Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 140774490-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
36227/2025 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA (TF
140774490-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2026.-
I. Que de las actuaciones acompañadas mediante el Deo 19962088 resulta que por medio del pronunciamiento del 24 de abril de 2024, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la excepción de incompetencia opuesta por el Correo Oficial de la República Argentina; y, en consecuencia, declaró su competencia para intervenir en estas actuaciones originadas a raíz del recurso de apelación interpuesto por ella contra la Resolución N° 852/2023 (AD CLOR), emitida por el Administrador de la Aduana de Clorinda, en fecha 20/09/2023, que le había impuesto una multa equivalente a $749.404,55, por presunta infracción al artículo 987 del Código Aduanero. Para así decidir, sostuvo que “en el caso ‘CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.’ (Fallos 345:1044) -con remisión al Dictamen de la Procuradora Laura Monti al que el Tribunal remite-la CSJN entendió que, por sus características particulares, la actora era pasible de ser un sujeto que puede ser alcanzado por la Ley N° 19.983. Que, no obstante ello, se debe tener presente que en el caso de autos no estamos frente a un reclamo de naturaleza tributaria, sino que lo que se cuestiona es la imposición de una multa impuesta por el servicio aduanero como resultado de entender que la actora incurrió en el tipo infraccional del art. 987 del C.A.”.
Agregó que “el Máximo Tribunal delimitó con precisión que ‘la facultad punitiva de imponer multas no puede ser considerada como un supuesto de reclamación pecuniaria entre organismos administrativos del Estado Nacional’ (Fallo ‘Aerolíneas Argentinas S.A. c/ EN -DNM -disp 1752/09 y otro s/recurso directo dnm’, 15/10/2015. Criterio sentado con anterioridad en Fallos 302:273, 306:1195 y 326:3254)”.
II. Que, contra ello, el Correo Oficial de la República Argentina SA interpuso recurso de apelación, el que fue replicado por el Fisco Nacional.
Se agravia de que no se haya admitido su fundamento relativo a que la presente controversia involucra a dos entes del Estado Nacional; de manera que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.983 y el Decreto N° 2481/1993, relativo a la competencia de la Procuración del Tesoro de la Nación para resolver el conflicto.- Cita jurisprudencia que considera favorable a su postura.-
III. Que, a fojas 6/10, dictaminó el Sr. Fiscal General ante esta Cámara; en el sentido de confirmar la resolución apelada. En particular, sostuvo que “si bien la ley [nro.
19.983] no contempla expresamente supuestos de excepción dentro de su ámbito de aplicación, la jurisprudencia ha considerado inaplicables las disposiciones sobre conflictos interadministrativos con fundamento en las particulares características de los sujetos involucrados o en el contenido sustancial del reclamo, como así también en el supuesto de controversias vinculadas a la imposición de multas.
En tal sentido, conforme sostuvo la Corte Suprema de Justicia, una adecuada inteligencia del artículo 1° de la denominada ley de conflictos interadministrativos — Ley N° 19.983— permite afirmar que la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto, y que dicha norma no constituye óbice para que el Poder Judicial revise la legitimidad de una multa administrativa impuesta a una persona estatal (conf. CSJN, Fallos: 312:459; 316:529; 326:3254, entre otros).
Sobre la base de dicha doctrina, en el caso no resulta aplicable el sistema de solución de controversias establecido en la Ley N° 19.983.
Ello, teniendo en cuenta que, aun cuando el objeto de estas actuaciones tiene contenido económico, no existe negativa al pago de una suma de dinero previamente determinada, sino que se está cuestionando, precisamente, la existencia y alcance de una sanción impuesta a la entidad accionante.”.
IV. Que, en suma, en la especie corresponde determinar si la impugnación formulada por el Correo Oficial de la República Argentina SA respecto de la Resolución N° 852/2023 configura un conflicto interadministrativo en los términos de la ley 19.983.
Al respecto, cabe aplicar la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que “una adecuada inteligencia del art.1º de la denominada ley de conflictos interadministrativos permite afirmar que la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto (Fallos: 302:273; 306:1195; 316:529) y que dicha norma no constituye CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V óbice para que el Poder Judicial revise la legitimidad de una multa administrativa impuesta a una persona estatal (Fallos 312:459)” (Fallos 326:3254 y sus citas).
En tales condiciones, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, cuyos fundamentos este Tribunal comparte y se dan por reproducidos en razón de brevedad, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la resolución apelada (cfr. en igual sentido, Sala III expte nro. 22636/2024 “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 114545582-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” del 24 de abril de 2025; Sala IV en la causa nro. 20395/2024 “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 68763174-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 11 de febrero de 2025; Sala II, expte. nro. 8535/2024, “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 68718481 -A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 27 de septiembre de 2024; y Sala I, autos nro. 7720/2024 “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 68747318-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17 de septiembre de 2024).
Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, en razón de la naturaleza de la cuestión en examen (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
Todo lo cual, ASI SE DECIDE.
Se deja constancia de que la Vocalía Nro. 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese -a las partes y al Sr. Fiscal General- y, oportunamente, devuélvase.
GUILLERMO F. TREACY PABLO GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia