Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-114545582-APN-SGASAD#TFN-CORREO
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la excepción de incompetencia planteada por la actora, sin costas. Vuelven los autos a la Vocalía de la 14° Nominación a los efectos de su tramitación.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-77261501-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 16 de Julio de 2025 REPÚBLICA ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante), y los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” Expte. Nro. EX-2025-58823840-APN-SGASAD#TFN.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que la actora, mediante apoderada, interpone con fecha 02/06/2025 recurso de apelación (RE-2025-58816627- APN-SGASAD#TFN) contra la Resolución N° RESOL-2025-107-E-AFIP-ADCORR#SDGOAI, emitida por la División Aduana de Corrientes, en fecha 05/05/2025, recaída en el SIGEA 19480-29-2022/5 en cuanto condena a la firma recurrente al pago de una multa por la suma de $ 236.809,65 por la supuesta infracción tipificada en el art. 987 del CA y al pago de tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería secuestrada por la suma de U$S 126,10.
Sostiene esta parte, que la resolución apelada es ilegítima porque desconoce el especial status jurídico de la firma recurrente y plantea la excepción de incompetencia, considerando que este Tribunal no es competente para resolver la discrepancia; en razón de tratarse de un conflicto interadministrativo, dada la naturaleza jurídica de las personas involucradas y el carácter pecuniario del reclamo. Asimismo, aclara que la interposición del recurso responde a la intención de no dejar consentida la resolución apelada, por razones de prudencia y diligencia procesal. En virtud de ello, solicita la remisión de las actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación, por aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.983 y el decreto 2481/1993. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también, de la Sala G de este Tribunal Fiscal de la Nación (INLEG-2023- 98291521-APN-VOCXXI#TFN-REFERENCIA: SENTENCIA Ex2023-37570963-APN-SGASAD#TFN- CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., INLEG-2024-73344215-APN-VOCXX#TFN.
SENTENCIA EX-2023-114545582-APN-SGASAD#TFN-CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., INLEG-2024-41087518-APNVOCXX#TFN. SENTENCIA EX-2023-119968620-
APNSGASAD#TFN-CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.) que avalarían su postura.
A continuación expresa sobre el fondo del tema en debate, que la resolución atacada resulta ilegítima y sostiene la falta de configuración de la infracción aduanera, la violación del principio constitucional de inocencia y de razonabilidad y falta de fundamentación de la sanción e ilegitimidad del comiso.
Finalmente, ofrece prueba, solicita la suspensión de los efectos de la resolución apelada, formula reserva de Caso Federal y solicita la remisión de las actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación.
II. Que mediante la PV-2025-75342104-APN-VOCXIV#TFN se tiene por presentada a la actora y se elevan los autos a Sala, posteriormente por el IF-2025-76670888-APN-VOCXIV#TFN se los pasa a sentencia.
III. Que corresponde, previo a todo, abordar la excepción planteada por la actora y evaluar si este Tribunal resulta competente para resolver la causa.
Cabe considerar que la Ley N° 19.983 que regula los denominados conflictos interadministrativos de carácter pecuniario establece en su artículo 1° que “No habrá lugar a reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto de la reclamación no sea mayor de dos mil pesos ($2000). Cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de cien mil pesos ($100.000), y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se someterá a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación; la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes indicado.(…)”.
El Decreto 2481/93 (y sus modificatorias) reglamentario de la citada ley dispuso en su art. 11 que “(…) De conformidad con lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 19.983, fíjase en PESOS CINCO MIL ($5.000) el monto mínimo para la procedencia de las reclamaciones pecuniarias interadministrativas y en PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) el importe máximo de los reclamos cuya resolución será de competencia del Procurador del Tesoro de la Nación. Superado ese monto la decisión será competencia del PODER EJECUTIVO NACIONAL.”
En este caso, a efectos de analizar los presupuestos de procedencia que dicha norma regula deben confluir dos requisitos: a) la existencia de una reclamación de carácter pecuniario y b) entre personas jurídicas públicas estatales.
La doctrina ha definido la relación jurídica interadministrativa como aquella “(…) que vincula a dos o más personas jurídicas públicas estatales, ya se trate del Estado en sentido lato (Nación o provincia), o de cualquiera de las personas jurídicas públicas estatales que constituyen entidades descentralizadas, con personalidad jurídica propia (Cassagne, Juan Carlos, “Derecho Administrativo”, Bs. As., 1980, to. II, pág.76. Tb.: “Las relaciones interadministrativas” ED., 36:927).
Que en relación a CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. fue creada por el Decreto N° 721/04, con la finalidad de instrumentar la “prestación del Servicio Oficial de Correo, comprendiendo todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía prestados oportunamente por ENCOTESA y los restantes servicios que la ex concesionaria CORREO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA estuviere habilitada a realizar, incluyendo el Servicio Postal Básico Universal.” (Art. 1), cuenta con un patrimonio netamente estatal (sus acciones pertenecen en un 100 % al Estado Nacional – Cfr. Art. 2°), sus Estatutos son aprobados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Art. 3°) entidad que supervisará su desenvolvimiento. Respecto de la Dirección General de Aduanas es una Dirección General que actúa bajo la órbita de la “ARCA” Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ente autárquico creado por Decreto N° 953/2024, en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación.
Que, en consecuencia, no está en discusión, el carácter de los sujetos involucrados, siendo ambas partes -el Correo Oficial de la República Argentina S.A. y la Dirección General de Aduanas - personas jurídicas públicas estatales.
IV. Que, en relación al requisito de la reclamación de índole pecuniaria lo que se debe analizar es el carácter pecuniario de la cuestión debatida. Es decir si una sanción de multa, es asimilable a un reclamo de dicha índole. En ese caso, se daría el caso de un conflicto interadministrativo.
O, si -por el contrario- las infracciones no encuadran dentro de un reclamo de contenido económico. Esto último, sin perjuicio de que los reclamos pecuniarios remiten a deudas líquidas y exigibles; no a los procedimientos de determinación tributaria a cuyas resultas recién podría decirse que existe una deuda líquida y exigible entre organismos estatales.
Al respecto, cabe destacar que la Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo en varios Dictámenes, que la especialidad de este procedimiento de resolución de conflictos está dada, por un lado, en lo referente al carácter estatal de las personas involucradas, temática sobre la cual no hemos ocupado en los párrafos precedentes y, por otra parte, acerca de lo relacionado a la naturaleza pecuniaria del reclamo sobre el que versa la cuestión en análisis.
Tras ello, se desprende, que cualquier litigio que se plantee en el ámbito de la Administración y que tuviese otra naturaleza -en el caso infraccional- debería tramitar por fuera de dicho procedimiento especial. En caso de encontrarnos ante una cuestión de interpretación de normas y principios jurídicos en orden a la procedencia de la aplicación de multas por parte de un organismo estatal autárquico de naturaleza societaria, aunque tenga trascendencia económica, no se verifica el conflicto interadministrativo previsto en la Ley 19.983. (Dictámenes 232:287, 263:157, 283:377).
Corresponde ahora, en un nuevo análisis de la cuestión, revisar la nueva jurisprudencia que emana de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que resulta la Instancia revisora de lo que se decida en este Tribunal.
Al respecto, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en autos 8535/2024 “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 68718481-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” de fecha 27 de septiembre de 2024, destacó: “… que en el entendimiento del Alto Tribunal, una adecuada inteligencia del artículo 1° de la ley 19.983 permitía afirmar que la facultad punitiva de imponer multas no podía ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto, y que dicha norma no constituía óbice para que el Poder Judicial revisara la legitimidad de una multa administrativa impuesta a una persona estatal (conf. CSJN, Fallos, 312:459; 316:529; 326:3254, entre otros)...”
Asimismo, en un fallo reciente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal -Sala III- en autos 22636/2024 “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 114545582-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” de fecha 24 de abril de 2025 sostuvo la misma postura y resolvió que: “...corresponde declarar que el Tribunal Fiscal de la Nación resulta competente para entender en el recurso interpuesto contra la sanción aplicada por la Aduana en los términos del art. 987 del CA...”. (El subrayado me pertenece)
De igual modo, en estos casos, nuestra Alzada ha seguido el criterio en base al que ya se había expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo “Banco de la Nación Argentina c/ Banco Central de la República Argentina s/ amparo — Ley N° 16.986", del 08/9/2003, (Fallos: 326:3524).
A mayor abundamiento, la Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo la misma opinión en varios dictámenes, al afirmar que los importes dinerarios adeudados por entes u órganos estatales, que deriven de la facultad de imponer multas (penales o administrativas), atribuida a otro ente u órgano administrativo, no integran el concepto de reclamos pecuniarios de cualquier naturaleza o causa, suscitados entre entes u organismos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, que deben ser dirimidos en los términos de la Ley N° 19.983.
En este mismo sentido puede citarse también lo decidido por la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, atento sus sentencias dictadas en las causas “Correo Oficial de la República Argentina SA”, 13/12/2023; “Correo Oficial de la República Argentina SA”, 21/11/2023; “Correo Oficial de la República Argentina SA”, 31/07/2024; como así también distintas Salas de la Alzada (Sala I “Correo Oficial de la República Argentina SA”, 17/09/2024; Sala II “Correo Oficial de la República Argentina SA”, 27/09/2024).
Conforme todo lo expuesto corresponde entonces, también en estos autos, rechazar la excepción de incompetencia planteada por la parte actora, y declarar la competencia de este Tribunal; a los efectos de analizar la cuestión debatida en autos. Sin costas teniendo en consideración las particularidades del caso, a la luz de los distintos casos jurisprudenciales precedentemente reseñados.
Por ello VOTO por:
Rechazar la excepción de incompetencia planteada por la actora, sin costas. Vuelven los autos a la Vocalía de la 14° Nominación a los efectos de su tramitación.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto de la Vocal preopinante.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
Rechazar la excepción de incompetencia planteada por la actora, sin costas. Vuelven los autos a la Vocalía de la 14° Nominación a los efectos de su tramitación.
Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos a la Vocalía 14° a efectos de que continúe con el trámite de la causa.
Suscriben la presente los Dres. Claudia Beatriz Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.07.16 13:42:33 ART Date: 2025.07.16 15:44:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.07.16 15:48:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.16 15:49:17 -03:00
Fin de la sentencia