Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2024-140774490-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción interpuesta y declarar la competencia del Tribunal para intervenir en la presente causa. Costas a cargo de la actora.
2Disponer que vuelvan los autos a la Vocalía de la 21ª nominación para la continuación del procedimiento y sigan los autos según su estado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-42734884-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 24 de Abril de 2025 REPÚBLICA ARGENTINA S.A.
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el Expediente EX-2024-140774490- -APN- SGASAD#TFN: “CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata en autos de resolver la excepción de incompetencia planteada por la actora, de previo y especial pronunciamiento, en relación a que alega que este Tribunal no resultaría competente para resolver en la causa, ya que correspondería aplicar las previsiones de la Ley N° 19.983 que regula los conflictos interadministrativos.
II. Fundamentos de la apelación: Que la actora, mediante apoderada, interpone en fecha 23/12/2024 recurso de apelación (RE-2024-140773598-APN-SGASAD#TFN) contra la Resolución N° 852/2023 (AD CLOR), emitida por el Administrador de la Aduana de Clorinda, en fecha 20/09/2023. En dicha pieza, la actora plantea la excepción de incompetencia, considerando que este Tribunal no es competente para resolver la discrepancia, en razón de tratarse de un conflicto interadministrativo, dada la naturaleza jurídica de las personas involucradas y el carácter pecuniario del reclamo. Asimismo, aclara que la interposición del recurso responde a la intención de no dejar consentida la resolución apelada, por razones de prudencia y diligencia procesal. En virtud de ello, solicita la remisión de las actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación, por aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.983. Cita precedentes de la Sala “G” de este Tribunal en los cuales se declaró la incompetencia peticionada. A continuación, sostiene que la resolución atacada resulta ilegítima, alegado la falta de consideración adecuada por parte del organismo aduanero, de los fundamentos jurídicos, fácticos y técnicos esgrimidos, ocasionando que la resolución en trato adolezca de vicios en la causa, en el objeto y en la motivación. Especifica que, en el marco del procedimiento se notificó erróneamente a un CUIL que no le pertenece, afectando el debido derecho de defensa. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita la remisión de las actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación.
III. Contestación del traslado: Que la representación fiscal, en fecha 27/03/2025 (IF-2025-32118164- APN-DTD#JGM) contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas SIGEA N° 17765-439-2018. Tras efectuar un relato de los hechos que dieron origen a la causa, formula una negativa genérica. Acto seguido, manifiesta oposición en relación al planteo de incompetencia introducido por la actora y la consecuente inaplicabilidad de la Ley N° 19.983. Puntualiza que los antecedentes jurisprudenciales citados por la actora a los fines de hacer valer su postura tratan de casos donde la Administración le reclamaba a la aquí actora deudas tributarias, con sus intereses, pero en ningún caso la cuestión debatida versaba sobre la procedencia o no de una multa, atada a un hecho infraccional. Cita dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación y jurisprudencia de la CSJN. Se expide acerca del tipo infraccional del art. 987 del C.A. y asevera que se configuró en autos, lo que sustenta la sanción aplicada por la Aduana. Ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
IV. Que en fecha 08/04/2025 se dispuso tratar la excepción de incompetencia interpuesta por la actora como de previo y especial pronunciamiento y se elevaron las actuaciones a la Sala “G” (PV-2025- 36572876-APN-VOCXXI#TFN). Finalmente, en fecha 16/04/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-
40138261-APN-VOCXXI#TFN)
V. Que corresponde entonces abordar la excepción antes referida y evaluar si este Tribunal resulta competente para intervenir en la causa.
Que, preliminarmente, cabe considerar que la Ley N° 19.983 que regula los denominados conflictos interadministrativos de carácter pecuniario establece en su artículo 1° que “No habrá lugar a reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto de la reclamación no sea mayor de dos mil pesos ($2000). Cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de cien mil pesos ($100.000), y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se someterá a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación; la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes indicado.(…)”
El Decreto 2481/93 (y sus modificatorias) reglamentario de la citada ley dispuso en su art. 11 que “(…) De conformidad con lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 19.983, fíjase en PESOS CINCO MIL ($ 5.000) el monto mínimo para la procedencia de las reclamaciones pecuniarias interadministrativas y en PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) el importe máximo de los reclamos cuya resolución será de competencia del Procurador del Tesoro de la Nación. Superado ese monto la decisión será competencia del PODER EJECUTIVO NACIONAL.”
VI. Que, a efectos de analizar los presupuestos de procedencia que dicha norma regula deben confluir dos requisitos: a) la existencia de una reclamación de carácter pecuniario y b) entre personas jurídicas públicas estatales.
En el caso “CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.” (Fallos 345:1044)-con remisión al Dictamen de la Procuradora Laura Monti al que el Tribunal remite-la CSJN entendió que, por sus características particulares, la actora era pasible de ser un sujeto que puede ser alcanzado por la Ley N° 19.983.
Que, no obstante ello, se debe tener presente que en el caso de autos no estamos frente a un reclamo de naturaleza tributaria, sino que lo que se cuestiona es la imposición de una multa impuesta por el servicio aduanero como resultado de entender que la actora incurrió en el tipo infraccional del art. 987 del C.A.
VII. Que la Procuración del Tesoro de la Nación se ocupó-por intermedio de sus dictámenes-de interpretar los alcances del concepto “reclamo pecuniario”. En ese sentido, expresó que “…Los importes dinerarios adeudados por entes u órganos estatales, que deriven de la facultad de imponer multas (penales o administrativas), atribuida a otro ente u órgano administrativo, no integran el concepto de reclamos pecuniarios de cualquier naturaleza o causa, suscitados entre entes u organismos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional que deban ser dirimidos en los términos de la Ley Nº 19.983 (v. Fallos 326:3524)” (el resaltado es propio, Dictamen 306:181, de fecha 03/08/2018)
Que este criterio ya había sido instaurado con anterioridad en Dictámenes Nros. 301:369, 254:365, 301:373, 254:265, 283:377, 287:160-entre otros-en los cuales, aún cuando se admitió la trascendencia económica, ello no es óbice para que el Poder Judicial pueda revisar la legitimidad de una multa.
VIII. Que, en el mismo sentido se manifestó la jurisprudencia imperante en la materia, tanto de la CSJN como del fuero especializado.
Que, al respecto, el Máximo Tribunal delimitó con precisión que “la facultad punitiva de imponer multas no puede ser considerada como un supuesto de reclamación pecuniaria entre organismos administrativos del Estado Nacional”. (Fallo “Aerolíneas Argentinas S.A. c/ EN -DNM -disp 1752/09 y otro s/recurso directo dnm”, 15/10/2015. Criterio sentado con anterioridad en Fallos 302:273, 306:1195 y 326:3254) La Exma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal también reconocióadhiriendo a los términos del Dictamen del Fiscal General que “…la ley 19.983 no contempla supuestos de excepción, pero la jurisprudencia ha considerado inaplicables sus disposiciones con fundamento en las particulares características de los sujetos involucrados o en el contenido sustancial del reclamo, como así también en el supuesto de controversias vinculadas a la imposición de multas. En tal sentido, son aplicables aquellos precedentes —que también tomó en cuenta el Tribunal Fiscal de la Nación— en los que la Corte sostuvo que, una adecuada inteligencia del art. 1° de la denominada ley de conflictos interadministrativos —ley 19.983—, permite afirmar que la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto, y que dicha norma no constituye óbice para que el Poder Judicial revise la legitimidad de una multa administrativa impuesta a una persona estatal (Fallos: 312:459; 316:529; 326:3254, entre otros).” (CNCAF, SALA IV, “CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SA (TF 68763174-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, 11/02/2025).
Que, en esa inteligencia, se llegó a idéntica conclusión en el caso fallado por la Sala II del Fuero, oportunidad en la cual-remitiendo al dictamen del Fiscal actuante-se aclaró que “…aun cuando el objeto de estas actuaciones tiene contenido económico, no existe negativa al pago de una suma de dinero previamente determinada, sino que se está cuestionando, precisamente, la existencia y alcance de una sanción impuesta a la entidad accionante.” (CNCAF, Sala II, “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 68718481-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 27/09/2024 y en igual sentido en “CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA (TF 68747318-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, de la Sala I, 17/09/2024)
Que, para concluir, cabe aclarar que el caso de autos difiere con el que se resolvió mediante el INLEG- 2023-98291521-APN-VOCXXI#TFN, ya que allí se trababa de un importe adeudado en concepto de tasa sumaria (RG AFIP 3244/11) y no de una sanción administrativa.
Por ello VOTO por:
1).- RECHAZAR la excepción interpuesta y declarar la competencia del Tribunal para intervenir en la presente causa. Costas a cargo de la actora.
2).- DISPONER que vuelvan los autos a la Vocalía de la 21ª nominación para la continuación del procedimiento y sigan los autos según su estado.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR la excepción interpuesta y declarar la competencia del Tribunal para intervenir en la presente causa. Costas a cargo de la actora.
2).- DISPONER que vuelvan los autos a la Vocalía de la 21ª nominación para la continuación del procedimiento y sigan los autos según su estado.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.04.23 20:20:24 ART Date: 2025.04.23 21:26:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.24 11:41:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.24 11:41:33 -03:00
Fin de la sentencia