Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 58823840-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia de previo y especial pronunciamiento dictada el 16/07/2025 por el Tribunal Fiscal de la Nación (v. INLEG-2025-77261501-APN-VOCXIV#TFN). Con costas en el orden causado.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 50291/2025 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA (TF 58823840-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 50291/2025 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA (TF
58823840-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 10 de marzo de 2026.- SH Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por la actora el 07/08/2025 (v. IF-2025-86378785-APN-DTD#JGM), contra la sentencia del 16/07/2025.Y,
I. Que, por la sentencia de previo y especial pronunciamiento dictada el 16/07/2025, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la excepción de incompetencia articulada y asumió la competencia para entender en el recurso deducido por Correo Oficial de la República Argentina SA contra la RESOL-2025-107-E-AFIP -ADCORR#SDGOAI, emitida por la División Aduana de Corrientes, en fecha 05/05/2025, recaída en el SIGEA 19480-29-2022/5, sin costas (INLEG-2025-77261501-APN-VOCXIV#TFN; pp. 199-203 del DEO).
Fundó tal decisión en los Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación y en la jurisprudencia que emana de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
II. Que, disconforme con lo así resuelto, el Correo Oficial de la República Argentina interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio (pág. 206-2011), en el que postula la incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación para entender en este asunto, reiterando lo manifestado en escrito de inicio.
En este sentido, insiste en que el asunto en disputa involucra una controversia entre dos entes del Estado Nacional, de modo que correspondería resolverlo en el marco del procedimiento especial destinado a tramitar y solucionar los conflictos económicos producidos dentro de la Administración Pública que prevé la Ley N° 19.983 y su Decreto reglamentario N° 2481/1993. Alega que “…el carácter económico de la contienda está dado por las sumas que, en definitiva, pretende cobrar el Organismo aduanero en concepto de la multa ilegítimamente impuesta mediante la Resolución RESOL-2025 -107-E-AFIP-ADCORR#SDGOAI”.
III. Que el Fiscal General dictaminó que correspondía revocar la decisión apelada, toda vez que no resulta de aplicación al caso la ley 19.983, dado que se encuentra en discusión la existencia y alcance de una multa aduanera.
IV. Que la cuestión a dirimir consiste en determinar si en el sub lite se configura un “caso”, “causa” o “controversia” cuya resolución compete en última instancia al Poder Judicial o si, en atención a la materia y a los sujetos entre los cuales se suscita el conflicto, este último debe resolverse por aplicación del régimen que prevé la ley 19.983 y su decreto reglamentario. A tales fines, es preciso señalar que desde antaño la Corte federal ha sostenido que los diferendos entre entidades dependientes de un superior jerárquico común están excluidos, en principio, de la decisión judicial y que, si bien tal doctrina es de especial pertinencia para las distintas reparticiones de un mismo departamento gubernamental, en razón de la común gestión de los asuntos propios de su competencia institucional, es también factible en caso de una jefatura única de las entidades afectadas (Fallos: 325:2888; 330:4024; 335:258, entre otros).
Precisamente, porque no se admite la existencia de un proceso contencioso con una sola parte, ni, por lo tanto, que el Estado se enfrente a sí mismo en un litigio, en el orden nacional, la ley 19.983 y su decreto reglamentario 2481/93 establecieron un procedimiento especial destinado a tramitar y solucionar los conflictos económicos producidos dentro de la Administración Pública; tanto los derivados de las relaciones interadministrativas (o sea, entre dos personas públicas estatales con personalidad jurídica propia) como de las interorgánicas (o sea, entre dos órganos de una misma persona jurídica) (PTN Dictámenes: 281:254).
La especialidad de este procedimiento está dada por: a) la existencia de un reclamo pecuniario, cualquiera sea su naturaleza o causa; y b) el carácter estatal de las personas involucradas —las que, en virtud del principio de unidad de acción estatal, no pueden acudir a la justicia en procura de una solución a la contienda— (PTN Dictámenes: 276:121; Fallos: 330:4024 y 345:1044).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 50291/2025 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA (TF
58823840-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO V.- Que, cabe tener presente que la parte actora, desde el inicio planteó que consideraba que había quedado configurado un conflicto interadministrativo y que solo “de manera preventiva”, a todo evento, interponía el recurso previsto por el Código Aduanero en los arts. 1132 y 1133, contra la RESOL-2025-107-E-AFIP -ADCORR#SDGOAI, dictada por la División Aduana de Corrientes, en fecha 05/05/2025, recaída en el SIGEA 19480-29-2022/5 en cuanto condena a la firma recurrente al pago de una multa por la suma de $ 236.809,65 por la supuesta infracción tipificada en el art. 987 del CA y al pago de tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería secuestrada por la suma de U$S 126,10 (p. 5-40 de las actuaciones administrativas digitalizadas, DEO 21393301).
Al respecto, resulta conveniente recordar que esa norma establece un recurso de apelación contra las resoluciones definitiva dictadas en el procedimiento para las infracciones. A su vez, no es posible soslayar, tal como acertadamente lo puso de relieve el Fiscal General— la ley 19.983 no contempla supuestos de excepción, pero la jurisprudencia ha considerado inaplicables sus disposiciones con fundamento en las particulares características de los sujetos involucrados o en el contenido sustancial del reclamo, como así también en el supuesto de controversias vinculadas a la imposición de multas.
En tal sentido, son aplicables aquellos precedentes en los que la Corte sostuvo que, una adecuada inteligencia del art. 1° de la denominada ley de conflictos interadministrativos —ley 19.983—, permite afirmar que la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto, y que dicha norma no constituye óbice para que el Poder Judicial revise la legitimidad de una multa administrativa impuesta a una persona estatal (Fallos: 312:459; 316:529; 326:3254, entre otros).
Sobre la base de esa inveterada doctrina, el representante del Ministerio Público Fiscal concluyó —en términos que este Tribunal comparte— que el régimen de la citada ley es inaplicable pues “aun cuando el objeto de estas actuaciones tiene contenido económico, no existe negativa al pago de una suma de dinero previamente determinada, sino que se está cuestionando, precisamente, la existencia y alcance de una sanción impuesta a la entidad accionante” (punto 6, del dictamen 353/2026, del 13/02/2026).
En consecuencia, corresponde declarar que el Tribunal Fiscal de la Nación resulta competente para entender en el recurso interpuesto contra la sanción aplicada por la Aduana en los términos del art. 987 del CA, decisión que resulta concordante con lo decidido por la Sala IV del fuero en el expte. nro. 20395/2024 “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 68763174-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, al dictar sentencia el 11/02/2025 (cfr. asimismo, Sala I, expte nro. 7720/2024 “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 68747318-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/09/2024; Sala II, expte. nro. 8535/2024, “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 68718481 -A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 27/09/2024; esta Sala, en la actual integración, expte. nro. 22636/2024 “Correo Oficial de la República Argentina SA TF 114545582-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 24/04/2025).
VI. Que, en punto a las costas de esta instancia, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida corresponde que se impongan en el orden causado (cfr. en igual sentido, Sala IV, expte nro. 20395/2024, ya citado, y esta Sala expte. nro. 22636/2024 también citado).
Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia de previo y especial pronunciamiento dictada el 16/07/2025 por el Tribunal Fiscal de la Nación (v. INLEG-2025-77261501-APN-VOCXIV#TFN). Con costas en el orden causado.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 50291/2025 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA (TF
58823840-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia