Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-46113928-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N°RESOL-2023-54-E-AFIP-ADGUAL#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de Gualeguaychú en las Actuaciones N°12492-583-2022.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-39077797-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 17 de Abril de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: "CORREO ANDREANI S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación", Expediente Electrónico N° EX-2023-46113928- - APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La administración aduanera impuso una multa a la recurrente por considerarla incursa en la infracción prevista en el art. 987 del Código Aduanero (“CA”). Para así decidir, en lo sustancial, sostuvo que la encartada, al transportar mercadería sin posibilidad de identificar a su destinatario final, actuó como tenedora de la misma con fines comerciales sin haber acreditado su legítimo libramiento a plaza.
II. En las citadas condiciones, la recurrente se agravia tanto por el fondo como por los procedimientos llevados a cabo por el servicio aduanero en contravención a la normativa vigente. En lo medular, aduce que resulta impropio considerarla como tenedora, habida cuenta de que su notoria actividad comercial consiste en el transporte de mercaderías. En relación a los procedimientos llevados a cabo por aduana, advierte que no correspondía la apertura de los bultos sin orden judicial.
III. Así las cosas, en primer orden, debe hacerse notar que el acto administrativo sancionatorio no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas en la instancia administrativa. Es que, en efecto, la eventual irregularidad en el modo en que fue transportada la mercadería por no haberse podido constatar el beneficiario final no tiene entidad para considerar a la transportista como tenedora, ya sea porque no lo es en los términos del art. 987 del CA, como tampoco en el marco de la legislación específica que regula el transporte de la mercadería de autos (Ley de Correos N° 20.216 y sus modificatorias).
IV. En dichos términos, podría precaverse que algún dependiente de la compañía pudo actuar a espaldas de ella y utilizar su infraestructura para transportar mercadería extranjera que había ingresado de forma irregular. Ahora bien, esa posibilidad importaría entrar en el ámbito de la pura especulación, y va de suyo, la improcedencia de ejercer la potestad sancionatoria sobre bases tan endebles.
Por tanto, considero que debe revocarse el acto administrativo sancionador.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N°RESOL-2023-54-E-AFIP-ADGUAL#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de Gualeguaychu en las Actuaciones N°12492-583-2022.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuesto en los considerandos I y II del voto del Sr. Vocal preopinante, al que adhiero en cuanto a la reseña fáctica y al trámite de las actuaciones, sin perjuicio de las discrepancias que formularé seguidamente en relación con la solución jurídica allí propiciada.
II. Que, en cuanto al fondo del asunto, corresponde señalar que la infracción endilgada en autos es la prevista en el artículo 987 del Código Aduanero, norma que tutela la tenencia de mercadería de origen extranjero y reprime cuando se la posee con fines comerciales o industriales y no se acredita, ante el requerimiento del servicio aduanero, que fue librada lícitamente a plaza. El citado precepto establece que será sancionado “el que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero, que aquélla fue librada lícitamente a plaza”, disponiendo el comiso de la mercadería y la aplicación de una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza, y aclarando que, a los efectos de dicha comprobación, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación.
De la letra de la norma se desprende que el tipo infraccional se configura a partir de la presencia de tres elementos típicos: 1°) que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder, consistente en la tenencia de la mercadería; 2°) que la finalidad de la tenencia sea para comercialización o industrialización; 3°) que se trate de mercadería de origen extranjero sin su debida identificación y/o acreditación de su introducción legal a plaza.
III. Que en el presente caso no se encuentra controvertido que la apelante tenía en su poder cuatro neumáticos de origen extranjero, los cuales fueron secuestrados en el marco de un procedimiento de control efectuado por el servicio aduanero (conf. fs. 2/3 y 6/7). Asimismo, tampoco se discute la legitimidad del requerimiento formulado por la autoridad de control tendiente a verificar el origen y la situación aduanera de la mercadería.
Que la controversia se circunscribe, entonces, en determinar si la documentación aportada por la recurrente permite tener por acreditada la validez del contrato de transporte que justifique la tenencia de la mercadería en el marco del régimen de encomiendas, y, en su caso, si concurre el requisito de los fines comerciales o industriales exigido por el artículo 987 del Código Aduanero.
IV. En lo que respecta al primer aspecto, corresponde examinar la validez jurídica de la documentación acompañada en sustento del contrato de transporte alegado. Al respecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 1280 y 1296 del Código Civil y Comercial de la Nación, la individualización del remitentecargador constituye un elemento esencial del contrato de transporte de cosas, en tanto debe resultar claramente identificable como parte del vínculo obligacional. La ausencia de una individualización suficiente del remitente no configura una mera irregularidad formal, sino un defecto sustancial que impide reconocer validez jurídica al instrumento invocado.
Del análisis de las actuaciones administrativas surge que el presunto remitente fue consignado sin que constara registro alguno de su número de documento nacional de identidad, dato que fue sustituido por un CUIT genérico carente de aptitud identificatoria (conf. fs. 28 ref. y 36 y vta. de las A.A.). Tal omisión priva a la documentación acompañada de la información mínima indispensable para individualizar a quien impone el envío y, por ende, para justificar válidamente la tenencia de la mercadería frente al servicio aduanero.
Esta deficiencia se ve particularmente agravada por el contexto en el que se desarrolló la operatoria, toda vez que la mercadería fue incorporada al circuito logístico en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones, zona próxima a la frontera con la República del Paraguay, ámbito en el cual la identificación fehaciente de los sujetos intervinientes constituye un presupuesto esencial para garantizar la trazabilidad de los envíos y el adecuado ejercicio de las funciones de control.
Asimismo, requerida oportunamente para acompañar copia de las guías de transporte debidamente cumplimentadas, con indicación de los datos completos del remitente, incluido su número de documento nacional de identidad y firma (conf. fs. 10 de las A.A.), la apelante no dio adecuada respuesta al requerimiento formulado (ver fs. 16 A.A.), persistiendo la insuficiencia documental aún con posterioridad, dado que las guías finalmente aportadas continuaron careciendo de los datos mínimos necesarios para una individualización fehaciente del remitente.
Respecto del marco jurídico aplicable al régimen postal, corresponde señalar que al momento de ejecutarse el envío se encontraba vigente el “Protocolo de Trazabilidad de Envíos Postales”, aprobado por la Resolución N° 109/2020. Dicha normativa establecía, en su artículo 6, que para las condiciones mínimas de admisión de los envíos el prestador de servicios postales debía consignar, como mínimo, el Documento Nacional de Identidad o el CUIT del remitente, configurando así un recaudo esencial para la trazabilidad y el control de la operatoria.
Posteriormente, dicho régimen fue derogado con motivo de la modificación introducida por el Decreto N° 1005/2024. De la lectura de esta norma surge con claridad que el criterio de simplificación que propugna para el régimen postal se encuentra orientado a facilitar la libre circulación de los envíos, eliminando cargas burocráticas excesivas que podrían tornar engorroso el trámite de las encomiendas postales. Ahora bien, esa finalidad de simplificación no puede interpretarse como la supresión de los recaudos esenciales de identificación, ni mucho menos como una dispensa general de los deberes mínimos de individualización de los sujetos intervinientes.
Antes bien, el propio decreto mantiene expresamente dicha exigencia, al disponer en su artículo 1 bis, apartado “Encomienda Postal”, la obligatoria identificación del remitente, identificación que solo puede considerarse cumplida mediante la consignación de documentos personales idóneos que acrediten fehacientemente su identidad.
V. Que ahora corresponde determinar si en este caso se encuentra efectivamente reunido el propósito comercial o industrial, exigido expresamente por la norma, el cual debe surgir de elementos objetivos y concretos que permitan inferir, con un grado razonable de certeza, que la mercadería se encontraba destinada a su inserción en el circuito económico mediante su comercialización o industrialización. A partir del análisis de las actuaciones de autos sostengo que, dicho extremo no puede tenerse por configurado. En efecto, se trata de una cantidad reducida de mercadería (cuatro neumáticos), circunstancia que, valorada conjuntamente con el resto de las constancias de autos, resulta incompatible con la presunción de un destino comercial o industrial. La exigua cantidad involucrada constituye un dato relevante que debilita de manera decisiva cualquier inferencia razonable acerca de una finalidad económica en los términos requeridos por el artículo 987 del Código Aduanero.
A ello se suma que no se verifican en autos otros indicios objetivos que permitan concluir que los bienes se encontraban destinados a su comercialización o afectación a una actividad industrial concreta. En tales condiciones, y atendiendo al principio de tipicidad que rige en materia administrativa, corresponde descartar la aplicación del artículo 987 del Código Aduanero al caso de autos, al no encontrarse reunidos todos los elementos típicos que la norma exige para su configuración, a saber, la finalidad comercial o industrial.
VI. Que ello no obsta, sin embargo, a la existencia de una conducta reprochable desde la óptica del ordenamiento aduanero.
En efecto, la omisión de individualización del remitente impidió el ejercicio eficaz de las funciones de control, frustrando la trazabilidad del envío y colocando a la autoridad en la imposibilidad de verificar el origen y legitimidad de la mercadería involucrada.
Dicha conducta no puede ser considerada una mera irregularidad formal, sino que configura un entorpecimiento de la acción del servicio aduanero, en los términos previstos por el artículo 994 inciso c) del Código Aduanero que prevé: “Sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que pudieren corresponder, será sancionado con una multa de PESOS QUINIENTOS ($ 500) a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) el que:
(...)
c) Impidiere o entorpeciere la acción del servicio aduanero.”.
Que el encuadre de la conducta en el artículo 994 inciso c) del Código Aduanero resulta más adecuado a la entidad objetiva del obrar atribuido, respeta el principio de tipicidad, sin forzar la aplicación de figuras previstas para supuestos de mayor gravedad.
VII. Por lo expuesto, y en disidencia parcial con la solución propiciada por mis distinguidos colegas, considero que no se encuentra configurada la infracción prevista en el artículo 987 del Código Aduanero, pero sí la infracción contemplada en el artículo 994 inciso c) del mismo cuerpo legal.
Por ello, VOTO POR:
I. Revocar la Resolución N°RESOL-2023-54-E-AFIP-ADGUAL#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de Gualeguaychu en las Actuaciones N° 12492-583-2022 en cuanto condena a la firma CORREO ANDREANI S.A. por la infracción tipificada en el artículo 987 del C.A.
II. Condenar a la firma CORREO ANDREANI S.A. al pago de una multa de diez mil pesos argentinos (10.000) por la infracción al art. 994 inc. c) del C.A.
III. Costas según los respectivos vencimientos.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N°RESOL-2023-54-E-AFIP-ADGUAL#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de Gualeguaychú en las Actuaciones N°12492-583-2022.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.04.16 17:39:25 ART Date: 2026.04.16 18:07:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.17 16:12:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.17 16:12:38 -03:00
Fin de la sentencia