Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 68718481-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la apelación intentada por Correo Oficial de la República Argentina SA, con costas de esta instancia judicial, relativas a la incidencia debatida y decidida, a su cargo, y, en consecuencia, confirmar la resolución del 21/11/2023 dictada por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2024.-
VISTOS estos autos 8535/2024 caratulados “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 68718481-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y CONSIDERANDO:
I. Por resolución AD BARR 105/2023, la Aduana de Barranqueras (Provincia de Chaco) condenó a Correo Oficial de la República Argentina SA al pago de una multa de $462.418,40, por considerarla incursa en infracción al artículo 985 del Código Aduanero, en su condición de tenedora de la mercadería involucrada en la guía aérea “CP01492779”, que no contaba con el correspondiente instrumento fiscal correspondiente al pago de impuestos internos (conf. esp. fs. 53/59 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
II. Correo Oficial de la República Argentina SA solicitó la revisión de dicho acto por ante el Tribunal Fiscal de la Nación; ello en los términos de los artículos 1132 y 1133 del Código Aduanero (conf. esp. fs. 5/27 del hipervínculo incluido en este párrafo).
En sustancial síntesis, planteó:
-la incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación para intervenir en autos, correspondiendo que, conforme las previsiones de la ley 19.983 y el decreto 2481/1993, se dilucidara la controversia suscitada según el régimen conflictos interadministrativos;
-la atipicidad de la conducta fiscalizada a efectos de aplicar el reproche infraccional previsto en el artículo 985 del Código Aduanero; a cuyos efectos hizo hincapié en que no haber sido tenedor de la mercadería con fines comerciales o industriales;
-que de verificarse alguna irregularidad en el despacho postal, dicha infracción se habría encontrado sujeta al régimen penal administrativo previsto en el marco regulatorio de correo postal a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones y no bajo la órbita de la Aduana; -el cercenamiento de su derecho de defensa;
-la falta de razonabilidad y fundamentación del acto sancionador; y -la ilegitimidad del comiso de la mercadería.
III. Por resolución del 21/11/2023 la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación desestimó el planteo de incompetencia intentado por Correo Oficial de la República Argentina SA, y declaró su competencia, en razón de la materia, para conocer en el presente recurso de apelación; ello sin costas (conf. esp. fs. 273/282 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Para así decidir, tras referir el alcance de la ley 19.983 y el decreto reglamentario 2481/1993, consideró que si bien en el caso se cumplía el recaudo relativo a que las partes involucradas resultaran personas jurídicas públicas estatales, no se daba el concerniente a la existencia de un reclamo de carácter pecuniario.
Al respecto, destacó que la Procuración del Tesoro de la Nación, mediante el dictamen 306:181, sostuvo que la facultad punitiva de imponer multas no podía ser asimilada a los reclamos pecuniarios a los que refiere el artículo 1° de la ley 19.983, y que la aplicación del régimen de conflictos interadministrativos no resultaba óbice para que el Poder Judicial de la Nación revisara la legitimidad de una multa de cualquier naturaleza impuesta a una persona estatal; no encuadrando las multas adeudadas por entes u órganos estatales, a otro ente u órgano administrativo, dentro del término reclamos pecuniarios de cualquier naturaleza o causa que pudieran ser dirimidos en los términos de la ley 19.893.
IV. Disconforme con lo resuelto, Correo Oficial de la República Argentina SA interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio (conf. esp. fs. 285/289 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Insistió en que el caso debía ser resuelto conforme lo normado por la ley 19.983 y normativa reglamentaria.
Hizo hincapié, por un lado, en que ambas partes intervinientes en autos resultaban ser entes estatales descentralizados del Estado Nacional; y, por otro, en el carácter económico de la contienda, dado por las sumas que la AFIP - DGA pretendía que abonara en concepto de multa.
Citó jurisprudencia y dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación que, en su entendimiento, avalarían su postura. Por lo expuesto, ya sea por contrario imperio, o bien por esta instancia judicial, Correo Oficial de la República Argentina SA solicitó que se admitiera su pretensión recursiva y, en consecuencia, se declarara la incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación para conocer respecto del recurso que intentara contra la resolución AD BARR 105/2023.
V. Por resolución del 2/2/2024, el vocal instructor de la causa desestimó la reposición intentada por considerarla manifiestamente improcedente, concedió la apelación subsidiariamente deducida y, corrió traslado de sus fundamentos, que fueron oportunamente replicados por el Fisco Nacional (conf. esp. fs. 293 y 295/300 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
VI. Remitidas las actuaciones en vista, el señor fiscal coadyuvante de Cámara, opinó que correspondía desestimar el recurso de apelación interpuesto por Correo Oficial de la República Argentina SA y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 21/11/2023 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación.
Al efecto, sostuvo que, en el caso, no resultaba aplicable el sistema de solución de controversias establecido en la ley 19.983; ello, teniendo en cuenta que, aun cuando el objeto de estas actuaciones tenía contenido económico, no existía negativa al pago de una suma de dinero previamente determinada, sino que se estaba cuestionando, precisamente, la existencia y alcance de una sanción impuesta a Correo Oficial de la República Argentina SA.
En este sentido, refirió que si bien la ley 19.883 no contemplaba expresamente supuestos de excepción dentro de su ámbito de aplicación, la jurisprudencia ha considerado inaplicables las disposiciones sobre conflictos interadministrativos con fundamento en las particulares características de los sujetos involucrados o en el contenido sustancial del reclamo, como así también en el supuesto de controversias vinculadas a la imposición de multas.
A mayor abundamiento, destacó que en el entendimiento del Alto Tribunal, una adecuada inteligencia del artículo 1° de la ley 19.983 permitía afirmar que la facultad punitiva de imponer multas no podía ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto, y que dicha norma no constituía óbice para que el Poder Judicial revisara la legitimidad de una multa administrativa impuesta a una persona estatal (conf. CSJN, Fallos, 312:459; 316:529; 326:3254, entre otros).
VII. Según resulta de la reseña que antecede, la cuestión a resolver se limita a establecer si la impugnación seguida por Correo Oficial de la República Argentina SA contra la resolución AD BARR 105/2023, por medio del cual el servicio aduanero le impusiera una multa por considerarla incursa en la infracción prevista en el artículo 985 del Código Aduanero, resulta pasible de ser tramitada y decidida bajo el régimen previsto en la ley 19.983 y su decreto reglamentario 2481/1993; o bien, tal como entendiera la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación por el pronunciamiento recurrido, ha de ser decidida por dicho organismo administrativo con facultades jurisdiccionales.
VIII. A tal fin, cuadra señalar que la ley 19.983 y su decreto reglamentario 2481/1993 establecen que no habrá lugar a reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas y empresas del estado, cuando el monto de la reclamación no excediera cierto importe, y en caso de superar dicha cantidad hasta determinado monto y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión será sometida a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación y, finalmente, en caso de superar dicho monto la decisión será adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional; no siendo susceptibles -en principio- de ser sometidas a conocimiento del Poder Judicial de la Nación (conf. el artículo 1° de la citada ley).
La solución prevista en la norma bajo referencia reconoce la imposibilidad de un “pleito” entre dos entes públicos nacionales, pues esto último, en definitiva, equivaldría a que el Estado Nacional litigue consigo mismo. En efecto, cabe recordar el principio de que la Nación no puede ser llevada a juicio por diferencias entre sus reparticiones, el cual reconoce raíz constitucional (conf. CSJN, Fallos, 272:299; 276:321; 295:651).
IX. En el caso, no existen dudas ni controversia en punto al cumplimiento del recaudo vinculado a los sujetos involucrados, sino, estrictamente, en lo concerniente al carácter pecuniario de la cuestión debatida.
Sin perjuicio de ello, cuadra señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido recientemente que el Correo Oficial de la República Argentina SA resulta ser uno de los sujetos alcanzados por las disposiciones de la ley 19.983 (Fallos, 345:1044); alcanzando igual conclusión en lo concerniente a la AFIP - DGA, quien reviste el carácter de entidad autárquica engarzada dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación (conf. artículo 1° del decreto 618/1997; y esta Sala, en autos 3540/2023 “Operadora Ferroviaria SE c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, resol. 8/9/2023).
Ahora bien, en lo que respecta al segundo recaudo, esto es, al carácter pecuniario del conflicto, cuadra estar al criterio sentado por el Alto Tribunal según el cual la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a los que refiere el artículo 1° de la ley 19.983 (Fallos, 302:273; 306:1195; 316:529; 326:3254; y en autos CSJ910/2013 “Aerolíneas Argentinas SA c/EN - DNM - Disp. 1752/09 y otro s/recurso directo DNM”, sent. del 15/10/2015; entre otros); el que, por cierto, fuera seguido por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación al fin de fundar su decisión.
X. Así las cosas, conforme destacara el señor fiscal coadyuvante de Cámara, si bien la ley 19.983 no contempla expresamente supuestos de excepción dentro de su ámbito de aplicación, la jurisprudencia ha considerado inaplicables las disposiciones sobre conflictos interadministrativos con fundamento en las particulares características de los sujetos involucrados o en el contenido sustancial del reclamo, como así también en el supuesto de controversias vinculadas a la imposición de multas; lo que, en el caso, por encontrarse bajo discusión la validez del acto por medio del cual el servicio aduanero impusiera una multa a Correo Oficial de la República Argentina SA en los términos del artículo 985 del Código Aduanero, determina la improcedencia del recurso intentado por la sancionada y, en consecuencia, la confirmación del criterio resultante del pronunciamiento dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación.
XI. En igual sentido se ha pronunciado recientemente, ante un caso análogo al presente, la Sala I del Fuero, en autos 7720/2024 “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 68747318-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 17/9/2024.
XII. En atención a la forma en que se resuelve, y al no advertirse tampoco en esta oportunidad motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia judicial, relativas a la incidencia debatida y decidida, se imponen a cargo de Correo Oficial de la República Argentina SA, vencida (conf. artículos 68, primera parte, y 69, ambos del CPCCN).
Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor fiscal coadyuvante de Cámara, el Tribunal RESUELVE: desestimar la apelación intentada por Correo Oficial de la República Argentina SA, con costas de esta instancia judicial, relativas a la incidencia debatida y decidida, a su cargo, y, en consecuencia, confirmar la resolución del 21/11/2023 dictada por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación.
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor fiscal general de Cámara y, oportunamente, gírense las actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia