Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-68747318-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la competencia del Tribunal para resolver en la presente causa.
2Sigan los autos según su estado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-148507172-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 13 de Diciembre de 2023 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver el expediente EX-2023- 68747318-APN-SGASAD#TFN caratulado: “CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, y La Dra. Claudia Sarquis dijo:
I. Que mediante RE- 2023-81075923-APN-DTD#JGM, se presenta por apoderada, la firma Correo Oficial de la República Argentina S.A., e interpone recurso de apelación contra la resolución-fallo nº 163/23 (AD BARR) recaída en el expediente SIGEA nro. 12264-179-2019, en cuanto la condena al pago de una multa en los términos del art. 985 del C.A. Expresa que este Tribunal no es competente para resolver la presente causa, ello en atencion al carácter interadministrativo de las personas involucradas y la cuestión económica de la presente controversia. Realiza un análisis de lo acaecido en sede aduanera y señala que las actuaciones se iniciaron a raíz del control realizado por el Escuadrón 51 “Resistencia” Sección Seguridad Vial “Basail de la Gendarmería Nacional, el cual procedió a la interdicción de distintas encomiendas.
Señala que el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2, de la ciudad de Resistencia, en el marco de la causa FREN° 5314/2019, realizó la apertura de los bultos detectando mercadería extranjera -880 cartones de cigarrillos- que no contaban con su legal ingreso a plaza. Destaca que el caso de autos, involucra a dos entes del Estado Nacional, de índole pecuniaria, ante la pretensión netamente económica del organismo aduanero, en consecuencia dicha controversia debe resolverse por el régimen de Conflictos Interadministrativos dispuesto por la ley n° 19983. Por ello, solicita que este Tribunal declare la competencia en el presente caso de la Procuración del Tesoro de la Nación o Poder Ejecutivo Nacional, conforme al régimen indicado.
Cita y transcribe el art. 1° de la mencionada ley, como así también el decreto n° 1848/02, reglamentario de la ley, que dispone que en los casos en que el monto de la reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa supere la suma de cinco mil pesos ($5.000), y hasta la suma de cincuenta mil pesos ($50.000), la autoridad que deberá resolver a cuestión será el Procurador del Tesoro de la Nación, superado ese monto, como acontece en autos, la decisión será competencia del Poder Ejecutivo. Argumenta que por un lado, Corasa es una sociedad anónima con capital 100% estatal (Decreto n°721/2004 art., 2), y por encomienda del Poder Ejecutivo Nacional, tiene a su cargo la prestación del servicio público postal, actúa en el ámbito jurisdiccional de la Jefatura de Gabinete de Ministros –Decreto n° 50/2019, art. 3° y Anexo III, modif. por Decreto n° 861/22-.
Por otro lado, la AFIP, depende del Ministerio de Economía- Decreto n° 618/97, Decreto n° 50/19, art 3° y Anexo III, modif. por Decreto n° 861/22-. Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura. Subsidiariamente, se refiere a la cuestión de fondo. Ofrece pruebas. Hace reserva del caso federal. Por último solicita se haga lugar a lo solicitado en el apartado V de su escrito de inicio y se remita la presente causa a la Procuración del Tesoro de la Nación.
II. Que mediante IF-2023-117300687-APN-DTD#JGM, se presenta el representante fiscal, acompaña las actuaciones administrativas y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Formula una negativa genérica de los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por la actora en su escrito de demanda. Realiza una reseña de los hechos acaecidos en sede aduanera. Solicita se rechace la aplicación del régimen de conflictos interadministrativos, ley 19.983, toda vez que dicho régimen determina la competencia exclusiva de la Administración o Procuración del Tesoro de la Nación, cuando el reclamo es estrictamente pecuniario, pero habilita la competencia concurrente con los Juzgados Federales o de este Tribunal, cuando el reclamo es de índole infraccional. Cita doctrina y jurisprudencia. Subsidiariamente, contesta el traslado conferido. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del caso federal. Solicita se rechace el recurso intentado y se confirme la resolución aduanera con costas.
III. Que a fs. 1 de las actuaciones administrativas vinculadas a la presente causa, SIGEA nro. 11246-179/2019, se inician con la Nota NM9-5006/13, mediante la cual se le solicita al Administrador de la Aduana de Barranqueras, el aforo de la mercadería detallada en las Actas de Apertura de Encomiendas que a tal efecto adjunta-ver fs. 2/25. A fs. 26/27 se dispuso la apertura del sumario en los términos del art. 1090 inciso “c” del C.A. por presunta comisión de la infracción aduanera prevista y reprimida en el art. 985 del C.A. y asimismo se corre vista de ley a la actora en los términos establecidos por el art. 1101 del mismo Código, siendo notificada el 05/12/22 -ver fs.30-. A fs. 37 se declara la rebeldía Correo Oficial de la República Argentina S.A. Finalmente, a fs. 45/48 la Aduana de Barranqueras dicta la resolución n° 163/2023 (AD BARR), apelada en esta instancia.
IV. Que posteriormente se elevan los autos a esta Sala “F”.
V. Que, en primer término, lo que debe dirimirse es la competencia en razón de la materia de este Tribunal. Que, como se expuso en el considerando I del presente, la actora recurre en autos la resolución nº 163/23 (AD BARR) de la Aduana de Barranqueras, en cuanto la condena al pago de una multa en los términos del art. 985 del C.A.
Que, previo a toda consideración, cabe advertir conforme surge del recurso de apelación, que la aquí recurrente resulta ser una sociedad anónima con capital 100% estatal (Decreto n°721/2004 art., 2), y por encomienda del Poder Ejecutivo Nacional, tiene a su cargo la prestación del servicio público postal, actúa en el ámbito jurisdiccional de la Jefatura de Gabinete de Ministros –Decreto n° 50/2019, art. 3° y Anexo III, modif. por Decreto n° 861/22.
Que la ley 19.983 establece en su art. 1° “No habrá lugar a reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto de reclamación no sea mayor de dos mil ($2.000). Cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de cien mil pesos ($100.000), y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se someterá a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación; la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes indicado.”
Que el decreto 1848/2002 (modificatorio del decreto 2481/93), dispuso que las causas superiores a cinco mil pesos y hasta un máximo de cincuenta mil pesos, serán resueltas por el Procurador del Tesoro de la Nación, mientras que las que superan dicha suma, lo serán por el Poder Ejecutivo Nacional.
Que, en efecto, en la especie se ha producido un conflicto entre dos entes estatales y por ello se está frente a un conflicto interadministrativo. En este sentido, considérase “relación jurídica interadministrativa a la que vincula a dos o más personas jurídicas públicas estatales, ya se trate del Estado en sentido lato (Nación o provincia), o de cualquiera de las personas jurídicas públicas estatales que constituyen entidades descentralizadas, con personalidad jurídica propia (Cassagne, Juan Carlos, “Derecho Administrativo”, Bs. As., 1980, to. II, pág.76. Tb.: “Las relaciones interadministrativas” ED., 36:927).
Que, sin embargo, en el presente se controvierte una cuestión infraccional y en tal sentido el art. 910 del Código Aduanero no ha concedido inmunidad en materia infraccional al Estado nacional, las provincias, las municipalidades y sus respectivas reparticiones centralizadas y a las entidades estatales cualquiera fuese la forma jurídica que adopte. En este sentido, tiene dicho la Procuración del Tesoro de la Nación que la especialidad del procedimiento de resolución de conflictos esta dada, por un lado por el carácter estatal de las personas involucradas y, por el otro, por la naturaleza pecuniaria del reclamo de que se trate y, de esta última premisa, se desprende que cualquier litigio que se plantee en el ámbito de la Administración y que tuviese otra naturaleza (en el presente infraccional), debería tramitar por fuera de dicho procedimiento especial (v. Dictámenes 232:283:377). A tal efecto, ante una cuestión de interpretación de normas y principios jurídicos en orden a la procedencia de la aplicación de multas por parte de un organismo estatal autárquico a otro (si fuera el caso) de naturaleza societaria, aunque tenga trascendencia económica, no se verifica per se el conflicto interadministrativo previsto en la ley 19938 (v. Dictámenes 232: 283:377 y 263:157). Asimismo, el mencionado organismo ha expresado su concordancia con la doctrina establecida por la C.S.J.N., (Fallos 302:273, 306:1195, 316:529), en el sentido de que… “la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto” (con referencia al art. 1° de la ley 19.983 Dictámenes 254:365). Que, en este orden de ideas, la C.S.J.N. en el fallo “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado, s/ recurso de apelación”, sostuvo lo siguiente ”...Que las disposiciones aduaneras transcriptas coinciden a su vez, en lo sustancial, con el art. 175 de la antigua Ley de Aduana (t.o. 1962), respecto del cual la Corte resolvió que no se podía privar a las empresas estatales de los recursos previstos de modo general por las normas aduaneras ante los jueces de la Nación, toda vez que el citado artículo 175 admitía la imposición de sanciones penales contra las empresas del Estado Fallos: 275:279.
Que, en definitiva, y al tratarse en el presente de una cuestión infraccional, corresponde declarar la competencia de este Tribunal para conocer en el recurso deducido en autos.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar la competencia del Tribunal para resolver en la presente causa.
2. Sigan los autos según su estado.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede, de conformidad con los argumentos expuestos en la causa ventilada entre las mismas partes bajo EX2023-68718481- APN-SGSAD#TFN, que tramitase por ante la Vocalía de la 17° Nominación.
El Dr. Christián González Palazzo dijo:
Que teniendo en cuenta lo dicho por el suscripto en la sentencia reseñada por el Dr. Garbarino, me adhiero a la propuesta de la Dr. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Declarar la competencia del Tribunal para resolver en la presente causa.
2. Sigan los autos según su estado.
Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos a Vocalía.
Date: 2023.12.13 17:03:21 -03:00 Date: 2023.12.13 17:15:48 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.13 19:58:08 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.13 19:58:09 -03:00
Fin de la sentencia