equipaje o pacotilla de sumas que excedan los dólares estadounidenses diez mil (U$S 10.000).
De lo hasta aquí expuesto se deduce claramente, que estamos frente a una prohibición de carácter económico y como tal, sujeta al control de la aduana, siendo que este organismo puede ejecutar la política cambiaria que fije el Poder Ejecutivo de la Nación, lo cual no implica asumir competencia del control cambiario del país, por lo que la función que esta asume es la de controlar que tales efectos egresen del país en los límites que establece la normativa. Por tanto, los actos tendientes a burlar este control, si es de manera intencional, han de constituir delito de contrabando fundado en el hecho de eludir la prohibición de exportación. En otros supuestos, el hecho de portar dinero o metales amonedados por los valores superiores a los establecidos en la reglamentación, con motivo de un viaje al exterior por si sólo y excluyendo la existencia del elemento subjetivo dolo, tipifica la figura infraccional contenida en el art. 979 del Código Aduanero. En este sentido se expresa, entre otros, el autor Horacio Félix Alais al explayarse sobre el particular, en su obra “Régimen Infraccional Aduanero”. Por otra parte destaco, que el art. 10 del C.A. establece que, a los fines del Código es mercadería, todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado y el art. 11.1 dispone que "En las normas que se dictaren para regular el tráfico internacional de mercadería, ésta se individualizará y clasificará de acuerdo con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, establecido por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, elaborado bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera, en Bruselas, con fecha 14 de junio de 1983 y modificado por su Protocolo de Enmienda hecho en Bruselas el 24 de junio de 1986, y sus Notas Explicativas”.
En concordancia con lo detallado en los párrafos precedentes y a partir de las previsiones del ordenamiento jurídico aduanero, arribamos a la conclusión que los billetes de banco de curso legal nacionales o extranjeros son mercadería, ya que encuentra su clasificación como tal en el Nomenclador Arancelario Aduanero correspondiéndole el capítulo 49, posición 4907.00.100.
La normativa vigente en oportunidad del hecho analizado y la que rige en la actualidad, en este aspecto fue y es clara: conforme Resolución General AFIP 1176/2001, Resolución General AFIP N° 2705/09, modificada por la Resolución General N°3010/2010 y sustituida por art. 2° de la Resolución General N° 5566/2024: el egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales preciosos amonedados del territorio argentino, mediante los regímenes de equipaje y pacotilla, podrá efectuarse únicamente cuando su valor sea inferior a DIEZ MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas.
Está permitido el ingreso y retiro de sumas inferiores a U$S 10.000 o su equivalente. De requerir el ingreso/egreso de un monto superior, deberá realizarse una declaración especial en Aduana, mediante el formulario de declaración jurada, que era el vigente al tiempo de producirse a la infracción en trato. Para la conversión de monedas deberá tenerse en cuenta el tipo de cambio comprador correspondiente al cierre del día hábil inmediato anterior al del ingreso, comunicado por el Banco de la Nación Argentina. Es decir que: se debe declarar el importe de moneda nacional de curso legal que egresa del territorio argentino, cuando su valor sea igual o superior al equivalente a DIEZ MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.000). Dicha declaración se debió efectuar ante el servicio aduanero, al momento del egreso del país, mediante el formulario vigente y exigido al tiempo de imputación de la infracción en análisis.
Por otra parte considero pertinente destacar que el art. 491 del C.A. establece que: “Capítulo Cuarto. Régimen de equipaje. … El Poder Ejecutivo podrá, por motivos fundados, restringir la aplicación del régimen previsto en este Capítulo con relación a determinados efectos”.
Que la prohibición de egresar una mayor cantidad de dinero que la prevista por la norma, implica una prohibición de exportación de carácter económico (art. 609, inc. b) del CA) dispuesta, legalmente, por decreto del Poder Ejecutivo en los términos y conforme las facultades que establece el art. 632 del Código Aduanero y en el caso particular de Equipaje, en el transcripto 491 del citado cuerpo legal.
Que tanto el art. 632 del Código Aduanero como el señalado art. 491 del mismo cuerpo legal, Ley 22.415, conforman un sólido armazón legal que proporciona indiscutible sustento jurídico a la facultad del Poder Ejecutivo en el establecimiento de esta prohibición económica, sino que, además, se adecúa a las prácticas globales de lucha contra el lavado de dinero (Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos).
Además, es dable recordar que el Digesto Jurídico Argentino (Ley 26.939 – B.O. 29-04-2014) declaró “vigentes” las normas incorporadas a su Anexo I, dentro de las cuales se encuentra la ley 22.415, que precisamente y a los fines del presente, estableció la delegación en el Poder Ejecutivo en lo que respecta a las prohibiciones de mercaderías y la pena de comiso cuando se pretendiere su exportación por la vía de equipaje.
Bajo tales premisas, y admitiendo que la prohibición involucrada es, en efecto, de carácter económico, cabe concluir que resulta acertado encuadrar en el tipo que establece el art. 979 del Código Aduanero a la conducta constatada en supuesto bajo estudio.
A su vez, en el entendimiento que los dólares y demás divisas, constituyen mercadería y en razón de lo dispuesto en el art. 1° de la Resolución General AFIP 1176/2001, de la Resolución AFIP 2705/09, art. 1° de la Resolución 3010/10 y la actual R.G. N° 5566/2024, en tanto disponen que la suma de U$S 10.000 se debe considerar por cada pasajero y que se debía efectuar al momento de egresar del país la declaración aduanera exigida, la que, tal como ya fuera señalado, en el expediente aduanero no hay constancias acerca de la existencia y/o su presentación. Más aún, en realidad, surge del acta de constatación –firmada por los encartados- que al momento de preguntarle a los pasajeros si tenían algo que declarar, manifestaron NO tener nada para declarar.
Por ello, y en virtud que la cantidad de dólares, que llevaban consigo los actores, superaba ampliamente la autorizada por la normativa imperante -esto es lo que los coautores Mario Alberto y Jorge Luis Pedro Correnti portaban en exceso- específicamente para el régimen de equipaje de exportación, corresponde concluir que se configuró, en el caso de autos, la infracción tipificada en el art. 979 del CA.
Otro tema a considerar es que la mercadería en infracción es aquella que excede el monto permitido y no la totalidad de lo transportado (cfme. autos “Capuz Amatriain, Santiago (TF 36.995-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Sala II, CNACAF, “Neder, Gabriela Beatriz - TF 38.490-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Sala V, CNACAF, entre otros). El subrayado me pertenece.
En el ámbito sancionatorio, la confiscatoriedad se configura cuando la pena es manifiestamente desproporcionada o exagerada en relación con la gravedad de la infracción y el bien jurídico tutelado. En este caso, la multa se fijó en una (1) vez el valor en aduana de la mercadería en infracción (el excedente), que es el mínimo previsto por el art. 979 del C.A.. El comiso se aplica sobre el monto que excede lo permitido, no sobre la totalidad de lo transportado. Esto demuestra una aplicación de la sanción dentro de los límites legales y con un criterio de razonabilidad.
El hecho de que el dinero tuviera un origen lícito y estuviera declarado impositivamente no desvirtúa la infracción aduanera. La conducta sancionada no es la tenencia ilícita de los fondos, sino la violación del régimen de equipaje y la prohibición de exportación de divisas por esa vía y por encima del límite establecido sin la declaración correspondiente.
En cuanto a las causales de atenuación invocadas por la parte actora, relativas al sobreseimiento dictado en sede penal y el origen lícito de los fondos, cabe señalar que, si bien este Tribunal pondera tales circunstancias, la aplicación de las atenuantes previstas en el art. 916 del Código Aduanero, así como la graduación de las penas, es una facultad discrecional del juzgador de acuerdo a las circunstancias. En el presente caso, la conducta reprochada se encuadra de manera muy clara en el tipo infraccional del art. 979 del C.A., a lo que corresponde adicionar la respuesta negativa ante la pregunta sobre si tenían algo que declarar, la forma en que se encontraba acondicionadas las divisas, y su ubicación en el vehículo, y encontrándose la multa impuesta dentro de los límites legales establecidos, no se advierte irrazonabilidad alguna en su determinación. Por lo expuesto, no procede la reducción de la multa solicitada.
En virtud de ello corresponde confirmar las sanciones impuestas ya que en la resolución que se cuestiona, la multa fue determinada sobre el monto excedente y en infracción, esto es, u$s 60.100 (dólares estadounidenses sesenta mil cien) equivalente a un total de $ 198.931.- (pesos ciento noventa y ocho mil novecientos treinta y uno), habiendo descontado el servicio aduanero lo devuelto a los actores, según constancias glosadas a las actuaciones administrativas, en particular Acta de Entrega de fs. 140/142 y calculado la equivalencia del importe, de acuerdo a la cotización correspondiente del dólar del día anterior al hecho configurativo de la infracción.
VII. Que por lo expuesto corresponde confirmar el fallo apelado en cuanto condena a los recurrentes al pago de una multa y al comiso de la mercadería por encontrarlos responsables de la infracción tipificada en el art. 979, apartados 1ro. y 2do. del Código Aduanero. Con costas (conf. Art. 1163 del Código Aduanero).
VIII. Que por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
1. Confirmar la Resolución N° 60/2011 (AD COLO), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12459-3017-2008 el 30/06/2011, en cuanto condena a los Sres. Mario Alberto y Jorge Luis Pedro CORRENTI, al pago de una MULTA equivalente a una (1) vez el valor en aduana de la mercadería en infracción, importe que asciende a la suma de pesos ciento noventa y ocho mil novecientos treinta ($ 198.931.-), con más sus intereses y actualización (arts. 924 a 925 del C.A.), por encontrarlos responsables de la infracción tipificada en el art. 979, ap. 1ro. del Código Aduanero, con costas (art. 1163 del C.A.).
2. Confirmar la Resolución N° 60/2011 (AD COLO), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12459-3017-2008 el 30/06/2011, en cuanto condena a los Sres. Mario Alberto y Jorge Luis Pedro CORRENTI a la pena de COMISO de la mercadería en infracción, esto es, dólares estadounidenses sesenta mil cien (U$S 60.100), por encontrarlos responsables de la infracción tipificada en el art. 979, ap. 2do. del Código Aduanero, con costas (art. 1163 del C.A.).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Doy por reproducido el relato expuesto por el Dr. Héctor Hugo Juárez en sus considerandos I a IV, continuando el continuando el considerando V conforme lo siguiente:
V. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -60/11-, en cuanto condena a CORRENTI MARIO ALBERTO y CORRENTI JORGE LUIS PEDRO al pago de una multa y ordena el comiso de la mercadería por la comisión de la infracción prevista en el art. 979 del CA, se ajusta a derecho.
Conforme surge del acta obrante a fs. 1 de las actuaciones administrativas, al proceder al control al momento del egreso del país en el Puente Internacional Artigas, el personal de la Aduana detectó, luego de proceder al control de rigor del equipaje transportador, que los actores transportaban sin declarar la suma de U$S80.100, cantidad que excedía el límite permitido, por lo que se procedió al secuestro del dinero por la presunta violación al régimen de equipaje, previsto y penado en el art. 979 del CA.
El art. 979 del CA sanciona al viajero de cualquier categoría, que extrajere o pretendiere extraer del territorio aduanero por vía de equipaje, mercadería que no fuere de la admitida por la reglamentación, estableciendo como sanción una multa de una a tres veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. Asimismo, su apartado 2 dispone que si la exportación para consumo estuviere prohibida se aplicará además su comiso.
Por su parte, la Resolución General AFIP 1176/01 –vigente a la fecha del hecho- establece que “la prohibición a la exportación de divisas (billetes y monedas) y metales preciosos amonedados, no será de aplicación cuando su valor sea inferior a DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (U$S 10.000.-) o su equivalente en otras monedas, al tipo de cambio vendedor correspondiente al cierre del día hábil inmediato anterior comunicado por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, cualquiera sea la condición del exportador, en efectivo o en cheques de viajero” (art. 1).
Los viajeros, en consecuencia, deberán declarar el importe de moneda nacional de curso legal que egresa del territorio argentino, cuando su valor sea igual o superior al equivalente a DIEZ MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.000).
Por ello, siendo claro que el dinero constituye mercadería en los términos de los arts. 9, 10 y 11 del CA, y en razón de lo dispuesto en el art. 1 de la Resolución General AFIP 1176/09, atento a que la cantidad de dinero transportada superó la cantidad autorizada referida precedentemente, específicamente en el marco del régimen de equipaje de exportación, se ha configurado en el caso de autos la infracción tipificada en el art. 979 del CA.
V.1. Aclarado ello, resta expedirse sobre la sanción de comiso establecida en el art. 979.2 del CA. Expuesto el plexo normativo aplicable se adelanta que, oportunamente, un nuevo examen de las cuestiones jurídicas involucradas -principio iura novit curia- condujo a que adoptara una solución distinta a la aplicada para causas similares anteriores. Ello en relación, específicamente, a la pena de comiso impuesta, la que será dejada sin efecto ordenando devolver a los actores los dólares billete comisados por el servicio aduanero.
El fundamento de tal decisión radicará en que la prohibición a la exportación de la mercadería comisada fue dispuesta por el decreto de necesidad y urgencia (“DNU”) 1570/01 (BO: 03.12.01) conforme la reforma a su art. 7 emergente del DNU 1606/01 (BO: 06.12.01), que llevó la suma de dólares billete autorizada a exportarse de un máximo de mil (1.000) a uno de diez mil (10.000).
Conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema las disposiciones generales del Código Penal (Fallos: 287:76 del 18.10.1973 “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. c/ Aduana – Expte. Nº 414.028/64”; 290:202, 5º considerando y sus citas; 311:2779; 303:1548 y 297:215) son aplicables a las infracciones aduaneras –e.g. art. 979 del CA-, algunas de las cuales tienen recepción expresa en el CA (arts. 898, 899, 900, 961, 976, etc.).
Entre tales disposiciones generales del Código Penal (“CP”) y del Código Procesal Penal Federal (“CPPF”) ocupa un lugar eminente el principio de legalidad en materia punitiva, que postula que todos los elementos esenciales de una figura delictiva (entre los que se encuentra la pena, con su monto o alcance temporal) deben surgir de una ley en sentido formal -dictada por el Congreso-. La raíz de tal principio no es otra que la garantía fundamental del art. 18 de la Constitución. Conforme tal principio las penas para los delitos o infracciones que signifiquen la privación de un bien jurídico de las personas (e.g.: propiedad, libertad) solamente pueden ser impuestas por una ley del Congreso.
Resulta claro que la pena de comiso impuesta en autos el 30.06.11 (fecha de resolución apelada -60/11-) aplicando el tipo punitivo del art. 979.2 del CA se aplica, en cuanto a su alcance, sobre la mercadería cuya exportación está prohibida bajo el DNU 1570/01 (excedente de U$S 10.000). Así, nada menos que el monto de la pena de comiso del art. 979.2 del CA (tipo legal punitivo) deriva de un DNU del Poder Ejecutivo y no de una ley del Congreso.
Los DNU se encuentran gobernados por el art. 99 inc. 3 de la Constitución cuyo segundo párrafo, de modo tajante, establece que el Poder Ejecutivo (“PEN”) no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Si bien el tercer párrafo de la norma constitucional señala las circunstancias excepcionales (imposibilidad de seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de leyes) en las que el PEN podrá dictar DNUs, dispone también que ni aún bajo tales circunstancias excepcionales podrá hacerlo regulando materia penal.
Como se ilustró supra, nada menos que el monto de la pena (comiso de la mercadería prohibida; excedente de U$S 10.000) del tipo punitivo aplicado en autos –art. 979 del CA- se configura a partir del art. 7 del DNU 1570/01, que prohibió la exportación de dólares físicos en exceso a la suma de 10.000. En tal sentido, el DNU 1570/01 tiene un efecto manifiestamente punitivo en el caso de autos, definiendo el monto de la pena de comiso del art. 979.2 del CA, por la que se privó a los actores de una suma de dinero que integraba su derecho constitucional de propiedad (art. 17 de la CN). En definitiva, todo alcance punitivo que pueda derivarse del DNU 1570/01 está expresamente vedado por el art. 99 inc. 3 tercer párrafo de la Constitución y no puede ser cohonestado por esta instancia jurisdiccional.
Conforme los fundamentos expuestos la pena de comiso sobre la mercadería de exportación prohibida del art. 979.2 del CA impuesta en autos debe ser dejada sin efecto, en tanto configura una proyección punitiva del DNU 1570/01 incompatible con disposiciones preeminentes de la Constitución que, terminantemente, vedan tal alcance penal a dichos instrumentos legales del PEN (art. 99 inc. 3 tercer párrafo).
En consecuencia, se revocará la pena de comiso impuesta en autos mediante la resolución apelada, debiendo devolverse a las coactoras los billetes comisados.
V.3. Resuelto lo anterior resulta menester realizar algunas aclaraciones respecto a la decisión que se acaba de tomar, en cuanto a sus límites e interpretación.
En primer lugar, la decisión de autos no implica, en absoluto, una declaración de nulidad constitucional (art. 99 inc. 3 párrafo segundo) del art. 7 del DNU 1570/01 ni de la prohibición de exportación de dólares billete en exceso de 10.000 que dispone dicha norma, prohibición que siempre estuvo vigente (conf. arts. 17 y 25 de la ley 26.122 y 133 de la ley 27.444). La decisión de esta causa se limita, exclusivamente, a privar a dicho art. 7 del DNU 1570/01 de sus efectos punitivos (comiso de la mercadería prohibida conforme art. 979.2 del CA) por estar ellos expresamente vedados por el art. 99 inc. 3 tercer párrafo de la Constitución.
En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, continúa vigente tanto la prohibición del art. 7 del DNU 1570/01, como indemnes las facultades de la DGA para hacer valer y ejecutar dicha prohibición contra quienes la incumplan, sin perjuicio de lo que pueda corresponder, en otros casos, respecto de la pena de comiso aplicable, resultando siempre castigada la referida conducta por la multa legal del art. 979.1 del CA, que será confirmada. En tercer lugar, en relación a lo anterior, debe señalarse que los hechos de autos ocurrieron en el año 2008 y la pena de comiso que se revoca fue impuesta por el art. 2 de la resolución de la DGA apelada de fecha 30.06.11, aplicando el art. 979.2 del CA. Al respecto, el art. 133 de la ley 27.444 sustituyó la primitiva redacción del art. 7 del DNU 1570/01 por una nueva con lo que, a partir de la vigencia de dicha sustitución de textos, dispuesta por la ley 27.444, el severo vicio de legalidad penal -sobre el que se fundamenta la decisión de revocar la pena de comiso en estos autos- se encuentra constitucionalmente purgado por la intervención del Congreso. A partir de la vigencia del art. 133 de la ley 27.444 (BO: 18.06.18) las penas de comiso impuestas por la DGA en el marco del art. 979.2 del CA y el decreto 1570/01 gozan de plena legalidad constitucional.
VI. Por último, cabe realizar 2 aclaraciones. En primer lugar, el apartado 2 del mencionado art. 979, por el cual se establece la sanción de comiso para el caso de que la mercadería en infracción estuviere prohibida, constituye una disposición especial y autónoma, separada del régimen de equipaje o pacotilla mencionados en el apartado 1. En segundo lugar, si bien el Poder Ejecutivo posee facultades delegadas a los efectos de determinar el alcance del régimen de equipaje o pacotilla (art. 491 y 521 CA) no ha sido esta vía –la de delegación legislativa- la escogida por el propio PEN para determinar el tratamiento que deben recibir los billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedado. En efecto, esto se debe a que el Poder Ejecutivo ha determinado que tales billetes y monedas –o al menos lo que exceda de U$S10.000- no forman parte del régimen de equipaje ni de pacotilla –ver también art. 58 del decreto 1001/82-, razón por la cual la técnica legislativa escogida para establecer la prohibición a la exportación de sumas mayores a U$S 10.000 ha sido la del DNU y no la del decreto delegado. Técnica legislativa que, se reitera, no es en absoluto tachada de nula –constitucionalmente- sino que tuvo y conserva vigencia, salvo en lo que respecta a sus efectos punitivos –hasta la fecha de su subsanación por la ley 27.444- atento a estar expresamente vedados por el art. 99 inc. 3 tercer párrafo de la Constitución.
VII. En relación a las costas se imponen: (i) a las coactoras por la parte de la multa que se confirma y, (ii) por su orden respecto de la revocación del comiso atento haberse resuelto dicha cuestión por los fundamentos del propio tribunal (art. 1163 del CA).
Por las razones expuestas VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la resolución 60/11 (AD COLO), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12459-3017-2008, en cuanto condena a CORRENTI MARIO ALBERTO y CORRENTI JORGE LUIS PEDRO al pago de una multa que asciende a la suma de $198.931, por la comisión de la infracción prevista en el art. 979.1 del CA.
2. Revocar parcialmente la resolución 60/11 (AD COLO), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12459-3017-2008, en cuanto ordena el comiso de la suma de U$S60.100, sumas que deberán ser devueltas a las coactoras.
3. Imponer las costas a las coactoras respecto de la multa que se confirma y por su orden respecto a la revocación del comiso (art. 1163 del CA), salvo la tasa de actuación que se mantiene a cargo de las coactoras. La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que en este caso, adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
En virtud de lo que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar la Resolución N° 60/2011 (AD COLO), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12459-3017-2008 el 30/06/2011, en cuanto condena a los Sres. Mario Alberto y Jorge Luis Pedro CORRENTI, al pago de una MULTA equivalente a una (1) vez el valor en aduana de la mercadería en infracción, importe que asciende a la suma de pesos ciento noventa y ocho mil novecientos treinta ($ 198.931.-), con más sus intereses y actualización (arts. 924 a 925 del C.A.), por encontrarlos responsables de la infracción tipificada en el art. 979, ap. 1ro. del Código Aduanero, con costas (art. 1163 del C.A.).
2. Confirmar la Resolución N° 60/2011 (AD COLO), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12459-3017-2008 el 30/06/2011, en cuanto condena a los Sres. Mario Alberto y Jorge Luis Pedro CORRENTI a la pena de COMISO de la mercadería en infracción, esto es, dólares estadounidenses sesenta mil cien (U$S 60.100), por encontrarlos responsables de la infracción tipificada en el art. 979, ap. 2do. del Código Aduanero, con costas (art. 1163 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la DGA y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria y la Dra. Claudia B. Sarquis - Vocal Subrogante-, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, (cfme. art. 52 del RPTFN y art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2025.09.15 16:17:00 ART Date: 2025.09.15 16:29:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.16 14:07:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.16 14:07:56 -03:00
Fin de la sentencia